Otra pareja de hombres obtuvo un fallo judicial favorable para casarse
Un nuevo sí para el matrimonio gay
Luego del caso de Alex Freyre y José María Di Bello, otra jueza porteña ordenó al gobierno de la ciudad casar a dos hombres. La sentencia autoriza el matrimonio entre personas de igual sexo con el argumento de que el Código Civil no lo prohíbe.
Por Soledad Vallejos
Al atardecer del lunes, la jueza porteña Elena Liberatori citó en su despacho a la abogada Florencia Kravetz y a la pareja de representados que, a mediados de diciembre y luego de que el Registro Civil se negara a celebrar su boda, había pedido a la Justicia que les allanara el camino para casarse. La magistrada indicó que había hecho lugar al pedido. Explicó que en el Código Civil no encontró obstáculos para permitir la formalización de la pareja que se conformó hace 12 años y convive hace 10. Les entregó el fallo que ordena al Registro Civil de la ciudad dar “por removidos todos los aspectos reglamentarios formales que impliquen una dilación innecesaria”, como los 28 días de anticipación a la celebración del casamiento, “atento a las particularidades” del caso. Vale decir que los demandantes, que prefieren resguardar sus identidades al menos hasta ser declarados cónyuges legalmente, habían intentado obtener turno para contraer nupcias en diciembre, a un par de semanas del intento frustrado de Alex Freyre y José Di Bello, la pareja de varones que finalmente se convirtieron en esposos en Ushuaia al terminar 2009.
El gobierno porteño, cuya postura durante la demanda es radicalmente diferente de la que sostuvo inicialmente en el caso de Freyre y Di Bello, no apelará la sentencia (ver aparte). “La jueza entiende que lo que no está taxativamente prohibido, está permitido. Que el matrimonio se celebre entre personas del mismo sexo no figura en la lista de impedimentos del Código Civil, de manera que no está prohibido sino permitido”, explicó a este diario la abogada Kravetz, quien forma parte del equipo de profesionales de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt). La identidad de los futuros esposos permanece protegida, pero quienes los conocen explicaron que tienen entre 30 y 40 años, son profesionales y no han tenido experiencias militantes. “Les dio mucha fuerza ver a Alex (Freyre) y José María (Di Bello)”, señalaron desde la Falgbt.
El 14 de diciembre a las 11.30, la pareja se presentó en un CGP para pedir turno de casamiento. El fallo de Liberatori recuerda que, según declararon los demandantes, “la funcionaria del Registro Civil les respondió que la ley de fondo le prohíbe casar a dos personas del mismo sexo y manifiesta que es su obligación aplicar la ley vigente, y que por eso no puede otorgarles un turno para contraer formal matrimonio civil”. Fue entonces cuando, con el patrocinio de Kravetz y el apoyo de la Falgbt, presentaron un pedido de amparo ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario a cargo de Liberatori, ante quien “exponen que viven una relación de pareja y necesariamente pretenden que se les reconozca ese vínculo ante la ley sin discriminación por causa de la orientación sexual”.
La jueza, de cuyo juzgado salieron en los últimos meses fallos memorables como el que ordenó a una obra social solventar el proceso de fertilización asistida a una pareja de mujeres para que pudieran tener un hijo en común, evaluó que la negativa del Estado porteño a casar a la pareja era discriminatoria. “Tampoco cabe admitir (...) que deben conformarse con la ‘unión civil’”, argumenta en un tramo, luego de analizar que esa situación legal no se compara con el casamiento, que sí otorga “ventajas tributarias a la pareja –y a sus miembros considerados individualmente–, derechos de herencia y pensiones, privilegios testimoniales, beneficios en políticas migratorias, capacidad de decidir por otro en situaciones de imposibilidad”. Los argumentos para canjear matrimonio por una unión legal atenuada –escribió Liberatori– no se sostienen porque las diferencias entre uno y otra “no resultan intrascendentes para quienes asumen como pareja un compromiso sexual, emocional y financiero con miras de estabilidad”.
El matrimonio entre dos personas del mismo sexo –insiste el fallo– no está impedido legalmente en Argentina. “Más allá de la condición sexual y sobre la premisa común de que mujer y hombre constituyen la especie humana, nada impide, en consecuencia, considerar que tanto el matrimonio de mujer con mujer, de hombre con hombre es ‘sustancialmente’ igual que el de hombre y mujer”.
El fallo que despeja el horizonte para una boda entre personas del mismo sexo refiere una y otra vez a la sentencia de Seijas sobre el caso Freyre. “Pero le agrega la argumentación sobre lo que técnicamente se llama principio de reserva. Es el que emana del artículo 19 de la Constitución nacional, que establece que todo lo que no está taxativamente prohibido, está permitido, y constituye el ámbito de reserva de todos los habitantes. Es su intimidad”, explicó Kravetz a este diario. La resolución da, así, cuenta de que el artículo 166 del Código Civil no incluye la igualdad de sexos de los contrayentes entre los impedimentos legales para contraer matrimonio. Y, por otro lado, “no declara inconstitucionales los artículos 172 y 188, que refieren la formalidad del acto del matrimonio. El primero dice que hombre y mujer deberán manifestar su consentimiento ante oficial público; el segundo, que una vez brindado el consentimiento el oficial público declara ‘marido’ y ‘mujer’ a los contrayentes, con lo cual una se convierte en mujer sólo cuando se casa. Antes no lo es, y después, si se divorcia, tampoco. Pero ésos son artículos de formalidades, no de fondo, como el 166”.
Curiosamente, la resolución que allana el camino al segundo casamiento entre personas del mismo sexo en Argentina sostiene que la única manera de avanzar, hasta el momento, es la vía judicial. La abogada Kravetz suscribe, aunque no con regocijo, esa creencia, porque es precisa una nueva ley para que no sea necesaria la judicialización. “Cada vez que una pareja de hombres o una pareja de mujeres va a sacar turno, el Registro Civil le dice que no. De alguna manera, son ciudadanos de segunda. Al decirles que no, los ponen en una situación estigmatizante, y por eso mismo los chicos piden reserva de identidad. ¿Por qué se tienen que enterar 30 millones de personas de que ellos se quieren casar? Si una mujer se quiere casar mañana con su novio, nadie le va a preguntar nada, a decir nada. A ellos esto los estigmatiza.”
Con la libreta en la mano será diferente. “Cuando me case, salgo donde quieran”, cuentan en la Falgbt que dijeron. No son militantes, sino “una pareja que se quiere hace mucho tiempo”, y que había procurado inclusive mantener en silencio el fallo hasta casarse. Ayer al mediodía comprendieron que eso no sería posible: habían comenzado a arreciar los llamados a la Federación, luego de que trascendiera la noticia. “Ellos lo único que quieren es casarse; empezaron a creer que era posible al ver a Alex y José María. Pero ellos son más reservados, tienen otro perfil. Nos contaban que, por supuesto, si el casamiento de ellos colabora con el derecho para todos y todas, van a colaborar en lo posible, pero que su objetivo es estar casados”, contó ayer a este diario María Rachid, presidenta de la Falgbt. “La exposición mediática cuesta”.
De acuerdo con otras fuentes, en la mañana de ayer habrían concurrido al Registro Civil con el fallo de Liberatori, para solicitar un turno. Según esa versión, no lo consiguieron, y los funcionarios públicos explicaron que sólo lo otorgarían una vez que la sentencia quede firme.
PÁGINA 12, Argentina, 24 de febrero de 2010
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-140918-2010-02-24.html
sábado, 27 de febrero de 2010
Costa Rica: inaceptable prueba del Sida para obtener trabajo
• Tras fallo de Sala Constitucional
NO PUEDEN EXIGIR PRUEBA DE SIDA PARA EL TRABAJO
Marcela Villalobos Ramírez
mvillalobos@diarioextra.com
Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no podrán exigir más la realización de pruebas como la de sida (VIH) como parte de los requisitos para reclutar personal, esto después de que la Sala Constitucional falló en contra de la medida.
El fallo es producto de un recurso de amparo presentado el 14 de abril del año pasado por un hombre que comenzó a laborar para el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) como asistente de pacientes en Neurología.
“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Vinicio Mesén Madrigal, en su condición de director del Cenare o a quien en su lugar ejerza el cargo, a no hacer pruebas de VIH para la detección del sida a los aspirantes a puestos laborales de esa institución, aunque sean voluntarias”, señala la resolución 2010-1874.
El afectado pretendía alcanzar una plaza dentro del centro médico y al optar por el puesto encontró que debía realizarse varios exámenes médicos, entre ellos rayos X de la columna vertebral, hepatitis, heces, orina, sífilis y VIH.
A criterio del afectado, este requisito se encuentra fuera de ley, lo cual le manifestó a una de las doctoras, agregándole que él padecía de esta enfermedad.
Ello motivó a la mujer a decirle que no trabajaría en el Cenare porque no era apto para el puesto.
Indica el amparado que la doctora, encargada de seleccionar al nuevo personal, le dijo que no podía continuar el proceso de reclutamiento porque los exámenes serían un gasto innecesario, pues ya se conocían los resultados.
Los magistrados de la Sala Constitucional también condenaron a la CCSS al pago de las costas, daños y perjuicios causados, recursos que deben ser cancelados en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Adicionalmente le advirtieron a la Seguridad Social que si no cumple con lo dispuesto en la resolución se expone a una sanción de tres meses a dos años o al pago de 20 a 60 días multa por el delito de desobediencia.
DIARIO EXTRA, 23 de febrero de 2010
http://www.diarioextra.com/2010/febrero/23/nacionales05.php
NO PUEDEN EXIGIR PRUEBA DE SIDA PARA EL TRABAJO
Marcela Villalobos Ramírez
mvillalobos@diarioextra.com
Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no podrán exigir más la realización de pruebas como la de sida (VIH) como parte de los requisitos para reclutar personal, esto después de que la Sala Constitucional falló en contra de la medida.
El fallo es producto de un recurso de amparo presentado el 14 de abril del año pasado por un hombre que comenzó a laborar para el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) como asistente de pacientes en Neurología.
“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Vinicio Mesén Madrigal, en su condición de director del Cenare o a quien en su lugar ejerza el cargo, a no hacer pruebas de VIH para la detección del sida a los aspirantes a puestos laborales de esa institución, aunque sean voluntarias”, señala la resolución 2010-1874.
El afectado pretendía alcanzar una plaza dentro del centro médico y al optar por el puesto encontró que debía realizarse varios exámenes médicos, entre ellos rayos X de la columna vertebral, hepatitis, heces, orina, sífilis y VIH.
A criterio del afectado, este requisito se encuentra fuera de ley, lo cual le manifestó a una de las doctoras, agregándole que él padecía de esta enfermedad.
Ello motivó a la mujer a decirle que no trabajaría en el Cenare porque no era apto para el puesto.
Indica el amparado que la doctora, encargada de seleccionar al nuevo personal, le dijo que no podía continuar el proceso de reclutamiento porque los exámenes serían un gasto innecesario, pues ya se conocían los resultados.
Los magistrados de la Sala Constitucional también condenaron a la CCSS al pago de las costas, daños y perjuicios causados, recursos que deben ser cancelados en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Adicionalmente le advirtieron a la Seguridad Social que si no cumple con lo dispuesto en la resolución se expone a una sanción de tres meses a dos años o al pago de 20 a 60 días multa por el delito de desobediencia.
DIARIO EXTRA, 23 de febrero de 2010
http://www.diarioextra.com/2010/febrero/23/nacionales05.php
México: fracasan intentos por derribar ley de matrimonio homosexual
Jalisco y Baja California también fracasan en lucha contra bodas gays
Matrimonios celebrados en el DF, válidos en todo el país, asegura David Razú
Asistirán al DF parejas del mismo sexo de otras entidades a presentar solicitud de matrimonio
Leonardo Bastida Aguilar
México DF
“Ningún estado de la República puede impugnar, mediante un juicio de controversia constitucional, una ley expedida en otra entidad, en este caso en el Distrito Federal”, argumentó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls al rechazar las controversias constitucionales presentadas por los gobiernos de Baja California y Jalisco en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en esta ciudad.
“Los estados de la República sólo pueden impugnar leyes de otras entidades cuando las mismas afecten su esfera de competencia, y no cuando ellos consideren que las mismas son violatorias de la Constitución”, explicó Valls Hernández.
Recordó que la validez que tiene en todo el país un acto civil realizado en el Distrito Federal, conforme a las leyes locales, no afecta la autonomía ni las atribuciones del gobierno de ningún estado de la República.
Entrevistado al respecto, David Razú, diputado del Partido de la Revolución Democrática, comentó a esta agencia que “el estado civil de las personas registrado conforme a las leyes estatales es válido en todo el país por lo que todo matrimonio celebrado en el DF será válido en cualquier entidad y dependiendo de las jurisdicciones, también a nivel internacional”.
Refirió que las controversias constitucionales presentadas por los gobiernos de Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Baja California y Sonora carecían de argumentos jurídicos al igual que el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República. “Incluso quedan mal parados ante la sociedad”.
Razú Aznar calificó como necesario que la sociedad en general y no sólo la comunidad de la diversidad sexual conozca los argumentos que el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa han presentado en defensa del matrimonio gay, mismos que están disponibles en los sitios www.df.gob.mx y www.aldf.gob.mx, respectivamente.
Por su parte, Lol-Kin Castañeda Badillo, presidenta de Acción Ciudadana de Construcción Nacional, indicó a NotieSe que la medida de la Corte representa un “triunfo” en el reconocimiento de derechos en igualdad y en equidad.
“El hecho de que se vayan desechando las controversias es una buena señal porque finalmente el Partido Acción Nacional y los grupos ultraconservadores que se oponen al reconocimiento de derechos, lo único que habían puesto en el escenario público es una serie de descalificaciones, la promoción de la ignorancia y la violencia social”.
Por último, en torno al próximo 4 de marzo, fecha en que iniciará la recepción de solicitudes en el Registro Civil del Distrito Federal para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, Castañeda Badillo señaló que personas de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Tabasco, entre otros estados, llegarán a presentar su solicitud ante las autoridades correspondientes.
NOTIESE, México, 24 de febrero de 2010
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3635
Matrimonios celebrados en el DF, válidos en todo el país, asegura David Razú
Asistirán al DF parejas del mismo sexo de otras entidades a presentar solicitud de matrimonio
Leonardo Bastida Aguilar
México DF
“Ningún estado de la República puede impugnar, mediante un juicio de controversia constitucional, una ley expedida en otra entidad, en este caso en el Distrito Federal”, argumentó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls al rechazar las controversias constitucionales presentadas por los gobiernos de Baja California y Jalisco en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en esta ciudad.
“Los estados de la República sólo pueden impugnar leyes de otras entidades cuando las mismas afecten su esfera de competencia, y no cuando ellos consideren que las mismas son violatorias de la Constitución”, explicó Valls Hernández.
Recordó que la validez que tiene en todo el país un acto civil realizado en el Distrito Federal, conforme a las leyes locales, no afecta la autonomía ni las atribuciones del gobierno de ningún estado de la República.
Entrevistado al respecto, David Razú, diputado del Partido de la Revolución Democrática, comentó a esta agencia que “el estado civil de las personas registrado conforme a las leyes estatales es válido en todo el país por lo que todo matrimonio celebrado en el DF será válido en cualquier entidad y dependiendo de las jurisdicciones, también a nivel internacional”.
Refirió que las controversias constitucionales presentadas por los gobiernos de Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Baja California y Sonora carecían de argumentos jurídicos al igual que el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República. “Incluso quedan mal parados ante la sociedad”.
Razú Aznar calificó como necesario que la sociedad en general y no sólo la comunidad de la diversidad sexual conozca los argumentos que el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa han presentado en defensa del matrimonio gay, mismos que están disponibles en los sitios www.df.gob.mx y www.aldf.gob.mx, respectivamente.
Por su parte, Lol-Kin Castañeda Badillo, presidenta de Acción Ciudadana de Construcción Nacional, indicó a NotieSe que la medida de la Corte representa un “triunfo” en el reconocimiento de derechos en igualdad y en equidad.
“El hecho de que se vayan desechando las controversias es una buena señal porque finalmente el Partido Acción Nacional y los grupos ultraconservadores que se oponen al reconocimiento de derechos, lo único que habían puesto en el escenario público es una serie de descalificaciones, la promoción de la ignorancia y la violencia social”.
Por último, en torno al próximo 4 de marzo, fecha en que iniciará la recepción de solicitudes en el Registro Civil del Distrito Federal para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, Castañeda Badillo señaló que personas de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Tabasco, entre otros estados, llegarán a presentar su solicitud ante las autoridades correspondientes.
NOTIESE, México, 24 de febrero de 2010
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3635
Obispos argentinos furiosos por boda gay
La Iglesia dice que Macri "tiene la obligación" de apelar el fallo que autorizó una boda gay
El arzobispado de Buenos Aires dijo que la sentencia de la jueza Liberatori es "contraria" a la legislación vigente. El Gobierno porteño ya anticipó que no apelará. El año pasado, Bergoglio había criticado a Macri por no oponerse al matrimonio homosexual.
El arzobispado de Buenos Aires reclamó hoy, a través de un comunicado, que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, apele el fallo judicial de la jueza Elena Liberatori que permite a una pareja de hombres contraer matrimonio en la Ciudad, al recordarle que "tiene la obligación" de hacerlo.
"Dado que el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el garante de la legalidad en la ciudad, el Sr. Jefe de Gobierno, a través del Ministerio Público, tiene la obligación de apelar el fallo", advirtió el arzobispado en un comunicado luego de que el Poder Ejecutivo porteño confirmara que no apelará el fallo.
El arzobispado aseguró que la sentencia de Liberatori es "contraria" a la legislación vigente en el país, que regula el matrimonio como "una entidad civil integrada por un hombre y una mujer". Tras señalar que "desde épocas ancestrales el matrimonio se entiende como la unión entre el varón y la mujer", destacó que "su reafirmación no implica discriminación alguna".
En noviembre, el cardenal Jorge Bergoglio cuestionó a Macri por no apelar otro fallo que autorizaba una boda gay y advirtió que el jefe comunal "faltó gravemente" a su deber. La decisión también generó críticas desde sectores conservadores e incluso dentro de las filas del PRO. En ese momento, otra jueza porteña, Gabriela Seijas, hizo lugar a un amparo a favor de Alex Freyre y José María Di Bello, quienes después de varios tironeos judiciales finalmente se casaron en la provincia de Tierra del Fuego.
CLARÍN, Argentina, 24 de febrero de 2010
http://www.clarin.com/diario/2010/02/24/um/m-02146808.htm
El arzobispado de Buenos Aires dijo que la sentencia de la jueza Liberatori es "contraria" a la legislación vigente. El Gobierno porteño ya anticipó que no apelará. El año pasado, Bergoglio había criticado a Macri por no oponerse al matrimonio homosexual.
El arzobispado de Buenos Aires reclamó hoy, a través de un comunicado, que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, apele el fallo judicial de la jueza Elena Liberatori que permite a una pareja de hombres contraer matrimonio en la Ciudad, al recordarle que "tiene la obligación" de hacerlo.
"Dado que el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el garante de la legalidad en la ciudad, el Sr. Jefe de Gobierno, a través del Ministerio Público, tiene la obligación de apelar el fallo", advirtió el arzobispado en un comunicado luego de que el Poder Ejecutivo porteño confirmara que no apelará el fallo.
El arzobispado aseguró que la sentencia de Liberatori es "contraria" a la legislación vigente en el país, que regula el matrimonio como "una entidad civil integrada por un hombre y una mujer". Tras señalar que "desde épocas ancestrales el matrimonio se entiende como la unión entre el varón y la mujer", destacó que "su reafirmación no implica discriminación alguna".
En noviembre, el cardenal Jorge Bergoglio cuestionó a Macri por no apelar otro fallo que autorizaba una boda gay y advirtió que el jefe comunal "faltó gravemente" a su deber. La decisión también generó críticas desde sectores conservadores e incluso dentro de las filas del PRO. En ese momento, otra jueza porteña, Gabriela Seijas, hizo lugar a un amparo a favor de Alex Freyre y José María Di Bello, quienes después de varios tironeos judiciales finalmente se casaron en la provincia de Tierra del Fuego.
CLARÍN, Argentina, 24 de febrero de 2010
http://www.clarin.com/diario/2010/02/24/um/m-02146808.htm
España: disputa por hijo de matrimonio gay
La fiscalía recurre la inscripción de los hijos de una 'madre de alquiler'
Un juez resolverá la decisión de Registros que aceptó a un matrimonio gay como padres de dos niños - La 'gestación subrogada' está prohibida en España
E. DE BENITO / L. GARRIDO - Madrid / Valencia
Un juez de Valencia decidirá sobre la paternidad de los gemelos que un matrimonio homosexual valenciano tuvo a través de gestación subrogada (lo que coloquialmente se conoce como vientre de alquiler) en Los Ángeles (EE UU). Los niños fueron inscritos gracias a una resolución de hace un año de la Dirección General de Registros y Notariado, porque "siempre es preferible proceder a dicha inscripción en nombre del interés superior del menor".
Un juez de Valencia decidirá sobre la paternidad de los gemelos que un matrimonio homosexual valenciano tuvo a través de gestación subrogada (lo que coloquialmente se conoce como vientre de alquiler) en Los Ángeles (EE UU). Los niños fueron inscritos gracias a una resolución de hace un año de la Dirección General de Registros y Notariado, porque "siempre es preferible proceder a dicha inscripción en nombre del interés superior del menor". Pero la propia Fiscalía del Registro ha decidido recurrirla para ver si había fraude documental, ya que en los papeles presentados no figuraba ninguna madre (lo que es legal en EE UU, pero no en España) según un portavoz del Ministerio de Justicia.
La noticia ha caído como una bomba en la pareja. Uno de los hombres, José (nombre ficticio), no puede ocultar su indignación. "No vamos a aceptar lo que nos proponen [que uno figure como padre biológico y el otro adopte], porque sería rebajar la protección de los niños", al menos durante el tiempo que tarde en tramitarse la adopción. "Estamos dispuestos a llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por violar los derechos de nuestros hijos forzando filiaciones diferentes según el país de que se trate (serían hijos de los dos en EE UU y Reino Unido, pero sólo de uno en España)".
La historia de este pulso empezó hace 15 meses, cuando nacieron los hijos del matrimonio de Valencia. Ellos trataron de inscribirles en el Consulado español en Los Ángeles. La respuesta fue negativa, porque la oficina diplomática entendió que no se ajustaba a derecho, y la practica de pagar a una mujer para que lleve a término un embarazo y luego renuncie al niño es legal en algunas partes de EE UU, pero no en España. Por eso, a juicio del consulado, procedía la inscripción sólo a uno de los hombres y, en todo caso, tramitar después una adopción por el cónyuge.
Pero la pareja llegó a España con sus hijos, y consiguió una resolución de la anterior directora de Registros y Notariados, Pilar Blanco-Morales, en la que les permitía figurar a ambos como padres de los niños. Ahora, el ministerio público ha recogido el testigo y ha preparado la demanda por impugnación del registro de los bebés con los dos varones como progenitores. Por lo menos, les van a permitir personarse. Y no les van a pedir prueba alguna -por ejemplo, genética para determinar cuál es el padre biológico de los niños, algo a lo que los padres se niegan-. Simplemente quiere que se valore la legalidad de los documentos.
José y su marido no son los únicos. En Sevilla, Ricardo Lucas no oculta su disgusto. "Seguro que la justicia tiene problemas más importantes que dejar sin padres a un niño", dice. Él y su marido, Iván Vallejo, están juntos desde hace 12 años, y se casaron hace cuatro. Su bebé nació hace ocho meses, y esperaban que la resolución adoptada con el matrimonio valenciano les permitiera regular su situación. "Estamos muy orgullosos de haber sido padres de esta forma. Si hay muchas parejas heterosexuales que registran a sus hijos nacidos por subrogación sin ningún problema, ¿por qué a nosotros nos ponen tantas pegas?", dice.
El proceso no les resultó barato. "Nos hemos gastado unos 60.000 euros, pero compensa", afirma Lucas. Todavía no tienen claro qué van a hacer en el futuro para solventar los papeles del niño. Sólo están convencidos de que es hijo de ambos. "La subrogación es un proceso más simple y generoso de lo que la gente piensa y que dista mucho del vulgarmente llamado vientre de alquiler, término que no nos gusta nada de nada. Se trata de ayuda mutua entre dos familias con la finalidad de dar vida. La madre de nuestro hijo es una mujer felizmente casada, con dos hijos, que trabaja en un aeropuerto muy importante de Chicago, y tiene un salario que triplica el mío", cuenta Lucas. "Lo único que queremos es vivir tranquilos y criar a nuestros hijos. Porque queremos tener más, y ella está dispuesta a ayudarnos con el segundo", añade.
EL PAÍS, España, 26 de febrero de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fiscalia/recurre/inscripcion/hijos/madre/alquiler/elpepusoc/20100226elpepisoc_10/Tes
Un juez resolverá la decisión de Registros que aceptó a un matrimonio gay como padres de dos niños - La 'gestación subrogada' está prohibida en España
E. DE BENITO / L. GARRIDO - Madrid / Valencia
Un juez de Valencia decidirá sobre la paternidad de los gemelos que un matrimonio homosexual valenciano tuvo a través de gestación subrogada (lo que coloquialmente se conoce como vientre de alquiler) en Los Ángeles (EE UU). Los niños fueron inscritos gracias a una resolución de hace un año de la Dirección General de Registros y Notariado, porque "siempre es preferible proceder a dicha inscripción en nombre del interés superior del menor".
Un juez de Valencia decidirá sobre la paternidad de los gemelos que un matrimonio homosexual valenciano tuvo a través de gestación subrogada (lo que coloquialmente se conoce como vientre de alquiler) en Los Ángeles (EE UU). Los niños fueron inscritos gracias a una resolución de hace un año de la Dirección General de Registros y Notariado, porque "siempre es preferible proceder a dicha inscripción en nombre del interés superior del menor". Pero la propia Fiscalía del Registro ha decidido recurrirla para ver si había fraude documental, ya que en los papeles presentados no figuraba ninguna madre (lo que es legal en EE UU, pero no en España) según un portavoz del Ministerio de Justicia.
La noticia ha caído como una bomba en la pareja. Uno de los hombres, José (nombre ficticio), no puede ocultar su indignación. "No vamos a aceptar lo que nos proponen [que uno figure como padre biológico y el otro adopte], porque sería rebajar la protección de los niños", al menos durante el tiempo que tarde en tramitarse la adopción. "Estamos dispuestos a llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por violar los derechos de nuestros hijos forzando filiaciones diferentes según el país de que se trate (serían hijos de los dos en EE UU y Reino Unido, pero sólo de uno en España)".
La historia de este pulso empezó hace 15 meses, cuando nacieron los hijos del matrimonio de Valencia. Ellos trataron de inscribirles en el Consulado español en Los Ángeles. La respuesta fue negativa, porque la oficina diplomática entendió que no se ajustaba a derecho, y la practica de pagar a una mujer para que lleve a término un embarazo y luego renuncie al niño es legal en algunas partes de EE UU, pero no en España. Por eso, a juicio del consulado, procedía la inscripción sólo a uno de los hombres y, en todo caso, tramitar después una adopción por el cónyuge.
Pero la pareja llegó a España con sus hijos, y consiguió una resolución de la anterior directora de Registros y Notariados, Pilar Blanco-Morales, en la que les permitía figurar a ambos como padres de los niños. Ahora, el ministerio público ha recogido el testigo y ha preparado la demanda por impugnación del registro de los bebés con los dos varones como progenitores. Por lo menos, les van a permitir personarse. Y no les van a pedir prueba alguna -por ejemplo, genética para determinar cuál es el padre biológico de los niños, algo a lo que los padres se niegan-. Simplemente quiere que se valore la legalidad de los documentos.
José y su marido no son los únicos. En Sevilla, Ricardo Lucas no oculta su disgusto. "Seguro que la justicia tiene problemas más importantes que dejar sin padres a un niño", dice. Él y su marido, Iván Vallejo, están juntos desde hace 12 años, y se casaron hace cuatro. Su bebé nació hace ocho meses, y esperaban que la resolución adoptada con el matrimonio valenciano les permitiera regular su situación. "Estamos muy orgullosos de haber sido padres de esta forma. Si hay muchas parejas heterosexuales que registran a sus hijos nacidos por subrogación sin ningún problema, ¿por qué a nosotros nos ponen tantas pegas?", dice.
El proceso no les resultó barato. "Nos hemos gastado unos 60.000 euros, pero compensa", afirma Lucas. Todavía no tienen claro qué van a hacer en el futuro para solventar los papeles del niño. Sólo están convencidos de que es hijo de ambos. "La subrogación es un proceso más simple y generoso de lo que la gente piensa y que dista mucho del vulgarmente llamado vientre de alquiler, término que no nos gusta nada de nada. Se trata de ayuda mutua entre dos familias con la finalidad de dar vida. La madre de nuestro hijo es una mujer felizmente casada, con dos hijos, que trabaja en un aeropuerto muy importante de Chicago, y tiene un salario que triplica el mío", cuenta Lucas. "Lo único que queremos es vivir tranquilos y criar a nuestros hijos. Porque queremos tener más, y ella está dispuesta a ayudarnos con el segundo", añade.
EL PAÍS, España, 26 de febrero de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fiscalia/recurre/inscripcion/hijos/madre/alquiler/elpepusoc/20100226elpepisoc_10/Tes
México: una cultura muy disciminadora
La mayoría de quejas, contra el gobierno federal, señala Bucio
Conapred: hay en México una cultura profundamente discriminatoria
Elizabeth Velasco C.
Tras subrayar que en México existe una cultura profundamente discriminatoria, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, destacó que el mayor número de quejas se presenta contra el gobierno federal, por causas como origen étnico, edad, género, discapacidad, condición económica, salud, embarazo, pérdida de empleo, lengua, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, apariencia y otras causas de una gran lista.
Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, advirtió que en el gobierno federal sí tenemos diferencias de opinión, pero aclaró que las acciones de inconstitucionalidad que promueve la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son en sí mismas discriminatorias; lo que puede serlo es la legislación. La Corte hará la defensa correspondiente en términos del artículo primero de la Constitución.
De las diversas quejas y reclamaciones que recibe el Conapred, refirió que en 2009 se registraron 583, de las cuales, 55 por ciento fueron contra el gobierno federal y el resto contra particulares; en 2008, 65 por ciento contra el gobierno federal y las demás hacia particulares. En lo que va de este año se han presentado 79 quejas y reclamaciones.
Tenemos una cultura profundamente discriminatoria, por ello existe tanta variedad en el tipo de quejas, aun cuando persiste gran desconocimiento de la sociedad en general sobre el tipo de afectación que vive. Por ello, también se presentan muy pocos reclamos contra particulares.
Señaló que ese tipo de cultura se encuentra muy arraigada y prácticamente se considera normal la actitud de quien discrimina. En su opinión, es necesario elevar las sanciones a quienes incurren en dicha práctica.
En conferencia de prensa, donde presentó los objetivos generales de su gestión –2010 a 2012–, Bucio destacó que los jóvenes, indígenas, adultos mayores y discapacitados pertenecen a los sectores que resienten mayor discriminación en México.
Dijo que, por ejemplo, los jóvenes son discriminados de los servicios de salud, del ingreso a ciertos antros, mientras los discapacitados no pueden entrar con perros al sistema de transporte o a otros sitios, y se aísla a los sordomudos.
Señaló que las denuncias que recibe el Conapred provienen de todo el país, pero el organismo no tiene competencia en los gobiernos estatales y municipales. Aunado a ello –precisó–, 18 entidades no tienen una ley contra la discriminación.
Por ello, entre las acciones prioritarias que promoverá el Conapred sobresalen: posicionar la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad en la agenda pública, a escalas social, política, económica y jurídica; impulsar el proyecto de ley federal para prevenir y eliminar la discriminación; relacionar la discriminación con problemas sociales estructurales o coyunturales, como la exclusión, la desigualdad, la pobreza o la intolerancia, así como hacer visibles los perjuicios de la desigualdad y promover la generación de sanciones para quien discrimina, entre otros.
LA JORNADA, México, 24 de febrero de 2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/index.php?section=sociedad&article=043n2soc
Conapred: hay en México una cultura profundamente discriminatoria
Elizabeth Velasco C.
Tras subrayar que en México existe una cultura profundamente discriminatoria, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, destacó que el mayor número de quejas se presenta contra el gobierno federal, por causas como origen étnico, edad, género, discapacidad, condición económica, salud, embarazo, pérdida de empleo, lengua, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, apariencia y otras causas de una gran lista.
Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, advirtió que en el gobierno federal sí tenemos diferencias de opinión, pero aclaró que las acciones de inconstitucionalidad que promueve la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son en sí mismas discriminatorias; lo que puede serlo es la legislación. La Corte hará la defensa correspondiente en términos del artículo primero de la Constitución.
De las diversas quejas y reclamaciones que recibe el Conapred, refirió que en 2009 se registraron 583, de las cuales, 55 por ciento fueron contra el gobierno federal y el resto contra particulares; en 2008, 65 por ciento contra el gobierno federal y las demás hacia particulares. En lo que va de este año se han presentado 79 quejas y reclamaciones.
Tenemos una cultura profundamente discriminatoria, por ello existe tanta variedad en el tipo de quejas, aun cuando persiste gran desconocimiento de la sociedad en general sobre el tipo de afectación que vive. Por ello, también se presentan muy pocos reclamos contra particulares.
Señaló que ese tipo de cultura se encuentra muy arraigada y prácticamente se considera normal la actitud de quien discrimina. En su opinión, es necesario elevar las sanciones a quienes incurren en dicha práctica.
En conferencia de prensa, donde presentó los objetivos generales de su gestión –2010 a 2012–, Bucio destacó que los jóvenes, indígenas, adultos mayores y discapacitados pertenecen a los sectores que resienten mayor discriminación en México.
Dijo que, por ejemplo, los jóvenes son discriminados de los servicios de salud, del ingreso a ciertos antros, mientras los discapacitados no pueden entrar con perros al sistema de transporte o a otros sitios, y se aísla a los sordomudos.
Señaló que las denuncias que recibe el Conapred provienen de todo el país, pero el organismo no tiene competencia en los gobiernos estatales y municipales. Aunado a ello –precisó–, 18 entidades no tienen una ley contra la discriminación.
Por ello, entre las acciones prioritarias que promoverá el Conapred sobresalen: posicionar la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad en la agenda pública, a escalas social, política, económica y jurídica; impulsar el proyecto de ley federal para prevenir y eliminar la discriminación; relacionar la discriminación con problemas sociales estructurales o coyunturales, como la exclusión, la desigualdad, la pobreza o la intolerancia, así como hacer visibles los perjuicios de la desigualdad y promover la generación de sanciones para quien discrimina, entre otros.
LA JORNADA, México, 24 de febrero de 2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/index.php?section=sociedad&article=043n2soc
VI reunión Concasida en Costa Rica
• La próxima semana:
2 MIL JÓVENES HABLARÁN DE SIDA EN COSTA RICA
MARIETTA ESPINOZA M
mespinoza@diarioextra.com
Más de 2 mil jóvenes de diversos países de la región se reunirán a partir de la próxima semana en el país para ser parte de la sexta reunión Concasida 2010.
Bajo el lema “Juventud y VIH: por mi derecho a saber y a decidir”, los muchachos discutirán a lo largo de la semana diversos temas relacionados a la prevención de la enfermedad para que puedan asumir una vida sexual responsable.
Ana Morice, viceministra de Salud, considera que esta es una excelente oportunidad para que los jóvenes conozcan más sobre el tema y la importancia de usar métodos como el condón, para evitar el contagio.
Karina Bolaños, viceministra de Juventud, indicó que al final del congreso se firmará una declaración que contendrá todas las inquietudes de los jóvenes y el compromiso que asumirán los gobiernos en el tema.
La falta de información es la mayor preocupación de las autoridades.
Además de charlas los jóvenes disfrutarán de manera gratuita de actividades culturales y conciertos. El Hotel Herradura será la sede del Concasida, sin embargo también se desarrollarán actividades en diversos puntos del país, como los campus de las universidades y las casas de la cultura de Puntarenas, Liberia y Limón.
SIDA EN COSTA RICA
Cada año en el país se detectan 500 casos nuevos de sida de los cuales 250 son portadores del virus y los otros 250 tienen la enfermedad.
Morice indicó que al menos 125 personas mueren cada año por complicaciones asociadas al VIH. La población más afectada son aquellos con edades entre 15 y 39 años, o sea quienes están en edad reproductiva.
“Uno de los desafíos que tenemos es que cada vez estamos viendo adultos mayores positivos con VIH o con SIDA, ya sea por que contrajeron la enfermedad siendo jóvenes o por que siendo adultos mayores se contagiaron, puesto que tienen actividad sexual”, explicó.
La actividad sexual sin protección sigue siendo la principal vía de contagio, a estas le siguen en menor porcentaje el compartir jeringas y las transfusiones sanguíneas, aunque estos dos últimos son poco frecuentes en el país.
Otra de las formas de transmisiones es el embarazo, donde las mujeres portadoras del virus lo transmiten a sus bebés. Se estima que los 75 mil nacimientos que se registran cada año en el país, 45 niños son hijos de madres portadoras del sida, aunque esto no significa que los bebés tengan la enfermedad.
DIARIO EXTRA, Costa Rica, 25 de febrero de 2010
http://www.diarioextra.com/2010/febrero/25/nacionales10.php
2 MIL JÓVENES HABLARÁN DE SIDA EN COSTA RICA
MARIETTA ESPINOZA M
mespinoza@diarioextra.com
Más de 2 mil jóvenes de diversos países de la región se reunirán a partir de la próxima semana en el país para ser parte de la sexta reunión Concasida 2010.
Bajo el lema “Juventud y VIH: por mi derecho a saber y a decidir”, los muchachos discutirán a lo largo de la semana diversos temas relacionados a la prevención de la enfermedad para que puedan asumir una vida sexual responsable.
Ana Morice, viceministra de Salud, considera que esta es una excelente oportunidad para que los jóvenes conozcan más sobre el tema y la importancia de usar métodos como el condón, para evitar el contagio.
Karina Bolaños, viceministra de Juventud, indicó que al final del congreso se firmará una declaración que contendrá todas las inquietudes de los jóvenes y el compromiso que asumirán los gobiernos en el tema.
La falta de información es la mayor preocupación de las autoridades.
Además de charlas los jóvenes disfrutarán de manera gratuita de actividades culturales y conciertos. El Hotel Herradura será la sede del Concasida, sin embargo también se desarrollarán actividades en diversos puntos del país, como los campus de las universidades y las casas de la cultura de Puntarenas, Liberia y Limón.
SIDA EN COSTA RICA
Cada año en el país se detectan 500 casos nuevos de sida de los cuales 250 son portadores del virus y los otros 250 tienen la enfermedad.
Morice indicó que al menos 125 personas mueren cada año por complicaciones asociadas al VIH. La población más afectada son aquellos con edades entre 15 y 39 años, o sea quienes están en edad reproductiva.
“Uno de los desafíos que tenemos es que cada vez estamos viendo adultos mayores positivos con VIH o con SIDA, ya sea por que contrajeron la enfermedad siendo jóvenes o por que siendo adultos mayores se contagiaron, puesto que tienen actividad sexual”, explicó.
La actividad sexual sin protección sigue siendo la principal vía de contagio, a estas le siguen en menor porcentaje el compartir jeringas y las transfusiones sanguíneas, aunque estos dos últimos son poco frecuentes en el país.
Otra de las formas de transmisiones es el embarazo, donde las mujeres portadoras del virus lo transmiten a sus bebés. Se estima que los 75 mil nacimientos que se registran cada año en el país, 45 niños son hijos de madres portadoras del sida, aunque esto no significa que los bebés tengan la enfermedad.
DIARIO EXTRA, Costa Rica, 25 de febrero de 2010
http://www.diarioextra.com/2010/febrero/25/nacionales10.php
Italia: municipio "cristiano" discrimina a otras religiones
Prohibida la entrada a judíos, musulmanes e hijos de divorciados
El municipio italiano de Goito rechaza a niños no cristianos en la guardería - La oposición insta al Gobierno a actuar ante la "violación de la Constitución"
MÓNICA ANDRADE - Roma
El Ayuntamiento de Goito, un pueblo cercano a Mantua, en el norte de Italia, ha aprobado un reglamento por el que sólo los niños procedentes de familias cristianas pueden ser inscritos en la guardería municipal. La decisión, aprobada por mayoría, ha desatado una fuerte polémica entre los miembros de la Junta, gobernada por una alcaldesa de UDC (Unión de Centro), que cuenta con el apoyo del Pueblo de la Libertad y de la Liga del Norte.
El Ayuntamiento de Goito, un pueblo cercano a Mantua, en el norte de Italia, ha aprobado un reglamento por el que sólo los niños procedentes de familias cristianas pueden ser inscritos en la guardería municipal. La decisión, aprobada por mayoría, ha desatado una fuerte polémica entre los miembros de la Junta, gobernada por una alcaldesa de UDC (Unión de Centro), que cuenta con el apoyo del Pueblo de la Libertad y de la Liga del Norte.
El artículo uno del reglamento obliga a que los padres acepten una especie de credo religioso en el que se afirma que la escuela persigue "fines educativos y de desarrollo" en el marco de una "visión cristiana de la vida". En la práctica, se traduce en que los niños de familias no cristianas serán rechazados, lo que deja fuera del centro a los hijos de los inmigrantes, que en esa zona son mayoritariamente musulmanes. La aplicación rigurosa de la norma impediría también la entrada a los hijos de parejas divorciadas y a los de no creyentes.
Ante las protestas de la oposición, la alcaldesa, Anita Marchetti, sostiene que el centro se ha gestionado siempre siguiendo "criterios inspirados en el cristianismo" y que las enseñantes son, desde hace 30 años, monjas. De esta manera, la medida "se limita a regular una situación de hecho".
Los grupos minoritarios del Ayuntamiento han denunciado la inconstitucionalidad de la medida y piden su retirada porque la guardería está pagada con dinero municipal. La alcaldesa ha negado el hecho de que el centro no acepte a niños de otras religiones, pero lo cierto es que de los 29 inscritos no hay un solo extranjero.
La polémica ha llegado al Parlamento, donde el diputado del Partido Democrático (centro-izquierda) Marco Carra, apoyado por el jefe del grupo parlamentario, Dario Franceschini, ha presentado una pregunta dirigida al ministro del Interior, Roberto Maroni, para que explique si conoce los hechos e instarle a que se pronuncie sobre este caso "de grave violación de la Constitución".
La Agencia de Protección de Datos también ha intervenido para pedir más información al Ayuntamiento de Goito sobre una iniciativa que "supone una petición de datos particularmente delicados como son los de la religión que se profesa".
EL PAÍS, España, 25 de febrero de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Prohibida/entrada/judios/musulmanes/hijos/divorciados/elpepusoc/20100225elpepisoc_11/Tes
El municipio italiano de Goito rechaza a niños no cristianos en la guardería - La oposición insta al Gobierno a actuar ante la "violación de la Constitución"
MÓNICA ANDRADE - Roma
El Ayuntamiento de Goito, un pueblo cercano a Mantua, en el norte de Italia, ha aprobado un reglamento por el que sólo los niños procedentes de familias cristianas pueden ser inscritos en la guardería municipal. La decisión, aprobada por mayoría, ha desatado una fuerte polémica entre los miembros de la Junta, gobernada por una alcaldesa de UDC (Unión de Centro), que cuenta con el apoyo del Pueblo de la Libertad y de la Liga del Norte.
El Ayuntamiento de Goito, un pueblo cercano a Mantua, en el norte de Italia, ha aprobado un reglamento por el que sólo los niños procedentes de familias cristianas pueden ser inscritos en la guardería municipal. La decisión, aprobada por mayoría, ha desatado una fuerte polémica entre los miembros de la Junta, gobernada por una alcaldesa de UDC (Unión de Centro), que cuenta con el apoyo del Pueblo de la Libertad y de la Liga del Norte.
El artículo uno del reglamento obliga a que los padres acepten una especie de credo religioso en el que se afirma que la escuela persigue "fines educativos y de desarrollo" en el marco de una "visión cristiana de la vida". En la práctica, se traduce en que los niños de familias no cristianas serán rechazados, lo que deja fuera del centro a los hijos de los inmigrantes, que en esa zona son mayoritariamente musulmanes. La aplicación rigurosa de la norma impediría también la entrada a los hijos de parejas divorciadas y a los de no creyentes.
Ante las protestas de la oposición, la alcaldesa, Anita Marchetti, sostiene que el centro se ha gestionado siempre siguiendo "criterios inspirados en el cristianismo" y que las enseñantes son, desde hace 30 años, monjas. De esta manera, la medida "se limita a regular una situación de hecho".
Los grupos minoritarios del Ayuntamiento han denunciado la inconstitucionalidad de la medida y piden su retirada porque la guardería está pagada con dinero municipal. La alcaldesa ha negado el hecho de que el centro no acepte a niños de otras religiones, pero lo cierto es que de los 29 inscritos no hay un solo extranjero.
La polémica ha llegado al Parlamento, donde el diputado del Partido Democrático (centro-izquierda) Marco Carra, apoyado por el jefe del grupo parlamentario, Dario Franceschini, ha presentado una pregunta dirigida al ministro del Interior, Roberto Maroni, para que explique si conoce los hechos e instarle a que se pronuncie sobre este caso "de grave violación de la Constitución".
La Agencia de Protección de Datos también ha intervenido para pedir más información al Ayuntamiento de Goito sobre una iniciativa que "supone una petición de datos particularmente delicados como son los de la religión que se profesa".
EL PAÍS, España, 25 de febrero de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Prohibida/entrada/judios/musulmanes/hijos/divorciados/elpepusoc/20100225elpepisoc_11/Tes
España: obispos en "guerra santa" contra el aborto
La reforma de la ley del aborto
Los obispos llaman a la movilización hasta lograr la abolición de la ley del aborto
La Conferencia Episcopal exhorta a los católicos a que se opongan a la reforma legal aprobada ayer por el Senado.- Exime a don Juan Carlos
JUAN G. BEDOYA - Madrid
La Conferencia Episcopal ha acordado en la reunión de la permanente llamar a la movilización de los católicos hasta lograr la abolición de la nueva ley del aborto, aprobada ayer en el Senado. En este marco, los obispos convocan para el día 25 una jornada por la familia en toda España y expresan su apoyo a las manifestaciones convocadas por grupos llamados "provida" que se celebrarán el día 7. Así lo ha dicho Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, al final de la comisión permanente reunida esta semana en Madrid.
Con todo, Martínez Camino ha eximido a don Juan Carlos de la obligación de oponerse a la nueva ley del aborto. Ha diferenciado el hecho de que el Rey firme la ley del aborto y las votaciones de los parlamentarios católicos sobre esta norma, al señalar que el Monarca podrá comulgar aunque sancione el texto, informa Servimedia.
Tras explicar los principales contenidos de la Comisión Permanente de la CEE, celebrada el pasado martes y ayer miércoles, Martínez Camino ha precisado que "no se ha excomulgado a nadie", en alusión a su advertencia lanzada el pasado mes de noviembre a los parlamenarios que votaran a favor de la ley del aborto. Ha eludido, sin embargo, comparar la situación del Rey, que por mandato constitucional sanciona las leyes, con la de los parlametarios, que por disciplina de voto o por su conciencia votan las normas.
"Que Su Majestad el Rey tenga que sancionar con su firma una ley es una situación única. No hay ningún otro ciudadano que se encuentre en esta situación. Por lo tanto, no son posibles los principios generales para una situación única". En este sentido, ha reiterado que una cosa es lo que haga Su Majestad el Rey, que es un caso único, y otra cosa es lo que haga un político con su voto, que tiene consideraciones diversas". Por ello ya ha indicado que "la Conferencia Episcopal no va a hacer reacciones para el acto que haga Su Majestad el Rey, que es distinto de los parlamentrios que dan su sí o su no a una ley".
Preguntado si, como obispo auxiliar de Madrid, daría la comunión al Rey o al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, católico confeso, Martínez Camino ha recalcado que "los sacerdotes saben lo que tienen que hacer". "A todos los católicos, pertenezcan al partido que pertenezcan, se encuentren donde se encuentren, les hemos trasladado la doctrina general de la Iglesia, las consecuencias que tiene un acto con una ley como ésta", ha agregado.
Martínez Camino ha querido zanjar la cuestión a la sexta pregunta de los informadores, en relación a las diferencias que suponen para la conferencia que el Rey sancione la ley y los parlamentarios católicos hayan votado a favor. "No voy a hablar más del asunto porque he dicho todo lo que tenía que decir", concluyó.
Ante el Parlamento Europeo
A la protesta de los obispos se suma la de la Red Europea del Instituto de Política Familiar (IPF), que ya ha comunicado que exigirá en el Parlamento Europeo el próximo mes de marzo la derogación "inmediata" de la nueva ley del aborto porque provocará, a su juicio, que España se convierta, junto a Francia y Reino Unido, en el país de la UE con mayor número de abortos en 2015, informa Europa Press.
Esta institución acudirá a Bruselas para presentar el Informe sobre 'El Aborto en Europa y España 2010' del que se desprende que cada 26 segundos un niño deja de nacer en el continente, lo que representa más de 3.300 abortos al día provocando un total de 1.200.000 abortos al año en la Europa de los 27.
Su visita, con este doble objetivo, se centrará en el caso concreto español y denunciará el "carácter regresivo y divergente" de la nueva ley que supone "un tremendo error y un paso atrás en la convergencia europea" que producirá, a su entender, un incremento de los abortos aún mayor además de ir contra la evolución de la mayoría de los países de la UE que están trabajando, según aseveró, para promover el derecho a la maternidad y de los niños en el periodo prenatal, al tiempo que va en contra de la Constitución Española.
En este contexto, un equipo multidisciplinar de expertos del IPF ha elaborado el informe a partir de datos de organismos nacionales e internacionales. Según ha explicado su presidente, Eduardo Hertfelder, en la primera parte, se analiza la situación del aborto en la Europa de los 27 y en el resto de países, así como su evolución en los últimos veinte años y su comparativa entre los distintos países. En la segunda parte, se estudia las distintas legislaciones sobre el aborto de los 27. La tercera parte se centra en la actualidad abortiva española.
EL PAÍS, España, 25 de febrero de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/obispos/llaman/movilizacion/lograr/abolicion/ley/aborto/elpepusoc/20100225elpepusoc_2/Tes
Los obispos llaman a la movilización hasta lograr la abolición de la ley del aborto
La Conferencia Episcopal exhorta a los católicos a que se opongan a la reforma legal aprobada ayer por el Senado.- Exime a don Juan Carlos
JUAN G. BEDOYA - Madrid
La Conferencia Episcopal ha acordado en la reunión de la permanente llamar a la movilización de los católicos hasta lograr la abolición de la nueva ley del aborto, aprobada ayer en el Senado. En este marco, los obispos convocan para el día 25 una jornada por la familia en toda España y expresan su apoyo a las manifestaciones convocadas por grupos llamados "provida" que se celebrarán el día 7. Así lo ha dicho Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, al final de la comisión permanente reunida esta semana en Madrid.
Con todo, Martínez Camino ha eximido a don Juan Carlos de la obligación de oponerse a la nueva ley del aborto. Ha diferenciado el hecho de que el Rey firme la ley del aborto y las votaciones de los parlamentarios católicos sobre esta norma, al señalar que el Monarca podrá comulgar aunque sancione el texto, informa Servimedia.
Tras explicar los principales contenidos de la Comisión Permanente de la CEE, celebrada el pasado martes y ayer miércoles, Martínez Camino ha precisado que "no se ha excomulgado a nadie", en alusión a su advertencia lanzada el pasado mes de noviembre a los parlamenarios que votaran a favor de la ley del aborto. Ha eludido, sin embargo, comparar la situación del Rey, que por mandato constitucional sanciona las leyes, con la de los parlametarios, que por disciplina de voto o por su conciencia votan las normas.
"Que Su Majestad el Rey tenga que sancionar con su firma una ley es una situación única. No hay ningún otro ciudadano que se encuentre en esta situación. Por lo tanto, no son posibles los principios generales para una situación única". En este sentido, ha reiterado que una cosa es lo que haga Su Majestad el Rey, que es un caso único, y otra cosa es lo que haga un político con su voto, que tiene consideraciones diversas". Por ello ya ha indicado que "la Conferencia Episcopal no va a hacer reacciones para el acto que haga Su Majestad el Rey, que es distinto de los parlamentrios que dan su sí o su no a una ley".
Preguntado si, como obispo auxiliar de Madrid, daría la comunión al Rey o al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, católico confeso, Martínez Camino ha recalcado que "los sacerdotes saben lo que tienen que hacer". "A todos los católicos, pertenezcan al partido que pertenezcan, se encuentren donde se encuentren, les hemos trasladado la doctrina general de la Iglesia, las consecuencias que tiene un acto con una ley como ésta", ha agregado.
Martínez Camino ha querido zanjar la cuestión a la sexta pregunta de los informadores, en relación a las diferencias que suponen para la conferencia que el Rey sancione la ley y los parlamentarios católicos hayan votado a favor. "No voy a hablar más del asunto porque he dicho todo lo que tenía que decir", concluyó.
Ante el Parlamento Europeo
A la protesta de los obispos se suma la de la Red Europea del Instituto de Política Familiar (IPF), que ya ha comunicado que exigirá en el Parlamento Europeo el próximo mes de marzo la derogación "inmediata" de la nueva ley del aborto porque provocará, a su juicio, que España se convierta, junto a Francia y Reino Unido, en el país de la UE con mayor número de abortos en 2015, informa Europa Press.
Esta institución acudirá a Bruselas para presentar el Informe sobre 'El Aborto en Europa y España 2010' del que se desprende que cada 26 segundos un niño deja de nacer en el continente, lo que representa más de 3.300 abortos al día provocando un total de 1.200.000 abortos al año en la Europa de los 27.
Su visita, con este doble objetivo, se centrará en el caso concreto español y denunciará el "carácter regresivo y divergente" de la nueva ley que supone "un tremendo error y un paso atrás en la convergencia europea" que producirá, a su entender, un incremento de los abortos aún mayor además de ir contra la evolución de la mayoría de los países de la UE que están trabajando, según aseveró, para promover el derecho a la maternidad y de los niños en el periodo prenatal, al tiempo que va en contra de la Constitución Española.
En este contexto, un equipo multidisciplinar de expertos del IPF ha elaborado el informe a partir de datos de organismos nacionales e internacionales. Según ha explicado su presidente, Eduardo Hertfelder, en la primera parte, se analiza la situación del aborto en la Europa de los 27 y en el resto de países, así como su evolución en los últimos veinte años y su comparativa entre los distintos países. En la segunda parte, se estudia las distintas legislaciones sobre el aborto de los 27. La tercera parte se centra en la actualidad abortiva española.
EL PAÍS, España, 25 de febrero de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/obispos/llaman/movilizacion/lograr/abolicion/ley/aborto/elpepusoc/20100225elpepusoc_2/Tes
Homofóbicos aunque "defensores" de los derechos humanos
Homofóbicos hasta los calcetines
Despiden a director del Programa de VIH de la CDH de Morelos
Afectado califica de homofóbicos a defensores de los derechos humanos
Mario Alberto Reyes
Joel Reyes Becerril en la CDHEM.
“¿Por qué no ha venido la morenaza?”, preguntaba con insistencia Jaime Bernal Arista, administrador general de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos (CDHEM) a los compañeros de Joel Reyes Becerril, director del Programa de Derechos Humanos y VIH/sida de ese organismo y quien se había ausentado debido a problemas de salud.
En esa ocasión, Joel Reyes tuvo suerte pues después de laborar tres años sin prestación alguna, la CDHEM lo había incorporado a la seguridad social. Fueron 40 días de convalecencia por una enfermedad. Ese tiempo fue aprovechado por Bernal Arista para rumorar que la ausencia “se debía al sida”.
No era la primera falta de respeto. Antes, César Hidalgo Valverde, secretario ejecutivo de la comisión y quien de acuerdo con reportes de la prensa local suele emborracharse en sus oficinas, le había gritado “puto” y “maricón”, el momento fue tan bochornoso que una secretaria se acercó para pedirle prudencia pues en la oficina contigua se encontraban varios visitadores. Eso no inmutó al funcionario, quien respondió: “¡Me vale madre! ¡Este puto me tiene harto!”.
Las condiciones laborales siempre fueron precarias. En ocasiones, Reyes Becerril llevaba su propia computadora para trabajar. Agobiado, buscó la ayuda del titular del organismo, José Fausto Gutiérrez Aragón. Ahí le confió su orientación sexual y refrendó su compromiso institucional. La charla sólo complicó la situación. Sus compañeros lo hostigaban con mayor frecuencia.
Abogado de profesión, Joel Reyes nunca hizo pública su orientación homosexual, de eso se encargó Gutiérrez Aragón. “En un evento con la comunidad lésbico gay me presentó como coordinador y enlace con la diversidad sexual. Ahí, frente a la prensa y sin consultarme, dijo que yo era homosexual”.
Cuando pensó que el nombramiento era una oportunidad de mejoría económica y de ayuda a la comunidad gay, el propio titular de la CDHEM le advirtió que no deseaba prosperaran esas quejas.
“Ahí me di cuenta de que sólo me utilizaba para contener y apaciguar al movimiento gay. Cuando yo consideraba el procedimiento de una queja se la presentaba y me decía: ‘Joel, a ver cómo le haces pero la mandas al archivo y la declaras improcedente. Ese es tu trabajo. No queremos que hables con esa machorra (Patricia Bedolla) o el maricón revoltoso (Edgar Márquez) ambos activistas”.
Cansado de los maltratos y actitudes homofóbicas, el abogado amenazó con interponer una queja. De inmediato, José Fausto Gutiérrez le pidió no hacerlo a cambio de convertirlo en visitador. Eso nunca ocurrió. El mes pasado, aprovechando el periodo vacacional de Reyes Becerril, la CDHEM concursó esa plaza por lo que éste interpuso un recurso de nulidad.
Fue la gota que derramó el vaso. De inmediato, Gutiérrez Aragón lo llamó para notificarle su despido y le ofreció dos cosas: renunciar “por las buenas” o “proceder como quieras”. Eligió demandar al organismo por despido injustificado. El abogado de la comisión intentó persuadirlo. Le dijo que no podría ganar el juicio porque el ingeniero (Gutiérrez Aragón) “tiene mucho prestigio”.
Al respecto, la CDHEM mediante un boletín de prensa, adjudicó el despido de Reyes Becerril a “constantes y evidentes faltas de probidad y honradez cuyas pruebas serán exhibidas en los órganos de justicia correspondientes”.
En tanto, Joel Reyes se prepara para hoy clausurar simbólicamente la CDHEM. “¡Exijo la reinstalación y la garantía de que tendré las mismas oportunidades laborales de las que gozan mis compañeros! Espero una disculpa pública. Han lacerado mis derechos. ¡Gutiérrez Aragón y su equipo son homofóbicos hasta los calcetines!”
NOTIESE, México, 25 de febrero de 2010
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3637
Despiden a director del Programa de VIH de la CDH de Morelos
Afectado califica de homofóbicos a defensores de los derechos humanos
Mario Alberto Reyes
Joel Reyes Becerril en la CDHEM.
“¿Por qué no ha venido la morenaza?”, preguntaba con insistencia Jaime Bernal Arista, administrador general de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos (CDHEM) a los compañeros de Joel Reyes Becerril, director del Programa de Derechos Humanos y VIH/sida de ese organismo y quien se había ausentado debido a problemas de salud.
En esa ocasión, Joel Reyes tuvo suerte pues después de laborar tres años sin prestación alguna, la CDHEM lo había incorporado a la seguridad social. Fueron 40 días de convalecencia por una enfermedad. Ese tiempo fue aprovechado por Bernal Arista para rumorar que la ausencia “se debía al sida”.
No era la primera falta de respeto. Antes, César Hidalgo Valverde, secretario ejecutivo de la comisión y quien de acuerdo con reportes de la prensa local suele emborracharse en sus oficinas, le había gritado “puto” y “maricón”, el momento fue tan bochornoso que una secretaria se acercó para pedirle prudencia pues en la oficina contigua se encontraban varios visitadores. Eso no inmutó al funcionario, quien respondió: “¡Me vale madre! ¡Este puto me tiene harto!”.
Las condiciones laborales siempre fueron precarias. En ocasiones, Reyes Becerril llevaba su propia computadora para trabajar. Agobiado, buscó la ayuda del titular del organismo, José Fausto Gutiérrez Aragón. Ahí le confió su orientación sexual y refrendó su compromiso institucional. La charla sólo complicó la situación. Sus compañeros lo hostigaban con mayor frecuencia.
Abogado de profesión, Joel Reyes nunca hizo pública su orientación homosexual, de eso se encargó Gutiérrez Aragón. “En un evento con la comunidad lésbico gay me presentó como coordinador y enlace con la diversidad sexual. Ahí, frente a la prensa y sin consultarme, dijo que yo era homosexual”.
Cuando pensó que el nombramiento era una oportunidad de mejoría económica y de ayuda a la comunidad gay, el propio titular de la CDHEM le advirtió que no deseaba prosperaran esas quejas.
“Ahí me di cuenta de que sólo me utilizaba para contener y apaciguar al movimiento gay. Cuando yo consideraba el procedimiento de una queja se la presentaba y me decía: ‘Joel, a ver cómo le haces pero la mandas al archivo y la declaras improcedente. Ese es tu trabajo. No queremos que hables con esa machorra (Patricia Bedolla) o el maricón revoltoso (Edgar Márquez) ambos activistas”.
Cansado de los maltratos y actitudes homofóbicas, el abogado amenazó con interponer una queja. De inmediato, José Fausto Gutiérrez le pidió no hacerlo a cambio de convertirlo en visitador. Eso nunca ocurrió. El mes pasado, aprovechando el periodo vacacional de Reyes Becerril, la CDHEM concursó esa plaza por lo que éste interpuso un recurso de nulidad.
Fue la gota que derramó el vaso. De inmediato, Gutiérrez Aragón lo llamó para notificarle su despido y le ofreció dos cosas: renunciar “por las buenas” o “proceder como quieras”. Eligió demandar al organismo por despido injustificado. El abogado de la comisión intentó persuadirlo. Le dijo que no podría ganar el juicio porque el ingeniero (Gutiérrez Aragón) “tiene mucho prestigio”.
Al respecto, la CDHEM mediante un boletín de prensa, adjudicó el despido de Reyes Becerril a “constantes y evidentes faltas de probidad y honradez cuyas pruebas serán exhibidas en los órganos de justicia correspondientes”.
En tanto, Joel Reyes se prepara para hoy clausurar simbólicamente la CDHEM. “¡Exijo la reinstalación y la garantía de que tendré las mismas oportunidades laborales de las que gozan mis compañeros! Espero una disculpa pública. Han lacerado mis derechos. ¡Gutiérrez Aragón y su equipo son homofóbicos hasta los calcetines!”
NOTIESE, México, 25 de febrero de 2010
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3637
Suiza: la trampa de la intolerancia religiosa
Gaddafi declara la guerra santa a Suiza
Redacción BBC Mundo
El mandatario de Libia, coronel Muammar Gaddafi, llamó a una yihad o guerra santa contra Suiza por la prohibición a la construcción de minaretes en ese país europeo.
El llamado es el aspecto más reciente de una larga disputa diplomática entre Suiza y Libia.
Un portavoz de Naciones Unidas condenó las declaraciones mientras que Francia las tildó de "inaceptables" y urgió a ambos países a resolver sus diferencias.
Gaddafi emitió el ataque verbal durante un discurso para conmemorar el cumpleaños del profeta Mahoma en el que exhortó a los musulmanes a boicotear a Suiza.
"Realicemos una yihad contra Suiza, el sionismo y la agresión extranjera", expresó el mandatario.
"Todo musulmán en cualquier parte del mundo que trate con Suiza es un apóstata, va encontra de Mohammed, Dios y el Corán"
Muammar Gaddafi
"Todo musulmán en cualquier parte del mundo que trate con Suiza es un apóstata, va en contra de Mahoma, Dios y el Corán".
Suiza sostuvo un referendo en noviembre pasado donde 57,5% de los votantes aprobaron una prohibición constitucional a la construcción de las tradicionales torres de las mezquitas.
Disputa diplomática
La corresponsal de la BBC en Ginebra, Imogen Foulkes, dice que la disputa entre los dos países se remonta a 2008 cuando el hijo de Gaddafi, Haníbal y su esposa fueron detenidos en esa ciudad.
Ambos fueron acusados de agredir a dos criados marroquíes durante una estadía en un hotel de lujo, aunque las denuncias fueron retiradas posteriormente.
El gobierno de Trípoli reaccionó cancelando el suministro de petróleo, retirando miles de millones de dólares de cuentas suizas, rechazando visas a los ciudadanos helvéticos y llamando a algunos de sus diplomáticos.
Poco después, las autoridades libias arrestaron a dos empresarios suizos. A uno de ellos se le permitió abandonar el país, pero el segundo fue transferido a una cárcel donde enfrenta una condena de cuatro meses por violaciones migratorias.
Por su parte, Suiza supuestamente incluyó en su "lista negra" a 188 libios, negándoles la entrada al país. Se dice que el veto suizo incluye a Gaddafi y su familia.
En represalia, Libia canceló la emisión de visas a los ciudadanos de varios países europeos, una medida rechazada por la Comisión Europea.
La Cancillería de Suiza no quiso emitir comentarios respecto al más reciente episodio, pero el director general de la misión de la ONU en Ginebra, Sergei Ordzhonikidze, condenó las declaraciones de Gaddafi.
"Ese tipo de declaraciones por parte de un jefe de estado son inadmisibles en el ámbito de las relaciones internacionales", expresó.
El funcionario añadió que las seguridad de la ONU en Suiza es muy profesional y está bien preparada para lidiar con cualquier incidente.
BBC Mundo, 26 de febrero de 2010
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/02/100226_1250_gaddaffi_suiza_yihad_wbm.shtml
Redacción BBC Mundo
El mandatario de Libia, coronel Muammar Gaddafi, llamó a una yihad o guerra santa contra Suiza por la prohibición a la construcción de minaretes en ese país europeo.
El llamado es el aspecto más reciente de una larga disputa diplomática entre Suiza y Libia.
Un portavoz de Naciones Unidas condenó las declaraciones mientras que Francia las tildó de "inaceptables" y urgió a ambos países a resolver sus diferencias.
Gaddafi emitió el ataque verbal durante un discurso para conmemorar el cumpleaños del profeta Mahoma en el que exhortó a los musulmanes a boicotear a Suiza.
"Realicemos una yihad contra Suiza, el sionismo y la agresión extranjera", expresó el mandatario.
"Todo musulmán en cualquier parte del mundo que trate con Suiza es un apóstata, va encontra de Mohammed, Dios y el Corán"
Muammar Gaddafi
"Todo musulmán en cualquier parte del mundo que trate con Suiza es un apóstata, va en contra de Mahoma, Dios y el Corán".
Suiza sostuvo un referendo en noviembre pasado donde 57,5% de los votantes aprobaron una prohibición constitucional a la construcción de las tradicionales torres de las mezquitas.
Disputa diplomática
La corresponsal de la BBC en Ginebra, Imogen Foulkes, dice que la disputa entre los dos países se remonta a 2008 cuando el hijo de Gaddafi, Haníbal y su esposa fueron detenidos en esa ciudad.
Ambos fueron acusados de agredir a dos criados marroquíes durante una estadía en un hotel de lujo, aunque las denuncias fueron retiradas posteriormente.
El gobierno de Trípoli reaccionó cancelando el suministro de petróleo, retirando miles de millones de dólares de cuentas suizas, rechazando visas a los ciudadanos helvéticos y llamando a algunos de sus diplomáticos.
Poco después, las autoridades libias arrestaron a dos empresarios suizos. A uno de ellos se le permitió abandonar el país, pero el segundo fue transferido a una cárcel donde enfrenta una condena de cuatro meses por violaciones migratorias.
Por su parte, Suiza supuestamente incluyó en su "lista negra" a 188 libios, negándoles la entrada al país. Se dice que el veto suizo incluye a Gaddafi y su familia.
En represalia, Libia canceló la emisión de visas a los ciudadanos de varios países europeos, una medida rechazada por la Comisión Europea.
La Cancillería de Suiza no quiso emitir comentarios respecto al más reciente episodio, pero el director general de la misión de la ONU en Ginebra, Sergei Ordzhonikidze, condenó las declaraciones de Gaddafi.
"Ese tipo de declaraciones por parte de un jefe de estado son inadmisibles en el ámbito de las relaciones internacionales", expresó.
El funcionario añadió que las seguridad de la ONU en Suiza es muy profesional y está bien preparada para lidiar con cualquier incidente.
BBC Mundo, 26 de febrero de 2010
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/02/100226_1250_gaddaffi_suiza_yihad_wbm.shtml
Operación de cara para personas con tratamiento contra VIH
La sanidad pública operará la cara a 6.000 personas con VIH
La lipoatrofia facial es un efecto adverso de los medicamentos que consiste en una pérdida de grasa que demacra el rostro
E. DE B. - Madrid
Más de 6.000 personas (hasta 6.635) con VIH serán tratadas en los próximos tres años por la sanidad pública de uno de los efectos adversos más evidentes de los antivirales: la lipoatrofia facial. Esta complicación consiste en una pérdida de la grasa de la cara que produce una grave demacración, y que es fuente de discriminación y dificulta la integración laboral y social de las personas infectadas. La decisión la ha tomado el Consejo de Ministros.
La norma regula el uso tutelado de los tratamientos (una cirugía reparadora), y está dotada con 3,2 millones de euros anuales. A los tres años se revisarán los resultados y se estudiará la inclusión de esta prestación en la cartera común de servicios que deben prestar los servicios sanitarios públicos. Eso no quiere decir que todos los hospitales lo tendrán que hacer, pero sí se fijarán centros de referencia. Esta práctica es habitual en patologías o terapias que no son muy frecuentes, porque permite concentrar a los especialistas, y les garantiza un volumen de trabajo suficiente para que perfeccionen su técnica.
La inclusión de este tratamiento en la cartera de la sanidad pública es una vieja reivindicación de los colectivos de afectados. Ya en 2006 la Fundación Formación e Información sobre Tratamientos (FIT) para el VIH organizó un grupo de trabajo, en el que participaron, entre otros, el Ministerio de Sanidad y EL PAÍS, para definir los criterios de inclusión de los pacientes en los ensayos. A partir de esa fecha, ha habido varias comunidades que, por propia iniciativa, han empezado a ofrecer a las personas con VIH la posibilidad de rellenarse la cara si estaban muy afectadas. La diferencia, a partir de ahora, es que si este uso tutelado sale bien, no se tratará de una acción voluntaria, sino que deberán incluir este servicio en sus prestaciones.
EL PAÍS, España, 26 de febrero de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/sanidad/publica/operara/cara/6000/personas/VIH/elpepusoc/20100226elpepusoc_5/Tes
La lipoatrofia facial es un efecto adverso de los medicamentos que consiste en una pérdida de grasa que demacra el rostro
E. DE B. - Madrid
Más de 6.000 personas (hasta 6.635) con VIH serán tratadas en los próximos tres años por la sanidad pública de uno de los efectos adversos más evidentes de los antivirales: la lipoatrofia facial. Esta complicación consiste en una pérdida de la grasa de la cara que produce una grave demacración, y que es fuente de discriminación y dificulta la integración laboral y social de las personas infectadas. La decisión la ha tomado el Consejo de Ministros.
La norma regula el uso tutelado de los tratamientos (una cirugía reparadora), y está dotada con 3,2 millones de euros anuales. A los tres años se revisarán los resultados y se estudiará la inclusión de esta prestación en la cartera común de servicios que deben prestar los servicios sanitarios públicos. Eso no quiere decir que todos los hospitales lo tendrán que hacer, pero sí se fijarán centros de referencia. Esta práctica es habitual en patologías o terapias que no son muy frecuentes, porque permite concentrar a los especialistas, y les garantiza un volumen de trabajo suficiente para que perfeccionen su técnica.
La inclusión de este tratamiento en la cartera de la sanidad pública es una vieja reivindicación de los colectivos de afectados. Ya en 2006 la Fundación Formación e Información sobre Tratamientos (FIT) para el VIH organizó un grupo de trabajo, en el que participaron, entre otros, el Ministerio de Sanidad y EL PAÍS, para definir los criterios de inclusión de los pacientes en los ensayos. A partir de esa fecha, ha habido varias comunidades que, por propia iniciativa, han empezado a ofrecer a las personas con VIH la posibilidad de rellenarse la cara si estaban muy afectadas. La diferencia, a partir de ahora, es que si este uso tutelado sale bien, no se tratará de una acción voluntaria, sino que deberán incluir este servicio en sus prestaciones.
EL PAÍS, España, 26 de febrero de 2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/sanidad/publica/operara/cara/6000/personas/VIH/elpepusoc/20100226elpepusoc_5/Tes
Niña embarazada de violación ¿y no puede abortar?
LA CAMARA DE COMODORO RIVADAVIA NEGO EL ABORTO A LA NENA VIOLADA POR SU PADRASTRO
“Le arruinan la vida a mi hija”
El fallo de segunda instancia rechazó el reclamo de una chica de 15 años de interrumpir su embarazo producto de la violación de su padrastro. La madre de la joven fustigó la sentencia: “Estos jueces no saben resolver nada”. Segunda marcha a favor de la joven.
Por Mariana Carbajal
Organizaciones sociales, amigos y familiares de la víctima reclamaron a la Justicia que resolviera a favor de la chica. No fue así.
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó el pedido para acceder a un aborto no punible de A. G., la niña de 15 años cuyo embarazo, según denunció en la Justicia penal, es producto de los abusos sexuales cometidos por su padrastro, quien la habría sometido desde que tenía 11 años. El tribunal ratificó la sentencia de primera instancia del Juzgado de Familia Nº 3 por dos votos a uno. Los dos camaristas varones, Julio Antonio Alexandre y Fernando Nahuelanca, se opusieron a autorizar la interrupción de la gestación, con el argumento de la defensa de la vida del feto, mientras que la tercera integrante, mujer, Nélida Susana Melero, apoyó el reclamo de la muchachita, por considerar que está debidamente acreditado que su salud psíquica corre riesgo de continuar la gestación. Al conocer el fallo, poco antes de las 20, organizaciones sociales, de mujeres, sindicales y políticas, junto a vecinos de la ciudad, comenzaron a congregarse nuevamente frente al edificio de la Cámara, para expresar su repudio a la resolución. Al salir del tribunal, recién notificada de la sentencia, Aurora Luisa Fuentes, la madre de A. G., se quebró y envuelta en un llanto desconsolado declaró a Página/12: “Es terrible lo que han hecho. Le arruinan la vida a mi hija. Estos jueces no saben resolver nada”.
Fuentes se retiró acompañada por su abogada, Sandra Grilli. “Vamos a llegar al Superior Tribunal de Justicia de Chubut”, adelantó anoche a este diario Grilli, profundamente consternada también por el revés judicial. “Repudiamos una vez más estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres. No hay razones que puedan justificar la crucifixión de una niña siguiendo adelante con un embarazo producto de una violación. El Estado argentino enfrenta ya un juicio internacional por violación a los derechos humanos en el caso LMR, en el que se le obstruyó el acceso a un aborto no punible a una jovencita con discapacidad mental que había sido abusada. Es hora de que se comience a debatir en el Parlamento la despenalización y legalización del aborto como hizo España”, sostuvo anoche ante Página/12 Marta Alanís, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las más de 250 organizaciones del país que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Por la mañana, se había reunido frente al tribunal de Comodoro Rivadavia una movilización para exigir una urgente autorización para concretar el aborto no punible. De la manifestación, la segunda en dos días, participaron integrantes de Mujeres de Comodoro de Encuentros Nacionales, de la Asociación de Docentes Universitarios, del Programa Nacional Juana Azurduy, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut y del Sindicato de Prensa, entre otras entidades. También militantes de partidos de izquierda, vecinos y compañeros de una murga en la que participa A. G. No se recuerda en Comodoro Rivadavia una movilización tan multitudinaria por una problemática social.
La respuesta judicial llegó al anochecer. Pero no fue la esperada. Los dos camaristas, que votaron en mayoría, sostuvieron su negativa a autorizar el aborto solicitado en la defensa de la vida del no nacido. “Parto de un principio inconmovible, esto es, la vida es el fundamento y soporte de la existencia de todos los demás derechos. La vida antecede a cualquier derecho”, escribió Alexandre, quien fundamentó su voto en primer lugar. En su interpretación, el artículo 86 del Código Penal, que regula los abortos no punibles, sería inconstitucional. Las cortes provinciales de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza se han pronunciado en los últimos años, ante casos similares, ratificando la constitucionalidad de ese artículo.
“El juez deberá pronunciarse a favor del derecho a la vida del naciturus, máxime cuando carece de capacidad para defenderse a sí mismo”, opinó Alexandre. El camarista además dijo que “no ha quedado suficientemente aclarado en este expediente hasta qué punto” el daño psíquico que alegó la defensa de la niña para encuadrar el caso como un aborto terapéutico “puede ser mitigado por otros medios”. El aborto no punible también fue pedido por tratarse de un embarazo producto de una violación. El reclamo de la niña fue avalado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Ministerio de Salud, por el Inadi y el Consejo Nacional de la Mujer. También por una treintena de organizaciones y activistas del movimiento de mujeres, que presentaron el lunes un amicus curiae con extensa documentación jurídica para apoyar el reclamo de A. G.
El camarista Nahuelanca enfatizó que la Constitución de la provincia de Chubut protege la vida desde la concepción y aseguró –aunque no hay acuerdo científico al respecto– que “la vida del naciturus comienza con la unión cromosómica”. Si se concediera autorización “se violaría irremediablemente el derecho fundamental a la vida de la persona por nacer”, alegó.
Los miembros de la Cámara de Apelaciones se pronunciaron después de haber escuchado el lunes a A. G. y a su madre en una audiencia privada. En ese ámbito, la niña ratificó su deseo de abortar y ante una pregunta de los jueces dijo que no consideraba otra alternativa que la interrupción de la gestación. Ante peritos de la Justicia había sido rotunda: “Si no me dejan abortar, me mato”.
La única integrante del tribunal que oyó y escuchó el sufrimiento de A. G. fue la jueza Melero. En su fallo, Melero destacó que el equipo interdisciplinario del tribunal certificó que la continuación del embarazo “implica riesgos contra la integridad psicofísica” de la chica. También destacó que la evaluación psicológica y psiquiátrica firmada por Horacio Martelossi y Raúl Soria, del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, expresa “que la paciente presenta sintomatología depresiva”, por las vejaciones y violaciones “sufridas desde los 11 años”, y “presenta ideación suicida, si el embarazo no es interrumpido”. Melero afirmó que A. G. “puede comprender alternativas a la interrupción del embarazo, pero se niega a ello. Sus proyectos a corto plazo se han visto alterados por la situación traumática de la violación y el embarazo”.
La camarista, que votó en minoría, por otra parte subrayó que un informe de médicos forenses precisó que concretar el aborto a esta altura de la gestación –unas diecisiete semanas– “no difiere de los riesgos de cualquier otra intervención quirúrgica”.
En primera instancia, la jueza de Familia Verónica Daniela Robert había fallado en contra del pedido de autorización para abortar a mediados de la semana pasada. Roberts fundamentó su decisión en la defensa de la vida del feto y en el hecho de que podría ser riesgoso para la vida de A. G. llevar adelante el aborto por lo avanzado del embarazo. Esos dos ejes fueron los que sostuvo un comité de bioética conformado ad hoc por el Hospital Regional, para negarse a realizar la práctica. El mismo centro de salud rechazó un nuevo pedido, también de una niña que denunció haber sido abusada por su padrastro, con el argumento de que el caso no encuadra en los supuestos de no punibilidad previstos en el Código Penal, porque la violación no fue perpetrada sobre una jovencita débil mental (ver aparte).
El reclamo de un permiso judicial de A. G. se presentó un mes y medio atrás. La madre prefirió judicializar el caso para que la práctica fuera realizada en un hospital público a fin de resguardar material genético para probar la violación. Si no hubiese sido por ese motivo, hubiera recurrido a un médico privado, para evitar este torturoso camino, aclaró a Página/12. Pero la Justicia le dio la espalda.
El imputado de la violación, un suboficial mayor de la policía de Chubut, continúa en libertad. La denuncia penal fue radicada en la fiscalía especializada en delitos sexuales. El acusado vivía con Fuentes desde hacía 13 años. A. G. lo consideraba como su padre. Con él, Fuentes tuvo dos pares de mellizos, de 4 y 10 años. Anoche, desesperada tras conocer el fallo de Cámara, la madre de A. G. recordó: “Con todo el daño que hizo, ni siquiera está preso”.
PÁGINA 12, Argentina, 26 de febrero de 2010
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-141050-2010-02-26.html
“Le arruinan la vida a mi hija”
El fallo de segunda instancia rechazó el reclamo de una chica de 15 años de interrumpir su embarazo producto de la violación de su padrastro. La madre de la joven fustigó la sentencia: “Estos jueces no saben resolver nada”. Segunda marcha a favor de la joven.
Por Mariana Carbajal
Organizaciones sociales, amigos y familiares de la víctima reclamaron a la Justicia que resolviera a favor de la chica. No fue así.
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó el pedido para acceder a un aborto no punible de A. G., la niña de 15 años cuyo embarazo, según denunció en la Justicia penal, es producto de los abusos sexuales cometidos por su padrastro, quien la habría sometido desde que tenía 11 años. El tribunal ratificó la sentencia de primera instancia del Juzgado de Familia Nº 3 por dos votos a uno. Los dos camaristas varones, Julio Antonio Alexandre y Fernando Nahuelanca, se opusieron a autorizar la interrupción de la gestación, con el argumento de la defensa de la vida del feto, mientras que la tercera integrante, mujer, Nélida Susana Melero, apoyó el reclamo de la muchachita, por considerar que está debidamente acreditado que su salud psíquica corre riesgo de continuar la gestación. Al conocer el fallo, poco antes de las 20, organizaciones sociales, de mujeres, sindicales y políticas, junto a vecinos de la ciudad, comenzaron a congregarse nuevamente frente al edificio de la Cámara, para expresar su repudio a la resolución. Al salir del tribunal, recién notificada de la sentencia, Aurora Luisa Fuentes, la madre de A. G., se quebró y envuelta en un llanto desconsolado declaró a Página/12: “Es terrible lo que han hecho. Le arruinan la vida a mi hija. Estos jueces no saben resolver nada”.
Fuentes se retiró acompañada por su abogada, Sandra Grilli. “Vamos a llegar al Superior Tribunal de Justicia de Chubut”, adelantó anoche a este diario Grilli, profundamente consternada también por el revés judicial. “Repudiamos una vez más estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres. No hay razones que puedan justificar la crucifixión de una niña siguiendo adelante con un embarazo producto de una violación. El Estado argentino enfrenta ya un juicio internacional por violación a los derechos humanos en el caso LMR, en el que se le obstruyó el acceso a un aborto no punible a una jovencita con discapacidad mental que había sido abusada. Es hora de que se comience a debatir en el Parlamento la despenalización y legalización del aborto como hizo España”, sostuvo anoche ante Página/12 Marta Alanís, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las más de 250 organizaciones del país que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Por la mañana, se había reunido frente al tribunal de Comodoro Rivadavia una movilización para exigir una urgente autorización para concretar el aborto no punible. De la manifestación, la segunda en dos días, participaron integrantes de Mujeres de Comodoro de Encuentros Nacionales, de la Asociación de Docentes Universitarios, del Programa Nacional Juana Azurduy, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut y del Sindicato de Prensa, entre otras entidades. También militantes de partidos de izquierda, vecinos y compañeros de una murga en la que participa A. G. No se recuerda en Comodoro Rivadavia una movilización tan multitudinaria por una problemática social.
La respuesta judicial llegó al anochecer. Pero no fue la esperada. Los dos camaristas, que votaron en mayoría, sostuvieron su negativa a autorizar el aborto solicitado en la defensa de la vida del no nacido. “Parto de un principio inconmovible, esto es, la vida es el fundamento y soporte de la existencia de todos los demás derechos. La vida antecede a cualquier derecho”, escribió Alexandre, quien fundamentó su voto en primer lugar. En su interpretación, el artículo 86 del Código Penal, que regula los abortos no punibles, sería inconstitucional. Las cortes provinciales de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza se han pronunciado en los últimos años, ante casos similares, ratificando la constitucionalidad de ese artículo.
“El juez deberá pronunciarse a favor del derecho a la vida del naciturus, máxime cuando carece de capacidad para defenderse a sí mismo”, opinó Alexandre. El camarista además dijo que “no ha quedado suficientemente aclarado en este expediente hasta qué punto” el daño psíquico que alegó la defensa de la niña para encuadrar el caso como un aborto terapéutico “puede ser mitigado por otros medios”. El aborto no punible también fue pedido por tratarse de un embarazo producto de una violación. El reclamo de la niña fue avalado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Ministerio de Salud, por el Inadi y el Consejo Nacional de la Mujer. También por una treintena de organizaciones y activistas del movimiento de mujeres, que presentaron el lunes un amicus curiae con extensa documentación jurídica para apoyar el reclamo de A. G.
El camarista Nahuelanca enfatizó que la Constitución de la provincia de Chubut protege la vida desde la concepción y aseguró –aunque no hay acuerdo científico al respecto– que “la vida del naciturus comienza con la unión cromosómica”. Si se concediera autorización “se violaría irremediablemente el derecho fundamental a la vida de la persona por nacer”, alegó.
Los miembros de la Cámara de Apelaciones se pronunciaron después de haber escuchado el lunes a A. G. y a su madre en una audiencia privada. En ese ámbito, la niña ratificó su deseo de abortar y ante una pregunta de los jueces dijo que no consideraba otra alternativa que la interrupción de la gestación. Ante peritos de la Justicia había sido rotunda: “Si no me dejan abortar, me mato”.
La única integrante del tribunal que oyó y escuchó el sufrimiento de A. G. fue la jueza Melero. En su fallo, Melero destacó que el equipo interdisciplinario del tribunal certificó que la continuación del embarazo “implica riesgos contra la integridad psicofísica” de la chica. También destacó que la evaluación psicológica y psiquiátrica firmada por Horacio Martelossi y Raúl Soria, del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, expresa “que la paciente presenta sintomatología depresiva”, por las vejaciones y violaciones “sufridas desde los 11 años”, y “presenta ideación suicida, si el embarazo no es interrumpido”. Melero afirmó que A. G. “puede comprender alternativas a la interrupción del embarazo, pero se niega a ello. Sus proyectos a corto plazo se han visto alterados por la situación traumática de la violación y el embarazo”.
La camarista, que votó en minoría, por otra parte subrayó que un informe de médicos forenses precisó que concretar el aborto a esta altura de la gestación –unas diecisiete semanas– “no difiere de los riesgos de cualquier otra intervención quirúrgica”.
En primera instancia, la jueza de Familia Verónica Daniela Robert había fallado en contra del pedido de autorización para abortar a mediados de la semana pasada. Roberts fundamentó su decisión en la defensa de la vida del feto y en el hecho de que podría ser riesgoso para la vida de A. G. llevar adelante el aborto por lo avanzado del embarazo. Esos dos ejes fueron los que sostuvo un comité de bioética conformado ad hoc por el Hospital Regional, para negarse a realizar la práctica. El mismo centro de salud rechazó un nuevo pedido, también de una niña que denunció haber sido abusada por su padrastro, con el argumento de que el caso no encuadra en los supuestos de no punibilidad previstos en el Código Penal, porque la violación no fue perpetrada sobre una jovencita débil mental (ver aparte).
El reclamo de un permiso judicial de A. G. se presentó un mes y medio atrás. La madre prefirió judicializar el caso para que la práctica fuera realizada en un hospital público a fin de resguardar material genético para probar la violación. Si no hubiese sido por ese motivo, hubiera recurrido a un médico privado, para evitar este torturoso camino, aclaró a Página/12. Pero la Justicia le dio la espalda.
El imputado de la violación, un suboficial mayor de la policía de Chubut, continúa en libertad. La denuncia penal fue radicada en la fiscalía especializada en delitos sexuales. El acusado vivía con Fuentes desde hacía 13 años. A. G. lo consideraba como su padre. Con él, Fuentes tuvo dos pares de mellizos, de 4 y 10 años. Anoche, desesperada tras conocer el fallo de Cámara, la madre de A. G. recordó: “Con todo el daño que hizo, ni siquiera está preso”.
PÁGINA 12, Argentina, 26 de febrero de 2010
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-141050-2010-02-26.html
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