Una sociedad democrática, para realmente serlo, debe dar pleno reconocimiento a los derechos de las personas GLBT

¿DEMOCRACIA O TEOCRACIA?
Luis Paulino Vargas Solís


Un principio básico de la democracia es el respeto por lo diverso y, en consecuencia, el respeto por los distintos puntos de vista y las distintas concepciones de vida. Es decir, pluralismo y diversidad son condiciones necesarias para la existencia de la democracia. Sin embargo, para ser respetable, un punto de vista debe ser, primero que nada, respetuoso. O sea, ni la injuria ni los discursos de odio que convocan a la agresión y la discriminación, son aceptables como una variante legítima dentro de ese arcoíris de la vida en democracia.

Este principio tan elemental se enuncia con facilidad. Es mucho más difícil hacerlo efectivo en la práctica y darle contenidos de realidad que sean relevantes. Costa Rica da buena ilustración de tal cosa. Por ejemplo, nuestros torneos electorales cuatrienales, dominados por el dinero y el marketing. Son un show mediático; puro despilfarro y manipulación. Ni qué decir del manejo de la información por parte de las conocidas corporaciones mediáticas. Ahí se hacen irreconocibles los principios de la pluralidad democrática.

Entre tantas otras cosas, esto debería incorporar dos componentes básicos: libertad religiosa –tanto la libertad para que cada quien sustente la fe que mejor le parezca, como también la libertad para ser ateo o agnóstico o no tener confesión alguna- y, a la par, la libertad para vivir el tipo de vida que cada quien quiera darse, sin interferir ni perjudicar las decisiones que, en el mismo sentido, sean adoptadas por otras personas.

En el debate alrededor de los problemas de discriminación que conculcan los derechos de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y trasgénero, se ha puesto en evidencia, con especial elocuencia, un alto grado de confusión en relación con el significado de estas elementales libertades democráticas. Ello las restringe y empobrece, e, incluso, las anula en la práctica.

En ese sentido, resulta innegable la importante incidencia que han tenido las posiciones sustentadas por el conservadurismo religioso: católico, evangélico o de otras denominaciones.

Estos grupos sustentan un virulento discurso principista. A veces recurren a citas bíblicas interpretadas literalmente y desprendidas de todo contexto cultural e histórico relevante. O se basan en principios derivados de una suerte de simplista y muy acomodaticia filosofía naturalista. A veces se mezclan ambas cosas. En términos generales el evangelismo privilegia el primer método y el catolicismo el segundo.

De ahí surge una conclusión cerrada y dogmática que se expresa como una condenatoria a toda manifestación de la sexualidad que no sea la heterosexual, pero donde ésta es vista como instrumento de reproducción y jamás como fuente de gozo y placer. Esto da lugar a la deslegitimación –condenatoria de hecho- contra toda forma de familia que no sea la familia patriarcal tradicional (paradójicamente asentada en principios autoritarios y jerarquías rígidas y, por lo tanto, proclive a la violencia).

Esto luego se traslada e impone en el ámbito político: ni las leyes ni, por lo tanto, las autoridades públicas, pueden conceder reconocimiento ni protección a ninguna otra forma de relación de pareja que no sea la heterosexual ni a ninguna otra forma de familia que no sea la de tipo patriarcal.

Como sabemos, el devenir histórico de las sociedades ha obligado a introducir matices en este principismo dogmático. Existe el matrimonio civil (y el divorcio) y también se concede protección legal a las uniones de hecho. Pero sigue vigente una regla básica: la heterosexualidad es criterio obligatorio.

Estos hace violencia directa sobre los elementales principios democráticos de la libertad religiosa y la libertad para vivir la propia vida como mejor le parezca a cada quien.

Acontece que el conservadurismo religioso no solo promueve una determinada forma de sexualidad y una determinada forma de familia sino que, además, pretenden imponerlas por medio de la ley. Lo primero es cosa perfectamente legítima, inherente a los principios democráticos de libertad y pluralismo, siempre que no adquiera la forma de un discurso injurioso y falaz que convoque al odio y la persecución (cosa que, tristemente, es harto frecuente entre prelados católicos, curas y pastores). Es su derecho pensar y defender lo que mejor les parezca en materia de sexualidad y familia. Lo segundo –imponer esa concepción mediante la ley- implica desconocer el derecho de otras personas a tener otras ideas religiosas; otra concepción sobre la sexualidad, el amor de pareja y la familia. Ello implica violentar la democracia en uno de sus pilares fundamentales.

El hecho de que en un caso pudiera ser una mayoría y en el otro una minoría, no cambia en absoluto el problema. Al fin y al cabo, es principio democrático esencial el conceder pleno derecho a las minorías para vivir sus propias concepciones religiosas, formas de vida y manifestaciones y construcciones culturales. Y esto incluye lo correspondiente a la sexualidad, el amor de pareja y la familia.

La democracia deja de serlo si no se respetan la libertad en materia de ideas religiosas así como las decisiones personales relacionadas con la propia vida. En el fondo, esto es lo que subyace al debate en relación con la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. Lo que se está decidiendo mucho tiene que ver con la sustancia democrática de nuestra forma de convivencia.

Quizá se podría resumir en una pregunta: el Estado costarricense, sus leyes y su sistema institucional ¿respetan e integran, en pie de igualdad, las distintas concepciones religiosas y éticas y las distintas opciones y decisiones en relación con la vida privada, de todos sus ciudadanos y ciudadanas?

La situación actual, que el conservadurismo quiere perpetuar, es la siguiente: las leyes reconocen como legítimas y protegen una determinada forma de vivir la sexualidad y una determinada forma de relación de pareja y de familia. Otras expresiones de la sexualidad humana, otras formas de pareja y de familia no solo carecen de esa protección y reconocimiento legal, sino que, además, viven una situación de acoso y violencia permanentes, en parte por la misma desprotección legal y, en parte, por la violencia y el perjuicio enraizadas en los más profundo de la cultura dominante.

Esto anula la democracia ya que discrimina abiertamente en relación con aspectos esenciales para el pleno desarrollo de la vida privada de las personas.

Es esperable que el conservadurismo religioso riposte con un escandalizado ¡pero eso es relativismo moral!

Para empezar, el absolutismo moral, que el conservadurismo quiere imponer, es negación de la democracia. Una dosis de relativismo es indispensable si queremos vivir en una sociedad democrática ¿o es que acaso podría existir democracia ahí donde un grupo –así sea mayoritario- impone sus visiones religiosas, éticas y morales a toda la otra gente? Ahora bien, que si esto les incomoda, bueno sería que lo aclaren y de una vez tomen posición en contra de la democracia y a favor de alguna forma de teocracia, donde los asuntos públicos sean regidos autoritariamente por obispos y pastores.

Pero existe un rasero unificador que trasciende ese necesario relativismo: el principio ético fundamental de la vida concreta, o sea, la vida de las personas de carne y hueso, esto es, las personas que cada día comen, duermen, hablan, cantan, trabajan, ríen y lloran y también tienen deseos sexuales y necesidad de afectividad y compañía. A su vez, este principio funda un derecho inalienable: el de una vida digna para cada persona de carne y hueso.

Y esto último incluye, entre tantas otras cosas, el derecho a vivir la propia sexualidad tal cual ésta se manifiesta en la carne y el deseo; la propia identidad de género, tal cual ésta se siente en el fuero más íntimo y personal; a construir su propia relación de pareja y su propia familia, según lo dictan las propias y personales necesidades de afectividad, compañía y solidaridad.

TRIBUNA DEMOCRÁTICA, 2 de enero de 2009
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