No hay democracia sin derechos para todos
El proyecto de ley 16.390 no es sobre matrimonio gay; es un proyecto para la igualdad
Luis D. González Ingeniero eléctrico
gsoto.luis@gmail.com
Dice el señor Carlos Vílchez en el periódico La República del pasado 19 de febrero, que algunas de las pistas que nos permiten saber si vivimos en democracia las encontramos en las naciones más desarrolladas y son: el derecho al voto, el respeto a las instituciones, a la libertad de expresión, a las libertades políticas y económicas y el respeto a los derechos humanos en su totalidad.
Sin embargo, ese mismo día, se publica en distintos medios escritos que la recién electa presidenta, Laura Chinchilla, ya hizo mancuerna con los diputados evangélicos Justo Orozco y Carlos Avendaño para pronunciarse en contra de las uniones civiles de personas del mismo sexo.
Actualmente, se encuentra en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley N.° 16.390 de sociedades de convivencia, que busca que se otorguen algunos derechos humanos y civiles básicos, y de los que las parejas de la comunidad gay-lésbica del país carecen hoy día.
Doble discurso
Al respecto, la Presidenta electa dijo al Eco Católico, una semana antes de su triunfo electoral, que “los homosexuales tienen los mismos derechos individuales de cualquier ciudadano y deben ser respetados como personas y en su dimensión legal. Estoy a favor de legislación que regule las relaciones patrimoniales entre personas del mismo sexo.”
Hoy, sin embargo, pareciera que eso era solo una pose ambigua para quedar bien con unos y otros sectores. Una manera muy tradicional de hacer política en nuestro país.
El proyecto de ley N.° 16.390 no es sobre el matrimonio gay, ni siquiera se menciona. No busca modificar el Código de Familia ni desprestigiar o dañar a la familia tradicional. Muchísimo menos busca, como dicen algunos de sus detractores, limitar la libertad de expresión, la libertad de culto, o el derecho de los padres de educar a sus hijos en un ambiente sano.
Es un proyecto para la igualdad, apoyado abiertamente por el Ministerio de Salud y sobre el cual el presidente Arias se ha manifestado de manera favorable en el pasado.
Asimismo, en diversas ocasiones la misma Sala Constitucional y otras altas instituciones del país han señalado la necesidad de llenar el vacío legal actual. Es un proyecto urgente y necesario.
Con esta ley se busca regular una realidad que no va a dejar de existir solo porque a algunos no les guste.
Por su aprobación o rechazo no dejaremos de existir los homosexuales, ni dejaremos de vivir con nuestras parejas, ni dejaremos de formar parte activa de todos los sectores de la sociedad. Ahí seguiremos, les guste o no, aunque a veces ni siquiera nos hagamos notar. Este último ha sido, quizás, nuestro peor error.
Decimos vivir en democracia porque pudimos sacar nuestras banderas el pasado 7 de febrero, pero muchos ni siquiera saben lo que de verdad conlleva el verdadero ejercicio de esta.
Mientras sigamos descalificando a quienes piensan diferente, atacando y reprimiendo a las minorías y permitiendo que se les prive de sus legítimos derechos, no estaremos viviendo en democracia de forma plena.
LA NACIÓN, 25 de marzo de 2010
http://www.nacion.com/2010-03-25/Opinion/Foro/Opinion2313828.aspx?Page=2#comentarios
domingo, 28 de marzo de 2010
El dolor del VIH tiene cara de hombre gay
Una campaña pone cara al VIH entre gays
El sexo entre hombres causa el 40% de las nuevas infecciones
EMILIO DE BENITO - Madrid
Los últimos datos del Plan Nacional sobre Sida (PNS) sobre diagnósticos de VIH son concluyentes: un 38,8% de los nuevos diagnósticos se da en hombres que han tenido sexo con hombres. O, más crudamente aún: si se tienen en cuenta sólo los infectados varones, los gays (y otros hombres que tienen sexo con hombres aunque no se identifiquen como homosexuales) son el 50%. Los datos son del SINIVIH, el registro de nuevos casos que, de momento, incluye a 12 comunidades autónomas.
La incidencia es tan alta que ya hace un par de años que el PNS organiza campañas informativas específicas. La última, que se ha presentado esta mañana, le pone cara a siete casos con sus nombres (todos menos uno, reales, lo que indica que el miedo a ser reconocido se va perdiendo, o, al contrario, que todavía el estigma impide que alguien salga en público tranquilamente diciendo que es gay y seropositivo). Su lema: VIH/sida. hablemos.... En ella han paticipado el Ministerio de Sanidad y la Federación estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Además de testimonios, se da información acerca dela prueba y las medidas de prevención.
La iniciativa se puede enmarcar en una preocupación generalizada por la expansión del VIH entre los hombres que tienen (exclusivamente o no) sexo con otros hombres, los llamados HSH en el lenguaje de los activistas. Por ejemplo, el pasado 5 de marzo hubo una reunión patrocinada por la Fundación Formación e Información sobre Tratamientos en el VIH/Sida (FIT), con representantes estatales, de Onusida, ONG y medios de comunicación para elaborar un documento sobre el abordaje de la epidemia en este sector de la población, que, más que un "grupo de riesgo, se ha convertido en un grupo en riesgo", según definió Ferran Pujol, de Hispanosida.
El problema es que ya la prevalencia de la infección -al menos entre los gays que salen por sitios de ocio específicos para ellos, según varios estudios hechos en Barcelona y Madrid- es tan alto (el pasado diciembre el PNS calculaba que ronda el 10%) que cualquier descuido en la prevención "es un contexto de riesgo", según definió Julia del Amo, del Instituto de Salud Carlos III. Además, se añade el factor de que "pedir el usod e preservativo durante toda la vida es iluso", como dijo Daniela Rojas, de la organización francesa Aides. Eso no quiere decir que se haya bajado la guardia, enfatizó Pujol, sino que mientras un heterosexual que una vez no usa el preservativo tiene unas posibilidades muy bajas de infectarse, la probabilidad es muy superior si se trata de una relación entre gays.
En la reunión, Jorge del Romero, de FIT, pero también del Centro Sanitario Sandoval (una clínica municipal de Madrid que ofrece anonimato y que es la que más diagnósticos ha dado en España en 30 años de epidemia) dio la de cal y la de arena. La buena noticia es que en sus estudios hechos con parejas en las que uno de los miembros tiene el VIH y el otro no, el porcentaje de infecciones cuando el seropositivo estaba siendo tratado y respondía a la medicación es del 0%. La mala, que la inmensa mayoría de los casos que diagnostican (hasya el 90%) -teniendo en cuenta que se trata de un centro con una clientela especial, ya que acuden personas que normalmente están o se sienten al margen del sistema sanitario- son varones infectados por sexo con otros hombres.
EL PAÍS, España, 26 de marzo de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/campana/pone/cara/VIH/gays/elpepusoc/20100326elpepusoc_10/Tes
El sexo entre hombres causa el 40% de las nuevas infecciones
EMILIO DE BENITO - Madrid
Los últimos datos del Plan Nacional sobre Sida (PNS) sobre diagnósticos de VIH son concluyentes: un 38,8% de los nuevos diagnósticos se da en hombres que han tenido sexo con hombres. O, más crudamente aún: si se tienen en cuenta sólo los infectados varones, los gays (y otros hombres que tienen sexo con hombres aunque no se identifiquen como homosexuales) son el 50%. Los datos son del SINIVIH, el registro de nuevos casos que, de momento, incluye a 12 comunidades autónomas.
La incidencia es tan alta que ya hace un par de años que el PNS organiza campañas informativas específicas. La última, que se ha presentado esta mañana, le pone cara a siete casos con sus nombres (todos menos uno, reales, lo que indica que el miedo a ser reconocido se va perdiendo, o, al contrario, que todavía el estigma impide que alguien salga en público tranquilamente diciendo que es gay y seropositivo). Su lema: VIH/sida. hablemos.... En ella han paticipado el Ministerio de Sanidad y la Federación estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Además de testimonios, se da información acerca dela prueba y las medidas de prevención.
La iniciativa se puede enmarcar en una preocupación generalizada por la expansión del VIH entre los hombres que tienen (exclusivamente o no) sexo con otros hombres, los llamados HSH en el lenguaje de los activistas. Por ejemplo, el pasado 5 de marzo hubo una reunión patrocinada por la Fundación Formación e Información sobre Tratamientos en el VIH/Sida (FIT), con representantes estatales, de Onusida, ONG y medios de comunicación para elaborar un documento sobre el abordaje de la epidemia en este sector de la población, que, más que un "grupo de riesgo, se ha convertido en un grupo en riesgo", según definió Ferran Pujol, de Hispanosida.
El problema es que ya la prevalencia de la infección -al menos entre los gays que salen por sitios de ocio específicos para ellos, según varios estudios hechos en Barcelona y Madrid- es tan alto (el pasado diciembre el PNS calculaba que ronda el 10%) que cualquier descuido en la prevención "es un contexto de riesgo", según definió Julia del Amo, del Instituto de Salud Carlos III. Además, se añade el factor de que "pedir el usod e preservativo durante toda la vida es iluso", como dijo Daniela Rojas, de la organización francesa Aides. Eso no quiere decir que se haya bajado la guardia, enfatizó Pujol, sino que mientras un heterosexual que una vez no usa el preservativo tiene unas posibilidades muy bajas de infectarse, la probabilidad es muy superior si se trata de una relación entre gays.
En la reunión, Jorge del Romero, de FIT, pero también del Centro Sanitario Sandoval (una clínica municipal de Madrid que ofrece anonimato y que es la que más diagnósticos ha dado en España en 30 años de epidemia) dio la de cal y la de arena. La buena noticia es que en sus estudios hechos con parejas en las que uno de los miembros tiene el VIH y el otro no, el porcentaje de infecciones cuando el seropositivo estaba siendo tratado y respondía a la medicación es del 0%. La mala, que la inmensa mayoría de los casos que diagnostican (hasya el 90%) -teniendo en cuenta que se trata de un centro con una clientela especial, ya que acuden personas que normalmente están o se sienten al margen del sistema sanitario- son varones infectados por sexo con otros hombres.
EL PAÍS, España, 26 de marzo de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/campana/pone/cara/VIH/gays/elpepusoc/20100326elpepusoc_10/Tes
Que Europa se entere que en Costa Rica se discrimina a las personas LGBTI
• El Acuerdo de Asociación
HOMOSEXUALES PIDEN A EUROPA NO NEGOCIAR CON COSTA RICA
MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Un obstáculo inesperado podrían tener las negociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) pues una organización de homosexuales en Costa Rica pide a los europeos que dejen por fuera a nuestro país en el Acuerdo de Asociación.
El Movimiento Diversidad es el que lidera la oposición hacia la integración de Costa Rica con Europa, pues afirman que el país no respeta los derechos de las personas que tienen gusto hacia los de su mismo sexo.
Abelardo Araya, presidente del Movimiento Diversidad, que aglutina a homosexuales y transexuales, envió una carta a la encargada de negocios de la UE en San José, Cristina Martins, en la que expuso la “discriminación que se realiza en todos los planos sociales”.
Araya pidió a la UE dejar de negociar con Costa Rica por esas acusaciones.
“Europa no debería continuar negociando un pacto de comercio con Costa Rica, mientras se violen en forma tan flagrante los derechos humanos de la minoría por orientación sexual”, indica Araya.
Actualmente Centroamérica y la Unión Europea tramitan una de las últimas rondas del acuerdo que involucra los pilares comerciales, políticos y cooperación.
El Movimiento Diversidad reclama que un proyecto de ley que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa y que busca que las parejas gay tengan derechos similares a las heterosexuales en cuanto a patrimonio, salud, herencias y asuntos migratorios, no esté en la prioridad de este Gobierno y no hayan tenido señales del próximo.
DIARIO EXTRA, 26 de marzo de 2010
http://www.diarioextra.com/2010/marzo/26/nacionales02.php
HOMOSEXUALES PIDEN A EUROPA NO NEGOCIAR CON COSTA RICA
MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Un obstáculo inesperado podrían tener las negociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) pues una organización de homosexuales en Costa Rica pide a los europeos que dejen por fuera a nuestro país en el Acuerdo de Asociación.
El Movimiento Diversidad es el que lidera la oposición hacia la integración de Costa Rica con Europa, pues afirman que el país no respeta los derechos de las personas que tienen gusto hacia los de su mismo sexo.
Abelardo Araya, presidente del Movimiento Diversidad, que aglutina a homosexuales y transexuales, envió una carta a la encargada de negocios de la UE en San José, Cristina Martins, en la que expuso la “discriminación que se realiza en todos los planos sociales”.
Araya pidió a la UE dejar de negociar con Costa Rica por esas acusaciones.
“Europa no debería continuar negociando un pacto de comercio con Costa Rica, mientras se violen en forma tan flagrante los derechos humanos de la minoría por orientación sexual”, indica Araya.
Actualmente Centroamérica y la Unión Europea tramitan una de las últimas rondas del acuerdo que involucra los pilares comerciales, políticos y cooperación.
El Movimiento Diversidad reclama que un proyecto de ley que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa y que busca que las parejas gay tengan derechos similares a las heterosexuales en cuanto a patrimonio, salud, herencias y asuntos migratorios, no esté en la prioridad de este Gobierno y no hayan tenido señales del próximo.
DIARIO EXTRA, 26 de marzo de 2010
http://www.diarioextra.com/2010/marzo/26/nacionales02.php
La Nación desnuda su homofobia
EDITORIAL
La ruta equivocada
La petición a la UE para suspender el Acuerdo de Asociación mientras Costa Rica no dé marco legal a las parejas homosexuales es un desatino
El recurso de acudir al apoyo extranjero en beneficio de causas locales, a expensas de los intereses comerciales del país, debe cesar
El establecimiento de un marco legal para la unión de personas del mismo sexo requiere de una discusión serena en el seno de la sociedad costarricense. Implica, para la comunidad homosexual, el reclamo de amparo legal para derechos reconocidos a las parejas tradicionales, como la posibilidad de heredar, cobrar seguros y tramitar créditos en forma conjunta. Para otros sectores, incluyendo a muchos que simpatizarían con el reconocimiento de algunos de los derechos reclamados, la preocupación se centra en la necesidad de preservar los fundamentos de la tradicional unión entre hombre y mujer.
El tema tiene importantes implicaciones para los derechos civiles y vastas repercusiones en el ámbito de los valores sociales y religiosos. El debate está abierto y si bien la Presidenta electa no lo tiene entre sus prioridades, los grupos interesados están en libertad de promover su causa. En ningún país han resultado fáciles los cambios exigidos por los defensores de los derechos de los homosexuales. Allí donde han obtenido victorias, las han conseguido a costas de intensos y prolongados procesos de acción política.
Adoptar esa perspectiva es aceptar, con realismo, que la profundidad del cambio promovido exige la construcción de un acuerdo nacional, capaz de expresarse en leyes aprobadas por vía de la normalidad democrática. Son procesos de discusión interna, donde vence quien convence. Por eso no se entiende la petición elevada a la Unión Europea para suspender el Acuerdo de Asociación con Centroamérica mientras Costa Rica no amplíe el amparo legal a las parejas del mismo sexo.
El planteamiento tiene escasas posibilidades de éxito, primero porque el Acuerdo de Asociación es regional, y no solo costarricense. Además, Europa caería en una contradicción insalvable, dado que no todos los Estados miembros de la Unión reconocen los derechos exigidos por los activistas nacionales. Por el contrario, grupos interesados de la Unión Europea han logrado incorporar a sus ordenamientos jurídicos la definición del matrimonio como una unión entre hombre y mujer.
En Polonia, por ejemplo, la falta de reconocimiento de estos derechos exigió la intervención de la Corte Europea de Derechos Humanos para resolver un caso específico. La ley polaca permite al sobreviviente de una unión de hecho heredar la condición de inquilino ostentada por el compañero fallecido. Así se garantiza al sobreviviente la permanencia en la vivienda alquilada, pero los tribunales negaron tal derecho a un homosexual, al argumentar que la protección solo se extiende a las parejas heterosexuales. En un fallo reciente, la Corte Europea condenó a Polonia por la discriminación en el caso concreto, aunque reconoció el derecho del Estado a conservar la definición tradicional de pareja.
Los magistrados concluyeron que, en este caso, Polonia carecía de un interés inequívoco para sustentar la diferenciación del trato dispensado a las parejas heterosexuales y homosexuales. Además, reconocieron la dificultad de mantener el equilibrio entre el matrimonio tradicional y los derechos de las minorías sexuales.
La Convención Europea sobre Derechos Humanos, dijo la Corte, es un instrumento vivo, que debe ser interpretado a la luz de las condiciones actuales. Si la Unión Europea apenas está en curso de perfilar su respuesta a las exigencias de las minorías sexuales y lo hace a partir de las condiciones vigentes en las sociedades que la integran, mal haría en escuchar la petición de los activistas costarricenses, que buscan para su causa una victoria impuesta desde afuera.
Las pocas posibilidades de éxito del planteamiento no obstan para ocuparnos de él en un editorial. El recurso de acudir al apoyo extranjero en beneficio de causas locales, a expensas de los intereses comerciales del país, no es nuevo. Otros grupos, en particular algunos sindicatos, lo han intentado. Esos esfuerzos deben cesar por contraproducentes y porque no hacen más que introducir distracciones en procesos de negociación donde los intereses del país son otros, y muy importantes.
Vista previa
Renunciar a esas vías no implica condenarse a la indefensión. En Costa Rica existen tribunales capaces de resolver conflictos de gran profundidad y también en América existe una Corte de Derechos Humanos.
Nuestros procesos políticos, por lo demás, son abiertos y aptos para llevar la discusión de estos temas a las esferas de resolución donde corresponde encararlos.
LA NACIÓN, Costa Rica, 25 de marzo de 2010
http://www.nacion.com/2010-03-25/Opinion/Editorial/Opinion2313499.aspx?Page=3#comentarios
La ruta equivocada
La petición a la UE para suspender el Acuerdo de Asociación mientras Costa Rica no dé marco legal a las parejas homosexuales es un desatino
El recurso de acudir al apoyo extranjero en beneficio de causas locales, a expensas de los intereses comerciales del país, debe cesar
El establecimiento de un marco legal para la unión de personas del mismo sexo requiere de una discusión serena en el seno de la sociedad costarricense. Implica, para la comunidad homosexual, el reclamo de amparo legal para derechos reconocidos a las parejas tradicionales, como la posibilidad de heredar, cobrar seguros y tramitar créditos en forma conjunta. Para otros sectores, incluyendo a muchos que simpatizarían con el reconocimiento de algunos de los derechos reclamados, la preocupación se centra en la necesidad de preservar los fundamentos de la tradicional unión entre hombre y mujer.
El tema tiene importantes implicaciones para los derechos civiles y vastas repercusiones en el ámbito de los valores sociales y religiosos. El debate está abierto y si bien la Presidenta electa no lo tiene entre sus prioridades, los grupos interesados están en libertad de promover su causa. En ningún país han resultado fáciles los cambios exigidos por los defensores de los derechos de los homosexuales. Allí donde han obtenido victorias, las han conseguido a costas de intensos y prolongados procesos de acción política.
Adoptar esa perspectiva es aceptar, con realismo, que la profundidad del cambio promovido exige la construcción de un acuerdo nacional, capaz de expresarse en leyes aprobadas por vía de la normalidad democrática. Son procesos de discusión interna, donde vence quien convence. Por eso no se entiende la petición elevada a la Unión Europea para suspender el Acuerdo de Asociación con Centroamérica mientras Costa Rica no amplíe el amparo legal a las parejas del mismo sexo.
El planteamiento tiene escasas posibilidades de éxito, primero porque el Acuerdo de Asociación es regional, y no solo costarricense. Además, Europa caería en una contradicción insalvable, dado que no todos los Estados miembros de la Unión reconocen los derechos exigidos por los activistas nacionales. Por el contrario, grupos interesados de la Unión Europea han logrado incorporar a sus ordenamientos jurídicos la definición del matrimonio como una unión entre hombre y mujer.
En Polonia, por ejemplo, la falta de reconocimiento de estos derechos exigió la intervención de la Corte Europea de Derechos Humanos para resolver un caso específico. La ley polaca permite al sobreviviente de una unión de hecho heredar la condición de inquilino ostentada por el compañero fallecido. Así se garantiza al sobreviviente la permanencia en la vivienda alquilada, pero los tribunales negaron tal derecho a un homosexual, al argumentar que la protección solo se extiende a las parejas heterosexuales. En un fallo reciente, la Corte Europea condenó a Polonia por la discriminación en el caso concreto, aunque reconoció el derecho del Estado a conservar la definición tradicional de pareja.
Los magistrados concluyeron que, en este caso, Polonia carecía de un interés inequívoco para sustentar la diferenciación del trato dispensado a las parejas heterosexuales y homosexuales. Además, reconocieron la dificultad de mantener el equilibrio entre el matrimonio tradicional y los derechos de las minorías sexuales.
La Convención Europea sobre Derechos Humanos, dijo la Corte, es un instrumento vivo, que debe ser interpretado a la luz de las condiciones actuales. Si la Unión Europea apenas está en curso de perfilar su respuesta a las exigencias de las minorías sexuales y lo hace a partir de las condiciones vigentes en las sociedades que la integran, mal haría en escuchar la petición de los activistas costarricenses, que buscan para su causa una victoria impuesta desde afuera.
Las pocas posibilidades de éxito del planteamiento no obstan para ocuparnos de él en un editorial. El recurso de acudir al apoyo extranjero en beneficio de causas locales, a expensas de los intereses comerciales del país, no es nuevo. Otros grupos, en particular algunos sindicatos, lo han intentado. Esos esfuerzos deben cesar por contraproducentes y porque no hacen más que introducir distracciones en procesos de negociación donde los intereses del país son otros, y muy importantes.
Vista previa
Renunciar a esas vías no implica condenarse a la indefensión. En Costa Rica existen tribunales capaces de resolver conflictos de gran profundidad y también en América existe una Corte de Derechos Humanos.
Nuestros procesos políticos, por lo demás, son abiertos y aptos para llevar la discusión de estos temas a las esferas de resolución donde corresponde encararlos.
LA NACIÓN, Costa Rica, 25 de marzo de 2010
http://www.nacion.com/2010-03-25/Opinion/Editorial/Opinion2313499.aspx?Page=3#comentarios
Benedicto XVI salpicado directamente por caso de abusos
El escándalo de los abusos sexuales
Otro escándalo de ocultación de abusos a menores salpica al Papa
El Vaticano no castigó a un cura pederasta porque estaba "muy enfermo" cuando Benedicto XVI era cardenal.- El portavoz vaticano niega que la ley canónica prohíba denunciar a la justicia.- La Santa Sede acusa a la prensa de "golpear" al Papa
MIGUEL MORA - Roma
El Vaticano vuelve a temblar con la exclusiva de The New York Times sobre el sacerdote Lawrence C. Murphy, que abusó de 200 niños sordos en Wisconsin durante más de 20 años.
El diario estadounidense cuenta hoy que en 1996 el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, no respondió a dos cartas sobre el caso enviadas por el arzobispo de Milwaukee. En ellas se señalaba como autor de los abusos a Murphy, que trabajó en una prestigiosa escuela para niños sordos entre 1950 y 1974. Pese a las repetidas advertencias, se optó por intentar acallar el asunto para evitar el escándalo en vez de expulsar al eclesiástico. Los documentos se han hecho públicos ahora, durante un juicio contra la Archidiócesis de Milwaukee.
L'Osservatore Romano, el diario oficioso de la Santa Sede, negó las imputaciones y acusó a la prensa de "un evidente e innoble intento de golpear, a toda costa, a Benedicto XVI y sus más estrechos colaboradores".
El caso de Murphy, afirma The New York Times, es uno de los miles que durante décadas miembros de la Iglesia han dirigido a la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por Ratzinger entre 1981 y 2005, y encargada de decidir las expulsiones y canonizaciones.
Ocho meses después de que Ratzinger recibiese las cartas, su número dos, el cardenal Tarcisio Bertone, actual secretario de Estado del Vaticano, ordenó a los obispos de Wisconsin comenzar un juicio canónico secreto que podía haber llevado a la expulsión de Murphy. Pero Bertone paró el proceso después de que Murphy escribiera a Ratzinger explicando que no debería ser enjuiciado pues estaba enfermo y arrepentido, cuenta el rotativo. "Solamente quiero vivir el tiempo que me queda en la dignidad del sacerdocio", suplicaba Murphy en la misiva. "Solicito su bondad en este asunto", clamaba a Ratzinger. Los archivos no contienen la respuesta del hoy Papa.
En lugar de ser castigado, Murphy fue trasladado en 1974 del Arzobispado William E. Cousins de Milwaukee a la Diócesis Superior, en el norte de este Estado, donde pasó los últimos 24 años trabajando con niños en colegios e iglesias parroquiales, y hasta en un centro de detención juvenil, detalla The New York Times. Murió en 1998.
"El derecho canónico no prevé castigos automáticos"
El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, ha publicado hoy completa la nota enviada al diario estadounidense en la que afirma que no se castigó a Murphy porque estaba "muy enfermo". Lombardi subraya que el Vaticano solo fue informado del caso en 1996, años después de que la investigación hubiera terminado, y afirma que el cura no fue expulsado del clero "porque el derecho canónico no prevé castigos automáticos". La realidad es que algunos delitos sí prevén ese tipo de correctivo: la revelación del secreto del sumario, por ejemplo, está penada por el código canónico con la excomunión automática.
El comunicado oficial indica que, al abusar sexualmente de niños sordos, el padre Murphy "violó la ley, y cosa aún más importante, la sagrada fe que las víctimas pusieron en él". Lombardi aprovecha para recordar que "las normas de la Iglesia no han prohibido nunca denunciar los abusos a menores a las autoridades judiciales". Pero la afirmación es cuando menos dudosa: tanto el Código como la instrucción Crimen Sollicitationis, de 1962, penan severamente la revelación de los casos juzgados por el Vaticano, y la costumbre durante decenios ha sido no denunciar a los criminales a la justicia y lavar en casa los trapos sucios para tratar de evitar el escándalo.
Roberto Mirabile, el presidente de la asociación italiana de víctimas de la pederastia Caramelo Bueno, que asesora desde hace 13 años a jóvenes que han sufrido abusos, explica a El PAÍS: "Ni los obispos en sus diócesis, ni la propia Curia, ni siquiera el tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe han enviado jamás a un cura a la cárcel por un crimen pederasta". "Al revés -prosigue-, se han limitado a trasladar a los culpables de diócesis en diócesis, permitiendo que los criminales continuaran abusando impunemente y convirtiéndose así en encubridores y cómplices con el terrible agravante de su autoridad moral".
Detenciones en la Plaza de San Pedro
Miembros de SNAP, organización estadounidense de víctimas de abusos de la Iglesia católica, se han concentrado esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano para denunciar los abusos del padre Murphy y han repartido octavillas en las que se narran los detalles del caso. Cuatro miembros de la organización han sido detenidos por la policía mientras hablaban con los periodistas, entre ellos la presidenta de Snap, Barbara Blaine, quien, visiblemente nerviosa, preguntaba en inglés a los agentes si había hecho algo malo y pedía a los fotógrafos que tomasen imágenes de lo que estaba pasando.
En medio de este rosario de escándalos y revelaciones sobre abusos que salpican a la Iglesia católica, el Papa ha recibido hoy a los obispos escandinavos en audiencia, y ha defendido los derechos del embrión sobre el "supuesto" derecho a abortar. El "derecho de los niños a ser concebidos y llevados en el útero, venir al mundo y crecer en el seno del matrimonio" es un "derecho fundamental" al que se debe "dar prioridad" sobre "otros modelos de familia" y sobre "el supuesto derecho al aborto", ha dicho Ratzinger.
EL PAÍS, España, 25 de marzo de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/escandalo/ocultacion/abusos/menores/salpica/Papa/elpepusoc/20100325elpepusoc_2/Tes
Otro escándalo de ocultación de abusos a menores salpica al Papa
El Vaticano no castigó a un cura pederasta porque estaba "muy enfermo" cuando Benedicto XVI era cardenal.- El portavoz vaticano niega que la ley canónica prohíba denunciar a la justicia.- La Santa Sede acusa a la prensa de "golpear" al Papa
MIGUEL MORA - Roma
El Vaticano vuelve a temblar con la exclusiva de The New York Times sobre el sacerdote Lawrence C. Murphy, que abusó de 200 niños sordos en Wisconsin durante más de 20 años.
El diario estadounidense cuenta hoy que en 1996 el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, no respondió a dos cartas sobre el caso enviadas por el arzobispo de Milwaukee. En ellas se señalaba como autor de los abusos a Murphy, que trabajó en una prestigiosa escuela para niños sordos entre 1950 y 1974. Pese a las repetidas advertencias, se optó por intentar acallar el asunto para evitar el escándalo en vez de expulsar al eclesiástico. Los documentos se han hecho públicos ahora, durante un juicio contra la Archidiócesis de Milwaukee.
L'Osservatore Romano, el diario oficioso de la Santa Sede, negó las imputaciones y acusó a la prensa de "un evidente e innoble intento de golpear, a toda costa, a Benedicto XVI y sus más estrechos colaboradores".
El caso de Murphy, afirma The New York Times, es uno de los miles que durante décadas miembros de la Iglesia han dirigido a la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por Ratzinger entre 1981 y 2005, y encargada de decidir las expulsiones y canonizaciones.
Ocho meses después de que Ratzinger recibiese las cartas, su número dos, el cardenal Tarcisio Bertone, actual secretario de Estado del Vaticano, ordenó a los obispos de Wisconsin comenzar un juicio canónico secreto que podía haber llevado a la expulsión de Murphy. Pero Bertone paró el proceso después de que Murphy escribiera a Ratzinger explicando que no debería ser enjuiciado pues estaba enfermo y arrepentido, cuenta el rotativo. "Solamente quiero vivir el tiempo que me queda en la dignidad del sacerdocio", suplicaba Murphy en la misiva. "Solicito su bondad en este asunto", clamaba a Ratzinger. Los archivos no contienen la respuesta del hoy Papa.
En lugar de ser castigado, Murphy fue trasladado en 1974 del Arzobispado William E. Cousins de Milwaukee a la Diócesis Superior, en el norte de este Estado, donde pasó los últimos 24 años trabajando con niños en colegios e iglesias parroquiales, y hasta en un centro de detención juvenil, detalla The New York Times. Murió en 1998.
"El derecho canónico no prevé castigos automáticos"
El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, ha publicado hoy completa la nota enviada al diario estadounidense en la que afirma que no se castigó a Murphy porque estaba "muy enfermo". Lombardi subraya que el Vaticano solo fue informado del caso en 1996, años después de que la investigación hubiera terminado, y afirma que el cura no fue expulsado del clero "porque el derecho canónico no prevé castigos automáticos". La realidad es que algunos delitos sí prevén ese tipo de correctivo: la revelación del secreto del sumario, por ejemplo, está penada por el código canónico con la excomunión automática.
El comunicado oficial indica que, al abusar sexualmente de niños sordos, el padre Murphy "violó la ley, y cosa aún más importante, la sagrada fe que las víctimas pusieron en él". Lombardi aprovecha para recordar que "las normas de la Iglesia no han prohibido nunca denunciar los abusos a menores a las autoridades judiciales". Pero la afirmación es cuando menos dudosa: tanto el Código como la instrucción Crimen Sollicitationis, de 1962, penan severamente la revelación de los casos juzgados por el Vaticano, y la costumbre durante decenios ha sido no denunciar a los criminales a la justicia y lavar en casa los trapos sucios para tratar de evitar el escándalo.
Roberto Mirabile, el presidente de la asociación italiana de víctimas de la pederastia Caramelo Bueno, que asesora desde hace 13 años a jóvenes que han sufrido abusos, explica a El PAÍS: "Ni los obispos en sus diócesis, ni la propia Curia, ni siquiera el tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe han enviado jamás a un cura a la cárcel por un crimen pederasta". "Al revés -prosigue-, se han limitado a trasladar a los culpables de diócesis en diócesis, permitiendo que los criminales continuaran abusando impunemente y convirtiéndose así en encubridores y cómplices con el terrible agravante de su autoridad moral".
Detenciones en la Plaza de San Pedro
Miembros de SNAP, organización estadounidense de víctimas de abusos de la Iglesia católica, se han concentrado esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano para denunciar los abusos del padre Murphy y han repartido octavillas en las que se narran los detalles del caso. Cuatro miembros de la organización han sido detenidos por la policía mientras hablaban con los periodistas, entre ellos la presidenta de Snap, Barbara Blaine, quien, visiblemente nerviosa, preguntaba en inglés a los agentes si había hecho algo malo y pedía a los fotógrafos que tomasen imágenes de lo que estaba pasando.
En medio de este rosario de escándalos y revelaciones sobre abusos que salpican a la Iglesia católica, el Papa ha recibido hoy a los obispos escandinavos en audiencia, y ha defendido los derechos del embrión sobre el "supuesto" derecho a abortar. El "derecho de los niños a ser concebidos y llevados en el útero, venir al mundo y crecer en el seno del matrimonio" es un "derecho fundamental" al que se debe "dar prioridad" sobre "otros modelos de familia" y sobre "el supuesto derecho al aborto", ha dicho Ratzinger.
EL PAÍS, España, 25 de marzo de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/escandalo/ocultacion/abusos/menores/salpica/Papa/elpepusoc/20100325elpepusoc_2/Tes
Y otro más que salpica a Benedicto XVI
Otra acusación directa contra Benedicto XVI
Un escándalo por día
El diario The New York Times publicó una nueva denuncia contra Ratzinger. Señaló que cuando el ahora Papa era arzobispo de Munich, protegió a un cura abusador de niños.
El papa Joseph Ratzinger, cuando era arzobispo de Munich, en 1980, fue responsable de decidir que un cura abusador de niños no fuera denunciado a las autoridades civiles ni retirado de sus funciones: el sacerdote fue transferido a otras parroquias, donde siguió sumando denuncias y hasta una condena por abusos durante 30 años: así lo afirma una investigación de The New York Times, que cita fuentes eclesiásticas: Ratzinger presidió la reunión decisiva y, después, recibió un memorándum confirmatorio de que el cura abusador seguía en funciones. Ayer, el Vaticano reiteró su postura de que Ratzinger “no tiene responsabilidad” en el caso. La nueva acusación se produce en el marco de una serie de escándalos vinculados con abusos sexuales cometidos por sacerdotes y consentidos por autoridades de la Iglesia Católica. El miércoles, el mismo diario reveló que Ratzinger, en 1996, ya como funcionario del Vaticano, permitió seguir en funciones a un cura estadounidense que había abusado de 200 chicos sordos.
En septiembre de 1979, en la arquidiócesis de Munich, Alemania, el cura Peter Hullermann fue desplazado de la congregación a su cargo, en la localidad de Essen: sucesivamente los padres de tres niños lo habían acusado ante su superior, el sacerdote Norbert Essink, de haber cometido actos de abuso contra sus hijos –por lo menos uno de los chicos tenía 11 años–, y Hullermann no había negado los cargos. La Iglesia no lo sancionó sino que, a principios de febrero de 1980, lo trasladó a Munich, sin restricciones para continuar en contacto con menores. Después se desempeñó en diversas parroquias de la diócesis de Bavaria. En 1986, la Justicia lo condenó a 18 meses de prisión en suspenso por abuso de menores, no obstante lo cual continuó con sus funciones. Recién el 16 de marzo pasado, hace diez días, luego de volver de un viaje de campamento con niños y cuando ya se había desatado el escándalo, Hullermann, que ya tiene 62 años, fue separado de las actividades, si bien mantiene la condición de sacerdote; esta semana se difundieron nuevas acusaciones de abuso sexual infantil, que Hullermann habría cometido en 1998 en el sur de Alemania.
Las actuaciones eclesiásticas sobre el caso Hullermann habían empezado en diciembre de 1979, cuando el padre Friedrich Fahr, a cargo de la asignación de funciones a los sacerdotes en Munich, recibió una comunicación de su colega de Essen, Klaus Malangré: éste requería que Hullermann fuera transferido y que iniciara un “tratamiento médico–psicoterapéutico”, ya que “presentaba un peligro que obligó a retirarlo de sus deberes pastorales”; en rigor, Malangré no exigía el retiro del abusador de varoncitos, sino que sugería su traslado a “una escuela de niñas” y aclaraba que “no hay procedimientos pendientes” contra Hullermann.
El 9 de enero, Fahr preparó un informe sobre el caso Hullermann, para que fuera discutido en la siguiente reunión del consejo diocesano encabezado por Joseph Ratzinger –quien fue arzobispo de Munich entre 1977 y 1981–. El cura Fahr, que falleció hace dos años, era –según puede leerse en el sitio web de la arquidiócesis de Munich– “un amigo cercano del cardenal Joseph Ratzinger”.
El 15 de enero, Ratzinger presidió la reunión de su consejo diocesano, en la cual se dispuso que Hullermann fuese trasladado a la Iglesia de San Juan Bautista en Munich (el vicario del Arzobispado, padre Gerhard Gruber, quien desde que se desató el escándalo vino asumiendo toda la responsabilidad por el caso, no estaba presente en esa reunión). El 20 de enero, Ratzinger recibió un memo de Gruber donde se precisaba que Hullermann volvía a asumir funciones pastorales, lo cual sucedió a principios de febrero. Tanto la reunión presidida por Ratzinger como el memo que le fue remitido después fueron confirmados por dos fuentes eclesiásticas distintas, según la investigación del periódico neoyorquino, firmada por Nicholas Kulish y Katrin Bennhold.
La Iglesia venía sosteniendo que Ratzinger no había tomado ni conocido la decisión de no relevar a Hullermann y que el responsable había sido el padre Gruber, vicario general de ese Arzobispado. Ayer el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano, sostuvo que la investigación de The New York Times “no aporta información nueva” e insistió en que Ratzinger “no tiene responsabilidad” en el caso Hullermann. Lombardi no aludió al memorándum enviado al entonces cardenal Ratzinger.
El miércoles pasado, otra investigación de The New York Times había revelado que en 1996 –cuando era titular de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano–, Ratzinger permitió que permaneciera en funciones un cura que había abusado de 200 niños sordos.
PÁGINA 12, Argentina, 27 de marzo de 2010
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-142757-2010-03-27.html
El escándalo de los abusos
Ratzinger supo de la vuelta de un cura pederasta a la actividad parroquial cuando era obispo de Múnich
Nuevas revelaciones del diario 'The New York Times' vuelven a implicar al Papa en el escándalo de los abusos sexuales.- El sacerdote Peter Hullermann cometió otra vez pederastia en su nuevo destino
EL PAÍS - Madrid
Joseph Ratzinger supo más del caso del cura pederasta alemán Peter Hullermann cuando era obispo de Múnich de lo que los informes eclesiásticos han sugerido hasta ahora, informa hoy The New York Times. El periódico estadounidense asegura que al actual Papa le fue remitido un informe en el que se decía que Hullermann iba a volver al trabajo pastoral parroquial unos días después de empezar el tratamiento para superar su pedofilia, terapia que el propio Ratzinger había autorizado. Ese informe da cuenta también de una reunión mantenida el 15 de enero de 1980, encabezada por Ratzinger, en la que se habría aprobado el traslado de Hullermann de la parroquia de Essen en la que habría cometido los abusos.
Tras conocerse públicamente el caso, el Obispado de Múnich reconoció "errores graves" en el caso del padre Hullermann, aunque atribuyó tales equivocaciones a las personas que tenían que informar a Ratzinger, apuntando a su número dos por aquel entonces, Gerhard Gruber. No obstante, el rotativo norteamericano admite que "todavía no está claro" el rol que Ratzinger jugó en el asunto y "cuánto interés" puso en el caso. Lorenz Wolf, vicario judicial del Obispado de Múnich, declara a The New York Times que el citado informe era rutinario y que "es poco probable que acabara en la mesa" de Ratzinger. Con todo, "no descarta" que el hoy Pontífice lo leyera. Sin embargo, el eclesiático encargado del caso desde el principio, Friedrich Fahr, estuvo en todo momento "personalmente, excepcionalmente conectado con el cardenal Ratzinger", según el periódico.
El portavoz vaticano, Federico Lombardi, ha desmentido lo publicado por The New York Times y ha reiterado, como ya hizo al trascender el caso, que Ratzinger no conoció la decisión de reintegrar al sacerdote en la actividad pastoral parroquial. "Cualquier otra versión es mera especulación", ha dicho. Lombardi ha recordado que Gruber asumió la "total responsabilidad de su propia y equivocada decisión de trasladar al cura a otra parroquia" y que "no hizo caso de las indicaciones de Ratzinger, que había dispuesto que el sacerdote no desarrollase actividad pastoral alguna".
El diario alemán Sueddeutsche Zeitung contó hace un par de semanas que Peter Hullermann había obligado a un menor de 11 años a practicarle sexo oral y fue trasladado desde Essen a Baviera cuando Ratzinger, que fue obispo de Múnich entre 1978 y 1981, era el teórico responsable de asignar las misiones y ordenar los traslados de los curas. En Baviera, el cura se entregó a nuevos abusos y nunca fue denunciado por la Iglesia a la justicia civil, ni tampoco apartado de su cargo.
El pasado sábado, el semanario alemán Der Spiegel aseguraba que en una carta enviada desde Essen se informaba a la diócesis de Múnich de los abusos que Hullermann había cometido. Asimismo, en una entrevista en la cabecera Der Tagesspiegel, el psiquiatra Werner Huth, quien asistió a Hullermann entre 1980 y 1992, dijo que alertó a los colegas de que este hombre "no debía volver a trabajar con niños". Según su descripción, el sacerdote era un pederasta y además "no manifestaba intención de cambiar".
La noticia de que el Papa conocía el traslado a otra parroquia de Hullermann llega un día después de la publicación también en The New York Times de la documentación que demuestra que Benedicto XVI, en sus años de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, decidió no apartar del sacerdocio al cura norteamericano Lawrence C. Murphy, acusado de haber abusado de 200 niños sordos entre 1950 y 1974. Lombardi explicó ayer que el Vaticano no castigó a Murphy porque cuando conoció las acusaciones el cura estaba "muy enfermo". Y recordó que Ratzinger sólo fue informado del caso a finales de los noventa, más de 20 años después de que la investigación civil al pederasta hubiera terminado sin resultados. L'Osservatore Romano negó las imputaciones y acusó a The New York Times de "un evidente e innoble intento de golpear, a toda costa, a Benedicto XVI y sus colaboradores".
EL PAÍS, España, 26 de marzo de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ratzinger/supo/vuelta/cura/pederasta/actividad/parroquial/era/obispo/Munich/elpepusoc/20100326elpepusoc_4/Tes
Un escándalo por día
El diario The New York Times publicó una nueva denuncia contra Ratzinger. Señaló que cuando el ahora Papa era arzobispo de Munich, protegió a un cura abusador de niños.
El papa Joseph Ratzinger, cuando era arzobispo de Munich, en 1980, fue responsable de decidir que un cura abusador de niños no fuera denunciado a las autoridades civiles ni retirado de sus funciones: el sacerdote fue transferido a otras parroquias, donde siguió sumando denuncias y hasta una condena por abusos durante 30 años: así lo afirma una investigación de The New York Times, que cita fuentes eclesiásticas: Ratzinger presidió la reunión decisiva y, después, recibió un memorándum confirmatorio de que el cura abusador seguía en funciones. Ayer, el Vaticano reiteró su postura de que Ratzinger “no tiene responsabilidad” en el caso. La nueva acusación se produce en el marco de una serie de escándalos vinculados con abusos sexuales cometidos por sacerdotes y consentidos por autoridades de la Iglesia Católica. El miércoles, el mismo diario reveló que Ratzinger, en 1996, ya como funcionario del Vaticano, permitió seguir en funciones a un cura estadounidense que había abusado de 200 chicos sordos.
En septiembre de 1979, en la arquidiócesis de Munich, Alemania, el cura Peter Hullermann fue desplazado de la congregación a su cargo, en la localidad de Essen: sucesivamente los padres de tres niños lo habían acusado ante su superior, el sacerdote Norbert Essink, de haber cometido actos de abuso contra sus hijos –por lo menos uno de los chicos tenía 11 años–, y Hullermann no había negado los cargos. La Iglesia no lo sancionó sino que, a principios de febrero de 1980, lo trasladó a Munich, sin restricciones para continuar en contacto con menores. Después se desempeñó en diversas parroquias de la diócesis de Bavaria. En 1986, la Justicia lo condenó a 18 meses de prisión en suspenso por abuso de menores, no obstante lo cual continuó con sus funciones. Recién el 16 de marzo pasado, hace diez días, luego de volver de un viaje de campamento con niños y cuando ya se había desatado el escándalo, Hullermann, que ya tiene 62 años, fue separado de las actividades, si bien mantiene la condición de sacerdote; esta semana se difundieron nuevas acusaciones de abuso sexual infantil, que Hullermann habría cometido en 1998 en el sur de Alemania.
Las actuaciones eclesiásticas sobre el caso Hullermann habían empezado en diciembre de 1979, cuando el padre Friedrich Fahr, a cargo de la asignación de funciones a los sacerdotes en Munich, recibió una comunicación de su colega de Essen, Klaus Malangré: éste requería que Hullermann fuera transferido y que iniciara un “tratamiento médico–psicoterapéutico”, ya que “presentaba un peligro que obligó a retirarlo de sus deberes pastorales”; en rigor, Malangré no exigía el retiro del abusador de varoncitos, sino que sugería su traslado a “una escuela de niñas” y aclaraba que “no hay procedimientos pendientes” contra Hullermann.
El 9 de enero, Fahr preparó un informe sobre el caso Hullermann, para que fuera discutido en la siguiente reunión del consejo diocesano encabezado por Joseph Ratzinger –quien fue arzobispo de Munich entre 1977 y 1981–. El cura Fahr, que falleció hace dos años, era –según puede leerse en el sitio web de la arquidiócesis de Munich– “un amigo cercano del cardenal Joseph Ratzinger”.
El 15 de enero, Ratzinger presidió la reunión de su consejo diocesano, en la cual se dispuso que Hullermann fuese trasladado a la Iglesia de San Juan Bautista en Munich (el vicario del Arzobispado, padre Gerhard Gruber, quien desde que se desató el escándalo vino asumiendo toda la responsabilidad por el caso, no estaba presente en esa reunión). El 20 de enero, Ratzinger recibió un memo de Gruber donde se precisaba que Hullermann volvía a asumir funciones pastorales, lo cual sucedió a principios de febrero. Tanto la reunión presidida por Ratzinger como el memo que le fue remitido después fueron confirmados por dos fuentes eclesiásticas distintas, según la investigación del periódico neoyorquino, firmada por Nicholas Kulish y Katrin Bennhold.
La Iglesia venía sosteniendo que Ratzinger no había tomado ni conocido la decisión de no relevar a Hullermann y que el responsable había sido el padre Gruber, vicario general de ese Arzobispado. Ayer el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano, sostuvo que la investigación de The New York Times “no aporta información nueva” e insistió en que Ratzinger “no tiene responsabilidad” en el caso Hullermann. Lombardi no aludió al memorándum enviado al entonces cardenal Ratzinger.
El miércoles pasado, otra investigación de The New York Times había revelado que en 1996 –cuando era titular de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano–, Ratzinger permitió que permaneciera en funciones un cura que había abusado de 200 niños sordos.
PÁGINA 12, Argentina, 27 de marzo de 2010
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-142757-2010-03-27.html
El escándalo de los abusos
Ratzinger supo de la vuelta de un cura pederasta a la actividad parroquial cuando era obispo de Múnich
Nuevas revelaciones del diario 'The New York Times' vuelven a implicar al Papa en el escándalo de los abusos sexuales.- El sacerdote Peter Hullermann cometió otra vez pederastia en su nuevo destino
EL PAÍS - Madrid
Joseph Ratzinger supo más del caso del cura pederasta alemán Peter Hullermann cuando era obispo de Múnich de lo que los informes eclesiásticos han sugerido hasta ahora, informa hoy The New York Times. El periódico estadounidense asegura que al actual Papa le fue remitido un informe en el que se decía que Hullermann iba a volver al trabajo pastoral parroquial unos días después de empezar el tratamiento para superar su pedofilia, terapia que el propio Ratzinger había autorizado. Ese informe da cuenta también de una reunión mantenida el 15 de enero de 1980, encabezada por Ratzinger, en la que se habría aprobado el traslado de Hullermann de la parroquia de Essen en la que habría cometido los abusos.
Tras conocerse públicamente el caso, el Obispado de Múnich reconoció "errores graves" en el caso del padre Hullermann, aunque atribuyó tales equivocaciones a las personas que tenían que informar a Ratzinger, apuntando a su número dos por aquel entonces, Gerhard Gruber. No obstante, el rotativo norteamericano admite que "todavía no está claro" el rol que Ratzinger jugó en el asunto y "cuánto interés" puso en el caso. Lorenz Wolf, vicario judicial del Obispado de Múnich, declara a The New York Times que el citado informe era rutinario y que "es poco probable que acabara en la mesa" de Ratzinger. Con todo, "no descarta" que el hoy Pontífice lo leyera. Sin embargo, el eclesiático encargado del caso desde el principio, Friedrich Fahr, estuvo en todo momento "personalmente, excepcionalmente conectado con el cardenal Ratzinger", según el periódico.
El portavoz vaticano, Federico Lombardi, ha desmentido lo publicado por The New York Times y ha reiterado, como ya hizo al trascender el caso, que Ratzinger no conoció la decisión de reintegrar al sacerdote en la actividad pastoral parroquial. "Cualquier otra versión es mera especulación", ha dicho. Lombardi ha recordado que Gruber asumió la "total responsabilidad de su propia y equivocada decisión de trasladar al cura a otra parroquia" y que "no hizo caso de las indicaciones de Ratzinger, que había dispuesto que el sacerdote no desarrollase actividad pastoral alguna".
El diario alemán Sueddeutsche Zeitung contó hace un par de semanas que Peter Hullermann había obligado a un menor de 11 años a practicarle sexo oral y fue trasladado desde Essen a Baviera cuando Ratzinger, que fue obispo de Múnich entre 1978 y 1981, era el teórico responsable de asignar las misiones y ordenar los traslados de los curas. En Baviera, el cura se entregó a nuevos abusos y nunca fue denunciado por la Iglesia a la justicia civil, ni tampoco apartado de su cargo.
El pasado sábado, el semanario alemán Der Spiegel aseguraba que en una carta enviada desde Essen se informaba a la diócesis de Múnich de los abusos que Hullermann había cometido. Asimismo, en una entrevista en la cabecera Der Tagesspiegel, el psiquiatra Werner Huth, quien asistió a Hullermann entre 1980 y 1992, dijo que alertó a los colegas de que este hombre "no debía volver a trabajar con niños". Según su descripción, el sacerdote era un pederasta y además "no manifestaba intención de cambiar".
La noticia de que el Papa conocía el traslado a otra parroquia de Hullermann llega un día después de la publicación también en The New York Times de la documentación que demuestra que Benedicto XVI, en sus años de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, decidió no apartar del sacerdocio al cura norteamericano Lawrence C. Murphy, acusado de haber abusado de 200 niños sordos entre 1950 y 1974. Lombardi explicó ayer que el Vaticano no castigó a Murphy porque cuando conoció las acusaciones el cura estaba "muy enfermo". Y recordó que Ratzinger sólo fue informado del caso a finales de los noventa, más de 20 años después de que la investigación civil al pederasta hubiera terminado sin resultados. L'Osservatore Romano negó las imputaciones y acusó a The New York Times de "un evidente e innoble intento de golpear, a toda costa, a Benedicto XVI y sus colaboradores".
EL PAÍS, España, 26 de marzo de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ratzinger/supo/vuelta/cura/pederasta/actividad/parroquial/era/obispo/Munich/elpepusoc/20100326elpepusoc_4/Tes
Argentina: derechos humanos y aborto
EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS RECOMENDO A LA ARGENTINA MODIFICAR LA LEY QUE PENA LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO
La ONU, contra las restricciones al aborto
Tras elogiar al país por los juicios por delitos de lesa humanidad, el informe advierte sobre el “desamparo” que genera la penalización del aborto y la falta de implementación de la ley que pena la violencia contra las mujeres.
El Estado “debe modificar su legislación” para que “ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados”, dice el informe.
En Argentina, dos de las cuatro situaciones preocupantes en lo que a derechos humanos respecta involucran a mujeres. Así, al menos, lo ha comprendido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) que, tras evaluar la presentación hecha por el Estado nacional y las observaciones planteadas por organizaciones de la sociedad civil, señaló la gravedad del desamparo generado por la penalización del aborto, la falta de implementación de la ley que castiga la violencia contra las mujeres y la necesidad de extender algunos servicios de atención a víctimas, el hacinamiento en las cárceles y las detenciones en sedes policiales, y la situación de los pueblos originarios (ver recuadro).
En su conjunto, las observaciones finales del CDH fueron recibidas con satisfacción por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como señaló a este diario el subsecretario Luis Alén, quien participó de la comitiva que presentó el informe estatal ante el Comité, “la primera parte toma nota de los avances que se produjeron, lo cual es bueno” (ver nota aparte). Lo demás, indicó, son asuntos “sobre los que se está trabajando y que, en muchos casos, tienen más que ver con situaciones provinciales, pero nos parece bien que, entre las preocupaciones, el Comité haya incluido el sistema federal”, por lo que en el mediano plazo serán parte importante del temario que abordará el Consejo Federal de Derechos Humanos, cuya reunión está prevista para el 7 y el 8 de abril.
El desamparo y la desigualdad de situaciones que pueden sufrir las argentinas “por la legislación restrictiva del aborto” y la “inconsistente interpretación por parte de los tribunales” a la hora de aplicar el artículo 86 y definir, en cada caso judicializado, si se trata o no de un caso no punible, constituyen otro núcleo de las observaciones de Naciones Unidas. El Estado argentino “debe modificar su legislación” para que “ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas”. Para ello no sólo es preciso trabajar sobre la ley: también está pendiente “adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”, en un sentido que, según se desprende del informe, esté lejos del espíritu restrictivo.
“El artículo 86 resulta claro cuando dice que es no punible un aborto realizado en defensa de la salud de la mujer”, comparte Alén, quien recuerda que la secretaría se presentó como amicus curiae en el primero de los dos casos judicializados en Chubut, de las jovencitas violadas y embarazadas por sus padrastros, y estaba en tren de hacer lo propio, en consonancia con el Consejo Nacional de las Mujeres, en el segundo, cuando la vía judicial otorgó el pedido a la víctima.
Hasta tanto vaya avanzando el trámite parlamentario de los proyectos de despenalización, Alén asegura que la secretaría insistirá con la estrategia de acompañar a las víctimas en los procesos cuando se judicializa la solicitud. “Sin embargo, creemos que, en los casos previstos por el artículo 86, pedir la autorización judicial no es necesario, porque la ley es clara en defender la salud de la mujer y permitir la interrupción en casos de violación”. En breve, por lo demás, la secretaría deberá exponer también este tema ante el Consejo Federal, al que, según se comprometió durante la exposición ante el CDH, pedirá que las instancias locales reclamen a las autoridades sanitarias de cada jurisdicción las guías de atención de abortos no punibles, realizadas durante la gestión de Ginés González García en el Ministerio de Salud.
La sanción de la Ley Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres fue recibida “con satisfacción” por Naciones Unidas. El CDH señaló, sin embargo, su preocupación por “las deficiencias en su aplicación efectiva”, habida cuenta de que aún no ha sido reglamentada ni puesta en práctica. El informe indica que ambas cuestiones deben ser solucionadas a la brevedad, lo cual incluye contemplar “una dotación presupuestaria” que permita volverla real en todo el país. Además, es tarea pendiente la elaboración de estadísticas nacionales sobre estos casos, “con miras a tener datos fidedignos sobre la amplitud del problema y su evolución”. En un sentido similar, el informe releva que, aun cuando la creación de la Oficina de Violencia Doméstica (dependiente de la Corte Suprema) es positiva, atiende sólo a población porteña y del Gran Buenos Aires y sus servicios son limitados. Por ello la recomendación es “tomar medidas para garantizar que servicios” como los de la Oficina “sean accesibles en cualquier parte del territorio nacional y que la asistencia jurídica gratuita en los casos de violencia doméstica que llegan a los tribunales esté garantizada”.
El subsecretario Alén afirmó a este diario que la reglamentación está siendo elaborada y que se pondrá en marcha “a la brevedad”. “La demora obedece a que hay que buscar una reglamentación que haga efectiva la ley, no una que, finalmente, haga que en la práctica la ley no sea operativa. Creemos que este año va a estar instrumentada”, agregó. En tanto, el funcionario también aseguró que en distintas provincias se están realizando convenios de capacitación para que los tribunales locales puedan encontrar maneras propias de replicar la experiencia de la Oficina de la Corte.
Finalmente, la situación de las personas privadas de su libertad mereció también observaciones del Comité, aun cuando reconoce “la importancia del fallo de la Corte Suprema” en el caso Verbitsky, “que fijó los estándares de protección de los derechos” de esas personas. Todavía, señaló el CDH, es preocupante “la falta de medidas para la aplicación efectiva” de esos estándares. Sin embargo, en este punto Alén diferenció lo que sucede en el sistema penitenciario federal, “donde en este momento no existe ya esa situación de hacinamiento”, de otras dependencias penitenciarias provinciales. En algunos distritos se comenzó a fortalecer la voluntad de no convertir la prisión preventiva en regla (algo que también señala el CDH), aun cuando en algunas jurisdicciones las causas han aumentado y el promedio de días de detención, como en la provincia de Buenos Aires, se redujo a 360. Alén reconoce que en otros distritos el trabajo está pendiente. Sin embargo, “en provincias como Mendoza ha habido avances, como también los ha habido en atención médica, y en acceso a la educación para la población carcelaria.”
PÁGINA 12, Argentina, 26 de marzo de 2010
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-142686-2010-03-26.html
La ONU, contra las restricciones al aborto
Tras elogiar al país por los juicios por delitos de lesa humanidad, el informe advierte sobre el “desamparo” que genera la penalización del aborto y la falta de implementación de la ley que pena la violencia contra las mujeres.
El Estado “debe modificar su legislación” para que “ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados”, dice el informe.
En Argentina, dos de las cuatro situaciones preocupantes en lo que a derechos humanos respecta involucran a mujeres. Así, al menos, lo ha comprendido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) que, tras evaluar la presentación hecha por el Estado nacional y las observaciones planteadas por organizaciones de la sociedad civil, señaló la gravedad del desamparo generado por la penalización del aborto, la falta de implementación de la ley que castiga la violencia contra las mujeres y la necesidad de extender algunos servicios de atención a víctimas, el hacinamiento en las cárceles y las detenciones en sedes policiales, y la situación de los pueblos originarios (ver recuadro).
En su conjunto, las observaciones finales del CDH fueron recibidas con satisfacción por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como señaló a este diario el subsecretario Luis Alén, quien participó de la comitiva que presentó el informe estatal ante el Comité, “la primera parte toma nota de los avances que se produjeron, lo cual es bueno” (ver nota aparte). Lo demás, indicó, son asuntos “sobre los que se está trabajando y que, en muchos casos, tienen más que ver con situaciones provinciales, pero nos parece bien que, entre las preocupaciones, el Comité haya incluido el sistema federal”, por lo que en el mediano plazo serán parte importante del temario que abordará el Consejo Federal de Derechos Humanos, cuya reunión está prevista para el 7 y el 8 de abril.
El desamparo y la desigualdad de situaciones que pueden sufrir las argentinas “por la legislación restrictiva del aborto” y la “inconsistente interpretación por parte de los tribunales” a la hora de aplicar el artículo 86 y definir, en cada caso judicializado, si se trata o no de un caso no punible, constituyen otro núcleo de las observaciones de Naciones Unidas. El Estado argentino “debe modificar su legislación” para que “ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas”. Para ello no sólo es preciso trabajar sobre la ley: también está pendiente “adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”, en un sentido que, según se desprende del informe, esté lejos del espíritu restrictivo.
“El artículo 86 resulta claro cuando dice que es no punible un aborto realizado en defensa de la salud de la mujer”, comparte Alén, quien recuerda que la secretaría se presentó como amicus curiae en el primero de los dos casos judicializados en Chubut, de las jovencitas violadas y embarazadas por sus padrastros, y estaba en tren de hacer lo propio, en consonancia con el Consejo Nacional de las Mujeres, en el segundo, cuando la vía judicial otorgó el pedido a la víctima.
Hasta tanto vaya avanzando el trámite parlamentario de los proyectos de despenalización, Alén asegura que la secretaría insistirá con la estrategia de acompañar a las víctimas en los procesos cuando se judicializa la solicitud. “Sin embargo, creemos que, en los casos previstos por el artículo 86, pedir la autorización judicial no es necesario, porque la ley es clara en defender la salud de la mujer y permitir la interrupción en casos de violación”. En breve, por lo demás, la secretaría deberá exponer también este tema ante el Consejo Federal, al que, según se comprometió durante la exposición ante el CDH, pedirá que las instancias locales reclamen a las autoridades sanitarias de cada jurisdicción las guías de atención de abortos no punibles, realizadas durante la gestión de Ginés González García en el Ministerio de Salud.
La sanción de la Ley Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres fue recibida “con satisfacción” por Naciones Unidas. El CDH señaló, sin embargo, su preocupación por “las deficiencias en su aplicación efectiva”, habida cuenta de que aún no ha sido reglamentada ni puesta en práctica. El informe indica que ambas cuestiones deben ser solucionadas a la brevedad, lo cual incluye contemplar “una dotación presupuestaria” que permita volverla real en todo el país. Además, es tarea pendiente la elaboración de estadísticas nacionales sobre estos casos, “con miras a tener datos fidedignos sobre la amplitud del problema y su evolución”. En un sentido similar, el informe releva que, aun cuando la creación de la Oficina de Violencia Doméstica (dependiente de la Corte Suprema) es positiva, atiende sólo a población porteña y del Gran Buenos Aires y sus servicios son limitados. Por ello la recomendación es “tomar medidas para garantizar que servicios” como los de la Oficina “sean accesibles en cualquier parte del territorio nacional y que la asistencia jurídica gratuita en los casos de violencia doméstica que llegan a los tribunales esté garantizada”.
El subsecretario Alén afirmó a este diario que la reglamentación está siendo elaborada y que se pondrá en marcha “a la brevedad”. “La demora obedece a que hay que buscar una reglamentación que haga efectiva la ley, no una que, finalmente, haga que en la práctica la ley no sea operativa. Creemos que este año va a estar instrumentada”, agregó. En tanto, el funcionario también aseguró que en distintas provincias se están realizando convenios de capacitación para que los tribunales locales puedan encontrar maneras propias de replicar la experiencia de la Oficina de la Corte.
Finalmente, la situación de las personas privadas de su libertad mereció también observaciones del Comité, aun cuando reconoce “la importancia del fallo de la Corte Suprema” en el caso Verbitsky, “que fijó los estándares de protección de los derechos” de esas personas. Todavía, señaló el CDH, es preocupante “la falta de medidas para la aplicación efectiva” de esos estándares. Sin embargo, en este punto Alén diferenció lo que sucede en el sistema penitenciario federal, “donde en este momento no existe ya esa situación de hacinamiento”, de otras dependencias penitenciarias provinciales. En algunos distritos se comenzó a fortalecer la voluntad de no convertir la prisión preventiva en regla (algo que también señala el CDH), aun cuando en algunas jurisdicciones las causas han aumentado y el promedio de días de detención, como en la provincia de Buenos Aires, se redujo a 360. Alén reconoce que en otros distritos el trabajo está pendiente. Sin embargo, “en provincias como Mendoza ha habido avances, como también los ha habido en atención médica, y en acceso a la educación para la población carcelaria.”
PÁGINA 12, Argentina, 26 de marzo de 2010
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-142686-2010-03-26.html
Religión y tolerancia a lo diverso sí son compatibles
Tolerancia
Los protestantes debemos intervenir en el debate público y promover la tolerancia
Gustavo Román Jacobo
Abogado
tavoroman@hotmail.com
Un lunes de 1531, dos líderes de la Reforma Protestante, Lutero y Zuinglio, se encontraron por última vez, pues este último falleció inesperadamente al poco tiempo. En 1529 se habían enfrentado agriamente en la Disputa de Marburgo sobre la eucaristía, pero aquel lunes, con lágrimas en los ojos, Zuinglio le extendió al alemán la mano de la amistad, no la del acuerdo teológico. Lutero le dejó la mano en el aire y dijo: “No perteneces a la comunión de la iglesia cristiana, no podemos reconocerte como hermano”.
Este año celebraremos el aniversario 493 de la Reforma. La presencia protestante en Latinoamérica ha aumentado y el peso electoral de algunos sectores, como el de los evangelicals en Estados Unidos, es cada vez más relevante. Por ello, apremia repensar los criterios desde los cuales los hijos de la Reforma participamos en el debate público, a efecto de no caer en contradicciones como la de aquel que, valeroso, invocó la libertad de conciencia ante la Dieta de Worms, pero se la negó a un correligionario cuando discrepó de sus tesis. Principios de tolerancia. Quien reclama libertad para su conciencia no puede exigir cadenas para la conciencia ajena. Al fin de cuentas, se trata de un reconocimiento de la dignidad humana de los semejantes y de que nadie posee el monopolio de la verdad ni de la virtud. Dos principios, los anteriores, de hondo raigambre cristiano, consustanciales a la democracia deliberativa que requieren las sociedades plurales del siglo XXI. Dos principios poco sopesados en el fundamentalismo protestante, hoy en auge.
Según Rudolf von Thadden, tres temores condicionan esta forma de protestantismo en la actualidad: temor a quedarse sin orientación en las complejas estructuras del mundo globalizado, temor a perder la identidad religiosa en el foro pluricultural y temor a extraviarse éticamente en el relativismo de valores del secularismo liberal. Miedos a los que se suma el anhelo de certezas infalibles, faros en el proceloso mar de la existencia.
No obstante la indudable validez de estos sentires y pesares, reconocer a Dios como orfebre de una creación heterogénea y a las personas como obras singularísimas de sus manos, invita a la celebración de la diversidad y advierte contra la torpeza de ver y juzgar a los demás como calcos, mas o menos defectuosos, del arquetipo asumido (usualmente una proyección del superyó).
La fe en Dios, que toca a la puerta del corazón humano sin forzarlo jamás y que ha impregnado su creatividad multiforme en el lienzo de nuestra piel, debe fluir como ríos de agua viva que apague el encendido furor intransigente, reaccionario y prejuicioso, siempre dispuesto a reprimir y aniquilar a quienes osen presentarse como radicalmente otros.
Ojalá los protestantes tomemos la palabra en el debate público, pero para promover valores asociados a la tolerancia, el respeto de las diferencias y la libertad individual. Para que en materia de políticas públicas se garantice la protección de las distintas manifestaciones de diversidad minoritaria, socialmente vulnerable y se resista la tentación de legislar aspectos de moral individual u omitir legislar con base en ponderaciones de esa índole.
A nivel cultural, deberíamos fortalecer habilidades sociales como la escucha activa, la empatía y la valoración de perspectivas distintas a la propia. Contribuir para que la educación pública potencie la desacralización de la historia oficial, la deconstrucción de las narrativas mistificadas de la patria y el desmantelamiento del blindaje al pensamiento único.
Imponerles a los demás la propia forma de pensar y creer es una inclinación pecaminosa desde tiempos inmemoriales. Nuestra participación política, en vez de reeditar el celo de Calvino por una Ginebra piadosa, debe estar animada por el sueño de Luther King por un Alabama en el que se reconozca la dignidad de todas las personas.
No solo la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra, también las cenizas de Servet.
LA NACIÓN, Costa Rica, 27 de marzo de 2010
http://www.nacion.com/2010-03-27/Opinion/Foro/Opinion2316330.aspx
Los protestantes debemos intervenir en el debate público y promover la tolerancia
Gustavo Román Jacobo
Abogado
tavoroman@hotmail.com
Un lunes de 1531, dos líderes de la Reforma Protestante, Lutero y Zuinglio, se encontraron por última vez, pues este último falleció inesperadamente al poco tiempo. En 1529 se habían enfrentado agriamente en la Disputa de Marburgo sobre la eucaristía, pero aquel lunes, con lágrimas en los ojos, Zuinglio le extendió al alemán la mano de la amistad, no la del acuerdo teológico. Lutero le dejó la mano en el aire y dijo: “No perteneces a la comunión de la iglesia cristiana, no podemos reconocerte como hermano”.
Este año celebraremos el aniversario 493 de la Reforma. La presencia protestante en Latinoamérica ha aumentado y el peso electoral de algunos sectores, como el de los evangelicals en Estados Unidos, es cada vez más relevante. Por ello, apremia repensar los criterios desde los cuales los hijos de la Reforma participamos en el debate público, a efecto de no caer en contradicciones como la de aquel que, valeroso, invocó la libertad de conciencia ante la Dieta de Worms, pero se la negó a un correligionario cuando discrepó de sus tesis. Principios de tolerancia. Quien reclama libertad para su conciencia no puede exigir cadenas para la conciencia ajena. Al fin de cuentas, se trata de un reconocimiento de la dignidad humana de los semejantes y de que nadie posee el monopolio de la verdad ni de la virtud. Dos principios, los anteriores, de hondo raigambre cristiano, consustanciales a la democracia deliberativa que requieren las sociedades plurales del siglo XXI. Dos principios poco sopesados en el fundamentalismo protestante, hoy en auge.
Según Rudolf von Thadden, tres temores condicionan esta forma de protestantismo en la actualidad: temor a quedarse sin orientación en las complejas estructuras del mundo globalizado, temor a perder la identidad religiosa en el foro pluricultural y temor a extraviarse éticamente en el relativismo de valores del secularismo liberal. Miedos a los que se suma el anhelo de certezas infalibles, faros en el proceloso mar de la existencia.
No obstante la indudable validez de estos sentires y pesares, reconocer a Dios como orfebre de una creación heterogénea y a las personas como obras singularísimas de sus manos, invita a la celebración de la diversidad y advierte contra la torpeza de ver y juzgar a los demás como calcos, mas o menos defectuosos, del arquetipo asumido (usualmente una proyección del superyó).
La fe en Dios, que toca a la puerta del corazón humano sin forzarlo jamás y que ha impregnado su creatividad multiforme en el lienzo de nuestra piel, debe fluir como ríos de agua viva que apague el encendido furor intransigente, reaccionario y prejuicioso, siempre dispuesto a reprimir y aniquilar a quienes osen presentarse como radicalmente otros.
Ojalá los protestantes tomemos la palabra en el debate público, pero para promover valores asociados a la tolerancia, el respeto de las diferencias y la libertad individual. Para que en materia de políticas públicas se garantice la protección de las distintas manifestaciones de diversidad minoritaria, socialmente vulnerable y se resista la tentación de legislar aspectos de moral individual u omitir legislar con base en ponderaciones de esa índole.
A nivel cultural, deberíamos fortalecer habilidades sociales como la escucha activa, la empatía y la valoración de perspectivas distintas a la propia. Contribuir para que la educación pública potencie la desacralización de la historia oficial, la deconstrucción de las narrativas mistificadas de la patria y el desmantelamiento del blindaje al pensamiento único.
Imponerles a los demás la propia forma de pensar y creer es una inclinación pecaminosa desde tiempos inmemoriales. Nuestra participación política, en vez de reeditar el celo de Calvino por una Ginebra piadosa, debe estar animada por el sueño de Luther King por un Alabama en el que se reconozca la dignidad de todas las personas.
No solo la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra, también las cenizas de Servet.
LA NACIÓN, Costa Rica, 27 de marzo de 2010
http://www.nacion.com/2010-03-27/Opinion/Foro/Opinion2316330.aspx
Después de tanto abuso, un arrepentimiento tardío y limitado
Dosifican la verdad y no reconocen, con nombre y apellido, a todos los afectados
Tardío e insuficiente, el mensaje de los legionarios, califican víctimas
Hay responsabilidad pendiente por parte de los directivos; imposible que no supieran
Carolina Gómez Mena
El reconocimiento tardío de la Legión de Cristo de la paternidad y los abusos sexuales cometidos por su fundador, Marcial Maciel, no sólo es insuficiente, sino que también deja entrever que no hay en la institución un verdadero arrepentimiento ni intención de cambio.
Asimismo, tampoco muestra interés en reparar el daño ni en reconocer a las víctimas con nombre y apellido –como se hizo cuando se les denostó–, ni mucho menos en tomar medidas concretas para erradicar estas situaciones y encubrimientos, consideraron por separado el Observatorio Eclesial, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y José Barba, vocero del grupo de víctimas que sacó a la luz los actos del sacerdote.
En entrevista, Barba aseguró que los legionarios son expertos en la gramática del engaño sutil por lo cual sus escritos deben interpretarse en ese contexto. Todas sus palabras están calculadas, usan la retórica legionaria, la dosificación de la verdad: es mucho más lo que se calla que lo que se dice, por eso parece un escrito contundente que muestra un giro total, pero no es así; con esto quieren ganarle la carrera a los visitadores apostólicos (los obispos que realizaron la auditoría), intentan minimizar el impacto de la visita apostólica.
Consuelo Mejía, directora de CDD y José Guadalupe Sánchez, secretario ejecutivo del Observatorio Eclesial, coincidieron en que con este reconocimiento la Legión se está curando en salud, se está poniendo el curita antes de la herida.
Agregaron que la aceptación llega tarde, además de que no hace mención de las consecuencias sociales y penales de estos actos, no para Maciel, quien falleció en 2008, sino para quienes lo encubrieron o en caso de que existan casos similares.
Los entrevistados señalaron que es prácticamente imposible el que los directivos de la Legión de Cristo no supieran de los actos pederastas de Maciel y de la existencia de sus hijos, por lo cual remarcaron que ahí existe responsabilidad pendiente.
Barba precisó que en la Legión la remuneración del silencio es con cargos; entonces es difícil creer que la gente que está en puestos de gobierno no supiera. Mientras más alto es el rango, hay menos posibilidad de que hayan sido engañados; ahora se presentan como pobrecitos que estaban siendo burlados.
Acotó que a los legionarios no le quedó de otra, para ellos aplica el aforismo latino de Séneca fata volentem ducunt, nolentem trahunt, (los hados conducen al que se somete y arrastran al que se resiste), están obrando así porque no tiene más remedio que hacerlo”.
Mejía precisó que no es creíble el arrepentimiento dada la actitud que tomó la congregación en 1997, cuando se destaparon los abusos sexuales a menores seminaristas; quisiera darles el beneficio de la duda, expuso.
José Sánchez remarcó que ante la situación, no sólo la Legión, sino toda la Iglesia católica debe tomar medidas para terminar con la pederastia clerical porque no hay duda de que este es un problema estructural y que debe castigarse clerical y penalmente.
LA JORNADA, México, 27 de marzo de 2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/27/index.php?section=sociedad&article=029n1soc
Tardío e insuficiente, el mensaje de los legionarios, califican víctimas
Hay responsabilidad pendiente por parte de los directivos; imposible que no supieran
Carolina Gómez Mena
El reconocimiento tardío de la Legión de Cristo de la paternidad y los abusos sexuales cometidos por su fundador, Marcial Maciel, no sólo es insuficiente, sino que también deja entrever que no hay en la institución un verdadero arrepentimiento ni intención de cambio.
Asimismo, tampoco muestra interés en reparar el daño ni en reconocer a las víctimas con nombre y apellido –como se hizo cuando se les denostó–, ni mucho menos en tomar medidas concretas para erradicar estas situaciones y encubrimientos, consideraron por separado el Observatorio Eclesial, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y José Barba, vocero del grupo de víctimas que sacó a la luz los actos del sacerdote.
En entrevista, Barba aseguró que los legionarios son expertos en la gramática del engaño sutil por lo cual sus escritos deben interpretarse en ese contexto. Todas sus palabras están calculadas, usan la retórica legionaria, la dosificación de la verdad: es mucho más lo que se calla que lo que se dice, por eso parece un escrito contundente que muestra un giro total, pero no es así; con esto quieren ganarle la carrera a los visitadores apostólicos (los obispos que realizaron la auditoría), intentan minimizar el impacto de la visita apostólica.
Consuelo Mejía, directora de CDD y José Guadalupe Sánchez, secretario ejecutivo del Observatorio Eclesial, coincidieron en que con este reconocimiento la Legión se está curando en salud, se está poniendo el curita antes de la herida.
Agregaron que la aceptación llega tarde, además de que no hace mención de las consecuencias sociales y penales de estos actos, no para Maciel, quien falleció en 2008, sino para quienes lo encubrieron o en caso de que existan casos similares.
Los entrevistados señalaron que es prácticamente imposible el que los directivos de la Legión de Cristo no supieran de los actos pederastas de Maciel y de la existencia de sus hijos, por lo cual remarcaron que ahí existe responsabilidad pendiente.
Barba precisó que en la Legión la remuneración del silencio es con cargos; entonces es difícil creer que la gente que está en puestos de gobierno no supiera. Mientras más alto es el rango, hay menos posibilidad de que hayan sido engañados; ahora se presentan como pobrecitos que estaban siendo burlados.
Acotó que a los legionarios no le quedó de otra, para ellos aplica el aforismo latino de Séneca fata volentem ducunt, nolentem trahunt, (los hados conducen al que se somete y arrastran al que se resiste), están obrando así porque no tiene más remedio que hacerlo”.
Mejía precisó que no es creíble el arrepentimiento dada la actitud que tomó la congregación en 1997, cuando se destaparon los abusos sexuales a menores seminaristas; quisiera darles el beneficio de la duda, expuso.
José Sánchez remarcó que ante la situación, no sólo la Legión, sino toda la Iglesia católica debe tomar medidas para terminar con la pederastia clerical porque no hay duda de que este es un problema estructural y que debe castigarse clerical y penalmente.
LA JORNADA, México, 27 de marzo de 2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/27/index.php?section=sociedad&article=029n1soc
Siguen los escándalos: Papa acepta dimisión de obispo irlandés
El escándalo de los abusos
El Papa acepta la dimisión de un obispo irlandés acusado de encubrir abusos sexuales
John Magee, ex secretario personal de Juan Pablo II, presentó su renuncia hace un año tras ser criticado por su actitud pasiva ante las denuncias de pederastia en su diócesis
MIGUEL MORA/ AGENCIAS - Madrid
El papa Benedicto XVI ha aceptado la dimisión del obispo irlandés John Magee, de 73 años y ex secretario privado de Juan Pablo II, que presentó su renuncia hace un año tras ser acusado de encubrir los abusos sexuales en su diócesis, según han anunciado hoy fuentes del Vaticano. El eclesiástico irlandés se convierte así en el primer miembro de la alta jerarquía católica que acaba apartado debido a los presuntos casos de pederastia entre el clero irlandés. El escándalo ya se ha cobrado el cargo de otros obispos, como Dónal Brendan Murray, ex obispo de Limerick, dimitido el pasado diciembre.
Magee, que fue secretario personal de Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, resultó salpicado a finales de 2008 por un caso de supuestos abusos sexuales. Al cargo de la diócesis de Cloyne, al sur de Irlanda, desde 1987, el obispo fue criticado mostrarse pasivo ante las denuncias de abusos que llegaban a su despacho. El Comité Nacional de Defensa del Menor irlandés le acusó en diciembre de aquel año de no haber sabido manejar adecuadamente los abusos imputados a dos sacerdotes de su diócesis. El obispo no sancionó a los supuestos pederastas y se limitó a trasladarlos a otros lugares. Tras las acusaciones, Magee dimitió en marzo de 2009.
Entonces se permitió que Magee, nacido en Irlanda del Norte en 1936 y nombrado Maestro de Ceremonias Pontificias por el papa Wojtyla en 1992, conservara el cargo de obispo, aunque Benedicto XVI eligió al arzobispo Dermot Clifford como administrador apostólico para dirigir la diócesis.
Miles de casos de abusos
Se trata del último de los escándalos que han afectado la historia reciente de la Iglesia católica irlandesa, que en los últimos años ha sido acusada de encubrir numerosos casos de pederastia. Según las investigaciones, los abusos habrían afectado a 35.000 niños entre los años 50 y 80. Tan sólo en 2008, 26 diócesis irlandesas recibieron 56 denuncias por pedofilia cometida por religiosos. Sólo resultó incriminado un sacerdote.
La dimensión del escándalo es tal, que el Sumo Pontífice pidió perdón el pasado domingo durante la oración del ángelus dominical en la plaza de San Pedro del Vaticano. Benedicto XVI pidió "perdón para el pecador, intransigencia con el pecado". Con todo, también recordó un pasaje del Evangelio en el que Jesucristo pronuncia la admonición de "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra" (que defendía a una mujer adúltera de ser apedreada). El mensaje sucedió un día después de hacer pública una carta pastoral en la que pedía disculpas por los abusos cometidos por los sacerdotes católicos irlandeses. Empleó las expresiones "vergüenza, remordimiento y dolor".
El mensaje papal no ha convencido a las asociaciones de víctimas irlandesas, que se han declarado decepcionadas con las palabras de Benedicto XVI. "Sentimos que la carta se queda corta a la hora de tratar las preocupaciones de la víctimas", dijo Maeve Lewis, de la asociación One in Four. Lewis criticó que el Papa dirigiera sus críticas hacia los curas irlandeses de bajo rango pero se olvidara de la responsabilidad del Vaticano en los abusos sexuales de menores, no sólo en Irlanda, sino en todo el mundo. También lamentó que la misiva del Papa no pidiera la dimisión del primado de la Iglesia Católica irlandesa, el cardenal Séan Brady, como pedían las víctimas.
EL PAÍS, España, 24 de marzo de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Papa/acepta/dimision/obispo/irlandes/acusado/encubrir/abusos/sexuales/elpepusoc/20100324elpepusoc_4/Tes
El Papa acepta la dimisión de un obispo irlandés acusado de encubrir abusos sexuales
John Magee, ex secretario personal de Juan Pablo II, presentó su renuncia hace un año tras ser criticado por su actitud pasiva ante las denuncias de pederastia en su diócesis
MIGUEL MORA/ AGENCIAS - Madrid
El papa Benedicto XVI ha aceptado la dimisión del obispo irlandés John Magee, de 73 años y ex secretario privado de Juan Pablo II, que presentó su renuncia hace un año tras ser acusado de encubrir los abusos sexuales en su diócesis, según han anunciado hoy fuentes del Vaticano. El eclesiástico irlandés se convierte así en el primer miembro de la alta jerarquía católica que acaba apartado debido a los presuntos casos de pederastia entre el clero irlandés. El escándalo ya se ha cobrado el cargo de otros obispos, como Dónal Brendan Murray, ex obispo de Limerick, dimitido el pasado diciembre.
Magee, que fue secretario personal de Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, resultó salpicado a finales de 2008 por un caso de supuestos abusos sexuales. Al cargo de la diócesis de Cloyne, al sur de Irlanda, desde 1987, el obispo fue criticado mostrarse pasivo ante las denuncias de abusos que llegaban a su despacho. El Comité Nacional de Defensa del Menor irlandés le acusó en diciembre de aquel año de no haber sabido manejar adecuadamente los abusos imputados a dos sacerdotes de su diócesis. El obispo no sancionó a los supuestos pederastas y se limitó a trasladarlos a otros lugares. Tras las acusaciones, Magee dimitió en marzo de 2009.
Entonces se permitió que Magee, nacido en Irlanda del Norte en 1936 y nombrado Maestro de Ceremonias Pontificias por el papa Wojtyla en 1992, conservara el cargo de obispo, aunque Benedicto XVI eligió al arzobispo Dermot Clifford como administrador apostólico para dirigir la diócesis.
Miles de casos de abusos
Se trata del último de los escándalos que han afectado la historia reciente de la Iglesia católica irlandesa, que en los últimos años ha sido acusada de encubrir numerosos casos de pederastia. Según las investigaciones, los abusos habrían afectado a 35.000 niños entre los años 50 y 80. Tan sólo en 2008, 26 diócesis irlandesas recibieron 56 denuncias por pedofilia cometida por religiosos. Sólo resultó incriminado un sacerdote.
La dimensión del escándalo es tal, que el Sumo Pontífice pidió perdón el pasado domingo durante la oración del ángelus dominical en la plaza de San Pedro del Vaticano. Benedicto XVI pidió "perdón para el pecador, intransigencia con el pecado". Con todo, también recordó un pasaje del Evangelio en el que Jesucristo pronuncia la admonición de "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra" (que defendía a una mujer adúltera de ser apedreada). El mensaje sucedió un día después de hacer pública una carta pastoral en la que pedía disculpas por los abusos cometidos por los sacerdotes católicos irlandeses. Empleó las expresiones "vergüenza, remordimiento y dolor".
El mensaje papal no ha convencido a las asociaciones de víctimas irlandesas, que se han declarado decepcionadas con las palabras de Benedicto XVI. "Sentimos que la carta se queda corta a la hora de tratar las preocupaciones de la víctimas", dijo Maeve Lewis, de la asociación One in Four. Lewis criticó que el Papa dirigiera sus críticas hacia los curas irlandeses de bajo rango pero se olvidara de la responsabilidad del Vaticano en los abusos sexuales de menores, no sólo en Irlanda, sino en todo el mundo. También lamentó que la misiva del Papa no pidiera la dimisión del primado de la Iglesia Católica irlandesa, el cardenal Séan Brady, como pedían las víctimas.
EL PAÍS, España, 24 de marzo de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Papa/acepta/dimision/obispo/irlandes/acusado/encubrir/abusos/sexuales/elpepusoc/20100324elpepusoc_4/Tes
La familia se transforma con la planificación de la natalidad
Menos hijos y más tarde, la nueva planificación familiar
La mayoría de las parejas proyecta los embarazos. Así lo revela un informe de las Naciones Unidas. Es porque en los últimos años se redujo la tasa de fecundidad, creció el uso de anticonceptivos y se retrasó la edad en la que las mujeres son madres.
Por: Sibila Camps
En la Argentina, baja la tasa de fecundidad, el calendario de la maternidad se está atrasando y las mujeres postergan la edad para tener su primer hijo. Es una de las señales de que la mayoría de las parejas y las mujeres planifica los embarazos. Sin embargo, cuando se repara en ciertos datos -como el alto número de madres adolescentes-, se observa que aún queda mucho por hacer en materia de políticas públicas.
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presentó ayer el informe Situación de la población en la Argentina, que incluye análisis de los últimos datos disponibles. Allí se ve que el número de mujeres nacidas en los '80 que tuvieron su primer hijo antes de los 23 años se redujo al 38,7%, casi 5 puntos menos que las nacidas entre 1960 y 1979, y casi 10 menos que las nacidas en los '60.
La decisión de planificar los embarazos también se revela en que la tasa general de fecundidad siguió bajando y se mantiene en 2,3 hijos por mujer, apenas dos décimas por encima del nivel necesario para garantizar el reemplazo de la generación de madres.
En 2003 se puso en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. "En el informe se observa una alta prevalencia del uso de métodos anticonceptivos (78%); pero casi la mitad de las mujeres (41,4%) usa preservativos, y las encuestas no permiten saber si se utiliza bien, y en todas las relaciones", señala Eleonor Faur, de UNFPA.
Precisamente el condón es el método preferido por el 68,7% de las adolescentes, un hecho positivo en tanto evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Pero por otra parte es "uno de los métodos que más fallan, y que necesita de más condicionantes que otros métodos modernos; y no sabemos cuántas veces terminaron en abortos -apunta Faur-. Hay varios mitos que circulan sobre su uso. Además, muchas mujeres tienen menor capacidad de imponer al varón la decisión de usarlo".
No parece casual, entonces, que las cifras sobre embarazo adolescente se mantengan altas. En 2006, de cada mil adolescentes, 64 tuvieron un hijo. "Si bien hay un descenso, éste es muy lento, y la tasa de fecundidad adolescente se mantiene muy alta, sobre todo para un país con nuestra fecundidad general", repara la doctora Alejandra Pantelides, investigadora principal del Conicet en el Centro de Estudios de Población (CENEP).
Más del 15% de las mujeres que fueron madres en 2006 eran adolescentes. La disparidad regional es enorme, y va del 7,1% en la Capital, al 24,4% en Chaco. En 18 provincias, las madres menores de 20 años superan el promedio. En general, está en relación con el nivel educativo y, sobre todo, el grado de desarrollo de las provincias, a excepción de Santa Fe, debido a factores culturales y a la existencia de bolsones de pobreza.
"En general, las adolescentes consultan poco en el sistema de salud -admite Paula Ferro, directora del Programa Nacional de Salud Sexual-. Debemos seguir aumentando los espacios permeables para los adolescentes, de manera articulada con el sistema educativo. La ley de educación sexual recién está empezando a implementarse".
El informe repara en las altas estimaciones del número de abortos inducidos, que Pantelides calcula en el rango de los 447.000 por año, frente a los casi 750.000 nacimientos. "No debería serlo, pero en los hechos, el aborto está siendo un método de control de la natalidad", destaca la investigadora.
Las complicaciones derivadas de abortos siguen siendo la principal causa de muerte materna: el 29% de las aproximadamente 330 registradas cada año, en su mayor parte evitables. "No sabemos si algunas de las otras causas de muerte materna, como la sepsis, derivan también de abortos", advierte Pantelides.
La contracara es el número creciente de controles prenatales: apenas el 11,4% llega al parto con menos de cinco controles. Una vez más, son las mujeres más pobres, las de menor nivel educativo y las adolescentes, quienes toman relativamente menos cuidados neonatales. Casi todos los partos (99,2%) tienen lugar en centros de salud.
"Hay que profundizar mucho en la comunicación, para que las parejas y las mujeres conozcan la variedad de métodos anticonceptivos disponibles y legales", concluye Faur. Ferro coincide y anuncia que el programa a su cargo comenzará a entregar los insumos de manera directa a los depósitos provinciales y centros de salud, para garantizar su distribución.
CLARÍN, Argentina, 24 de Marzo de 2010
http://www.clarin.com/diario/2010/03/24/um/m-02166143.htm
La mayoría de las parejas proyecta los embarazos. Así lo revela un informe de las Naciones Unidas. Es porque en los últimos años se redujo la tasa de fecundidad, creció el uso de anticonceptivos y se retrasó la edad en la que las mujeres son madres.
Por: Sibila Camps
En la Argentina, baja la tasa de fecundidad, el calendario de la maternidad se está atrasando y las mujeres postergan la edad para tener su primer hijo. Es una de las señales de que la mayoría de las parejas y las mujeres planifica los embarazos. Sin embargo, cuando se repara en ciertos datos -como el alto número de madres adolescentes-, se observa que aún queda mucho por hacer en materia de políticas públicas.
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presentó ayer el informe Situación de la población en la Argentina, que incluye análisis de los últimos datos disponibles. Allí se ve que el número de mujeres nacidas en los '80 que tuvieron su primer hijo antes de los 23 años se redujo al 38,7%, casi 5 puntos menos que las nacidas entre 1960 y 1979, y casi 10 menos que las nacidas en los '60.
La decisión de planificar los embarazos también se revela en que la tasa general de fecundidad siguió bajando y se mantiene en 2,3 hijos por mujer, apenas dos décimas por encima del nivel necesario para garantizar el reemplazo de la generación de madres.
En 2003 se puso en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. "En el informe se observa una alta prevalencia del uso de métodos anticonceptivos (78%); pero casi la mitad de las mujeres (41,4%) usa preservativos, y las encuestas no permiten saber si se utiliza bien, y en todas las relaciones", señala Eleonor Faur, de UNFPA.
Precisamente el condón es el método preferido por el 68,7% de las adolescentes, un hecho positivo en tanto evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Pero por otra parte es "uno de los métodos que más fallan, y que necesita de más condicionantes que otros métodos modernos; y no sabemos cuántas veces terminaron en abortos -apunta Faur-. Hay varios mitos que circulan sobre su uso. Además, muchas mujeres tienen menor capacidad de imponer al varón la decisión de usarlo".
No parece casual, entonces, que las cifras sobre embarazo adolescente se mantengan altas. En 2006, de cada mil adolescentes, 64 tuvieron un hijo. "Si bien hay un descenso, éste es muy lento, y la tasa de fecundidad adolescente se mantiene muy alta, sobre todo para un país con nuestra fecundidad general", repara la doctora Alejandra Pantelides, investigadora principal del Conicet en el Centro de Estudios de Población (CENEP).
Más del 15% de las mujeres que fueron madres en 2006 eran adolescentes. La disparidad regional es enorme, y va del 7,1% en la Capital, al 24,4% en Chaco. En 18 provincias, las madres menores de 20 años superan el promedio. En general, está en relación con el nivel educativo y, sobre todo, el grado de desarrollo de las provincias, a excepción de Santa Fe, debido a factores culturales y a la existencia de bolsones de pobreza.
"En general, las adolescentes consultan poco en el sistema de salud -admite Paula Ferro, directora del Programa Nacional de Salud Sexual-. Debemos seguir aumentando los espacios permeables para los adolescentes, de manera articulada con el sistema educativo. La ley de educación sexual recién está empezando a implementarse".
El informe repara en las altas estimaciones del número de abortos inducidos, que Pantelides calcula en el rango de los 447.000 por año, frente a los casi 750.000 nacimientos. "No debería serlo, pero en los hechos, el aborto está siendo un método de control de la natalidad", destaca la investigadora.
Las complicaciones derivadas de abortos siguen siendo la principal causa de muerte materna: el 29% de las aproximadamente 330 registradas cada año, en su mayor parte evitables. "No sabemos si algunas de las otras causas de muerte materna, como la sepsis, derivan también de abortos", advierte Pantelides.
La contracara es el número creciente de controles prenatales: apenas el 11,4% llega al parto con menos de cinco controles. Una vez más, son las mujeres más pobres, las de menor nivel educativo y las adolescentes, quienes toman relativamente menos cuidados neonatales. Casi todos los partos (99,2%) tienen lugar en centros de salud.
"Hay que profundizar mucho en la comunicación, para que las parejas y las mujeres conozcan la variedad de métodos anticonceptivos disponibles y legales", concluye Faur. Ferro coincide y anuncia que el programa a su cargo comenzará a entregar los insumos de manera directa a los depósitos provinciales y centros de salud, para garantizar su distribución.
CLARÍN, Argentina, 24 de Marzo de 2010
http://www.clarin.com/diario/2010/03/24/um/m-02166143.htm
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