El disparate se adueña de Costa Rica

Acechanzas del disparate
Es irracional pretender que las uniones civiles homosexuales amenacen a las familias

Laurencia Sáenz 
Filósofa
laurenciasaenz@gmail.com

Iniciado el debate sobre la conveniencia de someter a referendo las uniones civiles homosexuales, cabe preguntarse qué es peor: la homofobia consciente de si misma, o la que se ignora.

La primera, al ser fácilmente identificable, se expone de modo más certero al dardo de la crítica, cuya principal tarea no es hacer cambiar al homofóbico que reivindica su aversión, sino alertar a los demás sobre su poder nocivo.

La segunda es difícil de contrarrestar por cuanto, arraigada en el prejuicio inconsciente, se esconde a menudo tras el discurso aparentemente amistoso: “yo no tengo nada contra los homosexuales' Pero' pero me opongo a que legalicen sus uniones”.

En la aparente inocencia de la frase, no hay ningún odio ni insulto explícitos; todo se juega en el desprecio expresado de modo tácito.

El problema se complica cuando la homofobia asumida se nutre de la homofobia inconsciente, es decir, cuando el discurso del odio se aprovecha de prejuicios basados en la ignorancia y manipula a la opinión pública con el fin de torpedear el progreso en derechos civiles.

Entrevistada por la cadena de radio ADN, y en su reciente respuesta al editorial de este diario, la militante en contra de las uniones civiles gais, Alexandra Loría, dice no oponerse a que personas homosexuales gocen de los mismos derechos civiles que todos' Pero' se opone a que se les permita legalizar sus uniones, por cuanto estas violarían el “derecho humano” (sic) a la familia y al matrimonio heterosexual, a los que el Estado debería “proteger”.


Posición irracional

Para que semejante argumento tuviera alguna validez, habría que demostrar cómo la familia y los matrimonios heterosexuales estarían en peligro por el hecho de que dos hombres o dos mujeres puedan heredar los bienes de su cónyuge, o tener el cuido legítimo de su pareja en caso de enfermedad o muerte.

Para demostrarlo, habría que probar que la legalización de las uniones civiles gais les impedirá a parejas heterosexuales unirse en matrimonio. ¿Cómo sería esto posible?

El lector habrá presentido la carga irracional que arrastra el propósito de la Sra. Loría y de sus correligionarios.

Por un lado, la posición se basa en el prejuicio según el cual la homosexualidad es una enfermedad, una visión ya ampliamente superada en los países desarrollados, y tristemente, aun muy presente en nuestro país.

Por otro lado, el razonamiento tiene todas las características del pensamiento mágico: al legalizar las uniones, el espíritu de la homosexualidad se desataría, de modo irresistible, contagiando a toda la sociedad, de modo que ¡horror!, su madre, su padre, sus hijos, ¡usted misma! podrían ser homosexuales'

Un discurso parecido, en su irracionalidad, a las fantasías que expresaban los que se oponían al voto femenino, basándose en las teorías de Gustave Le Bon sobre la psique femenina: si la mujer vota, habrá que educarla, es decir, permitirle pensar. Problema: cuando la mujer piensa, toda la sangre concentrada en su útero corre hacia el cerebro' Horror: ¡el útero se secará! Pánico: ¡¿Y quién parirá a nuestros niños?!

Es el mismo tipo de pensamiento oscurantista, reacio al conocimiento, al progreso y a la razón, el que inspira hoy a quienes militan contra las uniones gais para “proteger” a la sociedad costarricense, a las familias y al matrimonio heterosexual.

La sociedad costarricense sí debe ser protegida, pero no de las uniones civiles homosexuales.

Debe protegerse de la intolerancia de quienes buscan utilizar la democracia participativa para discriminar a las minorías.

Debe protegerse del oscurantismo, que nutre fantasías de destrucción irracionales y disparatadas.

Debe protegerse del integrismo, que instrumentaliza la fe religiosa para limitar derechos humanos.

Debe protegerse, en fin, de la complaciente indulgencia, merced a la cual la intolerancia, el oscurantismo y el integrismo pueden lograr su objetivo de minar avances en materia de libertades individuales y poner así en jaque la frágil convivencia democrática.

LA NACIÓN, 14-6-2010
http://www.nacion.com/2010-06-14/Opinion/PaginaQuince/Opinion2407113.aspx