A 19 años del asesinato de jesuítas en El Salvador: sigue vivo el ejemplo de quienes sí lucharon por ser fieles al Jesús Evangélico

Mártires porque querían la inclusión social

Análisis IDHUCA

SAN SALVADOR - Bajo el lema, que hemos puesto de título, se conmemoró este año el diecinueve aniversario del asesinato de los seis jesuitas, de Elba y de Celina Ramos. Esas palabras explican el porqué de su sacrificio: haber denunciado que la raíz de toda injusticia está en la exclusión y la desigualdad social, en El Salvador y en el mundo. Sus asesinos nunca comprendieron eso ni antes ni ahora, porque el único mensaje oficial frente la masacre es: crimen consentido, caso impune.

Desde el principio, la UCA decidió juzgar a los asesinos internamente; pero también usando los organismos internacionales que forman parte de nuestro sistema. El objetivo estratégico: fortalecer las entonces renovadas instituciones nacionales haciéndolas funcionar o demostrar que seguían atrapadas sin salida. Con su intransigente actitud, el Estado demostró lo segundo.

Desde el terrible día, la Universidad y la Provincia jesuitas demandaron una exhaustiva investigación; exigieron deducir responsabilidades y sancionar a todos los autores y cómplices, materiales e intelectuales. Sin embargo, las irregularidades en la investigación evidenciaron el encubrimiento del Órgano Ejecutivo y de una justicia institucional que la Comisión de la Verdad señaló como corrupta y favorecedora de graves violaciones de derechos humanos.

De inmediato, el 17 de noviembre de 1989, Américas Watch denunció los hechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así, bajo esa presión −junto a la estadounidense y la española− se impulsó un proceso amañado de investigación y enjuiciamiento. Su resultado: dos militares condenados y siete absueltos. Poco después, terminada la guerra, los dos detenidos fueron beneficiados con la amnistía.

No obstante, la CIDH ordenó al Estado salvadoreño realizar una investigación completa, sancionar a todos los responsables, adecuar la ley de amnistía a los estándares internacionales de derechos humanos y reparar en daño a las víctimas. De eso, nada se hizo.

La UCA estaba convencida de la inaplicabilidad de esa ley y −pasadas las elecciones de marzo del 2000− presentó de nuevo el caso en la Fiscalía General de la República solicitando investigación, juicio y condena de la autoría intelectual en el caso. Se derrotó la amnistía, pero el malabarismo oficial lo cerró alegando prescripción. Por eso, agotados los recursos legales internos, la UCA presentó una nueva denuncia contra el Estado en la CIDH, donde está en trámite.

Quienes por ahora gozan del beneficio de la impunidad por esta y otras graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, saben bien que la búsqueda de verdad y justicia trascendió las fronteras patrias. Lo ha hecho la UCA en el sistema interamericano por las razones planteadas y hoy lo hacen otras organizaciones en la Audiencia Nacional de España; de avanzar, será el sistema de justicia universal el que conozca y juzgue los hechos bajo su competencia. Esto quizá no hubiese sucedido si internamente hubieran dejado funcionar las instituciones para conocer la verdad y hacer justicia. Pero, como canta el mexicano Guillermo Briseño, “la paciencia es un recurso natural no renovable”. Cuando se agota, comienza a ser realidad −querido Roque− “el turno del ofendido”.

CONTRAPUNTO, 20 de Noviembre de 2008
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