Detalles absurdos alrededor del referendo del odio

¿Votamos sobre los derechos de budistas, pelirrojos y vegetarianos?
Lamentablemente hay personas que desean imponer sus principios religiosos a los demás
Edgar Monge Nicolaas
Conservacionista

¿Qué tienen en común estos grupos mencionados? Los compatriotas que los integran pertenecen a grupos minoritarios. Sin embargo, nadie está proponiendo un referéndum para definir si se les debe permitir reconocer legalmente sus uniones de hecho, con personas con quienes han convivido durante un plazo mayor a los tres años establecidos por el artículo 242 del Código de Familia.

Siempre he creído que el artículo 33 de nuestra Constitución Política sirve para todos los costarricenses, no exclusivamente para heterosexuales ni para católicos, ni para cualquier otro grupo mayoritario. Considero por principio que ningún derecho le debe ser negado a persona alguna por razones religiosas, raciales, políticas, por su nacionalidad, estado civil, discapacidad, género u orientación sexual, entre otras condiciones que integran el “ser” de cada persona. No es pedir privilegios, es simplemente que no se excluya a nadie del disfrute de un reconocimiento legal por ninguna de estas condiciones particulares, que componen lo que cada uno de nosotros somos. Debemos respetar esta diversidad no atacarla.

Hasta hace relativamente poco a las personas divorciadas no se les permitía participar en actividades religiosas –en Chile, no era posible divorciarse hasta 2004, los matrimonios interraciales estaban prohibidos en algunos países y hasta era impensable que una mujer ejerciera la Presidencia de la República–. Dichosamente todo esto se ha superado, pero lamentablemente todavía existen personas y grupos que desean imponer su ideología y principios religiosos a los demás. ¡No les es suficiente vivir SUS vidas como quieren, sino que exigen que los demás vivamos como ellos quieren!

Tal y como lo mencionara acertadamente en un comentario reciente Laurencia Sáenz (“Odioso integrismo, Página Quince, 01/077/2010), estas personas desean utilizar su fe (e ideología) como “instrumento para oprimir a los demás”. Desean imponer su visión del mundo a los demás sin importar por encima de quien pasan.

¿Razonable?

Debo reconocer que de los múltiples aspectos que se han comentado sobre esta particular iniciativa, una de los que más me ha sorprendido es que el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el distinguido constitucionalista Dr. Antonio Sobrado, considere que es razonable realizar una consulta popular sobre si se discrimina o no a un grupo de personas. La posibilidad de gozar del reconocimiento legal, amparado en los artículos 242 a 245 del Código de Familia, debe aplicarse a todos los costarricenses.

Considero que es peligroso que iniciemos el injusto y antidemocrático camino de pedirle a la mayoría que defina si los grupos minoritarios deben tener los mismos derechos que la mayoría de los costarricenses. ¿Seguirán las consultas sobre los derechos de pelirrojos, budistas, vegetarianos, geólogos, diabéticos y otros grupos minoritarios de costarricenses? Obviamente, espero que no.

Espero que el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional rectifiquen este error de permitir la realización de una consulta popular sobre los derechos de algún grupo de costarricenses. Sería un pésimo precedente. Ningún grupo de costarricenses debe tener que someter a consulta de sus compatriotas si logra disfrutar los mismos derechos que los demás. Espero que la Asamblea Legislativa, en el momento oportuno, también sepa ampliar las regulaciones del Código de Familia para que no excluya a ninguna persona que quiera recibir la protección de la normativa sobre la unión de hecho.

Costa Rica siempre ha sido un país reconocido como pionero en la protección de los derechos humanos. Históricamente siempre hemos protegido a los extranjeros perseguidos en sus naciones, no es el momento de empezar a discriminar a un importante grupo de costarricenses y mucho menos por medio de un mecanismo que pondrá a unos a decidir si otros serán tratados como ciudadanos iguales en la más antigua y sólida democracia de América Latina. Es un mal precedente en un momento de orgullo nacional por haber logrado elegir a la primera mujer presidenta de la República.

Espero prime el sentido común y se evite esta consulta popular. Que no sea esto un ejemplo del conocido refrán de “un paso adelante y dos atrás” para los derechos humanos en Costa Rica.


LA NACIÓN, Costa Rica, 4-6-2010
http://www.nacion.com/2010-06-04/Opinion/Foro/Opinion2395550.aspx