Pederastia, ante la Suprema Corte
¿Por qué el caso Valdez llegó hasta la Suprema Corte de Justicia?
No llegó porque haya pruebas suficientes para ser contemplado por el tribunal supremo como un caso ejemplar de abuso sexual infantil; aunque algunos ministros intenten llevar agua a ese molino. Ni llegó porque a la Suprema Corte le interese preguntar a Ulises Ruiz cuál es su papel en el caso de obstrucción de justicia y colusión de servidores públicos. Ni para averiguar por qué cuando los violadores estaban a punto de ser arrestados por agentes federales, la policía estatal impidió el arresto.
El caso no llegó a la Suprema Corte porque Ulises Ruiz, gobernador constitucional de Oaxaca, protege indirectamente a la red de pederastas. Ni llegó a la Corte porque uno de los abogados de los pederastas y de sus cómplices es Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente del PRI en Oaxaca.
Ni tampoco llegó a la Corte porque los pederastas, que son muchos y muy bien acomodados en el empresariado y en la política oaxaqueña, veracruzana y poblana, aceitaron la maquinaria de la impunidad. Ni a la Corte le interesará el porqué del silencioso proceder de el Secretario General de Gobierno, Manuel Teofilo García Corpus; del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; del secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos. O del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Alberto Alejandro Márquez Moreno.
Pero la sociedad no se puede equivocar; el caso no fue atraído por la Suprema Corte porque sea del interés de la mayoría de ministras y ministros, sino porque los abogados de Doña Leticia hicieron bien su trabajo y tienen derecho a impedir que los pederastas queden amparados por la ley y consigan un amparo del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. Es el trabajo de la Corte revisar ese amparo.
Hay que recordar el informe "Infancia Robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México". En Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana se estimó que había 4 mil 600 niñas y niños en esa situación en el año 2000; en la Ciudad de México 2 mil 500; en otras zonas como Monterrey, Puebla y León, mil; en otras zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa, Huatulco, mil 500. Leticia salvó a su niño, lo escuchó y reaccionó a tiempo.
El Gobierno del estado de Oaxaca también salvó a los suyos. Mientras tanto la producción de pornografía infantil "casera" como le llama un agente de INTERPOL, crece bajo el amparo del poder.
El Procurador General encontrará argumentos para convertir éste, como millones, en "casos individuales" de violación a los Derechos Humanos. Ignorando el papel que juega la utilización del poder del Estado en defensa de los delincuentes. Pero ya sabemos que a los Derechos Humanos los expulsa de México el Gobierno federal y les escupe en el rostro José Luís Soberanes, el Ombudsman que sueña con llegar a la Suprema Corte; para ello se ha preparado…
Los atentados contra Leticia y su familia no quedarán silenciados. La sociedad vigila a Ulises Ruiz y a sus redes que protegen a la pornografía infantil. Una cosa queda clara: Ni Leticia, ni su familia están solas. Millones de mexicanas y mexicanos estamos a su lado. Ulises Ruiz y sus aliados están vigilados por la sociedad.
ARGENPRESS, 22 de Enero de 2009
http://www.argenpress.info/2009/01/mxico-puebla-y-oaxaca-historia-de-un.html
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