Misoginia exacerbada
Ana Helena Chacón E.*
En relación con el fenómeno de hostigamiento sexual, una vez en vigencia la ley correspondiente, la Defensoría de los Habitantes de la República nos informa que de 1994 al 22 de febrero de 2007, los expedientes de casos de hostigamiento sexual alcanzaron la suma de 564, respecto de los cuales 771 personas fueron las denunciantes y 575 las denunciadas. Llama poderosamente la atención que el 92% de las personas denunciantes son mujeres, en tanto que sólo 7% de los denunciantes son hombres. En un 1% de los expedientes no se identificó este dato, porque cuando se inició el proceso de seguimiento, algunas instituciones –específicamente el Ministerio de Educación- utilizaron el concepto de confidencialidad para ocultar el nombre de la víctima cuando ésta era menor de edad.
Un 60% de las personas denunciantes son mayores de 18 años, en tanto que el 34% son menores de edad y de este 34%, el 6% son menores de 12 años. Al respecto, se nos llama la atención sobre el hecho que una tercera parte de quienes se atreven a denunciar son personas menores de edad y, de éstas, un 6% son escolares. Se trata de una población hostigada que es vulnerable por su edad, por las limitadas herramientas personales que tienen para enfrentar y denunciar conductas violentas y, porque éstas se producen por parte de quienes ejercen poder, autoridad, control y la posibilidad real de afectar sus condiciones de estudio.
No obstante, hace un quinquenio se produjo el despido sin responsabilidad patronal de Carlos Morales en la Universidad de Costa Rica, por acoso sexual en perjuicio de una de sus subalternas, hecho que catalogamos de positivo. Ante ello, este señor buscó “sacarse el clavo” escribiendo la novela “La rebelión de las avispas”, que desde la ficción alude sarcásticamente al proceso y condena de la cual fue objeto en dicha universidad.
Esto no tendría importancia si no fuera porque el jurado de los premios nacionales le otorgó por unanimidad el premio de literatura 2008, que consistió en una estatuilla del escritor Aquileo J. Echeverría y $6.300, suma que sale de los bolsillos de todos los contribuyentes.
Por respeto a las víctimas. Repudio dicho premio que ensalza al hostigador sexual, pues, aunque reconocemos que bajo el principio de la libertad de expresión, no puede prohibirse la publicación y difusión de un libro misógino en todos sus extremos, sí quiero manifestarme contra el otorgamiento del premio por respeto a los sobrevivientes de la violencia sexual.
Al jurado que ratificó una segunda vez el premio, cuando desde el Ministerio de Cultura se le pidió que reconsiderara la resolución, se le recalca que las víctimas de hostigamiento sexual no van a olvidar las palabras del autor cuando se vanagloria al narrar que: “En la ceremonia de entrega, (…) fui víctima de una ovación cerrada que parecía ponerle corona de rosas a un camino muy encharcado”. Cuenta además, con ironía y desprecio el dizque premiado que: “Cuando se anuncia el premio, (…) todos los escritores y poetillas que andaban detrás del lauro saltaron como chamusquina y pusieron su protesta en los cielos de Internet. A ellos se entregaron, con más furia, las cuatro feminazis de piercing en la ñata, que tal vez se vieron perfiladas en la caricatura del libro” ¡Qué contradicciones se muestran en nuestro diario vivir al premiar a quien acosó!
Legislación sobre Derechos Humanos. Es nuestro deber velar por que en Costa Rica se respete el marco jurídico internacional de los Derechos Humanos, particularmente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Costa Rica el 2 de octubre de 1984.
La “sangre en el ojo” de quien fue sancionado por su conducta hostigadora se concreta en el libro, que se inicia con el enjuiciamiento por acoso sexual de un académico, misma que tiene paralelo idéntico con la situación vivida por el autor, al tener que irse de la Universidad de Costa Rica, en la cual fungió como catedrático y dirigió el Semanario Universidad y la Estación Radio Universidad.
¿Será positivo este hito para las víctimas de acoso sexual?, ni pensarlo. ¿Estaremos haciéndoles justicia al darle un premio respaldado por el Estado al escritor de marras?, imposible. No queda más que recurrir a los mecanismos internacionales que tutelan los derechos humanos para que se dé marcha atrás.
*Diputada
DIARIO EXTRA, Costa Rica, 28 de Julio de 2009http://www.diarioextra.com/2009/julio/28/opinion11.php
martes, 28 de julio de 2009
Otro caso de discriminación laboral por razones de orientación sexual
Liberan a profesor gay discriminado en Edomex
Fue detenido por agentes judiciales y trasladado a Chiconautla
Giran orden de aprehensión contra padres de familia que lo han apoyado
Reitera acusaciones de homofobia en el gobierno de Enrique Peña Nieto
Mario Alberto Reyes-Leonardo Bastida A.
México DF
Tras pagar una fianza de 30 mil pesos, Agustín Estrada Negrete, docente homosexual excluido del sistema educativo del estado de México, fue liberado luego de ser detenido por agentes judiciales y trasladado al Reclusorio de Chiconautla, en el municipio de Ecatepec.
Estrada Negrete -quien en varias ocasiones ha denunciado el hostigamiento y represión ejercidas en su contra por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, por denunciar la homofobia institucional que le impide regresar a la dirección del Centro de Atención Múltiple (CAM) 33 y 34, “Dr. Roberto Solís Quiroga”-, fue detenido la tarde del 21 de julio justo cuando tramitaba su carta de antecedentes no penales en la localidad de San Agustín.
El cargo imputado por las autoridades fue el de ocupación ilegal de inmueble, en referencia al CAM. Luego de permanecer 24 horas en prisión, el experto en Educación Especial fue puesto en libertad. Días atrás, el 13 de julio, Estrada Negrete había acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asesorado por su abogado José Luis Gutiérrez, para obtener Medidas Cautelares por parte del organismo internacional para su salvaguarda.
De acuerdo con el profesor, también se ordenó la aprehensión de dos menores de edad, así como de una veintena de padres y madres de familia que lo han apoyado, y quienes permanecen escondidos en tanto no sean notificados legalmente en torno a su situación jurídica. Será el próximo lunes cuando Estrada Negrete se presente en las oficinas del Quinto Juzgado de Chiconautla para “que se me notifique del acto de formal prisión”.
Desde hace un par de meses, el aún director del CAM radica en el Distrito Federal para evitar ser víctima de más actos “homofóbicos orquestados por Enrique Peña Nieto”, los cuales en dos ocasiones lo han llevado a prisión.
“Los hechos implican tomar medidas cautelares rápidas por lo que se pedirá a la CIDH emitirlas lo más rápido posible ante la peligrosa situación en la que se encuentra Estrada Negrete”, señaló a NotieSe el abogado defensor.
Cabe recordar que en mayo de 2007, el maestro en psicología educativa fue separado de su cargo tras participar en un evento contra la homofobia organizado por la Comisión de Derechos Humanos del municipio de Ecatepec, caracterizado como Albán, personaje de la película La Jaula de las Locas.
Días después fue obligado a firmar una licencia para separarlo durante un año de su puesto “por ser un mal ejemplo para los niños”, argumentaron Guadalupe Monter Flores, y Magdalena Salgado Contreras, titular estatal de Educación, y jefa del Departamento de Educación Especial, respectivamente.
A partir de ese momento la persecución por parte de las autoridades mexiquenses ha sido constante. El pasado 8 de mayo Agustín Estrada fue encarcelado en el penal de Santiago por el delito de “ataques a las vías de comunicación”.
La homofobia por parte de las autoridades mexiquenses y la falta de justicia para continuar con su labor docente son los motivos por los que Estrada Negrete decidió acudir a organismos internacionales de derechos humanos, ya que, como ha indicado en otras ocasiones “vivir abiertamente su orientación sexual le puede costar la vida”.
NOTIESE, México, 24 de Julio de 2009
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3082
Fue detenido por agentes judiciales y trasladado a Chiconautla
Giran orden de aprehensión contra padres de familia que lo han apoyado
Reitera acusaciones de homofobia en el gobierno de Enrique Peña Nieto
Mario Alberto Reyes-Leonardo Bastida A.
México DF
Tras pagar una fianza de 30 mil pesos, Agustín Estrada Negrete, docente homosexual excluido del sistema educativo del estado de México, fue liberado luego de ser detenido por agentes judiciales y trasladado al Reclusorio de Chiconautla, en el municipio de Ecatepec.
Estrada Negrete -quien en varias ocasiones ha denunciado el hostigamiento y represión ejercidas en su contra por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, por denunciar la homofobia institucional que le impide regresar a la dirección del Centro de Atención Múltiple (CAM) 33 y 34, “Dr. Roberto Solís Quiroga”-, fue detenido la tarde del 21 de julio justo cuando tramitaba su carta de antecedentes no penales en la localidad de San Agustín.
El cargo imputado por las autoridades fue el de ocupación ilegal de inmueble, en referencia al CAM. Luego de permanecer 24 horas en prisión, el experto en Educación Especial fue puesto en libertad. Días atrás, el 13 de julio, Estrada Negrete había acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asesorado por su abogado José Luis Gutiérrez, para obtener Medidas Cautelares por parte del organismo internacional para su salvaguarda.
De acuerdo con el profesor, también se ordenó la aprehensión de dos menores de edad, así como de una veintena de padres y madres de familia que lo han apoyado, y quienes permanecen escondidos en tanto no sean notificados legalmente en torno a su situación jurídica. Será el próximo lunes cuando Estrada Negrete se presente en las oficinas del Quinto Juzgado de Chiconautla para “que se me notifique del acto de formal prisión”.
Desde hace un par de meses, el aún director del CAM radica en el Distrito Federal para evitar ser víctima de más actos “homofóbicos orquestados por Enrique Peña Nieto”, los cuales en dos ocasiones lo han llevado a prisión.
“Los hechos implican tomar medidas cautelares rápidas por lo que se pedirá a la CIDH emitirlas lo más rápido posible ante la peligrosa situación en la que se encuentra Estrada Negrete”, señaló a NotieSe el abogado defensor.
Cabe recordar que en mayo de 2007, el maestro en psicología educativa fue separado de su cargo tras participar en un evento contra la homofobia organizado por la Comisión de Derechos Humanos del municipio de Ecatepec, caracterizado como Albán, personaje de la película La Jaula de las Locas.
Días después fue obligado a firmar una licencia para separarlo durante un año de su puesto “por ser un mal ejemplo para los niños”, argumentaron Guadalupe Monter Flores, y Magdalena Salgado Contreras, titular estatal de Educación, y jefa del Departamento de Educación Especial, respectivamente.
A partir de ese momento la persecución por parte de las autoridades mexiquenses ha sido constante. El pasado 8 de mayo Agustín Estrada fue encarcelado en el penal de Santiago por el delito de “ataques a las vías de comunicación”.
La homofobia por parte de las autoridades mexiquenses y la falta de justicia para continuar con su labor docente son los motivos por los que Estrada Negrete decidió acudir a organismos internacionales de derechos humanos, ya que, como ha indicado en otras ocasiones “vivir abiertamente su orientación sexual le puede costar la vida”.
NOTIESE, México, 24 de Julio de 2009
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3082
VIH-Sida: incluso en Dinamarca hay descuido por parte de las políticas públicas
En Dinamarca, el VIH no es más un tema de salud pública
La epidemia está aceptablemente controlada y eso reduce los recursos destinados a ella
Las organizaciones civiles buscan fuentes de financiamiento para continuar su trabajo
Rocío Sánchez-enviada
Copenhague, Dinamarca
La prevalencia del VIH/sida en Dinamarca es de 0.2 por ciento, apenas debajo de la proporción en México, calculada en 0.3. Sin embargo, los fondos para responder a esta epidemia son cada vez más escasos en el país escandinavo, según refieren sus activistas.
“Hemos tenido que recortar nuestro presupuesto de 300 mil a 150 mil coronas (de 40 mil a 20 mil euros) el año pasado. Es una discusión que estamos teniendo: ¿por qué no recaudamos más fondos para el VIH?”, cuestiona Per Slaaen Kaye, jefe de programa de Stop AIDS Dinamarca, una de las pocas organizaciones que trabajan el tema en el país, de unos 5.4 millones de habitantes, por lo que es la nación de mayor densidad poblacional del Norte de Europa.
Entrevistado el pasado octubre en la sede de la organización, situada en la zona más céntrica y concurrida de Copenhague, el activista explica que los organismos civiles de lucha contra el sida reciben financiamientos gubernamentales, los cuales emplean en hacer tareas que el gobierno prefiere confiarles, tales como la prevención. No obstante, también requieren de otros fondos para sustentar sus actividades. Los recursos disponibles para la lucha contra el sida se han mantenido sin incrementos por los últimos cuatro años, y al parecer esto responde a la situación específica del país.
“La epidemia que pensábamos que nos iba a golpear duramente está más o menos terminada o, por lo menos, en control, la gente no está muriendo de VIH o sida”. Sumado a esto, en Dinamarca no existe problema alguno respecto al acceso a los medicamentos ni a la atención que requieren las personas que viven con el virus. Tal situación ha colocado al tema al mismo nivel que el tabaquismo o la mala alimentación como problemas de salud, al menos en la agenda política.
“En el país, los temas principales de salud son la dieta saludable, el ejercicio, el consumo de tabaco y de alcohol. Nosotros preguntamos ¿qué hay de la salud sexual, las infecciones sexualmente transmitidas, el VIH? Han sido dejados de lado en la agenda política y esto es preocupante porque en los próximos años tendremos que pelear por los financiamientos con gente que trabaja contra el alcoholismo o tabaquismo”.
En los medios, continúa el activista, el VIH se ha vuelto “casi invisible”, rara vez se ve en los grandes espacios. “Si leemos sobre sida serán las buenas historias, la gente que tiene trabajo y educación, y tiene vidas casi normales. Eso es bueno, pero el VIH como problema no está en la agenda de los medios ni en la agenda política”.
Las estrategias
Como en muchos otros países del mundo occidental, el grupo más afectado por la epidemia en Dinamarca es el de hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH). Es en este sector donde Stop AIDS centra sus esfuerzos preventivos.
No obstante en éste, el primer país del mundo que permitió la unión legal de parejas del mismo sexo en 1989, el grupo de hombres gay vive abiertamente su orientación sexual, lo que hace de la categoría HSH una simple herramienta metodológica. “Es justo decir que en Dinamarca el movimiento gay ha tenido muy buena relación con las autoridades de salud desde el principio de la epidemia”.
De hecho, la semana próxima la ciudad será sede de los World Outgames 2009, un evento deportivo, cultural y social dedicado especialmente a la población lésbica, gay, bisexual y transgénero de todo el orbe.
Es probable que las y los visitantes sean testigos de las estrategias que lleva a cabo Stop AIDS en lo cotidiano, que incluyen una línea telefónica de información sobre VIH/sida para el público en general y la realización de pruebas de detección del virus en sus instalaciones. Entre boutiques y tiendas que exhiben el famoso diseño escandinavo, la gente puede acudir y hacerse una prueba rápida cuyo resultado estará listo en 20 minutos, antes de lo cual reciben una sesión de consejería y se sugiere o no la realización de la prueba, según el nivel de riesgo al que se haya expuesto la persona. “Quisimos sacar las pruebas de los hospitales y traerlas a la ciudad”, dice el activista.
Cuestionado sobre cuál debería ser el siguiente paso en la respuesta al VIH en un país donde la epidemia es vista como un problema casi resuelto, Per Slaaen Kaye ríe y afirma: “quisiera saberlo”.
“Desde el punto de vista del financiamiento creo que debe haber un claro mensaje de los políticos de que esta es una enfermedad centrada en los HSH, porque causa mucha incertidumbre en el trabajo preventivo el no saber si vas a ser financiado o no el año siguiente”.
Además, una tarea difícil es encontrar nuevas formas de transmitir el mensaje preventivo. “Cambiar una frase como ‘Además divertirte, juega seguro’ por una forma nueva es siempre un reto porque es el mismo mensaje que hemos estado dando desde los años ochenta. Necesitamos poner el vino viejo en una nueva botella, ese es el desafío”, concluye.
NOTIESE, México, 23 de julio de 2009
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3079
La epidemia está aceptablemente controlada y eso reduce los recursos destinados a ella
Las organizaciones civiles buscan fuentes de financiamiento para continuar su trabajo
Rocío Sánchez-enviada
Copenhague, Dinamarca
La prevalencia del VIH/sida en Dinamarca es de 0.2 por ciento, apenas debajo de la proporción en México, calculada en 0.3. Sin embargo, los fondos para responder a esta epidemia son cada vez más escasos en el país escandinavo, según refieren sus activistas.
“Hemos tenido que recortar nuestro presupuesto de 300 mil a 150 mil coronas (de 40 mil a 20 mil euros) el año pasado. Es una discusión que estamos teniendo: ¿por qué no recaudamos más fondos para el VIH?”, cuestiona Per Slaaen Kaye, jefe de programa de Stop AIDS Dinamarca, una de las pocas organizaciones que trabajan el tema en el país, de unos 5.4 millones de habitantes, por lo que es la nación de mayor densidad poblacional del Norte de Europa.
Entrevistado el pasado octubre en la sede de la organización, situada en la zona más céntrica y concurrida de Copenhague, el activista explica que los organismos civiles de lucha contra el sida reciben financiamientos gubernamentales, los cuales emplean en hacer tareas que el gobierno prefiere confiarles, tales como la prevención. No obstante, también requieren de otros fondos para sustentar sus actividades. Los recursos disponibles para la lucha contra el sida se han mantenido sin incrementos por los últimos cuatro años, y al parecer esto responde a la situación específica del país.
“La epidemia que pensábamos que nos iba a golpear duramente está más o menos terminada o, por lo menos, en control, la gente no está muriendo de VIH o sida”. Sumado a esto, en Dinamarca no existe problema alguno respecto al acceso a los medicamentos ni a la atención que requieren las personas que viven con el virus. Tal situación ha colocado al tema al mismo nivel que el tabaquismo o la mala alimentación como problemas de salud, al menos en la agenda política.
“En el país, los temas principales de salud son la dieta saludable, el ejercicio, el consumo de tabaco y de alcohol. Nosotros preguntamos ¿qué hay de la salud sexual, las infecciones sexualmente transmitidas, el VIH? Han sido dejados de lado en la agenda política y esto es preocupante porque en los próximos años tendremos que pelear por los financiamientos con gente que trabaja contra el alcoholismo o tabaquismo”.
En los medios, continúa el activista, el VIH se ha vuelto “casi invisible”, rara vez se ve en los grandes espacios. “Si leemos sobre sida serán las buenas historias, la gente que tiene trabajo y educación, y tiene vidas casi normales. Eso es bueno, pero el VIH como problema no está en la agenda de los medios ni en la agenda política”.
Las estrategias
Como en muchos otros países del mundo occidental, el grupo más afectado por la epidemia en Dinamarca es el de hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH). Es en este sector donde Stop AIDS centra sus esfuerzos preventivos.
No obstante en éste, el primer país del mundo que permitió la unión legal de parejas del mismo sexo en 1989, el grupo de hombres gay vive abiertamente su orientación sexual, lo que hace de la categoría HSH una simple herramienta metodológica. “Es justo decir que en Dinamarca el movimiento gay ha tenido muy buena relación con las autoridades de salud desde el principio de la epidemia”.
De hecho, la semana próxima la ciudad será sede de los World Outgames 2009, un evento deportivo, cultural y social dedicado especialmente a la población lésbica, gay, bisexual y transgénero de todo el orbe.
Es probable que las y los visitantes sean testigos de las estrategias que lleva a cabo Stop AIDS en lo cotidiano, que incluyen una línea telefónica de información sobre VIH/sida para el público en general y la realización de pruebas de detección del virus en sus instalaciones. Entre boutiques y tiendas que exhiben el famoso diseño escandinavo, la gente puede acudir y hacerse una prueba rápida cuyo resultado estará listo en 20 minutos, antes de lo cual reciben una sesión de consejería y se sugiere o no la realización de la prueba, según el nivel de riesgo al que se haya expuesto la persona. “Quisimos sacar las pruebas de los hospitales y traerlas a la ciudad”, dice el activista.
Cuestionado sobre cuál debería ser el siguiente paso en la respuesta al VIH en un país donde la epidemia es vista como un problema casi resuelto, Per Slaaen Kaye ríe y afirma: “quisiera saberlo”.
“Desde el punto de vista del financiamiento creo que debe haber un claro mensaje de los políticos de que esta es una enfermedad centrada en los HSH, porque causa mucha incertidumbre en el trabajo preventivo el no saber si vas a ser financiado o no el año siguiente”.
Además, una tarea difícil es encontrar nuevas formas de transmitir el mensaje preventivo. “Cambiar una frase como ‘Además divertirte, juega seguro’ por una forma nueva es siempre un reto porque es el mismo mensaje que hemos estado dando desde los años ochenta. Necesitamos poner el vino viejo en una nueva botella, ese es el desafío”, concluye.
NOTIESE, México, 23 de julio de 2009
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3079
Continúa estado de indefensión de las mujeres
Ineficaz respuesta frente a violencia hacia las mujeres
Desde incumplimientos en la participación política de las mujeres hasta reformas legales para combatir el acoso sexual y avanzar hacia el reconocimiento del femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, son algunos de los vacíos que, desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, existen aún en Costa Rica.
Por Irene González Chen
La Defensoría lanzó una crítica con respecto a la agenda pendiente en el tema de los derechos de las mujeres, especialmente en lo que se refiere al fenómeno de la violencia de género como un asunto de seguridad ciudadana.
"Es de suma importancia que el Estado visualice el fenómeno de la violencia de género desde esta perspectiva, para que las autoridades competentes impulsen acciones administrativas y judiciales encaminadas a resguardar la vida de las víctimas y su entorno familiar", manifestó la institución, en un comunicado.
"Aquí estamos hablando de muerte de mujeres en manos de sus cónyuges o compañeros existiendo una incapacidad estatal y comunal de dar respuestas a las mujeres como sector afectado. Incluso debe revisarse las medidas de protección porque no garantizan la seguridad de las víctimas", agregó la Defensoría.
La entidad también enfatizó en el hecho de que "cada día mueren más mujeres víctimas de la violencia, lo cual debe llamar la atención de las autoridades policiales, judiciales y legislativas, siendo que las debilidades de la ley de penalización y la operatividad de la misma están poniendo en desamparo y riesgo la vida de este grupo de la población".
"A esto debe sumarse la necesidad de que se fortalezcan los mecanismos de acompañamiento legal por parte del Estado a las víctimas de violencia pues, hoy en día, deben transitar por un vía crucis en solitario, sin el acompañamiento jurídico que defiende los intereses de las mujeres, situación que provoca que se pierda la continuidad de su defensa y por lo tanto, sea muy pocos los casos que llegan a la fase final del proceso penal", expresaron las autoridades defensoras.
"Debe mejorarse también la capacitación de los operadores del derecho (jueces, juezas, fiscales) para que el tema sea considerado como un asunto de seguridad ciudadana y mejorar los procesos de coordinación interinstitucional, particularmente con la policía", añadió la Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada.
Otras deudas pendientes
Para la Defensoría de los Habitantes, el Estado también tiene otras deudas pendientes en el tema de género, específicamente para el respeto de los derechos de las mujeres.
Entre ellos se encuentran los despidos ilegales por estado de embarazo y la necesidad de dar un impulso a políticas claras de regionalización de las cárceles de privadas de libertad para evitar el desarraigo con sus familias.
Adicionalmente, la Defensoría indicó que "las madres siguen viviendo un calvario en cuanto a la posibilidad de que se apliquen con mayor rapidez las herramientas jurídicas que hagan efectivos sus derechos, en especial la orden de apremio, para que los deudores alimentarios cumplan con su obligación económica de sus hijos y/o hijas".
De la misma manera, para la institución pública también hay un conflicto en relación a los derechos reproductivos, "donde aún recae el peso exclusivo de la crianza de los hijos" a las mujeres "cuando debe ser una acción compartida con los hombres".
En ese sentido, la Defensoría señaló que el Estado costarricense debe ir analizando propuestas como licencias de paternidad que pueda contribuir a la integración más activa del rol de los padres en la crianza de sus hijos e hijas y dejar de pensar en exceso en el costo económico que pudiera implicar esta medida.
"La familia debe regresar a ser el centro de las políticas sociales y económicas de nuestra nación", aseveró la jerarca.
"Hay seis entidades donde no hay una sola mujer"
En materia de participación política, la Defensoría cuestionó el irrespeto que aún prevalece en materia de género, en especial, en puestos de Junta Directiva de entidades autónomas y estatales del país.
Para la denunciante es irreverente que, a la fecha, existan "seis entidades donde no hay una sola mujer", entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Banco de Costa Rica (BCR), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
"La igualdad de acceso a los cargos públicos implica que la administración debe promover el nombramiento de mujeres en equilibrio con el de hombres; debe avanzarse en este tema hacia la paridad", declaró la Defensoría.
Igualmente, resaltó la necesidad de que se impulse con dinamismo la regionalización de cárceles para privadas de libertad con el objeto de evitar que estas mujeres tengan diferencias marcadas en relación con la privación de libertad con los hombres y no sufran el desarraigo con sus familias.
"Debe avanzarse hacia una reforma de la ley contra el hostigamiento sexual que permita una lucha contra la impunidad en estos hechos, máxime que cerca de un 40 por ciento de los casos quedan sin ningún castigo debido a portillos que tiene la actual ley que propicia que estas mujeres desistan de continuar con el proceso por no encontrar respuesta a sus necesidades", subrayó la Defensoría.
Avances
La Defensoría reconoció que el Estado costarricense avanzó en el respeto de los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas "al eliminar odiosas diferencias en esta materia que existían con el resto de la población económicamente activa como, por ejemplo, en el caso de la jornada laboral que pasó de 12 a ocho horas diarias".
"Costa Rica requiere una visión amplia en materia de equidad de género donde exista un compromiso real político y social en llevar adelante políticas públicas que incorporen transversalmente los derechos de la mitad de la población", afirmó Quesada.
La funcionaria también destacó el reciente fallo del Tribunal de de Casación Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, donde una mujer víctima de violencia doméstica no fue extradita a su país, al reconocerse que los derechos humanos deben ser interpretados de manera íntegra y que, por lo tanto, su vida podía correr peligro.
INFORMATICO, Costa Rica, 27 de Julio de 2009
http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20090727&ref=27-07-090004
Desde incumplimientos en la participación política de las mujeres hasta reformas legales para combatir el acoso sexual y avanzar hacia el reconocimiento del femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, son algunos de los vacíos que, desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, existen aún en Costa Rica.
Por Irene González Chen
La Defensoría lanzó una crítica con respecto a la agenda pendiente en el tema de los derechos de las mujeres, especialmente en lo que se refiere al fenómeno de la violencia de género como un asunto de seguridad ciudadana.
"Es de suma importancia que el Estado visualice el fenómeno de la violencia de género desde esta perspectiva, para que las autoridades competentes impulsen acciones administrativas y judiciales encaminadas a resguardar la vida de las víctimas y su entorno familiar", manifestó la institución, en un comunicado.
"Aquí estamos hablando de muerte de mujeres en manos de sus cónyuges o compañeros existiendo una incapacidad estatal y comunal de dar respuestas a las mujeres como sector afectado. Incluso debe revisarse las medidas de protección porque no garantizan la seguridad de las víctimas", agregó la Defensoría.
La entidad también enfatizó en el hecho de que "cada día mueren más mujeres víctimas de la violencia, lo cual debe llamar la atención de las autoridades policiales, judiciales y legislativas, siendo que las debilidades de la ley de penalización y la operatividad de la misma están poniendo en desamparo y riesgo la vida de este grupo de la población".
"A esto debe sumarse la necesidad de que se fortalezcan los mecanismos de acompañamiento legal por parte del Estado a las víctimas de violencia pues, hoy en día, deben transitar por un vía crucis en solitario, sin el acompañamiento jurídico que defiende los intereses de las mujeres, situación que provoca que se pierda la continuidad de su defensa y por lo tanto, sea muy pocos los casos que llegan a la fase final del proceso penal", expresaron las autoridades defensoras.
"Debe mejorarse también la capacitación de los operadores del derecho (jueces, juezas, fiscales) para que el tema sea considerado como un asunto de seguridad ciudadana y mejorar los procesos de coordinación interinstitucional, particularmente con la policía", añadió la Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada.
Otras deudas pendientes
Para la Defensoría de los Habitantes, el Estado también tiene otras deudas pendientes en el tema de género, específicamente para el respeto de los derechos de las mujeres.
Entre ellos se encuentran los despidos ilegales por estado de embarazo y la necesidad de dar un impulso a políticas claras de regionalización de las cárceles de privadas de libertad para evitar el desarraigo con sus familias.
Adicionalmente, la Defensoría indicó que "las madres siguen viviendo un calvario en cuanto a la posibilidad de que se apliquen con mayor rapidez las herramientas jurídicas que hagan efectivos sus derechos, en especial la orden de apremio, para que los deudores alimentarios cumplan con su obligación económica de sus hijos y/o hijas".
De la misma manera, para la institución pública también hay un conflicto en relación a los derechos reproductivos, "donde aún recae el peso exclusivo de la crianza de los hijos" a las mujeres "cuando debe ser una acción compartida con los hombres".
En ese sentido, la Defensoría señaló que el Estado costarricense debe ir analizando propuestas como licencias de paternidad que pueda contribuir a la integración más activa del rol de los padres en la crianza de sus hijos e hijas y dejar de pensar en exceso en el costo económico que pudiera implicar esta medida.
"La familia debe regresar a ser el centro de las políticas sociales y económicas de nuestra nación", aseveró la jerarca.
"Hay seis entidades donde no hay una sola mujer"
En materia de participación política, la Defensoría cuestionó el irrespeto que aún prevalece en materia de género, en especial, en puestos de Junta Directiva de entidades autónomas y estatales del país.
Para la denunciante es irreverente que, a la fecha, existan "seis entidades donde no hay una sola mujer", entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Banco de Costa Rica (BCR), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
"La igualdad de acceso a los cargos públicos implica que la administración debe promover el nombramiento de mujeres en equilibrio con el de hombres; debe avanzarse en este tema hacia la paridad", declaró la Defensoría.
Igualmente, resaltó la necesidad de que se impulse con dinamismo la regionalización de cárceles para privadas de libertad con el objeto de evitar que estas mujeres tengan diferencias marcadas en relación con la privación de libertad con los hombres y no sufran el desarraigo con sus familias.
"Debe avanzarse hacia una reforma de la ley contra el hostigamiento sexual que permita una lucha contra la impunidad en estos hechos, máxime que cerca de un 40 por ciento de los casos quedan sin ningún castigo debido a portillos que tiene la actual ley que propicia que estas mujeres desistan de continuar con el proceso por no encontrar respuesta a sus necesidades", subrayó la Defensoría.
Avances
La Defensoría reconoció que el Estado costarricense avanzó en el respeto de los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas "al eliminar odiosas diferencias en esta materia que existían con el resto de la población económicamente activa como, por ejemplo, en el caso de la jornada laboral que pasó de 12 a ocho horas diarias".
"Costa Rica requiere una visión amplia en materia de equidad de género donde exista un compromiso real político y social en llevar adelante políticas públicas que incorporen transversalmente los derechos de la mitad de la población", afirmó Quesada.
La funcionaria también destacó el reciente fallo del Tribunal de de Casación Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, donde una mujer víctima de violencia doméstica no fue extradita a su país, al reconocerse que los derechos humanos deben ser interpretados de manera íntegra y que, por lo tanto, su vida podía correr peligro.
INFORMATICO, Costa Rica, 27 de Julio de 2009
http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20090727&ref=27-07-090004
Informe sobre derechos humanos en Honduras: el colectivo GLBTI en situación de especial vulnerabilidad
Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.
Informe Preliminar
Tegucigalpa, 23 de julio de 2009.
(FRAGMENTO)
Introducción
Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por quince profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros.
Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de casos ocurridos en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados del Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional, representantes de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel Zelaya.
La misión internacional está conformada por quince personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental.
iii. Conclusiones
La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.
Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que el Decreto 11-2009, de suspensión de garantías, establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia.
Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras. La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas.
Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales.
El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos a varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con antelación al 28 de junio, como ocurre con la comunidad LGTB. Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y amedrentamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto.
Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la institucionalidad democrática. Valoramos especialmente el papel de las mujeres y sus organizaciones para defender la democracia y los derechos humanos en Hondurasiv. Recomendaciones I. A la comunidad internacional de Estados1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la población hondureña;
2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;
3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado;
4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, asi como desconocer cualquier decision adoptada por dicho gobierno.· Sobre las relaciones bilaterales con Honduras5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante
Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas en riesgo.
Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para que atiendan las necesidades en el interior del país.
6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado involucrados en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior. · Relaciones entre Unión Europea y Honduras8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben aplicarse las medidas siguientes:
La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del orden constitucional.
Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de viceministros del gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos hondureños en la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto.
Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.
Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.
Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea.
II.A los órganos y organismos internacionales9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:
§ Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en situación en riesgo
§ Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones que estime convenientes.
10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional.
11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considerar la pertinencia de:
Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos;
Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;
Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados.
12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen de persecución política.Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la misión, iniciar en seguimiento a esta misión un Observatorio de Derechos Humanos en Honduras.Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:
Luis Guillermo Pérez (CIFCA)
Marcia Aguiluz (CEJIL)
Viviana Krsticevic (CEJIL)
Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)
Jorge Rojas (CODHES)
Benjamín Cuellar (IDHUCA)
Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú)
Javier Mujica (FIDH)
Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)
Enrique Santiago (IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSESPAÑA)
Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)
Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca)
Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán)
Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación - Austria)
Katia Nouten (CIFCA)
Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)
Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental)
Informe Preliminar
Tegucigalpa, 23 de julio de 2009.
(FRAGMENTO)
Introducción
Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por quince profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros.
Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de casos ocurridos en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados del Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional, representantes de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel Zelaya.
La misión internacional está conformada por quince personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental.
iii. Conclusiones
La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.
Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que el Decreto 11-2009, de suspensión de garantías, establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia.
Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras. La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas.
Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales.
El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos a varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con antelación al 28 de junio, como ocurre con la comunidad LGTB. Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y amedrentamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto.
Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la institucionalidad democrática. Valoramos especialmente el papel de las mujeres y sus organizaciones para defender la democracia y los derechos humanos en Hondurasiv. Recomendaciones I. A la comunidad internacional de Estados1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la población hondureña;
2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;
3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado;
4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, asi como desconocer cualquier decision adoptada por dicho gobierno.· Sobre las relaciones bilaterales con Honduras5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante
Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas en riesgo.
Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para que atiendan las necesidades en el interior del país.
6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado involucrados en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior. · Relaciones entre Unión Europea y Honduras8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben aplicarse las medidas siguientes:
La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del orden constitucional.
Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de viceministros del gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos hondureños en la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto.
Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.
Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.
Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea.
II.A los órganos y organismos internacionales9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:
§ Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en situación en riesgo
§ Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones que estime convenientes.
10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional.
11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considerar la pertinencia de:
Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos;
Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;
Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados.
12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen de persecución política.Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la misión, iniciar en seguimiento a esta misión un Observatorio de Derechos Humanos en Honduras.Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:
Luis Guillermo Pérez (CIFCA)
Marcia Aguiluz (CEJIL)
Viviana Krsticevic (CEJIL)
Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)
Jorge Rojas (CODHES)
Benjamín Cuellar (IDHUCA)
Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú)
Javier Mujica (FIDH)
Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)
Enrique Santiago (IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSESPAÑA)
Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)
Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca)
Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán)
Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación - Austria)
Katia Nouten (CIFCA)
Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)
Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental)
Acerca del debate sobre el aborto en México
México: Doce estados legislan contra la interrupción del embarazo
Alicia Yolanda Reyes
Guadalajara; Jalisco, México (Especial de SEMlac)
Mientras que en la capital mexicana las mujeres tienen derecho al aborto seguro y gratuito hasta la doceava semana, en 12 de los 32 Estados de la República, los Congresos locales decidieron blindar las Constituciones para obligar al Estado a “proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.
En Jalisco, uno de los estados que presenta el mayor número de embarazos adolescentes y abortos provocados, la ley se logró gracias a una iniciativa popular, impulsada por el Movimiento Mexicano por La Vida, encabezado por políticos y esposas de funcionarios del conservador Partido Acción Nacional.
Mientras tanto, activistas por los derechos sexuales y reproductivos, agrupadas en la Agenda Feminista de Jalisco, exigen al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Ciprián, que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Ombudsman se ha negado a recibir al grupo, señala Araceli Prieto Álvarez, representante en Jalisco de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, quien es además una de las voceras de la Agenda Feminista.
Entrevistada por SEMlac, Prieto informó que el Ombudsman declaró que la institución que preside no va a promover ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la recién aprobada reforma que evita la despenalización del aborto en el Estado, puesto que ya el Congreso se pronunció.
El Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM) también se niega a pronunciarse contra la reforma que prohíbe la interrupción legal del embarazo y penaliza desde cuatro meses a un año de prisión a las mujeres que se realicen un aborto, asevera Prieto, quien al igual que otras activistas reclama a su titular el no asumir su papel en la defensa de los derechos de las mujeres.
La representante de la agrupación Agenda Feminista indicó que hay silencio en este tema y que Carmen Lucía Pérez, presidenta del IJM, no cumple con la labor que le corresponde para defender a las mujeres.
A su vez, la doctora Adela Jiménez, de la organización Diversidad Sexual, señaló que, cuando intentaron entrevistarse con el Presidente de la CEDH, les fueron cerradas las puertas, a ella y a una veintena de activistas, con el argumento de que si querían presentar alguna queja lo hicieran por escrito o por vía telefónica.
En ese sentido, la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, Guadalupe Ramos Ponce, informó a SEMlac que el grupo plural de legisladoras federales y la Agenda Feminista, junto a otras agrupaciones, presentaron una demanda de juicio político contra el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por atentar reiteradamente contra los derechos y dignidad de las mujeres de ese estado.
La demanda establece que el gobernador ha violentado la Constitución, leyes estatales y federales, la normativa de responsabilidades de los servidores públicos y diversos instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos de ese sector poblacional.
Entre las causas de esta queja, señalan las diputadas federales del grupo plural, está el hecho de que González Márquez se ha negado sistemáticamente a que se presten servicios médicos e informativos en materia de salud sexual y reproductiva, y que ha instrumentado una política institucional de violencia y discriminación de género que vulnera los principios más elementales del Estado Laico.
Por otro lado, dicho funcionario apoyó abiertamente una reforma constitucional contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que implica la penalización incluso del aborto terapéutico (cuando está en riesgo la vida de la gestante) o cuando aquel es producto de una violación, lo que contraviene diversos ordenamientos de la normativa jurídica local, nacional e internacional y profundiza la discriminación contra las mujeres pues viola sus derechos fundamentales, dicen las reclamantes.
En la demanda, a la que SEMlac tuvo acceso, se señala en el Estado de Jalisco cada día son violadas dos mujeres, la mayoría niñas y adolescentes y que del 2005 al 2008 se han presentado 1.643 denuncias por igual número de casos, pero sólo 91 responsables han sido detenidos.
El documento especifica que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Jalisco tiene el noveno lugar nacional respecto al número de muertes por abortos ilegales, lo que representa el 7,7 por ciento de la mortalidad materna en el Estado.
Pero, según las activistas en derechos sexuales, a estas cifras habría que añadirles las mujeres que salen de Jalisco a practicarse un aborto, y no siempre en las mejores condiciones. Las fallecidas por tales razones no son reportadas como cifras de este Estado.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a pesar del notable aumento de uso de anticoncepción en las últimas tres décadas, se estima que 40 millones de abortos ocurren anualmente y, de éstos, el 50 por ciento en condiciones inseguras.
En Jalisco, las restricciones para interrumpir un embarazo ponen a las mujeres pobres en un mayor riesgo de morbi mortalidad, explica a SEMlac Mario Espinosa, director de MEXFAM, organismo no gubernamental que lleva cerca de dos décadas trabajando la planificación familiar, con clínicas y consultorios en todo el país.
El profesional de la salud asevera que desde que los gobiernos panistas llegaron a Jalisco, los métodos anticonceptivos reciben poca promoción de la Secretaría de Salud de Jalisco y de sus centros de Salud.
La píldora de anticoncepción de emergencia y los condones no son ofrecidos a las usuarias, y cuando son solicitados se les dice que se agotaron, pese a que en la práctica los que manda la Secretaría de Salud federal se pudren en las bodegas de la dependencia estatal, denuncia.
En cuanto a los abortos previstos en las leyes del Estado, hasta antes de las modificaciones, las mujeres que lo solicitaban por violación o malformación del feto no eran atendidas porque los trámites resultan tan largos que, cuando finalmente se autorizaba, ya habían pasado meses y hasta años. Y en caso de no haberse actuado, el bebé ya habría nacido.
En esos casos, las mujeres de Jalisco tienen como única opción acudir a la medicina privada, donde los costos siguen siendo altos, entre 1.000 y 2.000 dólares.
Quienes están en mayor riesgo son aquellas mujeres de escasos recursos que acuden al ámbito privado con comadronas o médicos sin escrúpulos que actúan en condiciones insalubres, lo que se traduce en muertes o daños físicos irreversibles a causa de malos procedimientos.
En el caso de las más jóvenes compran algunos medicamentos, que anteriormente se utilizaban para controlar las úlceras, y que ahora se sabe provocan contracciones uterinas y la expulsión del feto.
El problema es que ellas desconocen las dosis exactas y se exponen a sangrados que ponen en riesgo su vida, señala el doctor Espinosa.
SEMLAC, Julio de 2009
http://www.redsemlac.net/noticias/2009/090713ayr.htm
Alicia Yolanda Reyes
Guadalajara; Jalisco, México (Especial de SEMlac)
Mientras que en la capital mexicana las mujeres tienen derecho al aborto seguro y gratuito hasta la doceava semana, en 12 de los 32 Estados de la República, los Congresos locales decidieron blindar las Constituciones para obligar al Estado a “proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.
En Jalisco, uno de los estados que presenta el mayor número de embarazos adolescentes y abortos provocados, la ley se logró gracias a una iniciativa popular, impulsada por el Movimiento Mexicano por La Vida, encabezado por políticos y esposas de funcionarios del conservador Partido Acción Nacional.
Mientras tanto, activistas por los derechos sexuales y reproductivos, agrupadas en la Agenda Feminista de Jalisco, exigen al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Ciprián, que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Ombudsman se ha negado a recibir al grupo, señala Araceli Prieto Álvarez, representante en Jalisco de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, quien es además una de las voceras de la Agenda Feminista.
Entrevistada por SEMlac, Prieto informó que el Ombudsman declaró que la institución que preside no va a promover ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la recién aprobada reforma que evita la despenalización del aborto en el Estado, puesto que ya el Congreso se pronunció.
El Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM) también se niega a pronunciarse contra la reforma que prohíbe la interrupción legal del embarazo y penaliza desde cuatro meses a un año de prisión a las mujeres que se realicen un aborto, asevera Prieto, quien al igual que otras activistas reclama a su titular el no asumir su papel en la defensa de los derechos de las mujeres.
La representante de la agrupación Agenda Feminista indicó que hay silencio en este tema y que Carmen Lucía Pérez, presidenta del IJM, no cumple con la labor que le corresponde para defender a las mujeres.
A su vez, la doctora Adela Jiménez, de la organización Diversidad Sexual, señaló que, cuando intentaron entrevistarse con el Presidente de la CEDH, les fueron cerradas las puertas, a ella y a una veintena de activistas, con el argumento de que si querían presentar alguna queja lo hicieran por escrito o por vía telefónica.
En ese sentido, la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, Guadalupe Ramos Ponce, informó a SEMlac que el grupo plural de legisladoras federales y la Agenda Feminista, junto a otras agrupaciones, presentaron una demanda de juicio político contra el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por atentar reiteradamente contra los derechos y dignidad de las mujeres de ese estado.
La demanda establece que el gobernador ha violentado la Constitución, leyes estatales y federales, la normativa de responsabilidades de los servidores públicos y diversos instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos de ese sector poblacional.
Entre las causas de esta queja, señalan las diputadas federales del grupo plural, está el hecho de que González Márquez se ha negado sistemáticamente a que se presten servicios médicos e informativos en materia de salud sexual y reproductiva, y que ha instrumentado una política institucional de violencia y discriminación de género que vulnera los principios más elementales del Estado Laico.
Por otro lado, dicho funcionario apoyó abiertamente una reforma constitucional contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que implica la penalización incluso del aborto terapéutico (cuando está en riesgo la vida de la gestante) o cuando aquel es producto de una violación, lo que contraviene diversos ordenamientos de la normativa jurídica local, nacional e internacional y profundiza la discriminación contra las mujeres pues viola sus derechos fundamentales, dicen las reclamantes.
En la demanda, a la que SEMlac tuvo acceso, se señala en el Estado de Jalisco cada día son violadas dos mujeres, la mayoría niñas y adolescentes y que del 2005 al 2008 se han presentado 1.643 denuncias por igual número de casos, pero sólo 91 responsables han sido detenidos.
El documento especifica que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Jalisco tiene el noveno lugar nacional respecto al número de muertes por abortos ilegales, lo que representa el 7,7 por ciento de la mortalidad materna en el Estado.
Pero, según las activistas en derechos sexuales, a estas cifras habría que añadirles las mujeres que salen de Jalisco a practicarse un aborto, y no siempre en las mejores condiciones. Las fallecidas por tales razones no son reportadas como cifras de este Estado.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a pesar del notable aumento de uso de anticoncepción en las últimas tres décadas, se estima que 40 millones de abortos ocurren anualmente y, de éstos, el 50 por ciento en condiciones inseguras.
En Jalisco, las restricciones para interrumpir un embarazo ponen a las mujeres pobres en un mayor riesgo de morbi mortalidad, explica a SEMlac Mario Espinosa, director de MEXFAM, organismo no gubernamental que lleva cerca de dos décadas trabajando la planificación familiar, con clínicas y consultorios en todo el país.
El profesional de la salud asevera que desde que los gobiernos panistas llegaron a Jalisco, los métodos anticonceptivos reciben poca promoción de la Secretaría de Salud de Jalisco y de sus centros de Salud.
La píldora de anticoncepción de emergencia y los condones no son ofrecidos a las usuarias, y cuando son solicitados se les dice que se agotaron, pese a que en la práctica los que manda la Secretaría de Salud federal se pudren en las bodegas de la dependencia estatal, denuncia.
En cuanto a los abortos previstos en las leyes del Estado, hasta antes de las modificaciones, las mujeres que lo solicitaban por violación o malformación del feto no eran atendidas porque los trámites resultan tan largos que, cuando finalmente se autorizaba, ya habían pasado meses y hasta años. Y en caso de no haberse actuado, el bebé ya habría nacido.
En esos casos, las mujeres de Jalisco tienen como única opción acudir a la medicina privada, donde los costos siguen siendo altos, entre 1.000 y 2.000 dólares.
Quienes están en mayor riesgo son aquellas mujeres de escasos recursos que acuden al ámbito privado con comadronas o médicos sin escrúpulos que actúan en condiciones insalubres, lo que se traduce en muertes o daños físicos irreversibles a causa de malos procedimientos.
En el caso de las más jóvenes compran algunos medicamentos, que anteriormente se utilizaban para controlar las úlceras, y que ahora se sabe provocan contracciones uterinas y la expulsión del feto.
El problema es que ellas desconocen las dosis exactas y se exponen a sangrados que ponen en riesgo su vida, señala el doctor Espinosa.
SEMLAC, Julio de 2009
http://www.redsemlac.net/noticias/2009/090713ayr.htm
¿Exorcizar la homosexualidad? Una manifestación siniestra de homofobia
Escándalo por un vídeo de Youtube en el que se muestra un exorcismo gay
El exorcismo fue realizado por un grupo de feligreses de la Iglesia Manifested Glory Ministries, en Connecticut.
El vídeo se colgó en Youtube e inmediatamente, fue retirado.
Son muchos los grupos que lo tachan de ataque hacia el colectivo homosexual.
La Iglesia se defiende, "No tenemos nada en su contra, pero no estamos de acuerdo con su estilo de vida".
20MINUTOS.ES
El polémico vídeo muestra a un menor de 16 años tumbado en el suelo mientras un grupo de feligreses de la Iglesia Manifested Glory Ministries, en Stamford, Connecticut , trata de acabar con el "demonio homosexual" que ocupa su cuerpo. El vídeo ha sido retirado de la web, y todavía no se sabe quién lo filtró, ya que la iglesia defiende que nunca pretendió hacer pública la grabación.
No se ha esclarecido si fue la iglesia quién filtró el vídeo
Según informan desde foxnews.com, el vídeo, de 20 minutos de duración, colgado en Youtube, es considerado una clara ofensa hacia el colectivo homosexual , y muchos defensores de estos derechos ya lo han tachado de "abuso", al mismo tiempo que piden una investigación de los hechos.
En el vídeo, que se grabó hace ahora unos seis o siete meses, los miembros de la iglesia mantenían en pie al joven mientras gritaban amenazas al 'demonio' para que éste abandonara el cuerpo. "Sal de su vientre", ordenaba alguien, "está en el vientre...empuja". A continuación, el joven se encontraba tendido en el suelo, revolviéndose, con una aparente dificultad para respirar. Después tosía y vomitaba en una bolsa.
El escándalo coincide con la celebración de la' Semana del Orgullo Gay', y en un momento de impulso en lo referente a los derechos del colectivo en EE.UU.
La Iglesia no lo considera una ofensa
Por otro lado, algunos miembros de la iglesia implicada, así como de otras iglesias, ya han manifestado que no están de acuerdo con tales denuncias. Insisten en que el menor no resultó herido y en que la Iglesia no tiene prejuicios en contra de los homosexuales.
El menor le habría dicho a los feligreses que no quería vivir de ese modo
Sin embargo, la reverenda Patricia McKinney, en declaraciones a la prensa, ha aclarado que , aún no teniendo "nada en contra de los homosexuales", la Iglesia "no está de acuerdo" con su estilo de vida. "Creemos que un hombre debería estar con una mujer, y que una mujer debería estar con un hombre", continuaba.
La reverenda McKinney ha dicho, también, que el menor en cuestión le dijo a la iglesia que "no quería vivir de ese modo", y le describe como un joven "muy religioso y espiritual". "Cada domingo llamamos a la gente a acudir al altar para liberarse de cualquier espíritu que les impida cumplir con la que es su función", explicaba en declaraciones a CNN.
No es el único caso
Es difícil saber con exactitud con qué frecuencia ocurren este tipo de sucesos en iglesias, pero en EE.UU, no es la primera vez; e incluso, se cree que ésta es una práctica bastante común.
Así por ejemplo, lo han manifestado Robin McHaelin y Kamora Herrington, de la asociación True Colors, un grupo defensor de los derechos de los homosexuales. Herrington decía que esto "ocurre todo el tiempo", y que por ello esta última noticia "no es un caso aislado".
McHaelin, directora de la asociación, ha confesado que True Colors ha tenido constancia de cinco casos similares en los últimos años en los que jóvenes protegidos por su organización, fueron amenazados con exorcismos.
20MINUTOS.ES, España, 27 de junio de 2009
http://www.20minutos.es/noticia/476086/0/exorcismo/gay/video/
El exorcismo fue realizado por un grupo de feligreses de la Iglesia Manifested Glory Ministries, en Connecticut.
El vídeo se colgó en Youtube e inmediatamente, fue retirado.
Son muchos los grupos que lo tachan de ataque hacia el colectivo homosexual.
La Iglesia se defiende, "No tenemos nada en su contra, pero no estamos de acuerdo con su estilo de vida".
20MINUTOS.ES
El polémico vídeo muestra a un menor de 16 años tumbado en el suelo mientras un grupo de feligreses de la Iglesia Manifested Glory Ministries, en Stamford, Connecticut , trata de acabar con el "demonio homosexual" que ocupa su cuerpo. El vídeo ha sido retirado de la web, y todavía no se sabe quién lo filtró, ya que la iglesia defiende que nunca pretendió hacer pública la grabación.
No se ha esclarecido si fue la iglesia quién filtró el vídeo
Según informan desde foxnews.com, el vídeo, de 20 minutos de duración, colgado en Youtube, es considerado una clara ofensa hacia el colectivo homosexual , y muchos defensores de estos derechos ya lo han tachado de "abuso", al mismo tiempo que piden una investigación de los hechos.
En el vídeo, que se grabó hace ahora unos seis o siete meses, los miembros de la iglesia mantenían en pie al joven mientras gritaban amenazas al 'demonio' para que éste abandonara el cuerpo. "Sal de su vientre", ordenaba alguien, "está en el vientre...empuja". A continuación, el joven se encontraba tendido en el suelo, revolviéndose, con una aparente dificultad para respirar. Después tosía y vomitaba en una bolsa.
El escándalo coincide con la celebración de la' Semana del Orgullo Gay', y en un momento de impulso en lo referente a los derechos del colectivo en EE.UU.
La Iglesia no lo considera una ofensa
Por otro lado, algunos miembros de la iglesia implicada, así como de otras iglesias, ya han manifestado que no están de acuerdo con tales denuncias. Insisten en que el menor no resultó herido y en que la Iglesia no tiene prejuicios en contra de los homosexuales.
El menor le habría dicho a los feligreses que no quería vivir de ese modo
Sin embargo, la reverenda Patricia McKinney, en declaraciones a la prensa, ha aclarado que , aún no teniendo "nada en contra de los homosexuales", la Iglesia "no está de acuerdo" con su estilo de vida. "Creemos que un hombre debería estar con una mujer, y que una mujer debería estar con un hombre", continuaba.
La reverenda McKinney ha dicho, también, que el menor en cuestión le dijo a la iglesia que "no quería vivir de ese modo", y le describe como un joven "muy religioso y espiritual". "Cada domingo llamamos a la gente a acudir al altar para liberarse de cualquier espíritu que les impida cumplir con la que es su función", explicaba en declaraciones a CNN.
No es el único caso
Es difícil saber con exactitud con qué frecuencia ocurren este tipo de sucesos en iglesias, pero en EE.UU, no es la primera vez; e incluso, se cree que ésta es una práctica bastante común.
Así por ejemplo, lo han manifestado Robin McHaelin y Kamora Herrington, de la asociación True Colors, un grupo defensor de los derechos de los homosexuales. Herrington decía que esto "ocurre todo el tiempo", y que por ello esta última noticia "no es un caso aislado".
McHaelin, directora de la asociación, ha confesado que True Colors ha tenido constancia de cinco casos similares en los últimos años en los que jóvenes protegidos por su organización, fueron amenazados con exorcismos.
20MINUTOS.ES, España, 27 de junio de 2009
http://www.20minutos.es/noticia/476086/0/exorcismo/gay/video/
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