Justicia y aborto en México
Por Marta Lamas, antropóloga mexicana, directora de la revista Debate Feminista
Después de un año y cuatro meses de intensa deliberación y con audiencias públicas sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de México resolvió hace unos días que la despenalización del aborto antes de las 12 semanas que legisló la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es constitucional. Esta resolución representa un parteaguas, no sólo para la Ciudad de México, sino para todo el país, pues el concreto derecho a decidir de las mujeres fue priorizado sobre un abstracto derecho a la vida, al tiempo que la votación favorable de ocho magistrados sobre once sienta jurisprudencia.
En abril del año pasado, los cinco partidos que forman la Coalición de Izquierdas (PRD, PT, Convergencia, PRI y Alternativa) junto con el PANAL aprobaron con 46 votos la reforma al Código Penal que introduce en el Distrito Federal el sistema de plazos, mientras que el PAN y el Verde Ecologista (el único partido verde en el mundo con posturas conservadoras) se opusieron con 19 votos. Al no contar con el 33% de diputados necesarios para una acción de anticonstitucionalidad, el partido gobernante en la totalidad de México, el PAN, presionó a la Procuraduría General de la República para que presentara recurso de anticonstitucionalidad, a lo que se sumó, sorpresivamente y sin consultar a su consejo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Desde que se promulgó la despenalización el 27 de abril del año pasado hasta la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 28 de agosto, más de 12.000 mujeres han abortado legalmente, recibiendo una atención excepcionalmente cuidadosa. Más del 20% de las mujeres que han solicitado un aborto se han desistido, luego de pasar por la consejería. Y, dato trascendente, el año de vigencia de la reforma coincide con una disminución en la cifra de criaturas recién nacidas abandonadas en la calle.
Como es de imaginar, todo este proceso ha sido acompañado de expresiones a favor y en contra. Mientras la jerarquía de la Iglesia católica profería amenazas de excomunión y salía a la calle con estandartes que representaban a la Virgen de Guadalupe cargando unos fetos y exclamando: “¡Ya me mataron a un hijo! ¿Me van a matar más?”, en una de las audiencias públicas un sacerdote dominico hablaba a favor de la despenalización. Mientras los abogados católicos amenazaban con la debacle moral, Jesús Zamora Pierce, ex presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, argumentaba públicamente por qué el aborto no puede ser considerado delito. Mientras las fuerzas conservadoras salían en peregrinaciones, los intelectuales y los científicos del país manifestaban su apoyo a la despenalización con inserciones pagadas en la prensa. Mientras las mujeres conservadoras rezaban en las iglesias, las feministas marchaban acompañadas de sindicalistas, estudiantes y ciudadanía amplia y sencilla, cantando “Quiten sus rosarios de mis ovarios”.
Si bien hay que felicitar a los magistrados y magistradas que abordaron la cuestión del estatuto jurídico del aborto con republicanismo laico y desde criterios modernos, hay que lamentar el intervencionismo de la Iglesia católica, que se aferra a la cantilena de “defensa de la vida” para atacar y amenazar a quienes no comparten sus creencias. Richard Hare, un filósofo inglés que trabajó sobre las valoraciones morales desde la racionalidad, hizo una definición que le queda como guante a los obispos católicos, cada vez más oscurantistas. Hare señaló que el fanatismo es “la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que estos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos”.
Sí, el Vaticano y sus seguidores, entre ellos el magistrado ponente, defensor de la anticonstitucionalidad, insisten en afirmar sus principios morales por encima de la salud y la vida de millones de mujeres. Por suerte, están lejos de esta postura los curas y monjas de organizaciones de base, que tienen otra actitud, verdaderamente civilizatoria, respecto al aborto.
Sin negar que el aborto es un conflicto ético, pero subrayando que este tipo de dilemas, cuando conciernen a los derechos de la persona que está llamada a resolverlos, deben de ser dejados a su autodeterminación, la Suprema Corte de Justicia asumió la perspectiva jurídica, sin despeñarse en el precipicio moralista. Al distinguir entre el carácter moral del aborto y su estatuto legal, los ministros compartieron la sabiduría de quien fuera obispo auxiliar de Madrid, monseñor Alberto Iniesta: “Mi conciencia rechaza el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un delito”.
Esta reforma pone a la ciudad de México a la vanguardia del tratamiento penal en relación al aborto en América Latina, con argumentos que calan hondo en el imaginario colectivo y con una experiencia de organización ciudadana que puede ser llevada a otras latitudes. Por último, vale la pena recordar que todas las personas que apoyaron esta despenalización reiteraron que están a favor de la vida: sí, de la vida y la salud de las mujeres.
Tomado de Tribuna Democrática (www.tribunademocratica.com)
(El País - Madrid)
miércoles, 10 de septiembre de 2008
México: un debate ilustrativo acerca de la posición retardataria y anti-vida del conservadurismo religioso
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