Segundo recurso de amparo electoral ante TSE
Nueva objeción a referendo sobre uniones homosexuales
Defensor de discapacitados dice que hay barreras en centros de votación
Tribunal no se ha pronunciado aún sobre admisibilidad del alegato
Harold Brenes hbrenes@nacion.com
Un defensor de la población discapacitada objetó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el trámite para la realización de un referendo que defina si los homosexuales pueden unirse en parejas con iguales derechos civiles a los matrimonios heterosexuales.
El recurso de amparo electoral lo interpuso Alberto Cabezas, vecino de Santo Domingo de Heredia, quien insiste en que los centros educativos del país carecen de las condiciones de accesibilidad necesarias para que las personas discapacitadas ejerzan su derecho de depositar el voto.
El documento fue remitido vía fax el sábado, por lo que los magistrados aún no han definido su admisión para estudio, o el rechazo.
Según Cabezas, en el referendo del 7 de octubre del 2007 para decidir sobre el TLC con Estados Unidos, participó como observador nacional autorizado por el TSE y recibió una denuncia en este sentido.
“Este Tribunal debe evitar que las personas con discapacidad sean sometidas a torturas, tratos inhumanos o discriminación por expresar su opinión como electores”, agrega el texto.
Este recurso de amparo electoral representa otro obstáculo en el trámite de la solicitud de referendo presentada por opositores a la legalización de las uniones civiles entre parejas homosexuales.
El Tribunal rechazó esta semana un primer amparo electoral que presentó la Asociación Movimiento Diversidad pro Derechos Humanos y Salud, un grupo defensor de los derechos de los homosexuales.
Esa organización argumenta que es inapropiado dejar en manos de la mayoría popular la aprobación de nuevas garantías para un grupo social minoritario.
Con el nuevo recurso de amparo electoral se paraliza el trámite del referendo, avalado ya por el departamento del Congreso encargado de estudiar si los planes de ley se pueden someter a referendo nacional.
Solo después de definirse sobre el recurso de Cabezas, el TSE puede mandar a fabricar los formularios para que los promotores del referendo recojan unas 135.000 firmas, como manda la Ley cuando se trata de elecciones por iniciativa ciudadana.
El plan de ley sobre uniones homosexuales se tramita en el Congreso. Lo apoyan la mayoría de diputados y el Ministerio de Salud; sus mayores adversarios son grupos religiosos.
El referendo sería el segundo en la historia del país, después del del TLC, de octubre del 2007.
LA NACIÓN, 22 de septiembre de 2008
martes, 23 de septiembre de 2008
El referendo, lo ridículo y la ridiculez
El referendo sobre las uniones homosexuales
LA RIDICULEZ DE LO RIDÍCULO Y UNA PÉRDIDA DE RECURSOS:
KATINA DE LEON RODRIGUEZ katina_de-leon@bluewin.ch
Lo ridículo es el escándalo que hay en torno a la legalización de las parejas homosexuales, como si las parejas del mismo sexo no existieran desde que el mundo es mundo. Esa unión civil lo único que hará es legalizar algo que ya existe. El matrimonio civil es una protección para los ciudadanos ante la sociedad y es algo a lo que cualquier persona tiene derecho, gay o no gay; de la misma manera que absolutamente todos, heterosexuales, homosexuales o asexuados (3% de la población mundial), tenemos derecho a estar afiliados al Seguro Social, por ejemplo.
La ridiculez es el referendo que pretenden lanzar para aprobar esas legalizaciones. Es una ridiculez que esconde una medida completamente antidemocrática, porque la comunidad gay es minoritaria no sólo en número sino en recursos y, por supuesto, será la menos escuchada durante todo el proceso. De allí que el referendo sea un desperdicio de tiempo y recursos, pues el resultado lo podemos colegir desde ya: será en contra.
Esta es una buena oportunidad para comentar las investigaciones que ha realizado el Dr. Dean Hamer, especialista en genética del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (http://www.cancer.gov/espanol/instituto), quien descubrió unos genes comunes en hermanos homosexuales. Esta tesis está todavía por verificarse, pero no deja de ser interesante, porque si termina por comprobarse significará que el homosexualismo forma parte intrínseca de la naturaleza humana, como lo forma el heterosexualismo, y, si es así, muchos dogmas tendrán que cambiar. Y también muchas máscaras hipócritas tendrán que caer. Muchísimas.
LA NACIÓN DIGITAL, 22 de septiembre de 2008
LA RIDICULEZ DE LO RIDÍCULO Y UNA PÉRDIDA DE RECURSOS:
KATINA DE LEON RODRIGUEZ katina_de-leon@bluewin.ch
Lo ridículo es el escándalo que hay en torno a la legalización de las parejas homosexuales, como si las parejas del mismo sexo no existieran desde que el mundo es mundo. Esa unión civil lo único que hará es legalizar algo que ya existe. El matrimonio civil es una protección para los ciudadanos ante la sociedad y es algo a lo que cualquier persona tiene derecho, gay o no gay; de la misma manera que absolutamente todos, heterosexuales, homosexuales o asexuados (3% de la población mundial), tenemos derecho a estar afiliados al Seguro Social, por ejemplo.
La ridiculez es el referendo que pretenden lanzar para aprobar esas legalizaciones. Es una ridiculez que esconde una medida completamente antidemocrática, porque la comunidad gay es minoritaria no sólo en número sino en recursos y, por supuesto, será la menos escuchada durante todo el proceso. De allí que el referendo sea un desperdicio de tiempo y recursos, pues el resultado lo podemos colegir desde ya: será en contra.
Esta es una buena oportunidad para comentar las investigaciones que ha realizado el Dr. Dean Hamer, especialista en genética del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (http://www.cancer.gov/espanol/instituto), quien descubrió unos genes comunes en hermanos homosexuales. Esta tesis está todavía por verificarse, pero no deja de ser interesante, porque si termina por comprobarse significará que el homosexualismo forma parte intrínseca de la naturaleza humana, como lo forma el heterosexualismo, y, si es así, muchos dogmas tendrán que cambiar. Y también muchas máscaras hipócritas tendrán que caer. Muchísimas.
LA NACIÓN DIGITAL, 22 de septiembre de 2008
El aborto en Costa Rica. Así es la realidad, aunque no le guste al oscurantismo religioso en boga
• Embarazos no deseados son la principal razón
Práctica del aborto inducido va en aumento
• Se estima que en Costa Rica ocurren 27 mil abortos inducidos al año, según los últimos datos de una investigación realizada por la Asociación Demográfica Costarricense
Angie López
alopez@prensalibre.co.cr
El investigador de la Asociación Demográfica Costarricense, Cristián Gómez, aseguró que las estrategias deben ir dirigidas a la prevención de los embarazos no deseados.
Aunque se hable poco del tema y los servicios de salud atiendan menos casos por complicaciones, el aborto inducido es una práctica que se sigue dando en nuestro país y, contrario a lo que podría pensarse, va en aumento, producto de más embarazos no deseados.
Los datos de la investigación “Estimación del aborto inducido en Costa Rica, 2007”, realizada por la Asociación Demográfica Costarricense y dados a conocer ayer, revelan que en Costa Rica ocurren 27 mil abortos inducidos por año, un aborto por cada tres nacimientos.
Esa cifra es muy superior a la última estimación que había sobre el tema para el año 1991, en la que el número de abortos anuales era de 6.500 aproximadamente, ese crecimiento en la incidencia del aborto inducido es, para la Asociación, un indicador del impacto del embarazo no deseado en el país.
El investigador y encargado de proyectos de la Asociación, Cristian Gómez, explicó que la tasa de aborto es de 22,3 por cada mil mujeres entre los 15 y los 49 años, pero las que más acceden a esta práctica son las mujeres de zonas urbanas entre los 15 y 29 años.
Realidad
De esos 27 mil abortos, 8 mil se atienden en centros de salud públicos y privados, lo cual destapa una realidad que muchos quieren obviar, y es que profesionales en salud están realizando abortos inducidos.
Las mujeres que cuentan con recursos económicos buscan a profesionales calificados, sobre todo de consultorios privados, mientras que las que cuentan con menos posibilidades acuden a los servicios de salud públicos.
Los métodos para realizar el aborto inducido también han cambiado, según Gómez hace 10 años se reportaban muertes por aborto porque se efectuaban con sondas, catéteres, alambras y todo tipo de instrumentos rudimentarios, que dañaban la salud de las mujeres y en muchos casos, comprometían su vida.
“Ahora usan métodos medicamentosos como una pastilla diseñada para uso gastroenterológico, la cual tiene consecuencias a nivel del útero y provoca el aborto, la sintomatología es casi igual que como si fuera un aborto espontáneo. Es bueno por un lado, porque no hay complicación para las mujeres y hace que los servicios de salud no tengan que invertir por complicación”, indicó Gómez.
No deseados
Gómez dijo que 17 mil, de esos 27 mil abortos, se dan en la Región Central y que en su mayoría son mujeres solteras y embarazadas por primera vez, lo que ratifica, según aseguró, que los abortos son producto de embarazos no deseados.
De los 11.636 abortos que se atienden anualmente en los centros de salud del país, 3.550 son producto de un aborto espontáneo, los restantes 8.086 son resultado de un aborto inducido, destaca en el estudio.
“La causa de la práctica de abortos inducidos son los embarazos no deseados y esto es una consecuencia de la negación del Estado en cuanto a brindar una verdadera salud sexual y reproductiva, pues no hay acceso a métodos de protección ni una educación sexual. Nadie quiere abortar, pero se les obliga a recurrir a ello porque no tienen otra opción”, aseveró el investigador.
El acceso a los métodos de protección es bajo, sobre todo para menores de edad, porque si acuden a un centro de salud para solicitar algún método anticonceptivo le niegan la posibilidad y por ello incurren en relaciones sexuales a temprana edad y sin protección, a esto se le suma además, una carencia de programas de educación sexual efectivos.
Estrategias urgentes
Para Gómez, es urgente y necesario posicionar el tema del aborto inducido como un problema de salud pública, ya que considera que la penalización del mismo y su tipificación como delito contra la vida no ha sido una estrategia eficaz para su reducción, pues de alguna forma las mujeres se realizan el aborto clandestinamente.
“La penalización del aborto es una estrategia ineficiente, porque las mujeres siempre buscarán caminos para abortar. En lo que se debe trabajar es en la prevención de embarazos no deseados y hacer que las autoridades vean esto como un problema de salud pública”, recalcó.
La Asociación considera que hay que repensar las estrategias para reducir el embarazo no deseado, por ser la principal causa de que las mujeres recurran al aborto inducido, partiendo de tres principios básicos; educación sexual científica, laica y actualizada, involucramiento de los hombres en la responsabilidad reproductiva y acceso a la más alta tecnología anticonceptiva.
La realización del estudio tomó un año y se basa en la recolección de información mediante entrevistas a 110 ginecólogos obstetras y encuestas a 46 centros de salud del país.
LA PRENSA LIBRE, 23 de septiembre de 2008
Práctica del aborto inducido va en aumento
• Se estima que en Costa Rica ocurren 27 mil abortos inducidos al año, según los últimos datos de una investigación realizada por la Asociación Demográfica Costarricense
Angie López
alopez@prensalibre.co.cr
El investigador de la Asociación Demográfica Costarricense, Cristián Gómez, aseguró que las estrategias deben ir dirigidas a la prevención de los embarazos no deseados.
Aunque se hable poco del tema y los servicios de salud atiendan menos casos por complicaciones, el aborto inducido es una práctica que se sigue dando en nuestro país y, contrario a lo que podría pensarse, va en aumento, producto de más embarazos no deseados.
Los datos de la investigación “Estimación del aborto inducido en Costa Rica, 2007”, realizada por la Asociación Demográfica Costarricense y dados a conocer ayer, revelan que en Costa Rica ocurren 27 mil abortos inducidos por año, un aborto por cada tres nacimientos.
Esa cifra es muy superior a la última estimación que había sobre el tema para el año 1991, en la que el número de abortos anuales era de 6.500 aproximadamente, ese crecimiento en la incidencia del aborto inducido es, para la Asociación, un indicador del impacto del embarazo no deseado en el país.
El investigador y encargado de proyectos de la Asociación, Cristian Gómez, explicó que la tasa de aborto es de 22,3 por cada mil mujeres entre los 15 y los 49 años, pero las que más acceden a esta práctica son las mujeres de zonas urbanas entre los 15 y 29 años.
Realidad
De esos 27 mil abortos, 8 mil se atienden en centros de salud públicos y privados, lo cual destapa una realidad que muchos quieren obviar, y es que profesionales en salud están realizando abortos inducidos.
Las mujeres que cuentan con recursos económicos buscan a profesionales calificados, sobre todo de consultorios privados, mientras que las que cuentan con menos posibilidades acuden a los servicios de salud públicos.
Los métodos para realizar el aborto inducido también han cambiado, según Gómez hace 10 años se reportaban muertes por aborto porque se efectuaban con sondas, catéteres, alambras y todo tipo de instrumentos rudimentarios, que dañaban la salud de las mujeres y en muchos casos, comprometían su vida.
“Ahora usan métodos medicamentosos como una pastilla diseñada para uso gastroenterológico, la cual tiene consecuencias a nivel del útero y provoca el aborto, la sintomatología es casi igual que como si fuera un aborto espontáneo. Es bueno por un lado, porque no hay complicación para las mujeres y hace que los servicios de salud no tengan que invertir por complicación”, indicó Gómez.
No deseados
Gómez dijo que 17 mil, de esos 27 mil abortos, se dan en la Región Central y que en su mayoría son mujeres solteras y embarazadas por primera vez, lo que ratifica, según aseguró, que los abortos son producto de embarazos no deseados.
De los 11.636 abortos que se atienden anualmente en los centros de salud del país, 3.550 son producto de un aborto espontáneo, los restantes 8.086 son resultado de un aborto inducido, destaca en el estudio.
“La causa de la práctica de abortos inducidos son los embarazos no deseados y esto es una consecuencia de la negación del Estado en cuanto a brindar una verdadera salud sexual y reproductiva, pues no hay acceso a métodos de protección ni una educación sexual. Nadie quiere abortar, pero se les obliga a recurrir a ello porque no tienen otra opción”, aseveró el investigador.
El acceso a los métodos de protección es bajo, sobre todo para menores de edad, porque si acuden a un centro de salud para solicitar algún método anticonceptivo le niegan la posibilidad y por ello incurren en relaciones sexuales a temprana edad y sin protección, a esto se le suma además, una carencia de programas de educación sexual efectivos.
Estrategias urgentes
Para Gómez, es urgente y necesario posicionar el tema del aborto inducido como un problema de salud pública, ya que considera que la penalización del mismo y su tipificación como delito contra la vida no ha sido una estrategia eficaz para su reducción, pues de alguna forma las mujeres se realizan el aborto clandestinamente.
“La penalización del aborto es una estrategia ineficiente, porque las mujeres siempre buscarán caminos para abortar. En lo que se debe trabajar es en la prevención de embarazos no deseados y hacer que las autoridades vean esto como un problema de salud pública”, recalcó.
La Asociación considera que hay que repensar las estrategias para reducir el embarazo no deseado, por ser la principal causa de que las mujeres recurran al aborto inducido, partiendo de tres principios básicos; educación sexual científica, laica y actualizada, involucramiento de los hombres en la responsabilidad reproductiva y acceso a la más alta tecnología anticonceptiva.
La realización del estudio tomó un año y se basa en la recolección de información mediante entrevistas a 110 ginecólogos obstetras y encuestas a 46 centros de salud del país.
LA PRENSA LIBRE, 23 de septiembre de 2008
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