Como consta en esta información tomada del Diario Extra, los impulsores del referendo sobre las uniones civiles de parejas del mismo sexo, provienen de un partido que, se supone, fue creado para luchar contra la discriminación. Sorprendentemente, y de la forma más groseramente contradictoria, este partido se vuelve abanderado de la discriminación. En este caso, de la discriminación por razones de orientación sexual. Y, como vemos, en el proceso se alían con los campeones del oscurantismo y el odio, es decir, los prelados de la iglesia católica.
Y fieles a la moda prevaleciente entre quienes discriminan, no tienen empacho en salir diciendo que ellos no quieren, en modo alguno, discriminar. Ya lo decíamos en otra ocasión: si al menos tuvieran la sinceridad de reconocer que sí discriminan y que, al hacerlo, se vuelven mensajeros del odio y el maltrato contra otros seres humanos; si al menos eso hicieran, cuando menos cabría reconocerles la valentía de admitir lo que son. Pero son tan cobardes que ni siquiera eso hace.
Un frase sintetiza en forma perfecta el prejuicio retorcido y la ignorancia infinita que hay detrás de todo esto: "No queremos que Costa Rica sea promocionada a nivel mundial como el único país latinoamericano en avalar la unión entre gais. Eso nos convertiría en destino turístico de homosexuales con ganas de casarse" ¡¡¡HORROR!!!
Grupo que impulsa referéndum para unión civil entre homosexuales:
LOS VOLUNTARIOS RECOGERÁN FIRMAS POR REFERÉNDUM GAY
Gerardo Ruiz Ramóngruiz@diarioextra.com
El Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) planea reclutar más de 150 voluntarios para recoger la cantidad de firmas que se requieren para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque a referéndum. En esa eventual consulta los ciudadanos votarían a favor o en contra de la unión civil entre homosexuales.
Víctor Granados, secretario general del PASE y solicitante del referéndum, explicó que trabajan desde ya en la organización para hacerle frente a la recopilación de al menos un 5% de las firmas de los nacionales inscritos en el Padrón Electoral, es decir, cerca de 140.000 rúbricas.
Esto pese a que aun el TSE debe resolver un recurso de amparo electoral presentado por la comunidad homosexual del país para que el referéndum no se realice.
El Movimiento Diversidad, el cual agrupa a los homosexuales, alega que el futuro de la unión civil que favorecería a la minoría gay, no puede quedar en manos de la mayoría heterosexual.
TAREA DIFÍCIL
“Será durísimo recoger casi 140.000 firmas. Lo que planeamos es involucrar a 150 o más voluntarios para que cada uno se dé a la tarea de conseguir 1000 firmas en distintas partes del país.
Le solicitamos una cita a monseñor Hugo Barrantes para que las pastorales también participen de este proceso para convocar a referéndum. Creemos que la iglesia debe tomar partido a favor de los valores familiares que protege y promueve”, declaró Víctor Granados.
El militante del PASE considera que su grupo estaría en capacidad de entregar la cantidad de firmas exigida por la Ley de Referéndum durante febrero del año entrante.
RAZONES DEL “NO”
El militante del PASE—representado en la Asamblea Legislativa por el diputado Óscar López—consideró que lo conveniente sería convocar a referéndum durante el 2010, para que el tema sobre la unión civil entre homosexuales no se politice durante la campaña electoral que iniciará el próximo año.
“No estamos en contra de que las parejas homosexuales gocen de derechos patrimoniales, pero nos parece que de eso a optar por una unión legal semejante al matrimonio existe un exceso.
No queremos que Costa Rica sea promocionada a nivel mundial como el único país latinoamericano en avalar la unión entre gais. Eso nos convertiría en destino turístico de homosexuales con ganas de casarse”, subrayó.
CONGRESO NO SUSPENDE DEBATE
Mientras el TSE define si da luz verde o no al inicio de la recolección de firmas, el trámite de discusión del proyecto de ley en la Comisión de Derechos Humanos no se suspenderá. Actualmente el proyecto lo discute una subcomisión, que estudia realizar cambios al texto de la iniciativa.
La posible votación del plan se detendría en el Parlamento únicamente si el Tribunal emite una convocatoria oficial a referéndum, después de analizar cada una de las firmas presentadas.
El proyecto de unión civil entre homosexuales fue incluido en la corriente legislativa por los diputados José Merino de Frente Amplio, Carlos Gutiérrez del Movimiento Libertario, Ana Elena Chacón de la Unidad Social Cristiana y la independiente Andrea Morales.
En la actualidad el matrimonio civil entre homosexuales es totalmente legal en Bélgica, Canadá, Noruega, España, Holanda y Sudáfrica. Recientemente las uniones gay también se legalizaron en California y Massachussets, Estados Unidos.
En tanto Israel, Aruba y Antillas Holandesas reconocen como legales los matrimonios entre homosexuales efectuados en otros países.
(Diario Extra)
miércoles, 10 de septiembre de 2008
México: un debate ilustrativo acerca de la posición retardataria y anti-vida del conservadurismo religioso
Justicia y aborto en México
Por Marta Lamas, antropóloga mexicana, directora de la revista Debate Feminista
Después de un año y cuatro meses de intensa deliberación y con audiencias públicas sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de México resolvió hace unos días que la despenalización del aborto antes de las 12 semanas que legisló la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es constitucional. Esta resolución representa un parteaguas, no sólo para la Ciudad de México, sino para todo el país, pues el concreto derecho a decidir de las mujeres fue priorizado sobre un abstracto derecho a la vida, al tiempo que la votación favorable de ocho magistrados sobre once sienta jurisprudencia.
En abril del año pasado, los cinco partidos que forman la Coalición de Izquierdas (PRD, PT, Convergencia, PRI y Alternativa) junto con el PANAL aprobaron con 46 votos la reforma al Código Penal que introduce en el Distrito Federal el sistema de plazos, mientras que el PAN y el Verde Ecologista (el único partido verde en el mundo con posturas conservadoras) se opusieron con 19 votos. Al no contar con el 33% de diputados necesarios para una acción de anticonstitucionalidad, el partido gobernante en la totalidad de México, el PAN, presionó a la Procuraduría General de la República para que presentara recurso de anticonstitucionalidad, a lo que se sumó, sorpresivamente y sin consultar a su consejo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Desde que se promulgó la despenalización el 27 de abril del año pasado hasta la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 28 de agosto, más de 12.000 mujeres han abortado legalmente, recibiendo una atención excepcionalmente cuidadosa. Más del 20% de las mujeres que han solicitado un aborto se han desistido, luego de pasar por la consejería. Y, dato trascendente, el año de vigencia de la reforma coincide con una disminución en la cifra de criaturas recién nacidas abandonadas en la calle.
Como es de imaginar, todo este proceso ha sido acompañado de expresiones a favor y en contra. Mientras la jerarquía de la Iglesia católica profería amenazas de excomunión y salía a la calle con estandartes que representaban a la Virgen de Guadalupe cargando unos fetos y exclamando: “¡Ya me mataron a un hijo! ¿Me van a matar más?”, en una de las audiencias públicas un sacerdote dominico hablaba a favor de la despenalización. Mientras los abogados católicos amenazaban con la debacle moral, Jesús Zamora Pierce, ex presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, argumentaba públicamente por qué el aborto no puede ser considerado delito. Mientras las fuerzas conservadoras salían en peregrinaciones, los intelectuales y los científicos del país manifestaban su apoyo a la despenalización con inserciones pagadas en la prensa. Mientras las mujeres conservadoras rezaban en las iglesias, las feministas marchaban acompañadas de sindicalistas, estudiantes y ciudadanía amplia y sencilla, cantando “Quiten sus rosarios de mis ovarios”.
Si bien hay que felicitar a los magistrados y magistradas que abordaron la cuestión del estatuto jurídico del aborto con republicanismo laico y desde criterios modernos, hay que lamentar el intervencionismo de la Iglesia católica, que se aferra a la cantilena de “defensa de la vida” para atacar y amenazar a quienes no comparten sus creencias. Richard Hare, un filósofo inglés que trabajó sobre las valoraciones morales desde la racionalidad, hizo una definición que le queda como guante a los obispos católicos, cada vez más oscurantistas. Hare señaló que el fanatismo es “la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que estos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos”.
Sí, el Vaticano y sus seguidores, entre ellos el magistrado ponente, defensor de la anticonstitucionalidad, insisten en afirmar sus principios morales por encima de la salud y la vida de millones de mujeres. Por suerte, están lejos de esta postura los curas y monjas de organizaciones de base, que tienen otra actitud, verdaderamente civilizatoria, respecto al aborto.
Sin negar que el aborto es un conflicto ético, pero subrayando que este tipo de dilemas, cuando conciernen a los derechos de la persona que está llamada a resolverlos, deben de ser dejados a su autodeterminación, la Suprema Corte de Justicia asumió la perspectiva jurídica, sin despeñarse en el precipicio moralista. Al distinguir entre el carácter moral del aborto y su estatuto legal, los ministros compartieron la sabiduría de quien fuera obispo auxiliar de Madrid, monseñor Alberto Iniesta: “Mi conciencia rechaza el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un delito”.
Esta reforma pone a la ciudad de México a la vanguardia del tratamiento penal en relación al aborto en América Latina, con argumentos que calan hondo en el imaginario colectivo y con una experiencia de organización ciudadana que puede ser llevada a otras latitudes. Por último, vale la pena recordar que todas las personas que apoyaron esta despenalización reiteraron que están a favor de la vida: sí, de la vida y la salud de las mujeres.
Tomado de Tribuna Democrática (www.tribunademocratica.com)
(El País - Madrid)
Por Marta Lamas, antropóloga mexicana, directora de la revista Debate Feminista
Después de un año y cuatro meses de intensa deliberación y con audiencias públicas sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de México resolvió hace unos días que la despenalización del aborto antes de las 12 semanas que legisló la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es constitucional. Esta resolución representa un parteaguas, no sólo para la Ciudad de México, sino para todo el país, pues el concreto derecho a decidir de las mujeres fue priorizado sobre un abstracto derecho a la vida, al tiempo que la votación favorable de ocho magistrados sobre once sienta jurisprudencia.
En abril del año pasado, los cinco partidos que forman la Coalición de Izquierdas (PRD, PT, Convergencia, PRI y Alternativa) junto con el PANAL aprobaron con 46 votos la reforma al Código Penal que introduce en el Distrito Federal el sistema de plazos, mientras que el PAN y el Verde Ecologista (el único partido verde en el mundo con posturas conservadoras) se opusieron con 19 votos. Al no contar con el 33% de diputados necesarios para una acción de anticonstitucionalidad, el partido gobernante en la totalidad de México, el PAN, presionó a la Procuraduría General de la República para que presentara recurso de anticonstitucionalidad, a lo que se sumó, sorpresivamente y sin consultar a su consejo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Desde que se promulgó la despenalización el 27 de abril del año pasado hasta la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 28 de agosto, más de 12.000 mujeres han abortado legalmente, recibiendo una atención excepcionalmente cuidadosa. Más del 20% de las mujeres que han solicitado un aborto se han desistido, luego de pasar por la consejería. Y, dato trascendente, el año de vigencia de la reforma coincide con una disminución en la cifra de criaturas recién nacidas abandonadas en la calle.
Como es de imaginar, todo este proceso ha sido acompañado de expresiones a favor y en contra. Mientras la jerarquía de la Iglesia católica profería amenazas de excomunión y salía a la calle con estandartes que representaban a la Virgen de Guadalupe cargando unos fetos y exclamando: “¡Ya me mataron a un hijo! ¿Me van a matar más?”, en una de las audiencias públicas un sacerdote dominico hablaba a favor de la despenalización. Mientras los abogados católicos amenazaban con la debacle moral, Jesús Zamora Pierce, ex presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, argumentaba públicamente por qué el aborto no puede ser considerado delito. Mientras las fuerzas conservadoras salían en peregrinaciones, los intelectuales y los científicos del país manifestaban su apoyo a la despenalización con inserciones pagadas en la prensa. Mientras las mujeres conservadoras rezaban en las iglesias, las feministas marchaban acompañadas de sindicalistas, estudiantes y ciudadanía amplia y sencilla, cantando “Quiten sus rosarios de mis ovarios”.
Si bien hay que felicitar a los magistrados y magistradas que abordaron la cuestión del estatuto jurídico del aborto con republicanismo laico y desde criterios modernos, hay que lamentar el intervencionismo de la Iglesia católica, que se aferra a la cantilena de “defensa de la vida” para atacar y amenazar a quienes no comparten sus creencias. Richard Hare, un filósofo inglés que trabajó sobre las valoraciones morales desde la racionalidad, hizo una definición que le queda como guante a los obispos católicos, cada vez más oscurantistas. Hare señaló que el fanatismo es “la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que estos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos”.
Sí, el Vaticano y sus seguidores, entre ellos el magistrado ponente, defensor de la anticonstitucionalidad, insisten en afirmar sus principios morales por encima de la salud y la vida de millones de mujeres. Por suerte, están lejos de esta postura los curas y monjas de organizaciones de base, que tienen otra actitud, verdaderamente civilizatoria, respecto al aborto.
Sin negar que el aborto es un conflicto ético, pero subrayando que este tipo de dilemas, cuando conciernen a los derechos de la persona que está llamada a resolverlos, deben de ser dejados a su autodeterminación, la Suprema Corte de Justicia asumió la perspectiva jurídica, sin despeñarse en el precipicio moralista. Al distinguir entre el carácter moral del aborto y su estatuto legal, los ministros compartieron la sabiduría de quien fuera obispo auxiliar de Madrid, monseñor Alberto Iniesta: “Mi conciencia rechaza el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un delito”.
Esta reforma pone a la ciudad de México a la vanguardia del tratamiento penal en relación al aborto en América Latina, con argumentos que calan hondo en el imaginario colectivo y con una experiencia de organización ciudadana que puede ser llevada a otras latitudes. Por último, vale la pena recordar que todas las personas que apoyaron esta despenalización reiteraron que están a favor de la vida: sí, de la vida y la salud de las mujeres.
Tomado de Tribuna Democrática (www.tribunademocratica.com)
(El País - Madrid)
Debate en Argentina sobre el aborto (o acerca del oscurantismo religioso y su lógica anti-vida)
Argentina: nueva polémica en torno al aborto
Irina Santesteban (LA ARENA)
Los grupos antiabortistas se empeñan en tratar de imponer a toda la sociedad su particular visión sobre la "defensa de la vida", y en muchas ocasiones logran poner de su lado a médicos y funcionarios judiciales.
El reciente caso de la niña mendocina de 12 años que fue violada, presuntamente por su padrastro, y quedó embarazada, vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de legislar sobre la despenalización del aborto.
La madre de la menor solicitó al Hospital Pediátrico "Dr. Humberto Notti", en la localidad mendocina de Guaymallén, la interrupción de ese embarazo, que va por su octava semana de gestación. El fundamento de la petición es el artículo 86 del Código Penal, que en su inciso primero establece que no es punible el aborto cuando se realiza para resguardar a la madre de un grave peligro para su vida o su salud.
El caso tomó estado público porque la familia de la niña concurrió a un hospital público, es decir, porque no cuentan con medios económicos que le permitan pagar la intervención quirúrgica que están solicitando al Estado. Pero a pesar de ello, la madre declaró a la prensa que, si no lograba una resolución favorable en el hospital, iba a recurrir a un médico en forma privada. Es decir, que iba a someter a su hija a la práctica de un aborto clandestino. No debería sorprendernos, en un país donde se calcula que anualmente se realizan entre 500 y 750 mil abortos ilegales.
Lo sucedido con esta niña mendocina saca nuevamente a la luz el drama de la violencia sexual y los abusos, cuyas víctimas son casi siempre las niñas, y en la mayoría de los casos, los abusadores y violadores pertenecen a su círculo familiar o amistoso. ¿No sería hora de que el Estado, a través de campañas de educación y prevención, y otras acciones efectivas, actúe con más energía para prevenir la violencia sexual hacia las mujeres y las niñas?
Fundamentalistas
El fundamento esgrimido por la madre de la niña, de preservar la salud física y psíquica de su hija, está siendo evaluado por el Comité de Bioética del Hospital, organismo que interviene por orden del juez Germán Ferrer, titular del Juzgado de Familia Nº 1, y tendrá a su cargo la decisión sobre si corresponde la aplicación del artículo 86 del Código Penal en este caso.
Como ha sucedido ya en decenas de casos similares, comenzaron a actuar los grupos "pro-vida" con manifestaciones en las cercanías del hospital, esgrimiento un supuesto apoyo a la niña, como si ésta hubiera manifestado su deseo de continuar con el embarazo. Peor aún, ingresaron a la habitación adonde se encuentra internada la menor, y le mostraron folletos con fotografías de fetos, supuestamente para que "tome conciencia" de la intervención que le van a practicar. Sin consentimiento de sus representantes legales (los padres) y aparentamente con la autorización de los médicos del hospital, estas personas violaron la intimidad de la menor, al actuar de esa manera.
Ningún fiscal actuó ante este hecho, violatorio de los derechos de una niña. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los funcionarios judiciales actúan de oficio para defender los derechos de las personas por nacer. ¿Por qué no se actuó de igual manera para resguardar los derechos de una niña ya nacida, y que está sufriendo las consecuencias de un ataque violento contra su sexualidad, a una edad tan temprana?
Demora imperdonable
En coincidencia con lo solicitado por la madre de la niña, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, Juan Silvestre Begnis, aseguró que este caso es un claro ejemplo de aborto no punible y que era "imperdonable" el tiempo que se está perdiendo.
Begnis es un médico oncólogo que ha trabajado durante mucho tiempo con enfermos terminales y tiene una visión integral del término salud. Por ello, respecto a la objeción que hacen tanto juristas como médicos, de que el artículo 86 del Código Penal, cuando habla de "salud", no especifica si se trata de la salud psíquica, Begnis sostiene que "la salud no puede discriminarse como física, psíquica, y social, la salud es un todo".
En la provincia de Mendoza hay un proyecto de reglamentación sobre la interrupción de embarazos no punible, pero su tratamiento no prospera. Su finalidad es que los médicos que manifiesten objeción de conciencia queden registrados y que quienes no lo hagan puedan llevar adelante la práctica, sin ninguna autorización judicial. Similar proyecto había sido aprobado en esta provincia a fines de año, pero fue vetada por el gobernador Oscar Jorge, y al no insistir los legisladores con su tratamiento, el proyecto no fue finalmente aprobado.
Proyectos en el Congreso
A pesar de estas autorizadas y razonables opiniones, y del fallo favorable que tuvo hace dos años, por parte del Tribunal Superior de Mendoza, el caso de una joven discapacitada que había quedado embarazada producto de una violación y a la que se le practicó un aborto, cada vez que se produce un caso similar, vuelven a actuar los sectores más conservadores y fundamentalistas de la Iglesia.
A despecho de estos grupos antiabortistas, la sociedad va avanzando y hoy es mayoritaria la opinión sobre la necesidad de contar con una legislación que permita realizar abortos en determinadas condiciones.
En el Congreso de la Nación, hay varios proyectos de ley para extender el alcance del artículo 86 del Código Penal y permitir la interrupción legal del embarazo a todas las víctimas de abuso sexual y también cuando se compruebe que el feto no es viable (por ejemplo, cuando padece anencefalia). Además, existen cuatro proyectos para legalizar definitivamente el aborto, y uno de ellos ya tiene estado parlamentario.
Leer el Código
Para Begnis, el juez, en lugar de consultar la opinión de expertos o de un Tribunal de Bioética, tiene que leer el Código Penal. Es que muchos de esos tribunales están conformados por hombres ligados a la Iglesia y sus opiniones suelen avalar posiciones conservadoras respecto al aborto. Por ejemplo, el director del Departamento de Bioética de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, Rafael Pineda, opinó frente a este caso que "una violencia no se soluciona con otra violencia".
Es que para Pineda, la violencia está en la práctica quirúrgica de la interrupción del embarazo, aún cuando se realice con todas las garantías y la seguridad de un hospital público. Sin embargo, no sería "violencia" la continuidad de un embarazo producto de un ataque sexual sobre una niña de 12 años.
Para su concepción fundamentalista, la niña debería continuar con el embarazo para "no matar a un inocente", poniendo en un pie de igualdad al embrión (persona en potencia, aún no nacida), con la niña que lo está gestando (persona actual, a la que se debe proteger en este caso).
Esperamos que la Justicia mendocina y los médicos del hospital público, actúen haciendo lugar a la petición de la madre de esta niña, para que no deba continuar con un sufrimiento que comenzó con el ataque sexual al que fue sometida, y que hoy se prolonga en otro tipo de agresiones por parte de quienes dicen "defender la vida".
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Irina Santesteban (LA ARENA)
Los grupos antiabortistas se empeñan en tratar de imponer a toda la sociedad su particular visión sobre la "defensa de la vida", y en muchas ocasiones logran poner de su lado a médicos y funcionarios judiciales.
El reciente caso de la niña mendocina de 12 años que fue violada, presuntamente por su padrastro, y quedó embarazada, vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de legislar sobre la despenalización del aborto.
La madre de la menor solicitó al Hospital Pediátrico "Dr. Humberto Notti", en la localidad mendocina de Guaymallén, la interrupción de ese embarazo, que va por su octava semana de gestación. El fundamento de la petición es el artículo 86 del Código Penal, que en su inciso primero establece que no es punible el aborto cuando se realiza para resguardar a la madre de un grave peligro para su vida o su salud.
El caso tomó estado público porque la familia de la niña concurrió a un hospital público, es decir, porque no cuentan con medios económicos que le permitan pagar la intervención quirúrgica que están solicitando al Estado. Pero a pesar de ello, la madre declaró a la prensa que, si no lograba una resolución favorable en el hospital, iba a recurrir a un médico en forma privada. Es decir, que iba a someter a su hija a la práctica de un aborto clandestino. No debería sorprendernos, en un país donde se calcula que anualmente se realizan entre 500 y 750 mil abortos ilegales.
Lo sucedido con esta niña mendocina saca nuevamente a la luz el drama de la violencia sexual y los abusos, cuyas víctimas son casi siempre las niñas, y en la mayoría de los casos, los abusadores y violadores pertenecen a su círculo familiar o amistoso. ¿No sería hora de que el Estado, a través de campañas de educación y prevención, y otras acciones efectivas, actúe con más energía para prevenir la violencia sexual hacia las mujeres y las niñas?
Fundamentalistas
El fundamento esgrimido por la madre de la niña, de preservar la salud física y psíquica de su hija, está siendo evaluado por el Comité de Bioética del Hospital, organismo que interviene por orden del juez Germán Ferrer, titular del Juzgado de Familia Nº 1, y tendrá a su cargo la decisión sobre si corresponde la aplicación del artículo 86 del Código Penal en este caso.
Como ha sucedido ya en decenas de casos similares, comenzaron a actuar los grupos "pro-vida" con manifestaciones en las cercanías del hospital, esgrimiento un supuesto apoyo a la niña, como si ésta hubiera manifestado su deseo de continuar con el embarazo. Peor aún, ingresaron a la habitación adonde se encuentra internada la menor, y le mostraron folletos con fotografías de fetos, supuestamente para que "tome conciencia" de la intervención que le van a practicar. Sin consentimiento de sus representantes legales (los padres) y aparentamente con la autorización de los médicos del hospital, estas personas violaron la intimidad de la menor, al actuar de esa manera.
Ningún fiscal actuó ante este hecho, violatorio de los derechos de una niña. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los funcionarios judiciales actúan de oficio para defender los derechos de las personas por nacer. ¿Por qué no se actuó de igual manera para resguardar los derechos de una niña ya nacida, y que está sufriendo las consecuencias de un ataque violento contra su sexualidad, a una edad tan temprana?
Demora imperdonable
En coincidencia con lo solicitado por la madre de la niña, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, Juan Silvestre Begnis, aseguró que este caso es un claro ejemplo de aborto no punible y que era "imperdonable" el tiempo que se está perdiendo.
Begnis es un médico oncólogo que ha trabajado durante mucho tiempo con enfermos terminales y tiene una visión integral del término salud. Por ello, respecto a la objeción que hacen tanto juristas como médicos, de que el artículo 86 del Código Penal, cuando habla de "salud", no especifica si se trata de la salud psíquica, Begnis sostiene que "la salud no puede discriminarse como física, psíquica, y social, la salud es un todo".
En la provincia de Mendoza hay un proyecto de reglamentación sobre la interrupción de embarazos no punible, pero su tratamiento no prospera. Su finalidad es que los médicos que manifiesten objeción de conciencia queden registrados y que quienes no lo hagan puedan llevar adelante la práctica, sin ninguna autorización judicial. Similar proyecto había sido aprobado en esta provincia a fines de año, pero fue vetada por el gobernador Oscar Jorge, y al no insistir los legisladores con su tratamiento, el proyecto no fue finalmente aprobado.
Proyectos en el Congreso
A pesar de estas autorizadas y razonables opiniones, y del fallo favorable que tuvo hace dos años, por parte del Tribunal Superior de Mendoza, el caso de una joven discapacitada que había quedado embarazada producto de una violación y a la que se le practicó un aborto, cada vez que se produce un caso similar, vuelven a actuar los sectores más conservadores y fundamentalistas de la Iglesia.
A despecho de estos grupos antiabortistas, la sociedad va avanzando y hoy es mayoritaria la opinión sobre la necesidad de contar con una legislación que permita realizar abortos en determinadas condiciones.
En el Congreso de la Nación, hay varios proyectos de ley para extender el alcance del artículo 86 del Código Penal y permitir la interrupción legal del embarazo a todas las víctimas de abuso sexual y también cuando se compruebe que el feto no es viable (por ejemplo, cuando padece anencefalia). Además, existen cuatro proyectos para legalizar definitivamente el aborto, y uno de ellos ya tiene estado parlamentario.
Leer el Código
Para Begnis, el juez, en lugar de consultar la opinión de expertos o de un Tribunal de Bioética, tiene que leer el Código Penal. Es que muchos de esos tribunales están conformados por hombres ligados a la Iglesia y sus opiniones suelen avalar posiciones conservadoras respecto al aborto. Por ejemplo, el director del Departamento de Bioética de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, Rafael Pineda, opinó frente a este caso que "una violencia no se soluciona con otra violencia".
Es que para Pineda, la violencia está en la práctica quirúrgica de la interrupción del embarazo, aún cuando se realice con todas las garantías y la seguridad de un hospital público. Sin embargo, no sería "violencia" la continuidad de un embarazo producto de un ataque sexual sobre una niña de 12 años.
Para su concepción fundamentalista, la niña debería continuar con el embarazo para "no matar a un inocente", poniendo en un pie de igualdad al embrión (persona en potencia, aún no nacida), con la niña que lo está gestando (persona actual, a la que se debe proteger en este caso).
Esperamos que la Justicia mendocina y los médicos del hospital público, actúen haciendo lugar a la petición de la madre de esta niña, para que no deba continuar con un sufrimiento que comenzó con el ataque sexual al que fue sometida, y que hoy se prolonga en otro tipo de agresiones por parte de quienes dicen "defender la vida".
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