Duras declaraciones de odio del alcalde de Moscú hacia la diversidad sexual
Por Redacción AG Magazine
Yuri Luzhkov, el homófobo alcalde de Moscú, despliega cada vez que puede su odio hacia las personas homosexuales y transexuales.
[Moscú, Rusia | EFE] El alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, calificó hoy de “acto satánico” las marchas del orgullo gay y arremetió nuevamente contra la celebración de este evento en la capital rusa.
“Hace varios años que Moscú está siendo objeto de una presión sin precedentes para que se acoja aquí una marcha gay, algo que no se puede calificar más que de ‘acto satánico‘. Pero no aprobamos ni aprobaremos más adelante tales desfiles”, declaró Luzhkov durante la inauguración de un foro ortodoxo en Moscú y subrayó que “todos deben tomar esto como un axioma, no como un teorema”, según la agencia Interfax.
El alcalde señaló que en la lucha contra algunas “lacras” de la sociedad, “hace tiempo que llegó la hora de acabar con ellas con todo el peso y la justicia de la ley, en vez de hablar de derechos humanos”.
“Necesitamos un palo social o algo por el estilo, y no una zanahoria liberal”, declaró Luzhkov, al tiempo que nombró entre las lacras sociales a las que hizo referencia la drogadicción, la xenofobia y el odio interétnico, además de la “propaganda abierta del así llamado amor del mismo sexo”.
Repudio y convicción
A pesar de las palabras del alcalde, los representantes de las minorías sexuales confirmaron su intención de celebrar el próximo 29 de mayo una marcha gay en la capital rusa, tal y como habían anunciado previamente.
“No tenemos intención de renunciar a nuestros planes. El 29 de mayo celebraremos en Moscú la quinta acción de orgullo gay desde 2006″, declaró Nikolái Alexéyev, organizador de los desfiles de homosexuales en la capital rusa.
Agregó que las palabras del alcalde “no sorprenden para nada, ya que Yuri Luzhkov lleva diciendo lo mismo a lo largo de los últimos cinco años”.
“Sin embargo, el punto final en relación con la celebración de un desfile del orgullo gay en Rusia lo tiene que poner el Tribunal Europeo (de Derechos Humanos), que ha dado de plazo a Rusia hasta el 20 de febrero para que argumente su prohibición de nuestras tres acciones previas”, señaló.
Alexéyev se mostró convencido de que el Tribunal de Estrasburgo “reconocerá como legales los desfiles del orgullo gay y como reñidos con la ley las prohibiciones de las autoridades moscovitas”.
El año pasado, el alcalde de Moscú aseguró que no autorizará la celebración de una marcha homosexual en la ciudad, tanto por cuestiones morales como para evitar que les ataquen los ultranacionalistas.
“Primero, nuestra sociedad es moralmente saludable y no acepta a todos esos ‘maricas’. Además, si se congregaran y se les permitiera celebrar su parada, los matarían. En Rusia hay cristianos radicales que están resentidos contra lo que ellos consideran manifestaciones demoníacas”, había dicho el alcalde.
Los representantes de las minorías sexuales en Rusia respondieron a las palabras de Luzhkov con una denuncia ante los tribunales, al tiempo que señalaron en un comunicado que “el término ‘marica’ tiene una connotación claramente negativa y es ultrajante para los homosexuales”.
La manifestación homosexual celebrada en mayo del año pasado con motivo del Festival de Eurovisión en Moscú se saldó con la detención de más de 80 activistas.
La primera manifestación gay de la historia de Rusia, que no había sido autorizada por la Alcaldía de Moscú, tuvo lugar en mayo de 2006 y acabó en una batalla campal en la que las y los manifestantes LGBT fueron agredidos tanto por nacionalistas e integristas ortodoxos como por la Policía
AGMAGAZINE, Argentina, 25 de enero de 2010
http://www.agmagazine.com.ar/
lunes, 25 de enero de 2010
Derecha chilena amenaza a movimiento GLBTI
Movimiento homosexual de Chile advierte que el gobierno de Piñera podría quitarle su sede
Por Redacción AG Magazine
[Santiago, Chile | AG Magazine Info] El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), organización que asesora a la Unión Demócrata Independiente (UDI), señaló hoy que el futuro gobierno de derecha podría despojar de sus sedes a una parte de las organizaciones sociales a las cuales la administración de Michelle Bachelet donó inmuebles entre el 2006 y el 2009, entre ellas el Movilh y la Central Unitaria de Trabajadores.
Movilh acusó al Instituto Libertad y Desarrollo de iniciar una cacería de brujas contra la sociedad civil y expresó su confianza en que el presidente electo no dará espacios para maniobras que buscan debilitar a organizaciones por la única razón de que su visión de los derechos humanos es distinta a la de los sectores más conservadores del país.
A juicio de LyD varias son las organizaciones que estarían en la mira del futuro gobierno, destacando en forma particular a tres: la Unión Nacional de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
De acuerdo a El Mercurio “cercanos a la nueva administración” del futuro gobierno de Sebastián Piñera consideran que dichas sedes “podrían tener un uso más rentable para los chilenos”, “lo que en la práctica significa una advertencia respecto a que organizaciones como la nuestra podrían ser despojadas de las casas cedidas por el Estado”, sostuvo el Movilh.
El movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales acusó en ese sentido a LyD de promover una cacería de brujas contra una parte de las organizaciones sociales que más visibilidad y trayectoria tienen en Chile en torno a la defensa de los derechos humanos de los sectores más vulnerables.
“Las minorías sexuales son uno de los sectores más discriminados del país, carecen de todo tipo de políticas públicas o de legislaciones que resguarden sus derechos, y más del 90 por ciento de los casos de discriminación han sido enfrentados y/o resueltos por nuestra organización. El contar con una sede ha contribuido para que las personas discriminadas puedan justamente recibir, en forma gratuita, la ayuda que jamás han encontrado en otras instancias”, precisó el Movilh.
El organismo criticó además que LyD señalara que “esta política de transferencias de inmuebles hizo que muchas organizaciones sociales perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado”.
“Repudiamos con fuerza esa perversa apreciación por cuanto nuestra organización jamás ha dejado de lado su rol de contrapeso de cualquier institución del Estado, siendo su único fin defender y promover los derechos humanos de las minorías sexuales, al margen de cualquier ideología, corriente y/o tendencia política o religiosa”, sostuvo el organismo
Añadió que “instamos en ese sentido al Instituto Libertad y Desarrollo a señalar con pruebas cómo, cuándo y por qué una organización social dejó de ser contrapeso del Estado luego de que le fuera donada una sede”
“Sembrar la duda, sin fundamentos, respecto a que la entrega de sedes estuvo condicionada a la dependencia del Gobierno, es una actitud inmoral, cavernaria y falsa que siembra temor respecto a una eventual situación de vulnerabilidad en que dejaría la futura administración a las organizaciones sociales”, apuntó el Movilh
“Dudamos, con firmeza, que lo se esconde tras la declaración del Instituto Libertad y Desarrollo es su rechazo a que organizaciones de minorías sexuales, o de trabajadores, tengan la infraestructura básica para funcionar, sólo porque ideológicamente no están de acuerdo con los principios y misiones de tales colectivos”, redondeó
Apuntó que en ese sentido “nos encontraríamos justamente frente a lo que se crítica sin fundamentos: el inicio de una cacería de brujas contra organizaciones sociales que jamás han sido del agrado de una parte de los sectores conservadores, por tener una visión distinta de los derechos humanos y de la forma como debe perfeccionarse una democracia sin discriminaciones de ningún tipo”
El organismo expresó por último su “confianza de que el presidente electo no permitirá, sobre las base de apreciaciones infundadas e ideologizadas, ninguna maniobra para debilitar a las organizaciones de nuestro país, cuyo rol es ampliamente conocido en Chile y el extranjero”.
Declaración
A continuación se expone en forma la íntegra la declaración pública difundida hoy por el Movilh.
“El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresa su profunda preocupación sobre la información aparecida hoy en El Mercurio referente a la transferencia de sedes que el Estado realizó entre 2006 y el 2009 a organizaciones de la sociedad civil, donde se menciona sólo a tres colectivo, el nuestro, la Unión Nacional de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
De acuerdo a El Mercurio “cercanos a la nueva administración” del futuro gobierno de Sebastián Piñera consideran que dichas sedes “podrían tener un uso más rentable para los chilenos”, lo que en la práctica significa una advertencia respecto a que organizaciones como la nuestra podrían ser despojadas de las casas cedidas por el Estado.
Sobre la materia, consideramos oportuno señalar los siguientes puntos.
1.- Rechazamos y repudiamos la opinión del Instituto Libertad y Desarrollo donde se señala que “esta política de transferencias de inmuebles hizo que muchas organizaciones sociales perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado”.
Lo anterior por cuanto nuestra organización, justamente una de las tres que menciona el artículo, jamás ha dejado de lado su rol de contrapeso de ninguna institución del Estado, siendo su único fin defender y promover los derechos humanos de las minorías sexuales, al margen de cualquier ideología, corriente y/o tendencia política o religiosa.
Sembrar la duda, sin fundamentos, respecto a que la entrega de sedes estuvo condicionada a la dependencia del Gobierno, es una actitud inmoral, cavernariay falsa que siembra temor respecto a una eventual situación de vulnerabilidad en que dejaría la futura administración a las organizaciones sociales.
Jamás nuestra organización, y creemos que también en el caso de otros colectivos, recibió presión alguna de algún agente del Estado, donde se exigiera o se condicionara el aporte de un inmueble a la dependencia y sumisión de las políticas gubernamentales.
Instamos en ese sentido al Instituto Libertad y Desarrollo a señalar con pruebas cómo, cuándo y por qué una organización social dejó de ser contrapeso del Estado luego de que le fuera donada una sede.
Dudamos, con firmeza, que lo se esconde tras la declaración del Instituto Libertad y Desarrollo es su rechazo a que organizaciones de minorías sexuales, o de trabajadores, tengan la infraestructura básica para funcionar, sólo porque ideológicamente no están de acuerdo con los principios y misiones de tales colectivos.
En ese sentido, nos encontraríamos justamente frente a lo que se crítica sin fundamentos: el inicio de una cacería de brujas contra organizaciones sociales que jamás han sido del agrado de una parte de los sectores conservadores, por tener una visión distinta de los derechos humanos y de la forma como debe perfeccionarse una democracia sin discriminaciones de ningún tipo.
El hecho de que el Instituto Libertad y Desarrollo resalte justamente a una parte de las organizaciones sociales con mayor visibilidad en el país es una prueba de ello.
2.- Jamás nuestra organización social ha recibido algún aporte económico especial del Estado. Todos el presupuesto provenido desde ahí se ha dado en el marco de fondos concursables donde el Movilh ha competido en igualdad de condiciones junto a miles de organizaciones postulantes. De hecho, el Movilh es la única organización del país que tiene publicado en su sitio web todos los concursos ganados, así como pruebas del uso concreto dado a los fondos.
Más aún, ninguno de nuestros activistas recibe remuneraciones por la labor que efectúan, siendo todo el trabajo de tipo voluntario.
3.- Llamamos al presidente electo, Sebastián Piñera, a aclarar desde ya, o apenas asuma, sí comparte o no esta política que en síntesis el único efecto que busca es el debilitamiento de la sociedad civil.
4.- Las minorías sexuales son uno de los sectores más discriminados del país, carecen de todo tipo de políticas públicas o de legislaciones que resguarden sus derechos, y más del 90 por ciento de los casos de discriminación han sido enfrentados y/o resueltos por nuestra organización. El contar con una sede ha contribuido para que las personas discriminadas puedan justamente recibir, en forma gratuita, la ayuda que jamás han encontrado en otras instancias.
5.- La sede donada por el gobierno al Movilh, cuyo trámite se inició bajo la administración de Ricardo Lagos, se encontraba en precarias condiciones, sin agua, luz, teléfono, techumbres, paredes, ni pisos habilitados. Era más bien un terreno en el cual se debió invertir 50 millones de pesos. De esos, sólo 7 millones y medio fueron aportados por el Fondo Social Presidente de la República. El resto fue conseguido en el extranjero y/o fue el resultado del trabajo voluntario de nuestros activistas. En ese sentido, la información de El Mercurio es imprecisa, pues el gobierno financió en parte la reparación de la sede, y no el total, como se deduce de la nota periodística.
6.- Expresamos nuestra confianza de que el presidente electo no permitirá, sobre las base de apreciaciones infundadas e ideologizadas, ninguna maniobra para debilitar a las organizaciones de nuestro país, cuyo rol es ampliamente conocido en Chile y el extranjero, como es el caso de Movilh.
AGMAGAZINE, Argentina, 25 de enero de 2010
http://www.agmagazine.com.ar/
Por Redacción AG Magazine
[Santiago, Chile | AG Magazine Info] El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), organización que asesora a la Unión Demócrata Independiente (UDI), señaló hoy que el futuro gobierno de derecha podría despojar de sus sedes a una parte de las organizaciones sociales a las cuales la administración de Michelle Bachelet donó inmuebles entre el 2006 y el 2009, entre ellas el Movilh y la Central Unitaria de Trabajadores.
Movilh acusó al Instituto Libertad y Desarrollo de iniciar una cacería de brujas contra la sociedad civil y expresó su confianza en que el presidente electo no dará espacios para maniobras que buscan debilitar a organizaciones por la única razón de que su visión de los derechos humanos es distinta a la de los sectores más conservadores del país.
A juicio de LyD varias son las organizaciones que estarían en la mira del futuro gobierno, destacando en forma particular a tres: la Unión Nacional de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
De acuerdo a El Mercurio “cercanos a la nueva administración” del futuro gobierno de Sebastián Piñera consideran que dichas sedes “podrían tener un uso más rentable para los chilenos”, “lo que en la práctica significa una advertencia respecto a que organizaciones como la nuestra podrían ser despojadas de las casas cedidas por el Estado”, sostuvo el Movilh.
El movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales acusó en ese sentido a LyD de promover una cacería de brujas contra una parte de las organizaciones sociales que más visibilidad y trayectoria tienen en Chile en torno a la defensa de los derechos humanos de los sectores más vulnerables.
“Las minorías sexuales son uno de los sectores más discriminados del país, carecen de todo tipo de políticas públicas o de legislaciones que resguarden sus derechos, y más del 90 por ciento de los casos de discriminación han sido enfrentados y/o resueltos por nuestra organización. El contar con una sede ha contribuido para que las personas discriminadas puedan justamente recibir, en forma gratuita, la ayuda que jamás han encontrado en otras instancias”, precisó el Movilh.
El organismo criticó además que LyD señalara que “esta política de transferencias de inmuebles hizo que muchas organizaciones sociales perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado”.
“Repudiamos con fuerza esa perversa apreciación por cuanto nuestra organización jamás ha dejado de lado su rol de contrapeso de cualquier institución del Estado, siendo su único fin defender y promover los derechos humanos de las minorías sexuales, al margen de cualquier ideología, corriente y/o tendencia política o religiosa”, sostuvo el organismo
Añadió que “instamos en ese sentido al Instituto Libertad y Desarrollo a señalar con pruebas cómo, cuándo y por qué una organización social dejó de ser contrapeso del Estado luego de que le fuera donada una sede”
“Sembrar la duda, sin fundamentos, respecto a que la entrega de sedes estuvo condicionada a la dependencia del Gobierno, es una actitud inmoral, cavernaria y falsa que siembra temor respecto a una eventual situación de vulnerabilidad en que dejaría la futura administración a las organizaciones sociales”, apuntó el Movilh
“Dudamos, con firmeza, que lo se esconde tras la declaración del Instituto Libertad y Desarrollo es su rechazo a que organizaciones de minorías sexuales, o de trabajadores, tengan la infraestructura básica para funcionar, sólo porque ideológicamente no están de acuerdo con los principios y misiones de tales colectivos”, redondeó
Apuntó que en ese sentido “nos encontraríamos justamente frente a lo que se crítica sin fundamentos: el inicio de una cacería de brujas contra organizaciones sociales que jamás han sido del agrado de una parte de los sectores conservadores, por tener una visión distinta de los derechos humanos y de la forma como debe perfeccionarse una democracia sin discriminaciones de ningún tipo”
El organismo expresó por último su “confianza de que el presidente electo no permitirá, sobre las base de apreciaciones infundadas e ideologizadas, ninguna maniobra para debilitar a las organizaciones de nuestro país, cuyo rol es ampliamente conocido en Chile y el extranjero”.
Declaración
A continuación se expone en forma la íntegra la declaración pública difundida hoy por el Movilh.
“El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresa su profunda preocupación sobre la información aparecida hoy en El Mercurio referente a la transferencia de sedes que el Estado realizó entre 2006 y el 2009 a organizaciones de la sociedad civil, donde se menciona sólo a tres colectivo, el nuestro, la Unión Nacional de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
De acuerdo a El Mercurio “cercanos a la nueva administración” del futuro gobierno de Sebastián Piñera consideran que dichas sedes “podrían tener un uso más rentable para los chilenos”, lo que en la práctica significa una advertencia respecto a que organizaciones como la nuestra podrían ser despojadas de las casas cedidas por el Estado.
Sobre la materia, consideramos oportuno señalar los siguientes puntos.
1.- Rechazamos y repudiamos la opinión del Instituto Libertad y Desarrollo donde se señala que “esta política de transferencias de inmuebles hizo que muchas organizaciones sociales perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado”.
Lo anterior por cuanto nuestra organización, justamente una de las tres que menciona el artículo, jamás ha dejado de lado su rol de contrapeso de ninguna institución del Estado, siendo su único fin defender y promover los derechos humanos de las minorías sexuales, al margen de cualquier ideología, corriente y/o tendencia política o religiosa.
Sembrar la duda, sin fundamentos, respecto a que la entrega de sedes estuvo condicionada a la dependencia del Gobierno, es una actitud inmoral, cavernariay falsa que siembra temor respecto a una eventual situación de vulnerabilidad en que dejaría la futura administración a las organizaciones sociales.
Jamás nuestra organización, y creemos que también en el caso de otros colectivos, recibió presión alguna de algún agente del Estado, donde se exigiera o se condicionara el aporte de un inmueble a la dependencia y sumisión de las políticas gubernamentales.
Instamos en ese sentido al Instituto Libertad y Desarrollo a señalar con pruebas cómo, cuándo y por qué una organización social dejó de ser contrapeso del Estado luego de que le fuera donada una sede.
Dudamos, con firmeza, que lo se esconde tras la declaración del Instituto Libertad y Desarrollo es su rechazo a que organizaciones de minorías sexuales, o de trabajadores, tengan la infraestructura básica para funcionar, sólo porque ideológicamente no están de acuerdo con los principios y misiones de tales colectivos.
En ese sentido, nos encontraríamos justamente frente a lo que se crítica sin fundamentos: el inicio de una cacería de brujas contra organizaciones sociales que jamás han sido del agrado de una parte de los sectores conservadores, por tener una visión distinta de los derechos humanos y de la forma como debe perfeccionarse una democracia sin discriminaciones de ningún tipo.
El hecho de que el Instituto Libertad y Desarrollo resalte justamente a una parte de las organizaciones sociales con mayor visibilidad en el país es una prueba de ello.
2.- Jamás nuestra organización social ha recibido algún aporte económico especial del Estado. Todos el presupuesto provenido desde ahí se ha dado en el marco de fondos concursables donde el Movilh ha competido en igualdad de condiciones junto a miles de organizaciones postulantes. De hecho, el Movilh es la única organización del país que tiene publicado en su sitio web todos los concursos ganados, así como pruebas del uso concreto dado a los fondos.
Más aún, ninguno de nuestros activistas recibe remuneraciones por la labor que efectúan, siendo todo el trabajo de tipo voluntario.
3.- Llamamos al presidente electo, Sebastián Piñera, a aclarar desde ya, o apenas asuma, sí comparte o no esta política que en síntesis el único efecto que busca es el debilitamiento de la sociedad civil.
4.- Las minorías sexuales son uno de los sectores más discriminados del país, carecen de todo tipo de políticas públicas o de legislaciones que resguarden sus derechos, y más del 90 por ciento de los casos de discriminación han sido enfrentados y/o resueltos por nuestra organización. El contar con una sede ha contribuido para que las personas discriminadas puedan justamente recibir, en forma gratuita, la ayuda que jamás han encontrado en otras instancias.
5.- La sede donada por el gobierno al Movilh, cuyo trámite se inició bajo la administración de Ricardo Lagos, se encontraba en precarias condiciones, sin agua, luz, teléfono, techumbres, paredes, ni pisos habilitados. Era más bien un terreno en el cual se debió invertir 50 millones de pesos. De esos, sólo 7 millones y medio fueron aportados por el Fondo Social Presidente de la República. El resto fue conseguido en el extranjero y/o fue el resultado del trabajo voluntario de nuestros activistas. En ese sentido, la información de El Mercurio es imprecisa, pues el gobierno financió en parte la reparación de la sede, y no el total, como se deduce de la nota periodística.
6.- Expresamos nuestra confianza de que el presidente electo no permitirá, sobre las base de apreciaciones infundadas e ideologizadas, ninguna maniobra para debilitar a las organizaciones de nuestro país, cuyo rol es ampliamente conocido en Chile y el extranjero, como es el caso de Movilh.
AGMAGAZINE, Argentina, 25 de enero de 2010
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Haití: las mujeres siguen muriendo a causa del terremoto
Catástrofe en Haití
Las mujeres aún mueren por el seísmo
Los médicos se quejan de que muchas embarazadas no acuden a los hospitales por falta de dinero y de información.- Los abusos y violaciones son silenciados
FRANCISCO PEREGIL | Puerto Príncipe
Ahora que por fin se pueden ver en muchas zonas de Puerto Príncipe colas bien organizadas de gente recibiendo agua y comida; ahora que el Gobierno ha anunciado que los que se han quedado sin casa ascienden a un millón, los heridos son cerca de 200.000 y los muertos más de 150.000..., ahora mismo siguen muriendo en Haití mujeres a causa del terremoto. Pero ya no engrosarán ninguna estadística. Morirán en silencio, muchas de ellas en su casa, sin asistencia médica ni fotógrafos alrededor.
En Haití nunca es raro que las mujeres tengan que dar a luz en su propia casa sin ninguna ayuda, en el más absoluto de los desamparos.
Lo explica la enfermera noruega de Médicos sin Fronteras Veronica Gran, en el hospital Saint Catherine del barrio Cité Soleil, rodeada de parturientas en tiendas de campaña. "Unas mujeres no vienen nunca al hospital porque no tienen dinero ni siquiera para el transporte. Otras, porque no saben que el parto es gratis, que no se les va a cobrar nada. Y otras, porque saben que se han priorizado las intervenciones de cirugía sobre el resto de la atención médica. Como ocurre en todas las catástrofes, las principales víctimas han vuelto a ser la gente más débil: las mujeres y los niños".
"Estoy convencida de que al hospital vienen muchas menos mujeres de las que deberían", añade Gran. "Y muchas de las que están viniendo llegan demasiado tarde, sin que se les haya hecho ningún seguimiento médico durante el embarazo. Padecen infecciones de orina, algo que habría sido muy fácil de tratar si se hubiera detectado a tiempo. Pero como no se hace, las probabilidades de que el niño nazca con infecciones son muy altas. Otras llevan sufriendo contracciones en su casa desde hace varios días y en medio de tanto dolor no saben adónde acudir. Cuando llegan aquí traen el bebé muerto dentro de ellas. Otras han venido con la presión muy alta y con anemia y sus hijos han nacido muy pequeños y muy débiles".
"Pero si tienes un equipo para partos y no sabes cómo usarlo, de poco sirve. Las mujeres con anemia, si empiezan a sangrar, es muy difícil que superen el parto con vida", señala la enfermera de Médicos sin Fronteras que ha repartido el material.
En la maternidad del Centro Ginecológico Isaie Jeanty & Leon Audain, el médico residente de tercer año Bordes Edouard certifica que las mujeres han sido apartadas para atender casos supuestamente prioritarios. Y lamenta la desinformación que sufren las parturientas. "Este hospital cerró cuando el terremoto, pero abrió hace tres días y muchas mujeres no lo saben, a pesar de que estamos anunciándolo por la radio. Otras creen que aún hay que pagar por dar a luz, cuando desde hace unos meses los partos son gratis en los centros públicos".
Si difícil es para las embarazadas llegar a los hospitales, para las violadas el camino se hace inútil. Paul Henock, gerente del centro ginecológico citado, asegura que desde el día del temblor han llegado al hospital tres mujeres para que se las examinase después de haber sido violadas. "Pero las hemos tenido que remitir a otros centros porque no había tiempo para atenderlas", indica Edouard.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en Haití publicado en 2006 indicaba que un tercio de las mujeres del país habían sufrido violencia física o sexual. Y que la mitad de ellas eran menores de 18 años.
En el distrito de Carrefour se han organizado patrullas ciudadanas para proteger a los cientos de personas que viven ahora en las calles. Como el edificio del Ayuntamiento de Carrefour quedó destruido, el alcalde recibe sentado bajo un árbol a todas las familias que van a pedir dinero. La asistente social Malía Joseph atiende a las mujeres.
-Aquí vienen muchas que no tienen dinero, están solas y no saben adónde ir. Para mí eso también es una clase de violación.
-¿Pero cuántas han llegado desde el terremoto para denunciar violaciones físicas?
-Ninguna. Para eso van a la comisaría.
Medio kilómetro más allá, el subcomisario de Carrefour, Angenor Pierre, sentado a la sombra con una pierna cruzada sobre la otra, confiesa:
-Han venido brigadas de ciudadanos para decirnos que hubo dos intentos de violaciones. Pero no hemos tenido tiempo de investigar nada hasta ahora. A partir del martes lo haremos. De todas formas, aquí no suelen venir las mujeres cuando las violan.
-¿Adónde van, entonces?
-A un colegio de monjas que hay ahí arriba.
Finalmente, en el colegio de salesianos de Carrefour pueden verse cientos de tiendas de campaña que se han levantado para acoger a los que se han quedado sin casa. Junto a ellas, la monja colombiana Rocío Pérez, de 67 años, que llegó hace 44 a Haití. "En este país las mujeres hacen de mamá y de papá. Son ellas las que traen a los niños a las escuelas y las que se ocupan de las casas. Los hombres pobres son muy negligentes". Rocío Pérez comenta que el sábado llegó una mujer sola que parió ahí mismo, en una tienda.
-¿Y mujeres violadas han llegado?
-De eso no sé. Pero en este país ése es un problema muy antiguo. El Gobierno siempre dice que va a hacer algo contra los bandidos, pero nunca hace nada. Yo recuerdo que a menudo, en el barrio donde yo trabajaba, antes se comentaba que las niñas jovencitas salían a por agua por la noche y a menudo las violaban. Pero ellas no decían nada. Nunca dicen nada.
Si éstas son las vueltas que un blanco ha de dar para sacar algo en claro sobre las violaciones después del terremoto, cuántas no dará una mujer negra, con marido o sin él, que duerma en la calle y que se haya armado de valor para denunciar una violación. Y si decidiera abortar, más le valdría desechar la idea. "Un aborto cuesta desde los cien dólares que cobra cualquier médico charlatán de los que te encuentras en la calle hasta los 250 de uno serio", informa la asistente social Malía Joseph.
EL PAÍS, España, 25 de enero de 2010
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mujeres/mueren/seismo/elpepuint/20100125elpepuint_1/Tes
Las mujeres aún mueren por el seísmo
Los médicos se quejan de que muchas embarazadas no acuden a los hospitales por falta de dinero y de información.- Los abusos y violaciones son silenciados
FRANCISCO PEREGIL | Puerto Príncipe
Ahora que por fin se pueden ver en muchas zonas de Puerto Príncipe colas bien organizadas de gente recibiendo agua y comida; ahora que el Gobierno ha anunciado que los que se han quedado sin casa ascienden a un millón, los heridos son cerca de 200.000 y los muertos más de 150.000..., ahora mismo siguen muriendo en Haití mujeres a causa del terremoto. Pero ya no engrosarán ninguna estadística. Morirán en silencio, muchas de ellas en su casa, sin asistencia médica ni fotógrafos alrededor.
En Haití nunca es raro que las mujeres tengan que dar a luz en su propia casa sin ninguna ayuda, en el más absoluto de los desamparos.
Lo explica la enfermera noruega de Médicos sin Fronteras Veronica Gran, en el hospital Saint Catherine del barrio Cité Soleil, rodeada de parturientas en tiendas de campaña. "Unas mujeres no vienen nunca al hospital porque no tienen dinero ni siquiera para el transporte. Otras, porque no saben que el parto es gratis, que no se les va a cobrar nada. Y otras, porque saben que se han priorizado las intervenciones de cirugía sobre el resto de la atención médica. Como ocurre en todas las catástrofes, las principales víctimas han vuelto a ser la gente más débil: las mujeres y los niños".
"Estoy convencida de que al hospital vienen muchas menos mujeres de las que deberían", añade Gran. "Y muchas de las que están viniendo llegan demasiado tarde, sin que se les haya hecho ningún seguimiento médico durante el embarazo. Padecen infecciones de orina, algo que habría sido muy fácil de tratar si se hubiera detectado a tiempo. Pero como no se hace, las probabilidades de que el niño nazca con infecciones son muy altas. Otras llevan sufriendo contracciones en su casa desde hace varios días y en medio de tanto dolor no saben adónde acudir. Cuando llegan aquí traen el bebé muerto dentro de ellas. Otras han venido con la presión muy alta y con anemia y sus hijos han nacido muy pequeños y muy débiles".
"Pero si tienes un equipo para partos y no sabes cómo usarlo, de poco sirve. Las mujeres con anemia, si empiezan a sangrar, es muy difícil que superen el parto con vida", señala la enfermera de Médicos sin Fronteras que ha repartido el material.
En la maternidad del Centro Ginecológico Isaie Jeanty & Leon Audain, el médico residente de tercer año Bordes Edouard certifica que las mujeres han sido apartadas para atender casos supuestamente prioritarios. Y lamenta la desinformación que sufren las parturientas. "Este hospital cerró cuando el terremoto, pero abrió hace tres días y muchas mujeres no lo saben, a pesar de que estamos anunciándolo por la radio. Otras creen que aún hay que pagar por dar a luz, cuando desde hace unos meses los partos son gratis en los centros públicos".
Si difícil es para las embarazadas llegar a los hospitales, para las violadas el camino se hace inútil. Paul Henock, gerente del centro ginecológico citado, asegura que desde el día del temblor han llegado al hospital tres mujeres para que se las examinase después de haber sido violadas. "Pero las hemos tenido que remitir a otros centros porque no había tiempo para atenderlas", indica Edouard.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en Haití publicado en 2006 indicaba que un tercio de las mujeres del país habían sufrido violencia física o sexual. Y que la mitad de ellas eran menores de 18 años.
En el distrito de Carrefour se han organizado patrullas ciudadanas para proteger a los cientos de personas que viven ahora en las calles. Como el edificio del Ayuntamiento de Carrefour quedó destruido, el alcalde recibe sentado bajo un árbol a todas las familias que van a pedir dinero. La asistente social Malía Joseph atiende a las mujeres.
-Aquí vienen muchas que no tienen dinero, están solas y no saben adónde ir. Para mí eso también es una clase de violación.
-¿Pero cuántas han llegado desde el terremoto para denunciar violaciones físicas?
-Ninguna. Para eso van a la comisaría.
Medio kilómetro más allá, el subcomisario de Carrefour, Angenor Pierre, sentado a la sombra con una pierna cruzada sobre la otra, confiesa:
-Han venido brigadas de ciudadanos para decirnos que hubo dos intentos de violaciones. Pero no hemos tenido tiempo de investigar nada hasta ahora. A partir del martes lo haremos. De todas formas, aquí no suelen venir las mujeres cuando las violan.
-¿Adónde van, entonces?
-A un colegio de monjas que hay ahí arriba.
Finalmente, en el colegio de salesianos de Carrefour pueden verse cientos de tiendas de campaña que se han levantado para acoger a los que se han quedado sin casa. Junto a ellas, la monja colombiana Rocío Pérez, de 67 años, que llegó hace 44 a Haití. "En este país las mujeres hacen de mamá y de papá. Son ellas las que traen a los niños a las escuelas y las que se ocupan de las casas. Los hombres pobres son muy negligentes". Rocío Pérez comenta que el sábado llegó una mujer sola que parió ahí mismo, en una tienda.
-¿Y mujeres violadas han llegado?
-De eso no sé. Pero en este país ése es un problema muy antiguo. El Gobierno siempre dice que va a hacer algo contra los bandidos, pero nunca hace nada. Yo recuerdo que a menudo, en el barrio donde yo trabajaba, antes se comentaba que las niñas jovencitas salían a por agua por la noche y a menudo las violaban. Pero ellas no decían nada. Nunca dicen nada.
Si éstas son las vueltas que un blanco ha de dar para sacar algo en claro sobre las violaciones después del terremoto, cuántas no dará una mujer negra, con marido o sin él, que duerma en la calle y que se haya armado de valor para denunciar una violación. Y si decidiera abortar, más le valdría desechar la idea. "Un aborto cuesta desde los cien dólares que cobra cualquier médico charlatán de los que te encuentras en la calle hasta los 250 de uno serio", informa la asistente social Malía Joseph.
EL PAÍS, España, 25 de enero de 2010
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mujeres/mueren/seismo/elpepuint/20100125elpepuint_1/Tes
Matrimonio homosexual: el DF a la cabeza en la lucha por la igualdad
Matrimonio gay pone al DF a la vanguardia de la igualdad: PSOE
• La ciudad está ya “entre los lugares más avanzados del mundo”, dice
• Las cúpulas de derecha “no quieren que nada cambie”, señala
Christian Rea Tizcareño
México DF
La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es un hecho histórico que pone a la Ciudad de México a la vanguardia de la igualdad en América Latina y El Caribe, señaló Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y concejal del ayuntamiento de Madrid.
Entrevistado por esta agencia tras su llegada al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, el político de izquierda informó que estará en el país por espacio de cuatro días para “felicitar a quienes han hecho realidad este sueño”, así como participar en el Tercer Festival Internacional de Cine y Teatro Gay (FICTGAY).
Dijo que en el mundo, la derecha política, empresarial y religiosa está conformada por grupos de poder que trabajan diariamente en contra de la igualdad plena de los ciudadanos. No sólo se han opuesto a la diversidad sexual, sino al divorcio, la adopción, la reproducción asistida, la investigación en células madre y las campañas de prevención del VIH, “no quieren que nada cambie”.
“Vengo del país donde nace el arcoiris. En España se ha conseguido la igualdad. Los partidos progresistas, los de izquierda, y los que han apoyado esta ley en diferentes partes del mundo, hacen apuestas valientes. La izquierda o es valiente, o no es izquierda”, expresó.
La noticia del matrimonio gay fue motivo de alegría en España, donde la dignidad de las personas es primordial, por lo que la capital mexicana y su gobierno de izquierda son líderes en la defensa de los derechos humanos y civiles, pues están “en el mapa de la diversidad, entre los lugares más avanzados del mundo”, consideró Zerolo, hombre cercano al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
Siempre se pensó que los avances libertarios e igualitarios del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero y transexual sólo eran posibles en los pueblos anglosajones o escandinavos; sin embargo, México y Latinoamérica hoy “están marcando el ritmo” del movimiento en pro de la diversidad sexual, afirmó.
Mencionó que temas como el matrimonio entre homosexuales estimulan el avance social, la seguridad familiar, la “efervescencia cultural” y la prosperidad económica de una nación.
Legislaciones como la aprobada en la ALDF no sólo traen seguridad y felicidad a gays y lesbianas, sino también “a nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo, porque los homosexuales no somos extraterrestres. Somos vuestros hijos, vuestros hermanos y vuestros compañeros de trabajo”, opinó el miembro del PSOE.
Zerolo fue recibido por representantes de la embajada española en México y el diputado local del Partido de la Revolución Democrática David Razú, impulsor del matrimonio homosexual en el DF, con quien llevará a cabo este sábado al mediodía, una mesa de discusión sobre la nueva legislación capitalina en el FICTGAY.
NOTIESE, México, 22 de enero de 2010
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3538
• La ciudad está ya “entre los lugares más avanzados del mundo”, dice
• Las cúpulas de derecha “no quieren que nada cambie”, señala
Christian Rea Tizcareño
México DF
La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es un hecho histórico que pone a la Ciudad de México a la vanguardia de la igualdad en América Latina y El Caribe, señaló Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y concejal del ayuntamiento de Madrid.
Entrevistado por esta agencia tras su llegada al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, el político de izquierda informó que estará en el país por espacio de cuatro días para “felicitar a quienes han hecho realidad este sueño”, así como participar en el Tercer Festival Internacional de Cine y Teatro Gay (FICTGAY).
Dijo que en el mundo, la derecha política, empresarial y religiosa está conformada por grupos de poder que trabajan diariamente en contra de la igualdad plena de los ciudadanos. No sólo se han opuesto a la diversidad sexual, sino al divorcio, la adopción, la reproducción asistida, la investigación en células madre y las campañas de prevención del VIH, “no quieren que nada cambie”.
“Vengo del país donde nace el arcoiris. En España se ha conseguido la igualdad. Los partidos progresistas, los de izquierda, y los que han apoyado esta ley en diferentes partes del mundo, hacen apuestas valientes. La izquierda o es valiente, o no es izquierda”, expresó.
La noticia del matrimonio gay fue motivo de alegría en España, donde la dignidad de las personas es primordial, por lo que la capital mexicana y su gobierno de izquierda son líderes en la defensa de los derechos humanos y civiles, pues están “en el mapa de la diversidad, entre los lugares más avanzados del mundo”, consideró Zerolo, hombre cercano al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
Siempre se pensó que los avances libertarios e igualitarios del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero y transexual sólo eran posibles en los pueblos anglosajones o escandinavos; sin embargo, México y Latinoamérica hoy “están marcando el ritmo” del movimiento en pro de la diversidad sexual, afirmó.
Mencionó que temas como el matrimonio entre homosexuales estimulan el avance social, la seguridad familiar, la “efervescencia cultural” y la prosperidad económica de una nación.
Legislaciones como la aprobada en la ALDF no sólo traen seguridad y felicidad a gays y lesbianas, sino también “a nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo, porque los homosexuales no somos extraterrestres. Somos vuestros hijos, vuestros hermanos y vuestros compañeros de trabajo”, opinó el miembro del PSOE.
Zerolo fue recibido por representantes de la embajada española en México y el diputado local del Partido de la Revolución Democrática David Razú, impulsor del matrimonio homosexual en el DF, con quien llevará a cabo este sábado al mediodía, una mesa de discusión sobre la nueva legislación capitalina en el FICTGAY.
NOTIESE, México, 22 de enero de 2010
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3538
México: conservadurismo homofóbico amenaza Estado laico
Diputada lesbiana se reúne con Calderón en Los Pinos para manifestar “preocupación creciente” por laicidad del Estado
• Al colocar las leyes divinas por encima de las terrenas, el clero católico viola la Constitución, dice
• PGR no tiene competencia para iniciar acción de inconstitucionalidad contra matrimonios gay ante la Corte, señala
Christian Rea Tizcareño
México DF
El Jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, se sorprendió cuando la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Enoé Uranga, le explicó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al momento de aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo, no había modificado ningún artículo civil en materia de adopción, por lo que no era un asunto que se pudiera resolver en la Corte.
En la reunión efectuada en la residencia oficial de Los Pinos a la que asistieron los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la diputada –abiertamente lesbiana–- le dijo a Calderón que los homosexuales siempre han podido adoptar. “Le hice ver que se habían construido falsos debates al respecto”.
La legisladora se refirió a la no competencia de la Procuraduría General de la República para iniciar una acción de inconstitucionalidad contra los matrimonios homosexuales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de iglesias evangélicas y el Colegio de Abogados Católicos.
Destacó que el clero católico no sólo ha criticado las reformas a favor del matrimonio entre homosexuales en el DF, sino que ha colocado a las leyes divinas por encima de las humanas, lo que constituye una violación al artículo 130 constitucional, y el Ejecutivo no ha actuado conforme a la responsabilidad jurídica que le concierne.
Entrevistada luego de concluir el encuentro, Uranga Muñoz detalló que la respuesta del mandatario fue “receptiva e institucional”. Agregó que Gómez Mont, “firme pero cordial”, contestó que Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, no violó la Constitución, pues sólo leyó una cita de carácter religioso, y que cuando la Iglesia incumpliera las leyes, la dependencia a su cargo actuaría.
La perredista aclaró al mandatario que la izquierda institucional estará “muy alerta” respecto a las determinaciones del Ejecutivo en materia del Estado laico. Aseguró que Calderón coincidió con ella en que la administración federal debe ser respetuosa de la pluralidad social y trabajar “para todos sin distinción”.
Durante el encuentro, la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, subrayó que el gobierno federal debe ser laico e independiente de filias, fobias y creencias particulares, por lo que expresó que en diversos sectores de la población existe una “creciente preocupación” por la laicidad del Estado.
Se prevé una confrontación en los Congresos de la República para prohibir los matrimonios homosexuales, como ocurrió el año pasado con las leyes antiaborto aprobadas en 18 entidades. Acción Nacional encabezará esta cruzada. El Revolucionario Institucional está “fuertemente dividido”; pero será el factor que haga la diferencia. Por eso, el movimiento de la diversidad sexual, que es independiente de las cúpulas partidistas, tendrá que ser capaz de ser interlocutor y constructor de acuerdos con los actores políticos del país, concluyó Uranga Muñoz.
NOTIESE, México, 21 de enero de 2010
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3535
• Al colocar las leyes divinas por encima de las terrenas, el clero católico viola la Constitución, dice
• PGR no tiene competencia para iniciar acción de inconstitucionalidad contra matrimonios gay ante la Corte, señala
Christian Rea Tizcareño
México DF
El Jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, se sorprendió cuando la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Enoé Uranga, le explicó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al momento de aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo, no había modificado ningún artículo civil en materia de adopción, por lo que no era un asunto que se pudiera resolver en la Corte.
En la reunión efectuada en la residencia oficial de Los Pinos a la que asistieron los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la diputada –abiertamente lesbiana–- le dijo a Calderón que los homosexuales siempre han podido adoptar. “Le hice ver que se habían construido falsos debates al respecto”.
La legisladora se refirió a la no competencia de la Procuraduría General de la República para iniciar una acción de inconstitucionalidad contra los matrimonios homosexuales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de iglesias evangélicas y el Colegio de Abogados Católicos.
Destacó que el clero católico no sólo ha criticado las reformas a favor del matrimonio entre homosexuales en el DF, sino que ha colocado a las leyes divinas por encima de las humanas, lo que constituye una violación al artículo 130 constitucional, y el Ejecutivo no ha actuado conforme a la responsabilidad jurídica que le concierne.
Entrevistada luego de concluir el encuentro, Uranga Muñoz detalló que la respuesta del mandatario fue “receptiva e institucional”. Agregó que Gómez Mont, “firme pero cordial”, contestó que Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, no violó la Constitución, pues sólo leyó una cita de carácter religioso, y que cuando la Iglesia incumpliera las leyes, la dependencia a su cargo actuaría.
La perredista aclaró al mandatario que la izquierda institucional estará “muy alerta” respecto a las determinaciones del Ejecutivo en materia del Estado laico. Aseguró que Calderón coincidió con ella en que la administración federal debe ser respetuosa de la pluralidad social y trabajar “para todos sin distinción”.
Durante el encuentro, la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, subrayó que el gobierno federal debe ser laico e independiente de filias, fobias y creencias particulares, por lo que expresó que en diversos sectores de la población existe una “creciente preocupación” por la laicidad del Estado.
Se prevé una confrontación en los Congresos de la República para prohibir los matrimonios homosexuales, como ocurrió el año pasado con las leyes antiaborto aprobadas en 18 entidades. Acción Nacional encabezará esta cruzada. El Revolucionario Institucional está “fuertemente dividido”; pero será el factor que haga la diferencia. Por eso, el movimiento de la diversidad sexual, que es independiente de las cúpulas partidistas, tendrá que ser capaz de ser interlocutor y constructor de acuerdos con los actores políticos del país, concluyó Uranga Muñoz.
NOTIESE, México, 21 de enero de 2010
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3535
¿Hacer de Costa Rica una gran cárcel?
¡Costa Rica será una gran cárcel!
Rosaura Chinchilla
Profesora U.C.R.
Rosaura.chinchilla@gmail.com
Con la humildad del buen maestro, don Javier Llobet (Abolicionismo, garantismo y populismo punitivo. LN 12-01-10, pág. 15) explica la diferencia entre abolicionismo y garantismo, términos que se suelen presentar como sinónimos para deslegitimar a quien se oponga al desmantelamiento del Estado Social de Derecho y a que, en su lugar, se instaure un Estado de Policía, autoritario y omnímodo.
Una confusión deliberada
Con todo y lo útil que resulta el ejercicio que hace el profesor Llobet para quienes, recibiendo el bombardeo mediático, desconocen los entretelones de lo jurídico-penal, me parece que en el fondo no se trata de un asunto de ignorancia sino, lo que es peor, de mala fe, pues en no pocas ocasiones quienes hacen aquella asimilación, son graduados de Facultades de Derecho, que algún conocimiento han de tener sobre el tema. Más bien, la abismal diferencia que hay entre eliminar el sistema penal o defender los derechos humanos (de víctimas e imputados) se pasa por alto asumiendo, burda y deliberadamente, poses populistas que, en nuestra América Latina, corren, briosas y desbocadas, por los pasillos de tribunales y parlamentos. Con ellas se pretende combatir la inseguridad aumentando las penas al límite del absurdo, es decir, más allá de la expectativa de vida del ser humano; juzgando a menores de edad como adultos a contrapelo de los compromisos adquiridos por los estados al suscribir, por ejemplo, la Convención sobre Derechos del Niño (sic) o, en fin, suprimiendo garantías constitucionales a golpe de decretos de emergencia o estados de excepción.
Populismo y crisis de legalidad penal
Otra de las manifestaciones de ese populismo punitivo es la devaluación que se ha hecho del principio de legalidad, tanto en lo procesal (no son pocas las ocasiones en que órganos administrativos inventan procedimientos contra el texto mismo de la ley) como en lo sustancial, campo en que la construcción del tipo penal, es decir, de la conducta reprimida penalmente por el Estado, se hace a partir de criterios tan laxos (tipos penales en blanco, abiertos, etc.) que bien puede ser la sustancia de que se valga un ejercicio dictatorial de la autoridad para encarcelar a todo un país, si se lo propusiera.
Baste analizar una de las más recientes leyes emitidas por el Congreso para demostrarlo. La denominada "Ley contra los matrimonios simulados" Nº 8781 (La Gaceta Nº 223, 17-11-09) introduce un artículo 12 bis al Código de Familia en que señala: "Será matrimonio simulado la unión marital que, cumpliendo con las formalidades de ley, no tenga por objeto cumplir los fines esenciales previstos en este Código” (el destacado es suplido). Paralelamente se agrega un artículo 181 bis al Código Penal que refiere: "Serán sancionadas con prisión de dos a cinco años, las personas que den su consentimiento para casarse, a sabiendas de que el matrimonio no tiene como propósito el cumplimiento de los fines previstos en el Código de Familia, o cuando alguno de los contrayentes otorgue al otro, por sí o por interpósita persona, un beneficio patrimonial con el fin de que brinde su consentimiento para casarse. Igual pena se impondrá a los testigos y notarios públicos que participen dolosamente, en su condición de tales, en la celebración de matrimonios simulados.//Cuando el matrimonio se celebre para obtener beneficios migratorios (…) la pena de prisión para ambos contrayentes, notarios públicos y testigos, que participen dolosamente en la celebración (…) será de tres a seis años” (el destacado es suplido).
¿Cuáles son los fines del matrimonio que define nuestro Código de Familia y cuyo incumplimiento se castiga con prisión? Según el art. 11 se trata de la comunidad de vida (cohabitación), la cooperación y el mutuo auxilio y de ahí surgen, como deberes esenciales de los contrayentes, la vida bajo un mismo techo, el respeto y la fidelidad (artículos 15 inc. 4, 20, 34, 40 inc. 1 y 48 inc. 1 ibídem ).
Del mismo modo que una legislación, sobrepasando el principio de autonomía de la voluntad, no puede imponer la procreación como fin del matrimonio (como lo hacía el art. 50 del Código Civil de 1888), tampoco puede estimar consustancial a los modernos vínculos conyugales la vida bajo un mismo techo, pues razones de trabajo o simplemente la decisión conjunta, pueden generar otras posibilidades de relación, sin que con ello se afecte, de modo alguno, ningún bien social digno de tutela. De allí que el tema de dónde o cómo vivirá la pareja debería estar fuera del ámbito de regulación jurídica (artículo 28 de la Constitución Política), como fuera del derecho penal había estado y debe estar toda esa temática. Pero con esa ley las cosas podrían cambiar.
Abuso legislativo y absurdos penales
En una sociedad en donde el trabajo doméstico sigue formando parte de las funciones exclusivas o predominantes de las mujeres, la no colaboración del hombre en esas tareas sería una falta al deber de socorro mutuo y de cooperación que se sancionaría con cárcel, sitio en el que también pasarían la luna de miel, en compañía de testigos y notarios, los contrayentes que pretendan vivir en casas separadas. ¡Y ni qué decir del tema de la infidelidad! Si se tiene en cuenta que en C.R. las cifras de divorcio por adulterio son importantes, es previsible que buena parte de la población –aún quienes se sientan inmunes a ser delincuentes– termine encerrada por este motivo. También sería delito la práctica cultural de otorgar una “dote” o hasta entregar un anillo de compromiso, pues se conceden beneficios patrimoniales para brindar el “sí nupcial”.
Aunque anhelemos una mejor distribución de las labores sociales y domésticas entre hombres y mujeres o estimemos incorrecta la infidelidad, no podemos menos que considerar un abuso de la potestad de legislar el que tales conductas pasen a formar parte del acervo penal, máxime cuando el objetivo de la ley de desincentivar el matrimonio mediante poder para fines migratorios, se regula en otro aparte de ese artículo. La confusión entre moral y derecho siempre ha estado en la base de los regímenes autoritarios y aquí se pone de manifiesto. Similares abusos se dan en otras categorías de delitos. ¿Quién defenderá a los habitantes del país de los desmanes parlamentarios?
Déficit político
En la Costa Rica actual, en donde una quinta parte de su población vive en condiciones de pobreza y la desigualdad social aumenta (Encuesta INEC 2009), la gran cárcel en que se está convirtiendo el país no surge solo porque conductas socialmente inocuas, como las indicadas, sean penalizadas sino, además, porque aquella escandalosa brecha genera nuevas formas de violencia y exclusión social que se intentan combatir solo a través de la represión, olvidando que se “…requiere un enfoque que aborde la delincuencia como conflicto social y la enfrente con políticas públicas integrales, dado su carácter multidimensional” ( Estado de la Nación , 2008, p. 277).
La crisis de inseguridad es una crisis política y tiene relación con la forma deficitaria con que, en el ámbito socioeconómico, se ha ejercido el poder en las últimas décadas y con la manera demagógica e irresponsable con que, hoy, se pretende solucionar el problema, usando el derecho penal para todo, hasta para ocultar, una vez más, que muy frecuentemente la mano invisible del mercado va acompañada por el puño de hierro del Estado (Locquant).
LA NACIÓN, Costa Rica, 25 de enero de 2010
http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/25/opinion2236403.html
Rosaura Chinchilla
Profesora U.C.R.
Rosaura.chinchilla@gmail.com
Con la humildad del buen maestro, don Javier Llobet (Abolicionismo, garantismo y populismo punitivo. LN 12-01-10, pág. 15) explica la diferencia entre abolicionismo y garantismo, términos que se suelen presentar como sinónimos para deslegitimar a quien se oponga al desmantelamiento del Estado Social de Derecho y a que, en su lugar, se instaure un Estado de Policía, autoritario y omnímodo.
Una confusión deliberada
Con todo y lo útil que resulta el ejercicio que hace el profesor Llobet para quienes, recibiendo el bombardeo mediático, desconocen los entretelones de lo jurídico-penal, me parece que en el fondo no se trata de un asunto de ignorancia sino, lo que es peor, de mala fe, pues en no pocas ocasiones quienes hacen aquella asimilación, son graduados de Facultades de Derecho, que algún conocimiento han de tener sobre el tema. Más bien, la abismal diferencia que hay entre eliminar el sistema penal o defender los derechos humanos (de víctimas e imputados) se pasa por alto asumiendo, burda y deliberadamente, poses populistas que, en nuestra América Latina, corren, briosas y desbocadas, por los pasillos de tribunales y parlamentos. Con ellas se pretende combatir la inseguridad aumentando las penas al límite del absurdo, es decir, más allá de la expectativa de vida del ser humano; juzgando a menores de edad como adultos a contrapelo de los compromisos adquiridos por los estados al suscribir, por ejemplo, la Convención sobre Derechos del Niño (sic) o, en fin, suprimiendo garantías constitucionales a golpe de decretos de emergencia o estados de excepción.
Populismo y crisis de legalidad penal
Otra de las manifestaciones de ese populismo punitivo es la devaluación que se ha hecho del principio de legalidad, tanto en lo procesal (no son pocas las ocasiones en que órganos administrativos inventan procedimientos contra el texto mismo de la ley) como en lo sustancial, campo en que la construcción del tipo penal, es decir, de la conducta reprimida penalmente por el Estado, se hace a partir de criterios tan laxos (tipos penales en blanco, abiertos, etc.) que bien puede ser la sustancia de que se valga un ejercicio dictatorial de la autoridad para encarcelar a todo un país, si se lo propusiera.
Baste analizar una de las más recientes leyes emitidas por el Congreso para demostrarlo. La denominada "Ley contra los matrimonios simulados" Nº 8781 (La Gaceta Nº 223, 17-11-09) introduce un artículo 12 bis al Código de Familia en que señala: "Será matrimonio simulado la unión marital que, cumpliendo con las formalidades de ley, no tenga por objeto cumplir los fines esenciales previstos en este Código” (el destacado es suplido). Paralelamente se agrega un artículo 181 bis al Código Penal que refiere: "Serán sancionadas con prisión de dos a cinco años, las personas que den su consentimiento para casarse, a sabiendas de que el matrimonio no tiene como propósito el cumplimiento de los fines previstos en el Código de Familia, o cuando alguno de los contrayentes otorgue al otro, por sí o por interpósita persona, un beneficio patrimonial con el fin de que brinde su consentimiento para casarse. Igual pena se impondrá a los testigos y notarios públicos que participen dolosamente, en su condición de tales, en la celebración de matrimonios simulados.//Cuando el matrimonio se celebre para obtener beneficios migratorios (…) la pena de prisión para ambos contrayentes, notarios públicos y testigos, que participen dolosamente en la celebración (…) será de tres a seis años” (el destacado es suplido).
¿Cuáles son los fines del matrimonio que define nuestro Código de Familia y cuyo incumplimiento se castiga con prisión? Según el art. 11 se trata de la comunidad de vida (cohabitación), la cooperación y el mutuo auxilio y de ahí surgen, como deberes esenciales de los contrayentes, la vida bajo un mismo techo, el respeto y la fidelidad (artículos 15 inc. 4, 20, 34, 40 inc. 1 y 48 inc. 1 ibídem ).
Del mismo modo que una legislación, sobrepasando el principio de autonomía de la voluntad, no puede imponer la procreación como fin del matrimonio (como lo hacía el art. 50 del Código Civil de 1888), tampoco puede estimar consustancial a los modernos vínculos conyugales la vida bajo un mismo techo, pues razones de trabajo o simplemente la decisión conjunta, pueden generar otras posibilidades de relación, sin que con ello se afecte, de modo alguno, ningún bien social digno de tutela. De allí que el tema de dónde o cómo vivirá la pareja debería estar fuera del ámbito de regulación jurídica (artículo 28 de la Constitución Política), como fuera del derecho penal había estado y debe estar toda esa temática. Pero con esa ley las cosas podrían cambiar.
Abuso legislativo y absurdos penales
En una sociedad en donde el trabajo doméstico sigue formando parte de las funciones exclusivas o predominantes de las mujeres, la no colaboración del hombre en esas tareas sería una falta al deber de socorro mutuo y de cooperación que se sancionaría con cárcel, sitio en el que también pasarían la luna de miel, en compañía de testigos y notarios, los contrayentes que pretendan vivir en casas separadas. ¡Y ni qué decir del tema de la infidelidad! Si se tiene en cuenta que en C.R. las cifras de divorcio por adulterio son importantes, es previsible que buena parte de la población –aún quienes se sientan inmunes a ser delincuentes– termine encerrada por este motivo. También sería delito la práctica cultural de otorgar una “dote” o hasta entregar un anillo de compromiso, pues se conceden beneficios patrimoniales para brindar el “sí nupcial”.
Aunque anhelemos una mejor distribución de las labores sociales y domésticas entre hombres y mujeres o estimemos incorrecta la infidelidad, no podemos menos que considerar un abuso de la potestad de legislar el que tales conductas pasen a formar parte del acervo penal, máxime cuando el objetivo de la ley de desincentivar el matrimonio mediante poder para fines migratorios, se regula en otro aparte de ese artículo. La confusión entre moral y derecho siempre ha estado en la base de los regímenes autoritarios y aquí se pone de manifiesto. Similares abusos se dan en otras categorías de delitos. ¿Quién defenderá a los habitantes del país de los desmanes parlamentarios?
Déficit político
En la Costa Rica actual, en donde una quinta parte de su población vive en condiciones de pobreza y la desigualdad social aumenta (Encuesta INEC 2009), la gran cárcel en que se está convirtiendo el país no surge solo porque conductas socialmente inocuas, como las indicadas, sean penalizadas sino, además, porque aquella escandalosa brecha genera nuevas formas de violencia y exclusión social que se intentan combatir solo a través de la represión, olvidando que se “…requiere un enfoque que aborde la delincuencia como conflicto social y la enfrente con políticas públicas integrales, dado su carácter multidimensional” ( Estado de la Nación , 2008, p. 277).
La crisis de inseguridad es una crisis política y tiene relación con la forma deficitaria con que, en el ámbito socioeconómico, se ha ejercido el poder en las últimas décadas y con la manera demagógica e irresponsable con que, hoy, se pretende solucionar el problema, usando el derecho penal para todo, hasta para ocultar, una vez más, que muy frecuentemente la mano invisible del mercado va acompañada por el puño de hierro del Estado (Locquant).
LA NACIÓN, Costa Rica, 25 de enero de 2010
http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/25/opinion2236403.html
Matrimonio lésbico ruso no reconocido por tribunales de su país
La justicia rusa niega a pareja de lesbianas casadas en Canadá asentar el matrimonio en su país
AGMagazine
Un tribunal ruso ha dado su conformidad a la decisión del Registro Civil de Moscú de denegar la inscripción del matrimonio de Irina Fedotova e Irina Chapitko, casadas el pasado octubre en Toronto (Canadá), con el argumento de que el Código Civil ruso no admite los matrimonios entre personas del mismo sexo. La pareja llevará ahora su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La pareja de activistas rusas lleva varios meses luchando por su derecho a contraer matrimonio. Primero acudieron al Registro Civil a casarse, como una pareja más. Ante la negativa, apelaron a la Justicia de su país, que volvió a negarles ese derecho. Posteriormente se casaron en Canadá, país que no exige la residencia para casarse en su territorio. Y ahora han intentado ver reconocido su matrimonio, plenamente legal en Canadá -y que también lo sería en estos momentos en Bélgica, España, Holanda, Noruega, Suecia, Sudáfrica, Israel (que reconoce los matrimonios celebrados fuera) y en varios estados de Estados Unidos- en su propio país.
Al parecer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está pendiente de ver en febrero un caso similar, en este caso de una pareja austriaca. Su decisión sentará, sin duda, un importante precedente.
INSURRECTASYPUNTO, 24 de enero de 2010
http://www.insurrectasypunto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3280:la-justicia-rusa-niega-a-pareja-de-lesbianas-casadas-en-canada-asentar-el-matrimonio-en-su-pais&catid=3:notas&Itemid=3
AGMagazine
Un tribunal ruso ha dado su conformidad a la decisión del Registro Civil de Moscú de denegar la inscripción del matrimonio de Irina Fedotova e Irina Chapitko, casadas el pasado octubre en Toronto (Canadá), con el argumento de que el Código Civil ruso no admite los matrimonios entre personas del mismo sexo. La pareja llevará ahora su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La pareja de activistas rusas lleva varios meses luchando por su derecho a contraer matrimonio. Primero acudieron al Registro Civil a casarse, como una pareja más. Ante la negativa, apelaron a la Justicia de su país, que volvió a negarles ese derecho. Posteriormente se casaron en Canadá, país que no exige la residencia para casarse en su territorio. Y ahora han intentado ver reconocido su matrimonio, plenamente legal en Canadá -y que también lo sería en estos momentos en Bélgica, España, Holanda, Noruega, Suecia, Sudáfrica, Israel (que reconoce los matrimonios celebrados fuera) y en varios estados de Estados Unidos- en su propio país.
Al parecer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está pendiente de ver en febrero un caso similar, en este caso de una pareja austriaca. Su decisión sentará, sin duda, un importante precedente.
INSURRECTASYPUNTO, 24 de enero de 2010
http://www.insurrectasypunto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3280:la-justicia-rusa-niega-a-pareja-de-lesbianas-casadas-en-canada-asentar-el-matrimonio-en-su-pais&catid=3:notas&Itemid=3
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