Estudio sobre explotación sexual de menores en Costa Rica: persisten dudas y lagunas

• Revela estudio efectuado por IPEC-OIT
Persiste tolerancia social ante comercio sexual con menores de edad

• Costa Rica muestra avances, aunque persisten desafíos


Krissia Morris Gray kmorris@prensalibre.co.cr

Hacer nada y denunciar a la persona menor de edad que ofrece servicios sexuales a adultos, esas son algunas de las acciones que aplicarían los costarricenses si conocen de una situación de explotación comercial, aspecto que es preocupante, pues se traduce que el país tiene una tolerancia social ante dicho hecho ilícito.

Según se desprende del informe “El Comercio Sexual con Personas Menores de Edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Segundo Estudio de Tolerancia Social: Análisis de Resultados, Desafíos y Recomendaciones”, realizado por el programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el caso de Costa Rica llama la atención que, pese a la campaña de divulgación y a las leyes existentes, exista una idea de responsabilizar al menor explotado y a su familia.

De acuerdo con los resultados obtenidos, de una muestra de 1.200 personas entrevistadas, un 12,9% respondió que no haría nada de conocer la situación y un 21,1% dijo que denunciaría a la persona explotada, lo que contrasta del 8% y el 6% respectivamente, del estudio efectuado en 2005.

Al mismo tiempo, se registra una baja importante en el porcentaje de personas que denunciarían al cliente explotador. Mientras que en 2005 el mismo rondaba el 71%, tres años más tarde, el 58,6% respondió que acusaría al infractor, para una reducción de 12,4%.

El estudio determina que el 97,2% de las personas encuestadas en Costa Rica reconoce la explotación sexual comercial como delito.

Menores y familias ¿culpables?

Ana Lucía Calderón, una de las consultoras del proyecto, comentó que resulta preocupante que los entrevistados no sepan quién es el delincuente, y por ello, optan por echarle la culpa a las personas menores explotadas y a sus familias, y sostuvo que al no acusar a los infractores, la sociedad está optando por dejar los reales delincuentes sin castigo.

“Dentro de las causas del comercio sexual con personas menores de edad la gente menciona la pobreza, la falta de educación y mencionan la vagabundería de las personas menores de edad víctimas y los valores morales de las familias y de las personas explotadas.

“Llama la atención el hecho de que el comercio sexual con personas menores de edad es un delito, las personas aseguran que desconocen cuáles son las penas y existe un gran vacío informativo, esto a pesar de que el 75% de los entrevistados reconocieron que han visto información y propaganda”, reafirmó Calderón.

Calderón aseveró que se pudo detectar que la población en general no se siente parte del problema, sino que apuntan que debe ser la familia de la víctima y el Gobierno los llamados a tomar las acciones para disminuir y erradicar la problemática.

“Es preocupante que la gente vea normal que los adultos paguen y tengan relaciones sexuales con personas menores de edad (...) Es urgente cambiar la ideología de la gente e involucrar a todos los sectores para combatir el problema. (...) Los gobiernos de la región deben tener una política criminal definida en el tema de explotación sexual, como la tienen en materia de narcotráfico, para hacer un combate de orden público”, mencionó Calderón.

Entre otras conclusiones, el estudio señala que es importante realizar más acciones dirigidas a concienciar a la población acerca de quiénes cometen el delito de explotación sexual comercial, por ello se hace hincapié en que la información deberá darse de manera clara y específicamente dirigida a este objetivo, para que la población en general logre identificar a los verdaderos delincuentes, es decir, a explotadores sexuales que pagan por sexo a personas menores de edad y a proxenetas e intermediarios que lucran cometiendo este delito.

Campañas de refrescamiento

Mario Víquez, presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), se mostró sorprendido por los resultados alcanzados en el estudio, pues indicó que en campañas publicitarias se ha indicado que la comercio sexual con personas menores de edad es un delito que es penalizado, y en las mismas se ha indicado dónde hay que poner las denuncias.

Ante los resultados, Víquez dijo que emprenderá campañas de refrescamiento sobre el tema, a fin de recordarle a la población las acciones a seguir cuando detecten una situación de explotación sexual de menores de edad y que denuncien al “adulto prostituyente”.

Víquez recalcó que el año pasado, la instancia atendió 100 casos de explotación sexual de menores, y determinó que son los hombres adultos los que incurren en dichas prácticas ilícitas.

En este sentido, Víquez fue claro en que se deben realizar acciones tendientes al cambio de ideología de los que adoptan dicha práctica.

“Esta situación me lleva a decirle a los hombres que son criminales cuando pagan y tienen sexo con personas menores de edad. Es el único responsable y hay que parar a las mafias que están trabajando de manera más sofisticada, pues emplean el servicio celular e Internet. (...) sorprende que la gente responda que hacen falta más leyes. En el caso de Costa Rica existe la normativa completa para hacer frente a este problema, lo que se requiere es que la gente se apunte a denunciar”, refirió Víquez.

LA PRENSA LIBRE, Costa Rica, 15 de Abril de 2009
http://www.prensalibre.co.cr/2009/abril/15/nacionales01.php