La homofobia no acepta ni un poquito de equidad

UN MÍNIMO DE EQUIDAD
Luis Paulino Vargas Solis *

Me referiré aquí un artículo de la Licda. Alexandra Loría Beeche que se publica en DIARIO EXTRA (11-3-2009). El título anticipa con precisión el contenido: “¿Sociedades de convivencia o matrimonio homosexual camuflado?”. La abogada examina los derechos legales que daría a las parejas del mismo sexo la aprobación del proyecto de sociedades de convivencia para concluir que tiene similitudes con el matrimonio heterosexual. Por lo tanto, no se le debe aprobar porque, afirma Loría, la Constitución establece que “… el matrimonio es la base esencial de la familia y ésta tiene derecho a la protección especial del Estado”. Ergo, nuestra Constitución discrimina (algo preocupante para cualquier persona con un mínimo de conciencia democrática). Además —discusión con complejas ramificaciones sociológicas y antropológicas— parece que nuestra Constitución está atada a una idea insostenible: que sólo existe una forma de familia. O, por lo menos, que sólo una forma de familia es legítima. Otro adefesio preocupante.

Parece que la licenciada descubrió la cajeta de coco. Acontece que la vida en común de una pareja del mismo sexo tiene muchas similitudes con la de una pareja heterosexual. Quizá tienen deudas o pagan alquiler. Y la luz, el teléfono, el agua. Sacan la basura dos veces por semana. Van al supermercado y la feria del agricultor y la pulpería. Y a bailar, al cine o a pasear. Leen la DIARIO EXTRA, cocinan, se bañan, duermen, ven tele u oyen radio. Y hasta acontece que a veces tiene algún o algunos hijos o hijas (sí, señora, también eso existe en la realidad).

Tienen proyectos compartidos. Quizá comprar en conjunto una casa o un automóvil o un negocio. Nada del otro mundo. Asuntos simplemente humanos.

A veces alguno de las dos personas se enferma y, quizá, debe ser atendida en un hospital. Probablemente ambas personas tienen su trabajo, pero podría suceder que una de ellas, en algún momento, lo pierda y quede entonces sin seguridad social. Acontece —seres humanos al fin— que alguno pudiera fallecer.

Efectivamente, señora Loría, las parejas del mismo sexo están formadas por seres humanos comunes y corrientes. No son esos monstruos que ustedes han querido fabricar.

Lo que se propone es que las leyes concedan a estas parejas ese mínimo de protección al que, como seres humanos y ciudadanos o ciudadanas de un país que se presume democrático, deberían tener derecho. La posibilidad de tomar un préstamo en conjunto; de compartir un patrimonio; de visitarse en el hospital; de que el seguro social de uno proteja también al otro; de que la pensión de una beneficie, en caso de fallecimiento, a la otra.

Pero doña Alejandra exige que a estas parejas no se les reconozca derecho alguno. En breve: los miembros de estas parejas no son, a su juicio, seres humanos que merezcan el reconocimiento por parte de las leyes.

Claro, dirá la abogada Loría, existen atajos legales. Pero hasta en el mejor de los casos estos son parciales y bastante más limitados. E invariablemente suponen un trato abiertamente discriminatorio para las parejas del mismo sexo respecto de las parejas heterosexuales.

Claro, agregará la señora abogada, es que no es lo mismo una pareja homosexual que una heterosexual. No se lo discuto: no son lo mismo desde el punto de vista de las creencias religiosas de la señora Loría. Pero esta no es una discusión sobre religión, sino sobre derechos humanos e igualdad ante las leyes, cuya vigencia debería ser igualitaria, independientemente de la orientación sexual de las personas. Porque, además, aquí hablamos de un reconocimiento por las leyes, no de un reconocimiento por la religión. En lo que a esta compete, y si eso es lo que quieren curas y pastores, pues que sigan estableciendo segregaciones odiosas según la orientación sexual y la identidad de género de cada quien. Pero que eso se quede donde debe estar: dentro de las cuatro paredes de sus templos, no como normativa obligatoria incluso para quienes no son católicos o evangélicos.

Tampoco la ley de sociedades de convivencia garantiza igualdad. Está muy lejos de tal cosa. Pero al menos provee un mínimo de equidad. Qué terrible que ni siquiera eso acepten.

Luis Paulino Vargas Solís es Investigador y Catedrático Universitario


DIARIO EXTRA, 15 de marzo de 2010
http://www.diarioextra.com/2010/marzo/15/opinion04.php