Continúa estado de indefensión de las mujeres

Ineficaz respuesta frente a violencia hacia las mujeres

Desde incumplimientos en la participación política de las mujeres hasta reformas legales para combatir el acoso sexual y avanzar hacia el reconocimiento del femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, son algunos de los vacíos que, desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, existen aún en Costa Rica.

Por Irene González Chen

La Defensoría lanzó una crítica con respecto a la agenda pendiente en el tema de los derechos de las mujeres, especialmente en lo que se refiere al fenómeno de la violencia de género como un asunto de seguridad ciudadana.

"Es de suma importancia que el Estado visualice el fenómeno de la violencia de género desde esta perspectiva, para que las autoridades competentes impulsen acciones administrativas y judiciales encaminadas a resguardar la vida de las víctimas y su entorno familiar", manifestó la institución, en un comunicado.

"Aquí estamos hablando de muerte de mujeres en manos de sus cónyuges o compañeros existiendo una incapacidad estatal y comunal de dar respuestas a las mujeres como sector afectado. Incluso debe revisarse las medidas de protección porque no garantizan la seguridad de las víctimas", agregó la Defensoría.

La entidad también enfatizó en el hecho de que "cada día mueren más mujeres víctimas de la violencia, lo cual debe llamar la atención de las autoridades policiales, judiciales y legislativas, siendo que las debilidades de la ley de penalización y la operatividad de la misma están poniendo en desamparo y riesgo la vida de este grupo de la población".

"A esto debe sumarse la necesidad de que se fortalezcan los mecanismos de acompañamiento legal por parte del Estado a las víctimas de violencia pues, hoy en día, deben transitar por un vía crucis en solitario, sin el acompañamiento jurídico que defiende los intereses de las mujeres, situación que provoca que se pierda la continuidad de su defensa y por lo tanto, sea muy pocos los casos que llegan a la fase final del proceso penal", expresaron las autoridades defensoras.

"Debe mejorarse también la capacitación de los operadores del derecho (jueces, juezas, fiscales) para que el tema sea considerado como un asunto de seguridad ciudadana y mejorar los procesos de coordinación interinstitucional, particularmente con la policía", añadió la Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada.

Otras deudas pendientes


Para la Defensoría de los Habitantes, el Estado también tiene otras deudas pendientes en el tema de género, específicamente para el respeto de los derechos de las mujeres.

Entre ellos se encuentran los despidos ilegales por estado de embarazo y la necesidad de dar un impulso a políticas claras de regionalización de las cárceles de privadas de libertad para evitar el desarraigo con sus familias.

Adicionalmente, la Defensoría indicó que "las madres siguen viviendo un calvario en cuanto a la posibilidad de que se apliquen con mayor rapidez las herramientas jurídicas que hagan efectivos sus derechos, en especial la orden de apremio, para que los deudores alimentarios cumplan con su obligación económica de sus hijos y/o hijas".

De la misma manera, para la institución pública también hay un conflicto en relación a los derechos reproductivos, "donde aún recae el peso exclusivo de la crianza de los hijos" a las mujeres "cuando debe ser una acción compartida con los hombres".

En ese sentido, la Defensoría señaló que el Estado costarricense debe ir analizando propuestas como licencias de paternidad que pueda contribuir a la integración más activa del rol de los padres en la crianza de sus hijos e hijas y dejar de pensar en exceso en el costo económico que pudiera implicar esta medida.

"La familia debe regresar a ser el centro de las políticas sociales y económicas de nuestra nación", aseveró la jerarca.

"Hay seis entidades donde no hay una sola mujer"

En materia de participación política, la Defensoría cuestionó el irrespeto que aún prevalece en materia de género, en especial, en puestos de Junta Directiva de entidades autónomas y estatales del país.

Para la denunciante es irreverente que, a la fecha, existan "seis entidades donde no hay una sola mujer", entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Banco de Costa Rica (BCR), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

"La igualdad de acceso a los cargos públicos implica que la administración debe promover el nombramiento de mujeres en equilibrio con el de hombres; debe avanzarse en este tema hacia la paridad", declaró la Defensoría.

Igualmente, resaltó la necesidad de que se impulse con dinamismo la regionalización de cárceles para privadas de libertad con el objeto de evitar que estas mujeres tengan diferencias marcadas en relación con la privación de libertad con los hombres y no sufran el desarraigo con sus familias.

"Debe avanzarse hacia una reforma de la ley contra el hostigamiento sexual que permita una lucha contra la impunidad en estos hechos, máxime que cerca de un 40 por ciento de los casos quedan sin ningún castigo debido a portillos que tiene la actual ley que propicia que estas mujeres desistan de continuar con el proceso por no encontrar respuesta a sus necesidades", subrayó la Defensoría.

Avances

La Defensoría reconoció que el Estado costarricense avanzó en el respeto de los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas "al eliminar odiosas diferencias en esta materia que existían con el resto de la población económicamente activa como, por ejemplo, en el caso de la jornada laboral que pasó de 12 a ocho horas diarias".

"Costa Rica requiere una visión amplia en materia de equidad de género donde exista un compromiso real político y social en llevar adelante políticas públicas que incorporen transversalmente los derechos de la mitad de la población", afirmó Quesada.

La funcionaria también destacó el reciente fallo del Tribunal de de Casación Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, donde una mujer víctima de violencia doméstica no fue extradita a su país, al reconocerse que los derechos humanos deben ser interpretados de manera íntegra y que, por lo tanto, su vida podía correr peligro.

INFORMATICO, Costa Rica, 27 de Julio de 2009
http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20090727&ref=27-07-090004