El PASE: prejuicio y contradicción
Luis Paulino Vargas Solís
lpvargas@ice.co.cr
Me refiero al artículo titulado “El PASE, la exclusión y el matrimonio gay”, escrito por el Lic. Víctor Emilio Granados Calvo, Secretario General del Partido PASE (LA PRENSA LIBRE, 2-10-08).
El señor Granados se extiende con amplitud en relación con las distintas formas de discriminación de las que históricamente han sido víctimas las personas con capacidades físicas distintas a las de la mayoría. Al respecto, tan solo diré que es una lucha con la que me solidarizo plenamente, ya que la situación planteada es por completo injusta e inaceptable.
Advierto, sin embargo, que el señor Secretario del PASE muestra en cambio extremada ignorancia y prejuicio cuando se refiere a las personas homosexuales.
Empecemos por aclarar un malentendido básico. Dice Granados: “Una persona homosexual optó y asumió una preferencia”. Esto es simplemente falso. Tampoco las personas heterosexuales eligen ser heterosexuales. Simplemente son así. Dicho de otra forma: la homosexualidad -o la heterosexualidad- son parte consustancial de lo que una persona es. Y, desde luego, nadie debería ser maltratado por ser lo que es. Y, en particular, ninguna persona homosexual debería ser discriminada por tener esa orientación sexual, la cual es simplemente parte intrínseca de su forma de ser.
Hay que entender que la sexualidad humana es diversa. Y que esa diversidad se da naturalmente, como también naturalmente las personas difieren entre sí en tantos otros aspectos, desde el color de la piel hasta el tamaño de la nariz. Sin duda, sería por completo injusto –e incluso aberrado– creer que un rasgo hace de una persona un ser inferior a otra. En realidad, cada rasgo es simplemente otra variante dentro del riquísimo arco iris de lo humano.
Hay otros aspectos en que el señor Granados muestra ignorancia y prejuicio. Primero, afirma que los derechos humanos relacionados con la orientación sexual no están reconocidos. En realidad, múltiples pronunciamientos y acuerdos internacionales muy claramente dejan sentada una posición al respecto. En todo caso, nada resulta más discriminatorio que la afirmación –o la sola insinuación– de que una persona no es discriminada porque sus derechos no han sido reconocidos formalmente. En tal caso habría que decir: el no reconocimiento de derechos es, en sí mismo, una prueba fehaciente de la violencia de la discriminación que se vive. Y en caso de ser cierto –como afirma Granados apelando a la Sala Cuarta– que la Constitución no reconoce derechos a las personas homosexuales, ¿no sería esa la prueba más contundente de cuán fiera es la discriminación que sufre esta minoría en Costa Rica?
Encima de todo, el señor Granados confunde la invisibilización con la falta de discriminación. Afirma que no se conoce un solo caso de discriminación en el trabajo o el estudio o el acceso a un edificio, motivado por razones de orientación sexual. El primer problema, culto señor, es que el odio y el estigma son tan violentos que las personas homosexuales en la mayoría de los casos es ven obligadas a ocultar su condición de tales. Vea usted cuán injusto y violento: ¡ocultar lo que uno es como si de un criminal se tratara, siendo tan solo una persona como cualquiera otra! ¿Podría haber peor ignominia?
La persona homosexual sabe que, de no ocultar su condición y someterse al desgaste terrible de vivir una doble vida, será objeto de chismes sucios –en el mejor de los casos– o de hostigamiento directo, con mayor frecuencia aún. Y sabe, sin la menor duda, que su visibilización como persona homosexual le acarreará problemas incluso en su propio seno familiar, con mucho más razón en sus sitios de trabajo o estudio. Es del caso que, siendo tanto el odio y tan aguda la persecución, la mayoría de las veces ni siquiera se denuncia el maltrato, ya que, de todas formas, se sabe que ello dará lugar a más habladurías y hostigamiento además de que, con mucha certeza, su caso jamás será considerado de forma justa y equitativa, sino que será resuelto a través del cristal distorsionado del prejuicio y la homofobia.
Aclaremos un último detalle. El proyecto de ley de unión civil busca el reconocimiento, a favor de parejas del mismo sexo, de algunos derechos muy básicos, tanto patrimoniales como de otro tipo. Pero esto no resuelve, ni de lejos, el problema de discriminación contra las personas homosexuales. Su aprobación no impedirá la violencia y maltrato que se sufren cotidianamente. Esto último requiere amplios cambios culturales. Implica construir una sociedad mucho más respetuosa, justa y democrática. Pero la aprobación de esta ley daría una buena y muy positiva señal: la de que sí existe voluntad para avanzar en el proceso de construcción de esa sociedad inclusiva. Inclusiva también a favor de las personas discapacitadas como de las homosexuales.
LA PRENSA LIBRE, 15 de octubre de 2008
miércoles, 15 de octubre de 2008
Violencia doméstica: otro caso donde la dogmática religiosa reitera su ceguera.
La historia nos resulta muy conocida: el oscurantismo religioso, en sus diversas designaciones, reitera que reconocer la unión civil de parejas del mismo sexo es "atentar" contra la sagrada institución de "la familia". Hablan de la "familia creada por Dios" ¡Qué parloteo sin contenido de realidad! ¿Cuál de todos los distintos tipos de familias existentes goza de ese singular privilegio de ser esa familia "creada por Dios"? Porque en lo que a la familia patriarcal tradicional (papá-jefe, mamá-ama-de-casa, chiquitos/as) se refiere, la realidad es ésta; la que en este reportaje se dibuja con tonos de tragedia.
San Carlos, Upala, Los Chiles y Guatuso
Violencia doméstica golpea cuatro cantones del norte
Amas de casa siguen siendo las personas más agredidas
Ataques se dan en la misma proporción en zonas urbanas que rurales
Carlos Hernández
Corresponsal
Ciudad Quesada. Ni las medidas de protección a favor de las víctimas, ni la apertura de un Juzgado para conocer exclusivamente la materia, ni las severas condenas contra agresores han logrado disminuir los casos de violencia doméstica en los cantones de la zona norte.
Así lo reflejan las estadísticas que maneja la Red Regional de Lucha contra la Violencia Doméstica reveladas durante una reunión de trabajo con el fiscal general de la República, Francisco Dall’Anesse.
La investigación señala que en el 2007 se denunciaron 2.188 agresiones en hogares, de las cuales 1.453 ocurrieron en San Carlos; 355 en Upala; 200 en Guatuso y 180 en Los Chiles.
En total, son 56 casos más respecto al 2006.
A setiembre del 2008 las cifras confirman que los casos siguen en aumento. Por ejemplo, una de las agresiones tuvo un desenlace trágico cuando el 13 de enero pasado Marvin Orozco mató con arma blanca a su esposa, Emma Matus, en La Abundancia de San Carlos.
Amas de casa. Los datos también indican que la mayoría de las víctimas son amas de casa, cuyas edades oscilan entre los 19 y 45 años.
El 50% de ellas viven en zonas urbanas y otro 50% en las rurales.
El médico Jorge Araya, de la Dirección Regional del Ministerio de Salud, precisó que la agresión física es más común en la zona, seguida por la psicológica y la sexual.
La mayoría de las agresiones a mujeres suceden en Ciudad Quesada, y en orden descendente en Aguas Zarcas, Pital y Florencia.
La Red planteó al Fiscal General la necesidad de evitar que los agresores queden impunes.
Por ello solicitó la incorporación de un trabajador social y un especialista en psicología a la Fiscalía de Ciudad Quesada, para que atiendan solo este tipo de casos de violencia.
Dall’Anesse dijo que la decisión dependerá de que la Corte Suprema de Justicia asigne más presupuesto al Ministerio Público.
LA NACIÓN, 15 de octubre de 2008
San Carlos, Upala, Los Chiles y Guatuso
Violencia doméstica golpea cuatro cantones del norte
Amas de casa siguen siendo las personas más agredidas
Ataques se dan en la misma proporción en zonas urbanas que rurales
Carlos Hernández
Corresponsal
Ciudad Quesada. Ni las medidas de protección a favor de las víctimas, ni la apertura de un Juzgado para conocer exclusivamente la materia, ni las severas condenas contra agresores han logrado disminuir los casos de violencia doméstica en los cantones de la zona norte.
Así lo reflejan las estadísticas que maneja la Red Regional de Lucha contra la Violencia Doméstica reveladas durante una reunión de trabajo con el fiscal general de la República, Francisco Dall’Anesse.
La investigación señala que en el 2007 se denunciaron 2.188 agresiones en hogares, de las cuales 1.453 ocurrieron en San Carlos; 355 en Upala; 200 en Guatuso y 180 en Los Chiles.
En total, son 56 casos más respecto al 2006.
A setiembre del 2008 las cifras confirman que los casos siguen en aumento. Por ejemplo, una de las agresiones tuvo un desenlace trágico cuando el 13 de enero pasado Marvin Orozco mató con arma blanca a su esposa, Emma Matus, en La Abundancia de San Carlos.
Amas de casa. Los datos también indican que la mayoría de las víctimas son amas de casa, cuyas edades oscilan entre los 19 y 45 años.
El 50% de ellas viven en zonas urbanas y otro 50% en las rurales.
El médico Jorge Araya, de la Dirección Regional del Ministerio de Salud, precisó que la agresión física es más común en la zona, seguida por la psicológica y la sexual.
La mayoría de las agresiones a mujeres suceden en Ciudad Quesada, y en orden descendente en Aguas Zarcas, Pital y Florencia.
La Red planteó al Fiscal General la necesidad de evitar que los agresores queden impunes.
Por ello solicitó la incorporación de un trabajador social y un especialista en psicología a la Fiscalía de Ciudad Quesada, para que atiendan solo este tipo de casos de violencia.
Dall’Anesse dijo que la decisión dependerá de que la Corte Suprema de Justicia asigne más presupuesto al Ministerio Público.
LA NACIÓN, 15 de octubre de 2008
Fecundación in vitro: un pequeño triunfo frente a la nefasta dictadura del consevadurismo religioso
Tribunal abre posibilidad de fertilización in vitro en Costa Rica
15 de Octubre de 2008
http://www.elpais.co.cr/NACIONALES/1008437.htmlSan José (NP)
A pesar de que la Sala Constitucional prohíbe la fertilización in vitro, una ciudadana logró que el Tribunal Contencioso Administrativo le diera la razón para que sea examinada por médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, la sentencia 08-178-1027-CA, emitida este martes, mantiene vigente un voto de la Sala IV que exige practicar el método únicamente con un embrión.Iliana Henchoz Bolaños, una ciudadana de 48 años, había presentado una acción de inconstitucionalidad contra un fallo de la Sala Cuarta que prohíbe la fertilización in vitro.
Bolaños reclama su derecho a tener una familia y tras ocho años de la decisión anterior, ahora el Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar la acción.“Se ordena a la CCSS elaborar de forma inmediata el diagnóstico y realizar los exámenes médicos pertinentes a fin de determinar la viabilidad de practicar métodos de reproducción asistida, incluida la denominada fertilización in vitro, a la señora Iliana Henchoz Bolaños”, dice el texto.
“Corresponderá a la CCSS, por intermedio del médico tratante que le asigne a la paciente, determinar los métodos de reproducción asistida a los que puede someterse la actora, según las condiciones de salud o biológicas y en caso de que la fertilización in vitro sea indicada, éste procedimiento se realizará respetando los lineamentos dictados por la Sala Constitucional en el voto #2000-2306.”, justificó Julio Cordero, presidente del tribunal.
A pesar de ello, el juez Luís Paulino Hernández consideró inútil e innecesario el contenido del fallo, redactó que “estimo que la obligación que se le impone a la CCSS de elaborar un diagnóstico de exámenes médicos es tanto inútil como innecesaria en el caso concreto, pues existen elementos de prueba serios e idóneos que anticipan los resultados negativos de las pruebas, máxime cuando la propia actora confesó bajo juramento que se le han practicado dos tratamientos de fertilización asistida, una en España y otra en Colombia, ambos con resultados negativos”.
Satisfacción
Entre tanto, la parte defensora afirma que se siente satisfecha con el fallo, aunque discrepa con el tribunal en tanto que reafirma lo que la Sala Constitucional declaró hace ocho años, que es permitir la fertilización in vitro únicamente introduciendo un embrión.“Costa Rica se convierte en el primer país de América Latina que ordena a la seguridad social tratar a las personas con infertilidad como personas discapacitadas.”, manifestó Gerardo Trejos, abogado de Henchoz.
El abogado explicó que ese método se practica en Italia y la experiencia ha sido desastrosa, pues existen embriones que tienen deficiencias naturales que no logran implantarse en el útero.En la fertilización in vitro se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo, pero la propuesta de varios grupos es que se pueda inyectar a más de un óvulo.
Los jueces Julio Cordero, Alner Palacios y José Hernández, consideran que el fallo constitucional no prohíbe la fertilización in vitro, sino la técnica que se realizaba en nuestro país.Según los jueces, actualmente la ciencia ha evolucionado de tal manera que se puede realizar sin violar el derecho a la vida del embrión.
En un comunicado de prensa del presidente ejecutivo de la Caja, Eduardo Doryan, dijo que la entidad “llegará hasta las últimas consecuencias en este caso y con ese propósito los especialistas en derecho analizarán cuidadosa y detenidamente la sentencia”.Medios internacionales de prensa dieron cuenta también que el próximo 28 de octubre en Washington, Estados Unidos, se realizará la primera audiencia contra el Gobierno de Costa Rica, a quien un grupo de parejas demandó por haber violado los derechos a tener familia.
NUESTRO PAÍS, http://www.elpais.co.cr/
15 de Octubre de 2008
http://www.elpais.co.cr/NACIONALES/1008437.htmlSan José (NP)
A pesar de que la Sala Constitucional prohíbe la fertilización in vitro, una ciudadana logró que el Tribunal Contencioso Administrativo le diera la razón para que sea examinada por médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, la sentencia 08-178-1027-CA, emitida este martes, mantiene vigente un voto de la Sala IV que exige practicar el método únicamente con un embrión.Iliana Henchoz Bolaños, una ciudadana de 48 años, había presentado una acción de inconstitucionalidad contra un fallo de la Sala Cuarta que prohíbe la fertilización in vitro.
Bolaños reclama su derecho a tener una familia y tras ocho años de la decisión anterior, ahora el Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar la acción.“Se ordena a la CCSS elaborar de forma inmediata el diagnóstico y realizar los exámenes médicos pertinentes a fin de determinar la viabilidad de practicar métodos de reproducción asistida, incluida la denominada fertilización in vitro, a la señora Iliana Henchoz Bolaños”, dice el texto.
“Corresponderá a la CCSS, por intermedio del médico tratante que le asigne a la paciente, determinar los métodos de reproducción asistida a los que puede someterse la actora, según las condiciones de salud o biológicas y en caso de que la fertilización in vitro sea indicada, éste procedimiento se realizará respetando los lineamentos dictados por la Sala Constitucional en el voto #2000-2306.”, justificó Julio Cordero, presidente del tribunal.
A pesar de ello, el juez Luís Paulino Hernández consideró inútil e innecesario el contenido del fallo, redactó que “estimo que la obligación que se le impone a la CCSS de elaborar un diagnóstico de exámenes médicos es tanto inútil como innecesaria en el caso concreto, pues existen elementos de prueba serios e idóneos que anticipan los resultados negativos de las pruebas, máxime cuando la propia actora confesó bajo juramento que se le han practicado dos tratamientos de fertilización asistida, una en España y otra en Colombia, ambos con resultados negativos”.
Satisfacción
Entre tanto, la parte defensora afirma que se siente satisfecha con el fallo, aunque discrepa con el tribunal en tanto que reafirma lo que la Sala Constitucional declaró hace ocho años, que es permitir la fertilización in vitro únicamente introduciendo un embrión.“Costa Rica se convierte en el primer país de América Latina que ordena a la seguridad social tratar a las personas con infertilidad como personas discapacitadas.”, manifestó Gerardo Trejos, abogado de Henchoz.
El abogado explicó que ese método se practica en Italia y la experiencia ha sido desastrosa, pues existen embriones que tienen deficiencias naturales que no logran implantarse en el útero.En la fertilización in vitro se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo, pero la propuesta de varios grupos es que se pueda inyectar a más de un óvulo.
Los jueces Julio Cordero, Alner Palacios y José Hernández, consideran que el fallo constitucional no prohíbe la fertilización in vitro, sino la técnica que se realizaba en nuestro país.Según los jueces, actualmente la ciencia ha evolucionado de tal manera que se puede realizar sin violar el derecho a la vida del embrión.
En un comunicado de prensa del presidente ejecutivo de la Caja, Eduardo Doryan, dijo que la entidad “llegará hasta las últimas consecuencias en este caso y con ese propósito los especialistas en derecho analizarán cuidadosa y detenidamente la sentencia”.Medios internacionales de prensa dieron cuenta también que el próximo 28 de octubre en Washington, Estados Unidos, se realizará la primera audiencia contra el Gobierno de Costa Rica, a quien un grupo de parejas demandó por haber violado los derechos a tener familia.
NUESTRO PAÍS, http://www.elpais.co.cr/
Esta es la realidad acerca del aborto en Costa Rica. El dogmatismo religioso, sin embargo, no quiere verla
Preocupación por miles de abortos clandestinos en Costa Rica
http://www.informa-tico.com/?seccion=articulo&edicion=20081014&ref=14-10-08010018
Un reciente estudio de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) señala que en el país se realizan alrededor de 27.000 abortos por año, lo que ha causado preocupación en colectivos de mujeres.
La organización Colectiva por el Derecho a Decidir señaló que "esos abortos --un promedio de 73 por día-- se están realizando en situaciones de clandestinidad, lo cual los convierte en abortos inseguros que ponen en riesgo la integridad y la salud de las mujeres".
La investigación de la ADC, dada a conocer el pasado mes de setiembre, también precisó de que ese total de 27.000 mujeres un total de "8086 mujeres son tratadas en servicios públicos de salud por complicaciones derivadas de abortos inducidos".
" Lo anterior indica que aún y cuando los abortos inseguros estén poco relacionados con casos de mortalidad materna, sí es un hecho que las mujeres están teniendo complicaciones que requieren hospitalización", manifestó la Colectiva.
Adriana Maroto, una de las dirigentes de la Colectiva, dijo a Informa-tico.com que el tema debería motivar una amplia discusión en el país, a fin de tomar las medidas más adecuadas para hacer frente a esa situación.
Maroto dijo que "la Colectiva por el Derecho a Decidir defiende la despenalización del aborto para que sea la mujer quien, contando con toda la información disponible y teniendo en cuenta sus propios valores, tome la decisión de interrumpir o no su embarazo".
El caso de la joven que murió
La Colectiva hizo referencia a la noticia reciente de la adolescente que murió debido a una complicación post-aborto, lo que consterno a la opinión ppublica.
"El manejo de la información ha apuntado a una madre culpable que, primero obligó a su hija a abortar y segundo, la dejó morir. Sin embrago, los medios no se han preguntado ¿por qué se puso en riesgo y se perdió la vida de esta muchacha? La sanción moral y legal del aborto obliga a las mujeres a buscar ayuda en personal no capacitado, a seguir procedimientos no seguros y, finalmente, si ocurren complicaciones, a evitar buscar ayuda en un centro médico ante el temor de ser denunciadas e ir a prisión", manifestó la Colectiva.
"El enfoque de estas noticias ha estado centrado en el "terrible delito del aborto", ignorando por completo los delitos que se comenten contra las mujeres en el contexto de clandestinidad en el cual se realizan los abortos en nuestro país", agregó.
La Colectiva señaló además que "la censura moral y legal no ha sido una herramienta eficaz para evitar que los abortos se realicen en el país, pero si está siendo la causa de abusos, complicaciones y muerte. Es urgente la definición de políticas para la prevención de los embarazos no deseados y para la realización de abortos seguros".
INFORMA-TICO.COM, 14 de octubre de 2008
http://www.informa-tico.com/?seccion=articulo&edicion=20081014&ref=14-10-08010018
Un reciente estudio de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) señala que en el país se realizan alrededor de 27.000 abortos por año, lo que ha causado preocupación en colectivos de mujeres.
La organización Colectiva por el Derecho a Decidir señaló que "esos abortos --un promedio de 73 por día-- se están realizando en situaciones de clandestinidad, lo cual los convierte en abortos inseguros que ponen en riesgo la integridad y la salud de las mujeres".
La investigación de la ADC, dada a conocer el pasado mes de setiembre, también precisó de que ese total de 27.000 mujeres un total de "8086 mujeres son tratadas en servicios públicos de salud por complicaciones derivadas de abortos inducidos".
" Lo anterior indica que aún y cuando los abortos inseguros estén poco relacionados con casos de mortalidad materna, sí es un hecho que las mujeres están teniendo complicaciones que requieren hospitalización", manifestó la Colectiva.
Adriana Maroto, una de las dirigentes de la Colectiva, dijo a Informa-tico.com que el tema debería motivar una amplia discusión en el país, a fin de tomar las medidas más adecuadas para hacer frente a esa situación.
Maroto dijo que "la Colectiva por el Derecho a Decidir defiende la despenalización del aborto para que sea la mujer quien, contando con toda la información disponible y teniendo en cuenta sus propios valores, tome la decisión de interrumpir o no su embarazo".
El caso de la joven que murió
La Colectiva hizo referencia a la noticia reciente de la adolescente que murió debido a una complicación post-aborto, lo que consterno a la opinión ppublica.
"El manejo de la información ha apuntado a una madre culpable que, primero obligó a su hija a abortar y segundo, la dejó morir. Sin embrago, los medios no se han preguntado ¿por qué se puso en riesgo y se perdió la vida de esta muchacha? La sanción moral y legal del aborto obliga a las mujeres a buscar ayuda en personal no capacitado, a seguir procedimientos no seguros y, finalmente, si ocurren complicaciones, a evitar buscar ayuda en un centro médico ante el temor de ser denunciadas e ir a prisión", manifestó la Colectiva.
"El enfoque de estas noticias ha estado centrado en el "terrible delito del aborto", ignorando por completo los delitos que se comenten contra las mujeres en el contexto de clandestinidad en el cual se realizan los abortos en nuestro país", agregó.
La Colectiva señaló además que "la censura moral y legal no ha sido una herramienta eficaz para evitar que los abortos se realicen en el país, pero si está siendo la causa de abusos, complicaciones y muerte. Es urgente la definición de políticas para la prevención de los embarazos no deseados y para la realización de abortos seguros".
INFORMA-TICO.COM, 14 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
