La perversión del referéndum como herramienta democrática
Alicia Pifarré Pan
Hay propuestas que deben rechazarse de entrada; por inhumanas, por irracionales, por crueles, por aborrecibles, por disparatadas o, simplemente, por manipuladoras, antidemocráticas e injustas. El buen gusto ético de cada uno, nuestros sentimientos y capacidad de razonar, nuestro auténtico interés por distinguir entre mentira y verdad, nuestros conocimientos e intereses son elementos que nos llevan a decidir. Pero a veces decidimos así nomás, de entrada, cuando una propuesta repugna a nuestros valores y principios.
Yo rechazo, de entrada y también luego de meditarla e investigar, la propuesta de decidir en un referéndum sobre las consecuencias jurídicas de las uniones entre personas del mismo sexo.
En el año 2006, la Sala Constitucional aceptó que, ante la ausencia de regulación normativa, constituía un “imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia” “regular los efectos personales y patrimoniales de ese tipo de uniones”. Considero que el instrumento escogido para decidir sobre este vacío legal que afecta gravemente a nuestra vida en sociedad no es jurídicamente válido. ¿Por qué?
1.- Porque la ley que se someterá a decisión de las mayorías protege y garantiza el ejercicio de DERECHOS HUMANOS ya reconocidos por Costa Rica, protección y garantía sobre los que no hay discusión posible. Esos derechos son: que “sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna” todos los seres humanos somos iguales ante la ley; que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y de su dignidad”; que “persona es todo ser humano”; que “toda persona tiene derecho a constituir familia” y que toda persona tiene derecho a igual protección contra “toda discriminación” y contra “toda provocación a tal discriminación”. Por si quedara alguna duda, aclaro que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos también prohíbe la discriminación basada en “la orientación sexual”. (Comunicación Nº 941/2000).
2.- Porque, en instrumentos internacionales vigentes, Costa Rica ha reconocido que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales” y que “la eliminación de toda forma de discriminación” contribuye al “fortalecimiento de la democracia”; además, el Estado costarricense ha manifestado su acuerdo en que “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.
3.- Porque los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos han sido elevados a rango constitucional (artículo 48 de la CP) y deben tomarse en cuenta en la interpretación sobre temas vinculados a esos derechos según ha indicado reiteradamente la Sala IV; por lo tanto, si en el referéndum se resuelve en contra de los derechos de las minorías sexualmente diversas tal resolución sería inconstitucional. ¿Cuál es el sentido de llamar al pueblo a optar por una decisión violatoria de nuestra Constitución Política?
4.- Porque la Sala Constitucional ha dicho que “Todo el derecho de los Derechos Humanos está fundado sobre la idea de que éstos últimos, como inherentes a la dignidad intrínseca de la persona humana, para decirlo en términos de la Declaración Universal, son atributos del ser humano, de todo ser humano en cuanto tal, anteriores y superiores a toda autoridad, la cual, en consecuencia, no los crea, sino que los descubre, no los otorga sino que simplemente los reconoce, porque tiene que reconocerlos.” (Sentencia 1994-02665) ¿Está claro? Los Derechos Humanos NO están sujetos a discusión. La autoridad, sea el pueblo ejerciendo su poder legislativo o la Asamblea ejerciendo ese poder delegado “tiene que reconocerlos”. No hay opción. Por tal motivo, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Venice Commission) señala en su “Código de buenas prácticas en Referéndums” que los textos sometidos a la decisión popular deben ser compatibles con las normas superiores y no deben ser contrarios a las normas internacionales, los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. (III Specific rules, 3.-)
5.- Porque coincido plenamente con lo dicho por el Magistrado Adrián Vargas Benavides, al redactar su voto salvado en la Res. Nº 2006-007262, que transcribo parcialmente pero cuya lectura íntegra recomiendo con especial énfasis: “La dignidad es inherente a la condición de ser humano, por su misma naturaleza, por lo cual es un valor de orden superior que NO DEPENDE DEL CONSENSO SOCIAL ni se mide por la manifestación de una persona. …La dignidad humana no puede violentarse a través de normas legales que no respeten el derecho inalienable que tiene cada persona a la diversidad, … Este principio de dignidad, base de nuestro ordenamiento jurídico, se convierte en una condición inherente a todo ser humano, por lo que en forma alguna se justifica que las parejas homosexuales sean tratadas en forma diferente, en detrimento de su libertad y dignidad, reduciéndolos a la condición de ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, algo intolerable en una sociedad democrática y plural como la diseñada por el constituyente.” (El destacado en mayúsculas no pertenece al original)
6.- Porque la ley sometida a referéndum regula jurídicamente una realidad que forma parte de nuestra sociedad y que no puede negarse. El Derecho regula la CONDUCTA HUMANA, si esa conducta implica la convivencia, permanente, estable y no prohibida de personas de un mismo sexo, eso mismo es lo que debe regularse atendiendo a la dignidad y a la libertad de las personas y garantizando el ejercicio legítimo de sus derechos.
7.- Porque el Derecho parte de las formas de convivencia social y las regula, ordenándolas, autorizándolas, permitiéndolas o bien prohibiéndolas, para asegurar la coexistencia armónica de seres libres. El legislador no crea normas a partir de la nada. La ausencia de reconocimiento jurídico de las realidades sociales cercena las libertades y atenta contra derechos fundamentales como la vida, la salud o la supervivencia. ¿Quién no ha sufrido la triste experiencia de tener que superar monumentales obstáculos para cuidar a una persona que no es familiar directo, internada en un hospital?
8.- Porque NO es aceptable argumentar desde la visión moral o religiosa sobre las normas jurídicas que deben regir en una República Democrática. Derecho, Moral y Religión son órdenes normativos distintos. Cuando el Derecho cede paso a cualquier "moral oficial", las normas resultantes no son jurídicas sino arbitrarias, lo que es propio de los Estados totalitarios; ejemplo claro de este tipo de normativa es aquella imperante en la Alemania nazi que sancionaba penalmente toda conducta “contraria al sano sentir del pueblo alemán.” En cuanto a las normas religiosas, implican la aceptación de un ser superior que las dicta y eso no puede ser impuesto a nadie. La imposición obligatoria de creencias es inconstitucional en nuestro país. Así de simple.
9.- Porque ofrecerle al pueblo, al soberano, la posibilidad de que legisle en contra del bien común, en contra de la armonía social, en contra de su propio ordenamiento jurídico, en contra del sistema democrático, es perverso, peligroso y atenta contra el Estado de Derecho.
10.- Porque la historia demuestra que las mayorías responden con rapidez, docilidad y obsecuencia a los líderes que fomentan la intolerancia y el atropello a los derechos de las minorías. El 29 de abril recién pasado, el Consejo de Europa adoptó la Resolución 1728 sobre discriminación basada en orientación sexual e identidad de género; en el documento insta a los Estados miembros a implementar las medidas necesarias para combatir esta forma de discriminación, señala la responsabilidad de los Parlamentos en promover cambios legislativos para erradicar la homofobia y la transfobia y para otorgar a las parejas de un mismo sexo iguales derechos y obligaciones patrimoniales que los reconocidos a parejas de distinto sexo. Señala la Resolución que existe una particular preocupación por los “discursos cargados de odio de líderes civiles, políticos y religiosos”, y, entre muchas otras recomendaciones, indica que es “deber supremo de las autoridades públicas” no solo proteger los derechos humanos de una manera efectiva, sino también ABSTENERSE de pronunciamientos que legitiman y alimentan la discriminación y el odio basado en la intolerancia. En Costa Rica, en cambio, las autoridades propician que líderes civiles y religiosos den rienda suelta a cuanta oscura pasión nace de la ignorancia, de los prejuicios y de la incomprensión. ¿Vivimos en democracia o debemos aceptar que nos estamos acercando peligrosamente al totalitarismo?
11.- Porque suficientes vacíos tiene nuestro ordenamiento jurídico -y aún mayores su efectiva aplicación- en materia de protección a los derechos humanos como para arriesgarnos a sumar otro más. El 17 de marzo del 2010, en la inauguración del 138º período ordinario de sesiones, el Doctor Felipe González, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo: “… las dificultades que enfrenta la región siguen siendo enormes. No sólo las instituciones democráticas de varios Estados miembros se encuentran en una situación frágil y vulnerable, tal como lo demostró el golpe de Estado en Honduras, sino que continúa siendo insuficiente la protección de los derechos fundamentales, en particular cuando se trata de los de grupos vulnerables que sufren la exclusión social y la discriminación por factores étnicos, de clase, raciales, de género y de orientación sexual.” ¿Agravará Costa Rica la “insuficiente protección de los derechos fundamentales?
12.- Porque eliminar todas las formas de discriminación es tarea urgente e importante si pretendemos mejorar nuestra deteriorada convivencia social. En el 137º período de sesiones, la CIDH advirtió: “... que la desigualdad y la discriminación son graves problemas estructurales en el hemisferio, que constituyen importantes obstáculos para el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes. La discriminación contra los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los pobres, los inmigrantes y diversos grupos sobre la base de su orientación sexual, entre otros, es un problema grave en todos los países de la región. La Comisión insta a los Estados a adoptar medidas urgentes a fin de avanzar en forma decidida en la prevención y el combate de todas las formas de discriminación, así como en la eliminación de la pobreza, en especial la pobreza extrema.” ¿Es aceptable una convocatoria que invita a retroceder en el combate a la discriminación?
13.- Porque ya es hora de que nuestros gobernantes cumplan con sus compromisos libremente asumidos. El 19 de abril del 2009, en la Quinta Cumbre de las Américas celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago, nuestro Presidente de entonces firmó una Declaración en la que se lee: “85. También reafirmamos que todas las formas de discriminación inhiben la plena participación de todas las personas en la sociedad y nos comprometemos a tomar medidas continuas para combatirlas. Continuaremos realizando esfuerzos para concluir las negociaciones sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.” ¿Desconocerá Costa Rica ese compromiso; tan poco vale la palabra empeñada internacionalmente?
14.- Porque en la Asamblea Legislativa hay dos proyectos de ley sobre los derechos y obligaciones que corresponden a las parejas del mismo sexo. Regulan el régimen patrimonial y hereditario de los convivientes, los beneficios de la seguridad social, el derecho a la visita en caso de hospitalización o privación de libertad de una de las partes, el derecho a alimentos mutuos, entre otros. Nada que perjudique o atente contra el Derecho de Familia vigente. ¿No sería fantástico si los diputados se pusieran a trabajar por el bien común de una vez por todas?
No se han acabado mis argumentos, pero como es probable que la paciencia de los lectores esté llegando a su fin, dejaré los restantes para otra ocasión.
Termino citando nuevamente al Magistrado Vargas Benavides; sus palabras llaman a una reflexión seria y obligada, imprescindible para afianzar los cimientos de nuestra República Democrática tan socavados en estos últimos años por la arbitrariedad, la ilegalidad, la intolerancia y la falta de ética. Debemos asumir el fortalecimiento de nuestro sistema democrático como tarea impostergable. El referéndum que desacertadamente se pretende adjuntar a las elecciones municipales solo servirá para alimentar odios y divisiones, prejuicios e incomprensión. Un socavón más que quizás nos lleve al derrumbe.
“La historia de la humanidad ha estado plagada de injusticias infligidas por mayorías a grupos disidentes o simplemente diversos. ...es hora de una apertura que permita la inserción completa e igualitaria de la minoría homosexual en la sociedad, con todos sus derechos y todas sus obligaciones. El sentir de algunas personas no puede seguir siendo excusa para que el Estado continúe tolerando la marginación y exclusión de las minorías homosexuales de los institutos jurídicos reconocidos al resto de las personas, entre ellos el matrimonio. … estimo que el rompimiento de barreras legales es el primer paso para lograr una evolución verdadera en la mentalidad del sector de la población que desconoce los derechos de la minoría homosexual y de cualesquiera otras minorías afectadas por estigmas discriminatorios y mermados en sus derechos fundamentales. De lo contrario, no se hace más que reforzar los sentimientos de irracional intolerancia e impedir una integración real e igualitaria de este sector de hombres y mujeres, así como obstaculizar la impostergable puesta en práctica de estrategias de educación y concienciación en torno a la diversidad sexual y a la igualdad como norte ineludible de nuestro sistema político.”
Abogada (*)
NUESTRO PAÍS, Costa Rica, 10-9-2010
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=26107
martes, 15 de junio de 2010
El carácter retrógrada del referendo del odio
Reflexiones a propósito de un referendo anunciado
Hugo Mora Poltronieri*
A finales del s. xix los gobernantes de este país se encontraban ante un dilema: seguían los dictados de su recta razón para resolver ciertas realidades sociales problemáticas o, como sus antecesores, se dejaban llevar por los dictados del poderoso estamento católico que decidía y actuaba como otro poder político paralelo. Pero estos gobernantes sí, estos sí sabían “amarrarse los pantalones” y darle al César –según la cita conocida- lo que le correspondía. Y así, unas tras otras, salieron las leyes que ponían a Costa Rica en el mapa de las naciones más a tono con la modernidad de la época: se instituyó el matrimonio como la institución civil que todos conocemos, al tiempo que se estableció algo tan necesario como el divorcio; se quitó a la Iglesia Católica (IC) la administración de los cementerios, con lo cual estos quedaron abiertos para todos, no solo para los católicos, indiferentemente de las circunstancias en que vivieron (extranjeros, herejes) o murieron (suicidas, sin confesión, etc.). Más aún: se le quitó a la IC el monopolio que tenía sobre la educación (dirigida a las clases pudientes) y se la declaró universal, obligatoria y gratuita, un paso fundamental para el desarrollo posterior de la vida democrática del país. Y, como colofón, hasta se expulsó al obispo, cansados como estaban los gobernantes de verlo entremeterse en asuntos que excedían lo meramente religioso.
Imaginemos por un momento que esas y otras medidas políticas de esos gobernantes liberales hubieran debido consultarse con el pueblo. Resultado: rechazo total de todas esas medidas. ¿Por qué? ¿Iban contra el pueblo? ¿Atentaban contra la estabilidad social? ¿Se perjudicaba a algún sector o minoría de los ciudadanos? No, en absoluto: la explicación más plausible es que toda esa masa popular, mayoritariamente analfabeta, imbuida de religión y ayuna de participación política, habría votado negativamente según las consignas vertidas en el púlpito y en los medios de comunicación controlados por la IC.
Ahora se vislumbra la posibilidad de un referendo para que la mayoría heterosexual de la población decida si la minoría gay y lesbiana (GL) tiene derecho a ejercer, ¡atención!, algunos y solo algunos de los derechos civiles que aquellos tienen, no por mérito propio, sino porque la lotería genética los asignó antes de nacer a la preferencia sexual políticamente “correcta”. Y lo más grave: altas autoridades del Estado no han sido omisas en hacernos saber de qué lado se sitúan desde ahora, lo mismo que sectores influyentes de los medios de comunicación, alineados con los altos jerarcas de la IC y pastores evangélicos fundamentalistas, confundidos todos estos religiosos en estrecha alianza “moralista” y ofreciéndose públicamente para recoger firmas en sus templos. ¿Recuerdan aquel decir campesino de “burro amarrado contra tigre suelto”?
De aquellas medidas, algunas tan combatidas por la IC como el divorcio y el matrimonio civil ¿cuántos costarricenses, sobre todo católicos, se han valido desde entonces para poder llevar una vida plena y feliz, solos o con otra pareja? Las cosas han cambiado tanto que hoy día nadie se siente avergonzado o privado de algún derecho por vivir en unión libre o por ser hijo “natural”, circunstancias que en otros tiempos equivalían a una especie de muerte civil imperdonable.
No al referendo de resultado previsto. Las sociedades evolucionan. Las leyes deben reflejar las nuevas realidades sociales. No hacerlo es promover la inestabilidad social y favorecer la discriminación en sus peores formas. Sacar a la luz a esta minoría GL, mediante ley, conducirá a la mayor integración social de un sector que es, por naturaleza, muy original y creativo, además de que con los derechos, vendrán también los deberes concomitantes con la vida más regular y ordenada asociada con la vida en pareja. Nadie en el colectivo GL tiene interés en el matrimonio, institución bastante deteriorada moralmente sobre todo en su modalidad católica. De lo que se trata es de asegurar algún género de institución legal que asigne el mínimo de derechos para parejas que han existido como tales desde que la humanidad es lo que es. Y hasta es posible que, ya con la ley en vigor, más de un heterosexual se asombre al comprobar cómo ese estereotipo del GL como un ser promiscuo, voluble, irresponsable, etc., ceda ante la realidad de infinidad de parejas GL que lo han sido por décadas, a pesar del rechazo social y de las persecuciones, privaciones y humillaciones sufridas de parte de parientes, maestros y empleadores homófobos, cuyas vidas de pareja posiblemente disten mucho del modelo moral que creen representar.
*Profesor ad honórem
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura/Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica, 15-6-2010
Hugo Mora Poltronieri*
A finales del s. xix los gobernantes de este país se encontraban ante un dilema: seguían los dictados de su recta razón para resolver ciertas realidades sociales problemáticas o, como sus antecesores, se dejaban llevar por los dictados del poderoso estamento católico que decidía y actuaba como otro poder político paralelo. Pero estos gobernantes sí, estos sí sabían “amarrarse los pantalones” y darle al César –según la cita conocida- lo que le correspondía. Y así, unas tras otras, salieron las leyes que ponían a Costa Rica en el mapa de las naciones más a tono con la modernidad de la época: se instituyó el matrimonio como la institución civil que todos conocemos, al tiempo que se estableció algo tan necesario como el divorcio; se quitó a la Iglesia Católica (IC) la administración de los cementerios, con lo cual estos quedaron abiertos para todos, no solo para los católicos, indiferentemente de las circunstancias en que vivieron (extranjeros, herejes) o murieron (suicidas, sin confesión, etc.). Más aún: se le quitó a la IC el monopolio que tenía sobre la educación (dirigida a las clases pudientes) y se la declaró universal, obligatoria y gratuita, un paso fundamental para el desarrollo posterior de la vida democrática del país. Y, como colofón, hasta se expulsó al obispo, cansados como estaban los gobernantes de verlo entremeterse en asuntos que excedían lo meramente religioso.
Imaginemos por un momento que esas y otras medidas políticas de esos gobernantes liberales hubieran debido consultarse con el pueblo. Resultado: rechazo total de todas esas medidas. ¿Por qué? ¿Iban contra el pueblo? ¿Atentaban contra la estabilidad social? ¿Se perjudicaba a algún sector o minoría de los ciudadanos? No, en absoluto: la explicación más plausible es que toda esa masa popular, mayoritariamente analfabeta, imbuida de religión y ayuna de participación política, habría votado negativamente según las consignas vertidas en el púlpito y en los medios de comunicación controlados por la IC.
Ahora se vislumbra la posibilidad de un referendo para que la mayoría heterosexual de la población decida si la minoría gay y lesbiana (GL) tiene derecho a ejercer, ¡atención!, algunos y solo algunos de los derechos civiles que aquellos tienen, no por mérito propio, sino porque la lotería genética los asignó antes de nacer a la preferencia sexual políticamente “correcta”. Y lo más grave: altas autoridades del Estado no han sido omisas en hacernos saber de qué lado se sitúan desde ahora, lo mismo que sectores influyentes de los medios de comunicación, alineados con los altos jerarcas de la IC y pastores evangélicos fundamentalistas, confundidos todos estos religiosos en estrecha alianza “moralista” y ofreciéndose públicamente para recoger firmas en sus templos. ¿Recuerdan aquel decir campesino de “burro amarrado contra tigre suelto”?
De aquellas medidas, algunas tan combatidas por la IC como el divorcio y el matrimonio civil ¿cuántos costarricenses, sobre todo católicos, se han valido desde entonces para poder llevar una vida plena y feliz, solos o con otra pareja? Las cosas han cambiado tanto que hoy día nadie se siente avergonzado o privado de algún derecho por vivir en unión libre o por ser hijo “natural”, circunstancias que en otros tiempos equivalían a una especie de muerte civil imperdonable.
No al referendo de resultado previsto. Las sociedades evolucionan. Las leyes deben reflejar las nuevas realidades sociales. No hacerlo es promover la inestabilidad social y favorecer la discriminación en sus peores formas. Sacar a la luz a esta minoría GL, mediante ley, conducirá a la mayor integración social de un sector que es, por naturaleza, muy original y creativo, además de que con los derechos, vendrán también los deberes concomitantes con la vida más regular y ordenada asociada con la vida en pareja. Nadie en el colectivo GL tiene interés en el matrimonio, institución bastante deteriorada moralmente sobre todo en su modalidad católica. De lo que se trata es de asegurar algún género de institución legal que asigne el mínimo de derechos para parejas que han existido como tales desde que la humanidad es lo que es. Y hasta es posible que, ya con la ley en vigor, más de un heterosexual se asombre al comprobar cómo ese estereotipo del GL como un ser promiscuo, voluble, irresponsable, etc., ceda ante la realidad de infinidad de parejas GL que lo han sido por décadas, a pesar del rechazo social y de las persecuciones, privaciones y humillaciones sufridas de parte de parientes, maestros y empleadores homófobos, cuyas vidas de pareja posiblemente disten mucho del modelo moral que creen representar.
*Profesor ad honórem
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura/Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica, 15-6-2010
El progresismo costarricense frente al referendo del odio
REFERENDO DEL ODIO: EL PAPEL DEL PROGRESISMO COSTARRICENSE
(I parte)
Luis Paulino Vargas Solís
Cuando meses atrás algunas personas bienintencionadas y honestas se esforzaban por forjar una posible coalición progresista que enfrentara al neoliberal PLN, una de las condiciones puesta por algunos sectores fue la supresión, dentro de cualquier posible programa de coalición, de toda mención a los derechos de las personas sexualmente diversas (gais, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales). A uno de los partidos que estaba siendo invitado a participar de esa coalición –el cual en su programa contempla un apartado dedicado a este tema- explícitamente se le solicitó aceptar esa exclusión. Dirigentes muy respetables, de distinguida trayectoria en la izquierda histórica de Costa Rica, avalaban con todo convencimiento esa solicitud. Una de esas personas me aseguró en un correo electrónico que, a su juicio, ese tema debía quedar restringido a los programas de los partidos -si es que alguno quería incorporarlo- pero que no podía tener espacio en una propuesta de coalición. Por esos mismos días circulaba un posible “programa mínimo de coalición”, en el cual resultaba ostentosa la ausencia de este asunto.
Por otra parte, he podido constatar –incluso a propósito de artículos que he escrito- que cuando este debate se plantea, personas vinculadas al movimiento social progresista, de respetables credenciales patrióticas y reconocido compromiso social, sostienen con toda firmeza que este asunto no es importante –no puede ni debe ser importante- para el progresismo nacional en ninguna de sus diversas expresiones. Y subrayan y enfatizan: muchos otros asuntos son mucho más importantes.
A estas alturas ya no me cabe ninguna duda de que las personas que así se expresan están en lo correcto. Es efectivamente cierto que, como tendencia dominante, al progresismo nacional este asunto no le interesa. Así, he podido constatar, muy a mi pesar, la certeza de una tesis que formulé en varios artículos escritos meses atrás, cuando hice ver que, entre las distintas agendas de reforma que una coalición progresista habría de impulsar en Costa Rica, el aspecto donde existían mayores carencias era la agenda de cambio socio-cultural. Hay vacíos importantes en género, juventudes y tercera edad, pero en lo relativo a los problemas asociados a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el rezago es simplemente sideral.
En general, este asunto tiende a generar como al modo de dos columnas diferenciadas pero no enemistadas dentro del progresismo nacional. De un lado, los que apoyan discursivamente. Del otro los que expresan un profundo desprecio e insisten en que hay mil asuntos más importantes. La distancia entre unos y otros es apenas de matiz, fácilmente salvable, por la sencilla razón de que quienes apoyan, jamás se desgastan más allá de lo estrictamente indispensable en ese apoyo. En la práctica actúan más o menos como los otros aseveran que debe actuarse: colocan el tema de la discriminación por razones de diversidad sexual en un sitio muy, muy lejano dentro del orden de prioridades de las agendas políticas.
Y, en efecto, un millón de asuntos capta su atención y absorbe su energía. Todas son cuestiones cuya importancia y significación es absolutamente indiscutible: minería a cielo abierto, el agua de Sardinal o la del macizo del Barba, la autonomía sindical en JAPDEVA, la autopista a Caldera, los servicios municipales, la Ley General sobre Electricidad, la seguridad alimentaria, etc. etc. Innumerables asuntos de indiscutible importancia.
Lo relevante aquí es constatar que todo ello justifica el que no pueda incurrirse en un desgaste mayor que el que ocasiona una expresión verbal de apoyo (o una firma sobre un proyecto de ley). En todo caso, ya esa sola manifestación pública tiene sus costos, por ejemplo, la maledicencia de curas y pastores que llaman a no votar por partidos que apoyan el “matrimonio” homosexual. Esto es algo que el progresismo que apoya esta reivindicación trae a colación cada vez que tiene oportunidad, así como recalcando: “pero vean que duro que nos la ponen ¿cómo pretenden que hagamos más?”.
No entro aquí a analizar –mucho menos a juzgar- las razones de ese proceder. Simplemente lo constato.
Por estos días se plantea el asunto de un referendo donde se votará por la aceptación o rechazo de un proyecto de ley (llamado de Sociedades de Convivencia), que reconocería algunos derechos mínimos a las parejas del mismo sexo (no es, ni de lejos, algo equiparable al matrimonio heterosexual). La señora Taitelbaum, Defensora de los Habitantes –por mil razones muy mal querida del progresismo nacional- se ha pronunciado en contra de ese referendo. También, cosa notable, el conservador periódico La Nación. Dejando de lado aspectos accesorios (como el ataque que el editorialista de La Nación desliza contra Hugo Chaves), en todo caso el punto de partida en ambos casos es tan elemental como ineludible: los derechos humanos.
Llegado a este punto, ya no me sorprende en absoluto el estridente silencio del progresismo nacional. Sin duda hay razones en virtud de las cuales las predicas de igualdad y justicia –tan caras a ese progresismo- quedan canceladas cuando entran en juego las personas discriminadas por razones de orientación sexual e identidad de género. Pero aún así no deja de asombrar la facilidad con que se dejan arrebatar el liderazgo en un campo –los derechos humanos- donde deberían aspirar a ser vanguardia. Y, desde luego, se ve improbable que en el futuro el progresismo pueda tener una voz audible entre las minorías sexualmente diversas ¿a cuenta de qué se le querría prestar oídos?
Para enfrentar la lucha que este referendo plantea, la población sexualmente diversa de Costa Rica necesitaría visibilizarse. Esa es la primera e indispensable condición. Las personas heterosexuales no tendrían por qué entender lo que eso significa, porque siempre han sido visibles. Pero los hombres gay y las mujeres lesbianas –y aún más crudamente quienes tienen una identidad de género que no coincide con su sexo biológico- aprendimos, ya desde muy temprano en nuestras vidas, que para sobrevivir debíamos hacernos invisibles. Invisibilizar nuestra sexualidad, nuestros afectos y emociones. Desdoblar nuestras vidas y tener dos rostros: el uno visible pero esencialmente falso; el otro invisible, pero trágicamente verdadero. El acto de visibilización -incomprensible para las personas heterosexuales-conlleva desarmar las defensas y exponerse, a pecho descubierto, al odio y la agresión. Ser invisible proporciona una falsa sensación de seguridad. Hacerse visible implica arriesgarse a lo que sea.
Solo en pocos y muy calificados casos la visibilización es posible. Pero justo por ello, para la minoría sexualmente diversa -acaso un 10 a 15% de la población- lo que se plantea es una lucha imposible. Sin duda, susurrar encerrados en el clóset no es precisamente una buena estrategia de pelea. Ello también determina la debilidad de nuestros liderazgos, carentes de arraigo popular. Que quede claro que no critico a dirigentes a quienes, como personas, aprecio y respeto profundamente. Pero ocurre que, hasta en el mejor de los casos, es tarea improbable liderar un colectivo paralizado por el terror.
Sin duda alguna, los grupos promotores de este referendo tienen todo esto muy claro.
El referendo será entonces un acto ominoso donde la mayoría aplastará y humillará a una minoría totalmente desarmada. Implicaría, simbólicamente, un acto de exterminio de una minoría a la que, con toda elocuencia, se le habrá dicho: ustedes –seres humanoides, monstruos informes- no tiene sitio en este país. Será, en fin, un triunfo del odio y la intolerancia, un acto que corromperá y denigrará la democracia.
Y, al cabo, esto se habrá consumado sin que el progresismo nacional haya tenido ni la capacidad ni la voluntad de hacer nada. Bien sé que entre manos hay un millón de asuntos muy importantes.
Alajuela, Costa Rica, 10-6-2010
(I parte)
Luis Paulino Vargas Solís
Cuando meses atrás algunas personas bienintencionadas y honestas se esforzaban por forjar una posible coalición progresista que enfrentara al neoliberal PLN, una de las condiciones puesta por algunos sectores fue la supresión, dentro de cualquier posible programa de coalición, de toda mención a los derechos de las personas sexualmente diversas (gais, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales). A uno de los partidos que estaba siendo invitado a participar de esa coalición –el cual en su programa contempla un apartado dedicado a este tema- explícitamente se le solicitó aceptar esa exclusión. Dirigentes muy respetables, de distinguida trayectoria en la izquierda histórica de Costa Rica, avalaban con todo convencimiento esa solicitud. Una de esas personas me aseguró en un correo electrónico que, a su juicio, ese tema debía quedar restringido a los programas de los partidos -si es que alguno quería incorporarlo- pero que no podía tener espacio en una propuesta de coalición. Por esos mismos días circulaba un posible “programa mínimo de coalición”, en el cual resultaba ostentosa la ausencia de este asunto.
Por otra parte, he podido constatar –incluso a propósito de artículos que he escrito- que cuando este debate se plantea, personas vinculadas al movimiento social progresista, de respetables credenciales patrióticas y reconocido compromiso social, sostienen con toda firmeza que este asunto no es importante –no puede ni debe ser importante- para el progresismo nacional en ninguna de sus diversas expresiones. Y subrayan y enfatizan: muchos otros asuntos son mucho más importantes.
A estas alturas ya no me cabe ninguna duda de que las personas que así se expresan están en lo correcto. Es efectivamente cierto que, como tendencia dominante, al progresismo nacional este asunto no le interesa. Así, he podido constatar, muy a mi pesar, la certeza de una tesis que formulé en varios artículos escritos meses atrás, cuando hice ver que, entre las distintas agendas de reforma que una coalición progresista habría de impulsar en Costa Rica, el aspecto donde existían mayores carencias era la agenda de cambio socio-cultural. Hay vacíos importantes en género, juventudes y tercera edad, pero en lo relativo a los problemas asociados a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el rezago es simplemente sideral.
En general, este asunto tiende a generar como al modo de dos columnas diferenciadas pero no enemistadas dentro del progresismo nacional. De un lado, los que apoyan discursivamente. Del otro los que expresan un profundo desprecio e insisten en que hay mil asuntos más importantes. La distancia entre unos y otros es apenas de matiz, fácilmente salvable, por la sencilla razón de que quienes apoyan, jamás se desgastan más allá de lo estrictamente indispensable en ese apoyo. En la práctica actúan más o menos como los otros aseveran que debe actuarse: colocan el tema de la discriminación por razones de diversidad sexual en un sitio muy, muy lejano dentro del orden de prioridades de las agendas políticas.
Y, en efecto, un millón de asuntos capta su atención y absorbe su energía. Todas son cuestiones cuya importancia y significación es absolutamente indiscutible: minería a cielo abierto, el agua de Sardinal o la del macizo del Barba, la autonomía sindical en JAPDEVA, la autopista a Caldera, los servicios municipales, la Ley General sobre Electricidad, la seguridad alimentaria, etc. etc. Innumerables asuntos de indiscutible importancia.
Lo relevante aquí es constatar que todo ello justifica el que no pueda incurrirse en un desgaste mayor que el que ocasiona una expresión verbal de apoyo (o una firma sobre un proyecto de ley). En todo caso, ya esa sola manifestación pública tiene sus costos, por ejemplo, la maledicencia de curas y pastores que llaman a no votar por partidos que apoyan el “matrimonio” homosexual. Esto es algo que el progresismo que apoya esta reivindicación trae a colación cada vez que tiene oportunidad, así como recalcando: “pero vean que duro que nos la ponen ¿cómo pretenden que hagamos más?”.
No entro aquí a analizar –mucho menos a juzgar- las razones de ese proceder. Simplemente lo constato.
Por estos días se plantea el asunto de un referendo donde se votará por la aceptación o rechazo de un proyecto de ley (llamado de Sociedades de Convivencia), que reconocería algunos derechos mínimos a las parejas del mismo sexo (no es, ni de lejos, algo equiparable al matrimonio heterosexual). La señora Taitelbaum, Defensora de los Habitantes –por mil razones muy mal querida del progresismo nacional- se ha pronunciado en contra de ese referendo. También, cosa notable, el conservador periódico La Nación. Dejando de lado aspectos accesorios (como el ataque que el editorialista de La Nación desliza contra Hugo Chaves), en todo caso el punto de partida en ambos casos es tan elemental como ineludible: los derechos humanos.
Llegado a este punto, ya no me sorprende en absoluto el estridente silencio del progresismo nacional. Sin duda hay razones en virtud de las cuales las predicas de igualdad y justicia –tan caras a ese progresismo- quedan canceladas cuando entran en juego las personas discriminadas por razones de orientación sexual e identidad de género. Pero aún así no deja de asombrar la facilidad con que se dejan arrebatar el liderazgo en un campo –los derechos humanos- donde deberían aspirar a ser vanguardia. Y, desde luego, se ve improbable que en el futuro el progresismo pueda tener una voz audible entre las minorías sexualmente diversas ¿a cuenta de qué se le querría prestar oídos?
Para enfrentar la lucha que este referendo plantea, la población sexualmente diversa de Costa Rica necesitaría visibilizarse. Esa es la primera e indispensable condición. Las personas heterosexuales no tendrían por qué entender lo que eso significa, porque siempre han sido visibles. Pero los hombres gay y las mujeres lesbianas –y aún más crudamente quienes tienen una identidad de género que no coincide con su sexo biológico- aprendimos, ya desde muy temprano en nuestras vidas, que para sobrevivir debíamos hacernos invisibles. Invisibilizar nuestra sexualidad, nuestros afectos y emociones. Desdoblar nuestras vidas y tener dos rostros: el uno visible pero esencialmente falso; el otro invisible, pero trágicamente verdadero. El acto de visibilización -incomprensible para las personas heterosexuales-conlleva desarmar las defensas y exponerse, a pecho descubierto, al odio y la agresión. Ser invisible proporciona una falsa sensación de seguridad. Hacerse visible implica arriesgarse a lo que sea.
Solo en pocos y muy calificados casos la visibilización es posible. Pero justo por ello, para la minoría sexualmente diversa -acaso un 10 a 15% de la población- lo que se plantea es una lucha imposible. Sin duda, susurrar encerrados en el clóset no es precisamente una buena estrategia de pelea. Ello también determina la debilidad de nuestros liderazgos, carentes de arraigo popular. Que quede claro que no critico a dirigentes a quienes, como personas, aprecio y respeto profundamente. Pero ocurre que, hasta en el mejor de los casos, es tarea improbable liderar un colectivo paralizado por el terror.
Sin duda alguna, los grupos promotores de este referendo tienen todo esto muy claro.
El referendo será entonces un acto ominoso donde la mayoría aplastará y humillará a una minoría totalmente desarmada. Implicaría, simbólicamente, un acto de exterminio de una minoría a la que, con toda elocuencia, se le habrá dicho: ustedes –seres humanoides, monstruos informes- no tiene sitio en este país. Será, en fin, un triunfo del odio y la intolerancia, un acto que corromperá y denigrará la democracia.
Y, al cabo, esto se habrá consumado sin que el progresismo nacional haya tenido ni la capacidad ni la voluntad de hacer nada. Bien sé que entre manos hay un millón de asuntos muy importantes.
Alajuela, Costa Rica, 10-6-2010
El disparate se adueña de Costa Rica
Acechanzas del disparate
Es irracional pretender que las uniones civiles homosexuales amenacen a las familias
Laurencia Sáenz
Filósofa
laurenciasaenz@gmail.com
Iniciado el debate sobre la conveniencia de someter a referendo las uniones civiles homosexuales, cabe preguntarse qué es peor: la homofobia consciente de si misma, o la que se ignora.
La primera, al ser fácilmente identificable, se expone de modo más certero al dardo de la crítica, cuya principal tarea no es hacer cambiar al homofóbico que reivindica su aversión, sino alertar a los demás sobre su poder nocivo.
La segunda es difícil de contrarrestar por cuanto, arraigada en el prejuicio inconsciente, se esconde a menudo tras el discurso aparentemente amistoso: “yo no tengo nada contra los homosexuales' Pero' pero me opongo a que legalicen sus uniones”.
En la aparente inocencia de la frase, no hay ningún odio ni insulto explícitos; todo se juega en el desprecio expresado de modo tácito.
El problema se complica cuando la homofobia asumida se nutre de la homofobia inconsciente, es decir, cuando el discurso del odio se aprovecha de prejuicios basados en la ignorancia y manipula a la opinión pública con el fin de torpedear el progreso en derechos civiles.
Entrevistada por la cadena de radio ADN, y en su reciente respuesta al editorial de este diario, la militante en contra de las uniones civiles gais, Alexandra Loría, dice no oponerse a que personas homosexuales gocen de los mismos derechos civiles que todos' Pero' se opone a que se les permita legalizar sus uniones, por cuanto estas violarían el “derecho humano” (sic) a la familia y al matrimonio heterosexual, a los que el Estado debería “proteger”.
Posición irracional
Para que semejante argumento tuviera alguna validez, habría que demostrar cómo la familia y los matrimonios heterosexuales estarían en peligro por el hecho de que dos hombres o dos mujeres puedan heredar los bienes de su cónyuge, o tener el cuido legítimo de su pareja en caso de enfermedad o muerte.
Para demostrarlo, habría que probar que la legalización de las uniones civiles gais les impedirá a parejas heterosexuales unirse en matrimonio. ¿Cómo sería esto posible?
El lector habrá presentido la carga irracional que arrastra el propósito de la Sra. Loría y de sus correligionarios.
Por un lado, la posición se basa en el prejuicio según el cual la homosexualidad es una enfermedad, una visión ya ampliamente superada en los países desarrollados, y tristemente, aun muy presente en nuestro país.
Por otro lado, el razonamiento tiene todas las características del pensamiento mágico: al legalizar las uniones, el espíritu de la homosexualidad se desataría, de modo irresistible, contagiando a toda la sociedad, de modo que ¡horror!, su madre, su padre, sus hijos, ¡usted misma! podrían ser homosexuales'
Un discurso parecido, en su irracionalidad, a las fantasías que expresaban los que se oponían al voto femenino, basándose en las teorías de Gustave Le Bon sobre la psique femenina: si la mujer vota, habrá que educarla, es decir, permitirle pensar. Problema: cuando la mujer piensa, toda la sangre concentrada en su útero corre hacia el cerebro' Horror: ¡el útero se secará! Pánico: ¡¿Y quién parirá a nuestros niños?!
Es el mismo tipo de pensamiento oscurantista, reacio al conocimiento, al progreso y a la razón, el que inspira hoy a quienes militan contra las uniones gais para “proteger” a la sociedad costarricense, a las familias y al matrimonio heterosexual.
La sociedad costarricense sí debe ser protegida, pero no de las uniones civiles homosexuales.
Debe protegerse de la intolerancia de quienes buscan utilizar la democracia participativa para discriminar a las minorías.
Debe protegerse del oscurantismo, que nutre fantasías de destrucción irracionales y disparatadas.
Debe protegerse del integrismo, que instrumentaliza la fe religiosa para limitar derechos humanos.
Debe protegerse, en fin, de la complaciente indulgencia, merced a la cual la intolerancia, el oscurantismo y el integrismo pueden lograr su objetivo de minar avances en materia de libertades individuales y poner así en jaque la frágil convivencia democrática.
LA NACIÓN, 14-6-2010
http://www.nacion.com/2010-06-14/Opinion/PaginaQuince/Opinion2407113.aspx
Es irracional pretender que las uniones civiles homosexuales amenacen a las familias
Laurencia Sáenz
Filósofa
laurenciasaenz@gmail.com
Iniciado el debate sobre la conveniencia de someter a referendo las uniones civiles homosexuales, cabe preguntarse qué es peor: la homofobia consciente de si misma, o la que se ignora.
La primera, al ser fácilmente identificable, se expone de modo más certero al dardo de la crítica, cuya principal tarea no es hacer cambiar al homofóbico que reivindica su aversión, sino alertar a los demás sobre su poder nocivo.
La segunda es difícil de contrarrestar por cuanto, arraigada en el prejuicio inconsciente, se esconde a menudo tras el discurso aparentemente amistoso: “yo no tengo nada contra los homosexuales' Pero' pero me opongo a que legalicen sus uniones”.
En la aparente inocencia de la frase, no hay ningún odio ni insulto explícitos; todo se juega en el desprecio expresado de modo tácito.
El problema se complica cuando la homofobia asumida se nutre de la homofobia inconsciente, es decir, cuando el discurso del odio se aprovecha de prejuicios basados en la ignorancia y manipula a la opinión pública con el fin de torpedear el progreso en derechos civiles.
Entrevistada por la cadena de radio ADN, y en su reciente respuesta al editorial de este diario, la militante en contra de las uniones civiles gais, Alexandra Loría, dice no oponerse a que personas homosexuales gocen de los mismos derechos civiles que todos' Pero' se opone a que se les permita legalizar sus uniones, por cuanto estas violarían el “derecho humano” (sic) a la familia y al matrimonio heterosexual, a los que el Estado debería “proteger”.
Posición irracional
Para que semejante argumento tuviera alguna validez, habría que demostrar cómo la familia y los matrimonios heterosexuales estarían en peligro por el hecho de que dos hombres o dos mujeres puedan heredar los bienes de su cónyuge, o tener el cuido legítimo de su pareja en caso de enfermedad o muerte.
Para demostrarlo, habría que probar que la legalización de las uniones civiles gais les impedirá a parejas heterosexuales unirse en matrimonio. ¿Cómo sería esto posible?
El lector habrá presentido la carga irracional que arrastra el propósito de la Sra. Loría y de sus correligionarios.
Por un lado, la posición se basa en el prejuicio según el cual la homosexualidad es una enfermedad, una visión ya ampliamente superada en los países desarrollados, y tristemente, aun muy presente en nuestro país.
Por otro lado, el razonamiento tiene todas las características del pensamiento mágico: al legalizar las uniones, el espíritu de la homosexualidad se desataría, de modo irresistible, contagiando a toda la sociedad, de modo que ¡horror!, su madre, su padre, sus hijos, ¡usted misma! podrían ser homosexuales'
Un discurso parecido, en su irracionalidad, a las fantasías que expresaban los que se oponían al voto femenino, basándose en las teorías de Gustave Le Bon sobre la psique femenina: si la mujer vota, habrá que educarla, es decir, permitirle pensar. Problema: cuando la mujer piensa, toda la sangre concentrada en su útero corre hacia el cerebro' Horror: ¡el útero se secará! Pánico: ¡¿Y quién parirá a nuestros niños?!
Es el mismo tipo de pensamiento oscurantista, reacio al conocimiento, al progreso y a la razón, el que inspira hoy a quienes militan contra las uniones gais para “proteger” a la sociedad costarricense, a las familias y al matrimonio heterosexual.
La sociedad costarricense sí debe ser protegida, pero no de las uniones civiles homosexuales.
Debe protegerse de la intolerancia de quienes buscan utilizar la democracia participativa para discriminar a las minorías.
Debe protegerse del oscurantismo, que nutre fantasías de destrucción irracionales y disparatadas.
Debe protegerse del integrismo, que instrumentaliza la fe religiosa para limitar derechos humanos.
Debe protegerse, en fin, de la complaciente indulgencia, merced a la cual la intolerancia, el oscurantismo y el integrismo pueden lograr su objetivo de minar avances en materia de libertades individuales y poner así en jaque la frágil convivencia democrática.
LA NACIÓN, 14-6-2010
http://www.nacion.com/2010-06-14/Opinion/PaginaQuince/Opinion2407113.aspx
¿Permitir que los raros se casen?
Matrimonio entre raros
PSICOFONÍAS
Estoy completamente a favor del permitir el matrimonio entre católicos. Me parece una injusticia y un error tratar de impedírselo.
El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a que a muchos no les gusten o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los mismos derechos que los demás, como si fueran, por ejemplo, informáticos u homosexuales.
Soy consciente de que muchos comportamientos y rasgos de carácter de las personas católicas, como su actitud casi enfermiza hacia el sexo, pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso, a veces, podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública, como su peligroso y deliberado rechazo a los preservativos. Sé también que muchas de sus costumbres, como la exhibición pública de imágenes de torturados, pueden incomodar a algunos.
Pero esto, además de ser más una imagen mediática que una realidad, no es razón para impedirles el ejercicio del matrimonio.
Algunos podrían argumentar que un matrimonio entre católicos no es un matrimonio real, porque para ellos es un ritual y un precepto religioso ante su dios, en lugar de una unión entre dos personas. También, dado que los hijos fuera del matrimonio están gravemente condenados por la iglesia, algunos podrían considerar que permitir que los católicos se casen incrementará el número de matrimonios por "el qué dirán" o por la simple búsqueda de sexo (prohibido por su religión fuera del matrimonio), incrementando con ello la violencia en el hogar y las familias desestructuradas. Pero hay que recordar que esto no es algo que ocurra sólo en las familias católicas y que, dado que no podemos meternos en la cabeza de los demás, no debemos juzgar sus motivaciones.
Por otro lado, el decir que eso no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma, no es más que una forma un tanto ruin de desviar el debate a cuestiones semánticas que no vienen al caso: Aunque sea entre católicos, un matrimonio es un matrimonio, y una familia es una familia.
Y con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que mi opinión, espero, no resulte demasiado radical: También estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos.
Algunos se escandalizarán ante una afirmación de este tipo. Es probable que alguno responda con exclamaciones del tipo de "¿Católicos adoptando hijos? ¡Esos niños podrían hacerse católicos!".
Veo ese tipo de críticas y respondo: Si bien es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor probabilidad de convertirse a su vez en católicos (al contrario que, por ejemplo, ocurre en la informática o la homosexualidad), ya he argumentado antes que los católicos son personas como los demás.
Pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos padres católicos estén peor preparados para educar a un hijo, ni de que el ambiente religiosamente sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Además, los tribunales de adopción juzgan cada caso individualmente, y es precisamente su labor determinar la idoneidad de los padres.
En definitiva, y pese a las opiniones de algunos sectores, creo que debería permitírseles también a los católicos tanto el matrimonio como la adopción.
Exactamente igual que a los informáticos y a los homosexuales.
ARGENPRESS CULTURAL, Argentina, 12-6-2010
http://cultural.argenpress.info/2010/06/matrimonio-entre-raros.html
PSICOFONÍAS
Estoy completamente a favor del permitir el matrimonio entre católicos. Me parece una injusticia y un error tratar de impedírselo.
El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a que a muchos no les gusten o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los mismos derechos que los demás, como si fueran, por ejemplo, informáticos u homosexuales.
Soy consciente de que muchos comportamientos y rasgos de carácter de las personas católicas, como su actitud casi enfermiza hacia el sexo, pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso, a veces, podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública, como su peligroso y deliberado rechazo a los preservativos. Sé también que muchas de sus costumbres, como la exhibición pública de imágenes de torturados, pueden incomodar a algunos.
Pero esto, además de ser más una imagen mediática que una realidad, no es razón para impedirles el ejercicio del matrimonio.
Algunos podrían argumentar que un matrimonio entre católicos no es un matrimonio real, porque para ellos es un ritual y un precepto religioso ante su dios, en lugar de una unión entre dos personas. También, dado que los hijos fuera del matrimonio están gravemente condenados por la iglesia, algunos podrían considerar que permitir que los católicos se casen incrementará el número de matrimonios por "el qué dirán" o por la simple búsqueda de sexo (prohibido por su religión fuera del matrimonio), incrementando con ello la violencia en el hogar y las familias desestructuradas. Pero hay que recordar que esto no es algo que ocurra sólo en las familias católicas y que, dado que no podemos meternos en la cabeza de los demás, no debemos juzgar sus motivaciones.
Por otro lado, el decir que eso no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma, no es más que una forma un tanto ruin de desviar el debate a cuestiones semánticas que no vienen al caso: Aunque sea entre católicos, un matrimonio es un matrimonio, y una familia es una familia.
Y con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que mi opinión, espero, no resulte demasiado radical: También estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos.
Algunos se escandalizarán ante una afirmación de este tipo. Es probable que alguno responda con exclamaciones del tipo de "¿Católicos adoptando hijos? ¡Esos niños podrían hacerse católicos!".
Veo ese tipo de críticas y respondo: Si bien es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor probabilidad de convertirse a su vez en católicos (al contrario que, por ejemplo, ocurre en la informática o la homosexualidad), ya he argumentado antes que los católicos son personas como los demás.
Pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos padres católicos estén peor preparados para educar a un hijo, ni de que el ambiente religiosamente sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Además, los tribunales de adopción juzgan cada caso individualmente, y es precisamente su labor determinar la idoneidad de los padres.
En definitiva, y pese a las opiniones de algunos sectores, creo que debería permitírseles también a los católicos tanto el matrimonio como la adopción.
Exactamente igual que a los informáticos y a los homosexuales.
ARGENPRESS CULTURAL, Argentina, 12-6-2010
http://cultural.argenpress.info/2010/06/matrimonio-entre-raros.html
Somos costarricenses: exigimos nuestros derechos
Yo también soy costarricense
Le pido al Estado cumplir con su mandato de garantizar la igualdadde derechos
Luis Diego González
Ingeniero
gsoto.luis@gmail.com
No puedo evitar preguntarme por qué hay quienes creen que el otorgarle derechos a las parejas homosexuales desvirtuará a la familia, cuando, desde el día que se fundó la República de Costa Rica, estas parejas ha sido parte de nuestra sociedad, aunque antes de manera invisible.
Hace no mucho tiempo, era casi inimaginable ser abiertamente gay. El nivel de aceptación ha venido en aumento, gracias en parte a las diversas luchas que ya otros libraron por nosotros.
No obstante, ahora, cuando finalmente hemos decidido reclamar una serie de derechos fundamentales, es que se han levantado con más fuerza quienes incluso nos acusan de ser los causantes de una serie de males sociales.
Yo, por mi parte, también creo en la familia como unidad social fundamental. Nací y me crie en ella, y le debo gran parte de lo que soy. Por ello, también la defiendo y reconozco su importancia. Soy consciente de los múltiples problemas que cada día la ataca con más fuerza, pero puedo asegurar con total certeza que mi relación de pareja en nada ha contribuido a ello.
Respeto las creencias de cada persona. Comprendo la importancia que juega la religión en la vida de muchos compatriotas y aplaudo la fe verdadera que muchos tienen en su Dios.
Algunos de nosotros crecimos en un ambiente cristiano y tenemos padres, hermanos, amigos y vecinos que, a pesar de mantenerse firmes en sus creencias, logran ver más allá de la etiqueta de homosexual y ven al ser humano. Quizás aún crean que algún día seré condenado por mis actos, pero creen también que ese trabajo no les corresponde a ellos.
Valores ciudadanos
Es falso que mis valores y mis principios sean contrarios a los de la sociedad costarricense. Por el contrario, me considero un ciudadano ejemplar en muchos sentidos. Me preocupa, al igual que a mis compatriotas, la inseguridad ciudadana, la niñez, la educación, la salud y el bienestar general de mi país. La única diferencia es mi preferencia sexual, la cual no es un asunto ni de valores ni de principios.
No quiero un anillo ni un acta de matrimonio. No quiero tener que recurrir a triquiñuelas para acceder a un crédito con mi pareja, visitarlo en el hospital si él se enferma o permitirnos el disfrute de una pensión en caso de que alguno fallezca.
Quiero saber que, para alcanzar nuestros anhelos y convertirlos en realidad, tenemos acceso a las mismas herramientas con las que cuentan nuestros compatriotas.
Es cierto que no doy el diezmo a ninguna iglesia, pero sí pago todos los impuestos que me corresponde. No soy católico, pero sí soy costarricense, por lo que no le pido a la Iglesia que reconozca mi unión, ni mucho menos que acepte mi estilo de vida.
Sin embargo, sí le pido al Estado cumplir con su mandato de ofrecerles a todos los ciudadanos de nuestro país igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
No es una ampliación de nuestros derechos, como dicen algunos. Es un intento de equiparación que lo único que busca es otorgarnos un mejor futuro.
LA NACIÓN, Costa Rica, 10-6-2010
http://www.nacion.com/2010-06-11/Opinion/Foro/Opinion2403768.aspx
Le pido al Estado cumplir con su mandato de garantizar la igualdadde derechos
Luis Diego González
Ingeniero
gsoto.luis@gmail.com
No puedo evitar preguntarme por qué hay quienes creen que el otorgarle derechos a las parejas homosexuales desvirtuará a la familia, cuando, desde el día que se fundó la República de Costa Rica, estas parejas ha sido parte de nuestra sociedad, aunque antes de manera invisible.
Hace no mucho tiempo, era casi inimaginable ser abiertamente gay. El nivel de aceptación ha venido en aumento, gracias en parte a las diversas luchas que ya otros libraron por nosotros.
No obstante, ahora, cuando finalmente hemos decidido reclamar una serie de derechos fundamentales, es que se han levantado con más fuerza quienes incluso nos acusan de ser los causantes de una serie de males sociales.
Yo, por mi parte, también creo en la familia como unidad social fundamental. Nací y me crie en ella, y le debo gran parte de lo que soy. Por ello, también la defiendo y reconozco su importancia. Soy consciente de los múltiples problemas que cada día la ataca con más fuerza, pero puedo asegurar con total certeza que mi relación de pareja en nada ha contribuido a ello.
Respeto las creencias de cada persona. Comprendo la importancia que juega la religión en la vida de muchos compatriotas y aplaudo la fe verdadera que muchos tienen en su Dios.
Algunos de nosotros crecimos en un ambiente cristiano y tenemos padres, hermanos, amigos y vecinos que, a pesar de mantenerse firmes en sus creencias, logran ver más allá de la etiqueta de homosexual y ven al ser humano. Quizás aún crean que algún día seré condenado por mis actos, pero creen también que ese trabajo no les corresponde a ellos.
Valores ciudadanos
Es falso que mis valores y mis principios sean contrarios a los de la sociedad costarricense. Por el contrario, me considero un ciudadano ejemplar en muchos sentidos. Me preocupa, al igual que a mis compatriotas, la inseguridad ciudadana, la niñez, la educación, la salud y el bienestar general de mi país. La única diferencia es mi preferencia sexual, la cual no es un asunto ni de valores ni de principios.
No quiero un anillo ni un acta de matrimonio. No quiero tener que recurrir a triquiñuelas para acceder a un crédito con mi pareja, visitarlo en el hospital si él se enferma o permitirnos el disfrute de una pensión en caso de que alguno fallezca.
Quiero saber que, para alcanzar nuestros anhelos y convertirlos en realidad, tenemos acceso a las mismas herramientas con las que cuentan nuestros compatriotas.
Es cierto que no doy el diezmo a ninguna iglesia, pero sí pago todos los impuestos que me corresponde. No soy católico, pero sí soy costarricense, por lo que no le pido a la Iglesia que reconozca mi unión, ni mucho menos que acepte mi estilo de vida.
Sin embargo, sí le pido al Estado cumplir con su mandato de ofrecerles a todos los ciudadanos de nuestro país igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
No es una ampliación de nuestros derechos, como dicen algunos. Es un intento de equiparación que lo único que busca es otorgarnos un mejor futuro.
LA NACIÓN, Costa Rica, 10-6-2010
http://www.nacion.com/2010-06-11/Opinion/Foro/Opinion2403768.aspx
Islandia: ya existe el matrimonio homosexual
Islandia aprueba el matrimonio homosexual
La ley ha salido adelante con los 49 votos de todos los diputados del Parlamento
EFE - Copenhague
El Althingi (Parlamento islandés) ha aprobado hoy por 49 votos a favor y ninguno en contra una ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. La norma del "matrimonio neutral" significará el fin de la normativa sobre parejas de hecho, vigente desde 1996.
La Iglesia luterana islandesa debe decidir ahora si autoriza o no las uniones entre homosexuales y lesbianas en sus templos. Según la legislación, "será siempre libre para celebrar ceremonias matrimoniales (gays), pero nunca estará obligada".
La actual primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir, se convirtió en febrero de 2009 en el primer jefe de Gobierno del mundo en declarar públicamente su homosexualidad.
Con la adopción de esta nueva ley, que entrará en vigor a finales de mes, Islandia se convierte en el noveno país en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras Holanda, España, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia y Portugal.
EL PAÍS, España, 12-6-2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Islandia/aprueba/matrimonio/homosexual/elpepusoc/20100611elpepusoc_8/Tes
La ley ha salido adelante con los 49 votos de todos los diputados del Parlamento
EFE - Copenhague
El Althingi (Parlamento islandés) ha aprobado hoy por 49 votos a favor y ninguno en contra una ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. La norma del "matrimonio neutral" significará el fin de la normativa sobre parejas de hecho, vigente desde 1996.
La Iglesia luterana islandesa debe decidir ahora si autoriza o no las uniones entre homosexuales y lesbianas en sus templos. Según la legislación, "será siempre libre para celebrar ceremonias matrimoniales (gays), pero nunca estará obligada".
La actual primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir, se convirtió en febrero de 2009 en el primer jefe de Gobierno del mundo en declarar públicamente su homosexualidad.
Con la adopción de esta nueva ley, que entrará en vigor a finales de mes, Islandia se convierte en el noveno país en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras Holanda, España, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia y Portugal.
EL PAÍS, España, 12-6-2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Islandia/aprueba/matrimonio/homosexual/elpepusoc/20100611elpepusoc_8/Tes
España: la necesaria neutralidad del Estado en lo religioso
La nueva ley de Libertad Religiosa
Ni crucifijos ni funerales católicos
El borrador de ley de Libertad Religiosa garantiza la "neutralidad" de los poderes públicos ante las distintas creencias y desarrolla la "laicidad" del Estado
IGNACIO CEMBRERO / MÓNICA CEBERIO BELAZA - Madrid
Los funerales de Estado en 2004 por las víctimas del 11-M no podrán volver a repetirse si sale adelante la ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno. Aquella ceremonia fue exclusivamente católica -la ofició Antonio María Rouco Varela-, a pesar de que entre los 191 muertos había un buen puñado de musulmanes y de cristianos ortodoxos.
Los funerales de Estado en 2004 por las víctimas del 11-M no podrán volver a repetirse si sale adelante la ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno. Aquella ceremonia fue exclusivamente católica -la ofició en la catedral madrileña de La Almudena el arzobispo de la capital, Antonio María Rouco Varela-, a pesar de que entre los 191 muertos había un buen puñado de musulmanes y de cristianos ortodoxos. El borrador del texto legal que maneja el Ejecutivo establece que el Estado organizará exclusivamente funerales civiles y solo se podrá desarrollar una ceremonia religiosa si las familias de los fallecidos lo solicitan. Y si entre los militares españoles caídos hubiera católicos y musulmanes, tendrían que celebrarse dos ceremonias sucesivas o una sola multiconfesional.
"Los actos y celebraciones oficiales organizados por los poderes públicos se llevarán a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso", dice el borrador de la Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa, norma que, según ha trascendido tras la visita de Zapatero al Papa, el Gobierno no va a poner en marcha hasta después del verano. Se refiere, en primer lugar, a los funerales, pero también a cualquier otro acto estatal.
El texto, según confirman fuentes oficiales, habla, por primera vez, de la "laicidad del Estado" -es el título de un capítulo y de un artículo-. En los artículos que desarrollan esta laicidad, sin embargo, no se afirma que España será un Estado laico, sino que se habla solo de "neutralidad de los poderes públicos ante la religión o las creencias" y de la obligación del Estado de evitar "toda confusión entre funciones estatales y actividades religiosas".
La nueva ley servirá también para determinar el alcance de los derechos de libertad religiosa y de conciencia y para que se tenga más en cuenta la nueva realidad confesional de España en la que, en parte a causa de la inmigración, han crecido otras religiones; especialmente, el número de musulmanes (1,4 millones), protestantes (rebasan el millón) y cristianos ortodoxos (600.000).
Las consecuencias concretas de la laicidad están fijadas en cuatro artículos. Aparte de regular los actos oficiales, el texto prohíbe los símbolos religiosos en determinados lugares: "En los establecimientos públicos no se exhibirán símbolos religiosos, salvo aquellos con valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural protegidos por las leyes". Es decir, no podrá haber crucifijos en colegios ni hospitales públicos, ni tampoco en ayuntamientos o ministerios.
Hay una excepción a esta regla en el texto. Pese a estar financiados con dinero público, los colegios concertados o los centros médicos privados con convenio con la Seguridad Social sí podrán exhibir simbología acorde con su credo. El Ministerio de Justicia estima, de todas formas, que un 80% de los símbolos carentes de valor artístico han sido ya suprimidos de los edificios públicos.
Las autoridades tendrán sus propias limitaciones. Si acuden a "actos estrictamente religiosos", deberán hacerlo "de tal manera que no suponga una quiebra de los principios de neutralidad y no discriminación", prosigue el texto. Es decir, que no solo deberán atender las invitaciones de la Iglesia católica y participar, por ejemplo, en procesiones, sino que también deberán acudir a actos de las demás confesiones como ya sucede, por ejemplo, en Ceuta con la Musala (rezo colectivo con el que finaliza el Ramadán), al que asisten el alcalde y el delegado del Gobierno. La mitad de la población de la ciudad es musulmana.
La presencia de funcionarios en actos religiosos está regulada de forma distinta a la de las autoridades. El texto establece que será siempre "voluntaria". El nuevo reglamento de honores militares se ha anticipado, en cierta medida, a la futura ley. Aprobado el 19 de mayo, estipula también que cuando Defensa autorice a escoltas o piquetes a asistir a celebraciones religiosas, la participación de los militares "tendrá carácter voluntario" y no tendrán que rendir honores al Santísimo, a la Virgen ni a los santos patronos.
Esta participación de los funcionarios, incluso si es voluntaria, podría chocar, según expertos consultados por este periódico, con la "neutralidad" de los poderes públicos y con la obligación de evitar "toda confusión entre funciones estatales y actividades religiosas" que consagra la ley.
La comisión que redacta el anteproyecto de ley no ha decidido aún si regulará o no en la ley los símbolos religiosos individuales que llevan, en espacios públicos, ciudadanos que no representan al Estado; prendas como el hiyab (pañuelo islámico), cuya colocación en abril sobre el cabello de Najwa Malha, alumna de un colegio de Pozuelo de Alarcón (Madrid), desató una polémica. "Es uno los asuntos que se siguen debatiendo", indican fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sí es favorable a legislar sobre el velo islámico. "Hay que precisar qué elementos religiosos de identificación personal puede portar un ciudadano dentro de los espacios públicos", afirmó el 4 de mayo en Telecinco. La ley "deberá ser clara" y aplicar "el sentido común y la tolerancia", insistió.
Uno de los contenidos de la libertad de conciencia es el derecho a "vivir y comportarse de acuerdo con las propias convicciones y creencias", que conlleva el de "expresar" la religión propia. Los únicos límites que recoge el texto son el orden público y los derechos de los demás. Pero la regulación que se propone es similar a la de la ley de libertad religiosa vigente, de 1980, que no consiguió dejar claro si el hiyab está jurídicamente permitido en aulas o salas de juicio o si cualquier colegio o juez puede impedir su uso.
El Gobierno propone también equipar prácticamente a las cuatro religiones que gozan en España de "notorio arraigo" -mormones, testigos de Jehová, budistas y ortodoxos- con las tres que en 1992 firmaron acuerdos con el Estado: musulmanes, protestantes y judíos. La Iglesia católica goza de una situación mejor gracias a los acuerdos de 1979, y continuará manteniendo estos privilegios. Seguirá siendo, por ejemplo, la única confesión a la que los contribuyentes podrán dedicar el 0,7% de su IRPF.
El borrador del proyecto de ley establece las condiciones (años de inscripción, número mínimo de lugares de culto, etcétera) para que otras religiones obtengan el estatus de "notorio arraigo" y la consiguiente capacidad de interlocución con el Estado, así como las ventajas fiscales que conlleva. Hasta ahora era la Comisión Asesora de Libertad Religiosa la que lo decidía, y sin criterios muy definidos. El hinduismo podría ser el primer candidato a conseguir esta condición con la nueva ley, que reconoce nuevos derechos para estas confesiones.
Los 37 artículos en preparación sustituirán a los ocho de la ley de 1980. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega preside la comisión encargada de redactar la ley, de la que también es miembro el director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, José María Contreras. Este catedrático consultó previamente algunos aspectos de la ley con las confesiones religiosas reunidas en un foro informal.
Esquerra Republicana de Catalunya es la formación que parece tener más prisa para que salga adelante la ley. Su portavoz adjunto, Joan Tardà, presentó una moción en el Congreso que los socialistas enmendaron y aprobaron el 18 de mayo con el voto en contra de PP y UPN y la abstención de CiU y PNV. La moción insta al Gobierno a someter el anteproyecto de la ley a una primera lectura antes del 30 de junio. No parece probable que se respete este plazo, pero el Consejo de Ministros le dará un primer repaso antes de las vacaciones veraniegas. En el mejor de los casos entrará en la Cámara baja a finales de año.
El PP se ha opuesto de antemano a la nueva ley por dos razones. La primera es de oportunidad. "No es el momento por necesidad social, prioridad ni por reconocer un nuevo derecho", declaró el diputado Santiago Cervera en el Congreso. Además, se lamentó, la ley "intervendrá aspectos no sustantivos, pero sí simbólicos" equiparables a "tradiciones y convenciones" de España.
La Iglesia católica tampoco está de acuerdo. El Papa Benedicto XVI trasladó el jueves en El Vaticano al presidente José Luís Rodríguez Zapatero sus reticencias ante la iniciativa legislativa en gestación.
La propuesta
- No se podrán exhibir símbolos religiosos en los establecimientos y edificios públicos salvo que tengan valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural. La prohibición no alcanza a los centros privados que presten servicios públicos.
- Los actos y celebraciones oficiales no incorporarán ceremonias religiosas.
- La autoridad pública que participe en un acto religioso garantizará que no haya trato discriminatorio a ninguna confesión.
- Las religiones de "notorio arraigo" verán ampliados sus derechos.
EL PAÍS, España, 13-6-2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/crucifijos/funerales/catolicos/elpepusoc/20100613elpepisoc_2/Tes
Ni crucifijos ni funerales católicos
El borrador de ley de Libertad Religiosa garantiza la "neutralidad" de los poderes públicos ante las distintas creencias y desarrolla la "laicidad" del Estado
IGNACIO CEMBRERO / MÓNICA CEBERIO BELAZA - Madrid
Los funerales de Estado en 2004 por las víctimas del 11-M no podrán volver a repetirse si sale adelante la ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno. Aquella ceremonia fue exclusivamente católica -la ofició Antonio María Rouco Varela-, a pesar de que entre los 191 muertos había un buen puñado de musulmanes y de cristianos ortodoxos.
Los funerales de Estado en 2004 por las víctimas del 11-M no podrán volver a repetirse si sale adelante la ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno. Aquella ceremonia fue exclusivamente católica -la ofició en la catedral madrileña de La Almudena el arzobispo de la capital, Antonio María Rouco Varela-, a pesar de que entre los 191 muertos había un buen puñado de musulmanes y de cristianos ortodoxos. El borrador del texto legal que maneja el Ejecutivo establece que el Estado organizará exclusivamente funerales civiles y solo se podrá desarrollar una ceremonia religiosa si las familias de los fallecidos lo solicitan. Y si entre los militares españoles caídos hubiera católicos y musulmanes, tendrían que celebrarse dos ceremonias sucesivas o una sola multiconfesional.
"Los actos y celebraciones oficiales organizados por los poderes públicos se llevarán a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso", dice el borrador de la Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa, norma que, según ha trascendido tras la visita de Zapatero al Papa, el Gobierno no va a poner en marcha hasta después del verano. Se refiere, en primer lugar, a los funerales, pero también a cualquier otro acto estatal.
El texto, según confirman fuentes oficiales, habla, por primera vez, de la "laicidad del Estado" -es el título de un capítulo y de un artículo-. En los artículos que desarrollan esta laicidad, sin embargo, no se afirma que España será un Estado laico, sino que se habla solo de "neutralidad de los poderes públicos ante la religión o las creencias" y de la obligación del Estado de evitar "toda confusión entre funciones estatales y actividades religiosas".
La nueva ley servirá también para determinar el alcance de los derechos de libertad religiosa y de conciencia y para que se tenga más en cuenta la nueva realidad confesional de España en la que, en parte a causa de la inmigración, han crecido otras religiones; especialmente, el número de musulmanes (1,4 millones), protestantes (rebasan el millón) y cristianos ortodoxos (600.000).
Las consecuencias concretas de la laicidad están fijadas en cuatro artículos. Aparte de regular los actos oficiales, el texto prohíbe los símbolos religiosos en determinados lugares: "En los establecimientos públicos no se exhibirán símbolos religiosos, salvo aquellos con valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural protegidos por las leyes". Es decir, no podrá haber crucifijos en colegios ni hospitales públicos, ni tampoco en ayuntamientos o ministerios.
Hay una excepción a esta regla en el texto. Pese a estar financiados con dinero público, los colegios concertados o los centros médicos privados con convenio con la Seguridad Social sí podrán exhibir simbología acorde con su credo. El Ministerio de Justicia estima, de todas formas, que un 80% de los símbolos carentes de valor artístico han sido ya suprimidos de los edificios públicos.
Las autoridades tendrán sus propias limitaciones. Si acuden a "actos estrictamente religiosos", deberán hacerlo "de tal manera que no suponga una quiebra de los principios de neutralidad y no discriminación", prosigue el texto. Es decir, que no solo deberán atender las invitaciones de la Iglesia católica y participar, por ejemplo, en procesiones, sino que también deberán acudir a actos de las demás confesiones como ya sucede, por ejemplo, en Ceuta con la Musala (rezo colectivo con el que finaliza el Ramadán), al que asisten el alcalde y el delegado del Gobierno. La mitad de la población de la ciudad es musulmana.
La presencia de funcionarios en actos religiosos está regulada de forma distinta a la de las autoridades. El texto establece que será siempre "voluntaria". El nuevo reglamento de honores militares se ha anticipado, en cierta medida, a la futura ley. Aprobado el 19 de mayo, estipula también que cuando Defensa autorice a escoltas o piquetes a asistir a celebraciones religiosas, la participación de los militares "tendrá carácter voluntario" y no tendrán que rendir honores al Santísimo, a la Virgen ni a los santos patronos.
Esta participación de los funcionarios, incluso si es voluntaria, podría chocar, según expertos consultados por este periódico, con la "neutralidad" de los poderes públicos y con la obligación de evitar "toda confusión entre funciones estatales y actividades religiosas" que consagra la ley.
La comisión que redacta el anteproyecto de ley no ha decidido aún si regulará o no en la ley los símbolos religiosos individuales que llevan, en espacios públicos, ciudadanos que no representan al Estado; prendas como el hiyab (pañuelo islámico), cuya colocación en abril sobre el cabello de Najwa Malha, alumna de un colegio de Pozuelo de Alarcón (Madrid), desató una polémica. "Es uno los asuntos que se siguen debatiendo", indican fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sí es favorable a legislar sobre el velo islámico. "Hay que precisar qué elementos religiosos de identificación personal puede portar un ciudadano dentro de los espacios públicos", afirmó el 4 de mayo en Telecinco. La ley "deberá ser clara" y aplicar "el sentido común y la tolerancia", insistió.
Uno de los contenidos de la libertad de conciencia es el derecho a "vivir y comportarse de acuerdo con las propias convicciones y creencias", que conlleva el de "expresar" la religión propia. Los únicos límites que recoge el texto son el orden público y los derechos de los demás. Pero la regulación que se propone es similar a la de la ley de libertad religiosa vigente, de 1980, que no consiguió dejar claro si el hiyab está jurídicamente permitido en aulas o salas de juicio o si cualquier colegio o juez puede impedir su uso.
El Gobierno propone también equipar prácticamente a las cuatro religiones que gozan en España de "notorio arraigo" -mormones, testigos de Jehová, budistas y ortodoxos- con las tres que en 1992 firmaron acuerdos con el Estado: musulmanes, protestantes y judíos. La Iglesia católica goza de una situación mejor gracias a los acuerdos de 1979, y continuará manteniendo estos privilegios. Seguirá siendo, por ejemplo, la única confesión a la que los contribuyentes podrán dedicar el 0,7% de su IRPF.
El borrador del proyecto de ley establece las condiciones (años de inscripción, número mínimo de lugares de culto, etcétera) para que otras religiones obtengan el estatus de "notorio arraigo" y la consiguiente capacidad de interlocución con el Estado, así como las ventajas fiscales que conlleva. Hasta ahora era la Comisión Asesora de Libertad Religiosa la que lo decidía, y sin criterios muy definidos. El hinduismo podría ser el primer candidato a conseguir esta condición con la nueva ley, que reconoce nuevos derechos para estas confesiones.
Los 37 artículos en preparación sustituirán a los ocho de la ley de 1980. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega preside la comisión encargada de redactar la ley, de la que también es miembro el director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, José María Contreras. Este catedrático consultó previamente algunos aspectos de la ley con las confesiones religiosas reunidas en un foro informal.
Esquerra Republicana de Catalunya es la formación que parece tener más prisa para que salga adelante la ley. Su portavoz adjunto, Joan Tardà, presentó una moción en el Congreso que los socialistas enmendaron y aprobaron el 18 de mayo con el voto en contra de PP y UPN y la abstención de CiU y PNV. La moción insta al Gobierno a someter el anteproyecto de la ley a una primera lectura antes del 30 de junio. No parece probable que se respete este plazo, pero el Consejo de Ministros le dará un primer repaso antes de las vacaciones veraniegas. En el mejor de los casos entrará en la Cámara baja a finales de año.
El PP se ha opuesto de antemano a la nueva ley por dos razones. La primera es de oportunidad. "No es el momento por necesidad social, prioridad ni por reconocer un nuevo derecho", declaró el diputado Santiago Cervera en el Congreso. Además, se lamentó, la ley "intervendrá aspectos no sustantivos, pero sí simbólicos" equiparables a "tradiciones y convenciones" de España.
La Iglesia católica tampoco está de acuerdo. El Papa Benedicto XVI trasladó el jueves en El Vaticano al presidente José Luís Rodríguez Zapatero sus reticencias ante la iniciativa legislativa en gestación.
La propuesta
- No se podrán exhibir símbolos religiosos en los establecimientos y edificios públicos salvo que tengan valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural. La prohibición no alcanza a los centros privados que presten servicios públicos.
- Los actos y celebraciones oficiales no incorporarán ceremonias religiosas.
- La autoridad pública que participe en un acto religioso garantizará que no haya trato discriminatorio a ninguna confesión.
- Las religiones de "notorio arraigo" verán ampliados sus derechos.
EL PAÍS, España, 13-6-2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/crucifijos/funerales/catolicos/elpepusoc/20100613elpepisoc_2/Tes
Argentina: reprenden a curas que apoyan matrimonio homosexual
Reprenden a curas cordobeses que están a favor del matrimonio gay
Las autoridades de la Iglesia "amonestaron" a un grupo de sacerdotes tercermundistas. Habían emitido un documento donde decían que "Jesús jamás condenó la homesxualidad".
Por Marta Platía. Corresponsal en Córdoba
A tres semanas de que el Grupo Angelelli –integrado por curas cordobeses tercermundistas—se pronunciara a favor del matrimonio gay, hoy se supo que el Arzobispo Carlos Ñáñez "citó a varios de ellos para que rectificaran sus dichos" y hasta los "amonestó".
Adrián Vitali, un ex sacerdote que es miembro del grupo rebelde integrado por unos sesenta religiosos que entre otras cosas, no están de acuerdo con el celibato; le dijo a Clarín que "estas amonestaciones, que son como una tarjeta amarilla en el fútbol, y pedidos de retractación. Surgieron luego de que se conociera el texto firmado por Nicolás Alessio que suscribimos, y en el que afirmamos que Jesús jamás condenó ni mencionó la homosexualidad. También sostuvimos que entendemos a la homosexualidad "como una manera diversa de vivir la sexualidad y el amor". (Ver edición de Clarín del 20 de mayo).
Ante la presión de la Iglesia -- "que fue llamando de a uno", confió Vitali a este diario-- el Grupo Angelelli emitió un comunicado que tituló "Sólo en la caridad es posible la diversidad", en el que denuncian que "el Arzobispo de la Arquidiócesis de Córdoba, Carlos Ñáñez, citó a varios párrocos integrantes del grupo Enrique Angelelli para que rectificaran sus dichos en torno al matrimonio homosexual. En términos canónicos, se trata de una 'amonestación' de la autoridad eclesial (...). Se les solicita 'desdecirse' de sus reflexiones, declaraciones, opiniones. Los sacerdotes consideran que no pueden traicionar a sus conciencias negando lo que con toda libertad y responsabilidad han afirmado a favor del matrimonio homosexual".
Los curas disidentes continúan: "Más allá del tema puntual (...) de ninguna manera se puede aceptar el intento de silenciar o censurar la libertad de expresión, la libertad de opinión (...) No aceptamos un discurso único que debe ser acatado por todos. No podemos seguir censurando y expulsando a lo diverso y plural que emergen en nuestras Iglesias. La estructura canónica y eclesiológica, monárquica y verticalista (...) anula toda posibilidad de comprensión y aceptación de la diversidad".
Así, el grupo no sólo no se retractó sino que reforzó su postura. En el párrafo final del documento, afirma que "La iglesia debe dejar el miedo a perder el poder. La Autoridad está en la humildad para buscar la verdad con los hombres y en el servicio, no en la imposición de una Doctrina Moral estática basada en una concepción antropológica inadecuada para nuestro tiempo".
El Grupo Angelelli está integrado, por curas casados y en ejercicio que se reúnen en una parroquia cordobesa, "los últimos viernes de cada mes" desde hace dos años. Además de Vitali, un ex sacerdote de Río Tercero que ahora es padre de tres hijos; asisten Nicolás Alessio, que tiene a su cargo la parroquia San Cayetano; Guillermo "Quito" Mariani, el sacerdote que escribió "Sin tapujos" --un libro en el que confesaba haber tenido experiencias sexuales durante una crisis vocacional--, Víctor Acha y Carlos Ponce de León, entre otros.
CLARÍN, Argentina, 10-6-2010
http://www.clarin.com/sociedad/Reprenden-curas-cordobeses-favor-matrimonio_0_277772439.html
Las autoridades de la Iglesia "amonestaron" a un grupo de sacerdotes tercermundistas. Habían emitido un documento donde decían que "Jesús jamás condenó la homesxualidad".
Por Marta Platía. Corresponsal en Córdoba
A tres semanas de que el Grupo Angelelli –integrado por curas cordobeses tercermundistas—se pronunciara a favor del matrimonio gay, hoy se supo que el Arzobispo Carlos Ñáñez "citó a varios de ellos para que rectificaran sus dichos" y hasta los "amonestó".
Adrián Vitali, un ex sacerdote que es miembro del grupo rebelde integrado por unos sesenta religiosos que entre otras cosas, no están de acuerdo con el celibato; le dijo a Clarín que "estas amonestaciones, que son como una tarjeta amarilla en el fútbol, y pedidos de retractación. Surgieron luego de que se conociera el texto firmado por Nicolás Alessio que suscribimos, y en el que afirmamos que Jesús jamás condenó ni mencionó la homosexualidad. También sostuvimos que entendemos a la homosexualidad "como una manera diversa de vivir la sexualidad y el amor". (Ver edición de Clarín del 20 de mayo).
Ante la presión de la Iglesia -- "que fue llamando de a uno", confió Vitali a este diario-- el Grupo Angelelli emitió un comunicado que tituló "Sólo en la caridad es posible la diversidad", en el que denuncian que "el Arzobispo de la Arquidiócesis de Córdoba, Carlos Ñáñez, citó a varios párrocos integrantes del grupo Enrique Angelelli para que rectificaran sus dichos en torno al matrimonio homosexual. En términos canónicos, se trata de una 'amonestación' de la autoridad eclesial (...). Se les solicita 'desdecirse' de sus reflexiones, declaraciones, opiniones. Los sacerdotes consideran que no pueden traicionar a sus conciencias negando lo que con toda libertad y responsabilidad han afirmado a favor del matrimonio homosexual".
Los curas disidentes continúan: "Más allá del tema puntual (...) de ninguna manera se puede aceptar el intento de silenciar o censurar la libertad de expresión, la libertad de opinión (...) No aceptamos un discurso único que debe ser acatado por todos. No podemos seguir censurando y expulsando a lo diverso y plural que emergen en nuestras Iglesias. La estructura canónica y eclesiológica, monárquica y verticalista (...) anula toda posibilidad de comprensión y aceptación de la diversidad".
Así, el grupo no sólo no se retractó sino que reforzó su postura. En el párrafo final del documento, afirma que "La iglesia debe dejar el miedo a perder el poder. La Autoridad está en la humildad para buscar la verdad con los hombres y en el servicio, no en la imposición de una Doctrina Moral estática basada en una concepción antropológica inadecuada para nuestro tiempo".
El Grupo Angelelli está integrado, por curas casados y en ejercicio que se reúnen en una parroquia cordobesa, "los últimos viernes de cada mes" desde hace dos años. Además de Vitali, un ex sacerdote de Río Tercero que ahora es padre de tres hijos; asisten Nicolás Alessio, que tiene a su cargo la parroquia San Cayetano; Guillermo "Quito" Mariani, el sacerdote que escribió "Sin tapujos" --un libro en el que confesaba haber tenido experiencias sexuales durante una crisis vocacional--, Víctor Acha y Carlos Ponce de León, entre otros.
CLARÍN, Argentina, 10-6-2010
http://www.clarin.com/sociedad/Reprenden-curas-cordobeses-favor-matrimonio_0_277772439.html
El referendo como expresión de homofobia
Tribunal Electoral y Homofobia (I PARTE)
Alfonso J. Palacios Echeverría.
A través de los medios de prensa nos hemos enterado que el Tribunal Electoral provechará las elecciones municipales del próximo mes de Diciembre para realizar una consulta ciudadana, a fin de que sea el pueblo quien decida si se permiten las uniones civiles entre homosexuales, con los derechos legales inherentes, o no. ¿Es una trampa o un acto bien intencionado?
Esto, que parece tan democrático puede no serlo, pues -como señalan los grupos que defienden los derechos civiles de los gays y lesbianas- sería darle a una mayoría que no está clara en sus criterios, el poder de decidir sobre los derechos de una minoría. Y que el problema de la homofobia altamente extendida en nuestra cultura, puede jugar un papel importante en la negación de sus derechos.
Como es un tema delicado, me tomé la libertad de consultar diversos autores que han estudiado el tema de la homofobia, a fin de comprenderla mejor y tratar de apreciar los alcances de esta situación, y logré resultados positivos para su entendimiento, los cuales deseo transmitir y comentar.
Porque lo que está en juego, o lo estará en Diciembre, son los derechos humanos de un grupo de ciudadanos, más amplio de lo que uno se imagina, a los que se les niegan éstos en violación flagrante de la Constitución y los principios legales más básicos, según argumentan.
Lo primero es entender lo que es la homofobia, que jugará un papel importante en esta consulta.
Y para ello transmito definiciones de especialistas en temas sicosociales. La homofobia es una enfermedad psico-social que se define por tener odio a los homosexuales. La homofobia pertenece al mismo grupo que otras enfermedades parecidas, como el racismo, la xenofobia o el machismo. Este grupo de enfermedades se conoce con el nombre genérico de fascismo, y se fundamenta en el odio al otro, entendido éste como una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extraños, amenazadoras para la sociedad, y -lo que es peor- contagiosos.
La homofobia, como las demás variantes del fascismo, prepara siempre las condiciones del exterminio. Pasiva o activamente crea y consolida un marco de referencias agresivo contra los gais y las lesbianas, identificándoles como personas peligrosas, viciosas, ridículas, anormales, y enfermas, marcándoles con un estigma específico que es el cimiento para las acciones de violencia política (desigualdad legal), social (exclusión y escarnio públicos) o física (ataques y asesinatos).
Mientras que a lo largo del siglo XX los movimientos por la igualdad han conseguido importantes avances en los derechos de otros colectivos estigmatizados o excluidos, como las minorías raciales o las mujeres, la homofobia sigue perviviendo en la sociedad impunemente, sin que haya una conciencia colectiva de su peligro.
Muestra de esta situación es que, por ejemplo, todavía en muchos países las relaciones homosexuales están penalizadas; se escuchan chistes de mariquitas en los medios de comunicación; lesbianas y gais son agredidos por bandas de neonazis; se hacen redadas policiales en los locales de ambiente gais, y sus derechos no están equiparados a los de las personas heterosexuales.
Todo el mundo recuerda que los nazis exterminaron a varios millones de judíos; nadie recuerda que también exterminaron a cientos de miles de homosexuales, y que tras la derrota nazi muchos de ellos siguieron en prisión porque en Alemania (antes y después de la 2ª Guerra Mundial) la homosexualidad era delito.
A nadie se le ocurre hoy hacer un chiste antisemita en la radio o en la televisión; en cambio, todas las semanas escuchamos chistes homófobos en estos medios. ¿Por qué? Porque aún no hay instrumentos suficientes para que la homofobia sea nombrada, pensada, combatida con rotundidad.
Un ejemplo de ello está en que, 1997 fue el Año Europeo contra el racismo y la xenofobia, hubo cientos de actos para concienciar a la sociedad contra estas variantes del fascismo, pero no se celebró ningún acto contra la homofobia.
Es más, la Real Academia se ha negado a incluir el término "homofobia" en el diccionario, tras solicitarlo varias veces distintos colectivos gais y antirracistas.
La homofobia tiene una larga tradición en la historia de la humanidad, no tiene un origen único, ni una cabeza visible, ni un objetivo, ni una razón histórica, está enraizada en diferentes culturas, épocas, clases sociales, instituciones.
El tema tiene raíces mucho más profundas y complejas de lo que nos imaginamos.
Por ejemplo, desde la infancia los niños aprenden de lo que ven y oyen. En un hogar donde los padres (o uno de ellos) son homófobos, donde se escuchan comentarios o insultos contra los homosexuales, se está fomentando la futura homofobia de los niños.
Esto tiene dos graves consecuencias para ellos: si el niño/niña tiene deseos homosexuales, se verá traumatizado por ese ambiente hostil y será incapaz de poder asumir con naturalidad su deseo; además -independientemente de su opción sexual- se estará criando a un futuro homófobo, y reproduciendo por tanto un sistema fascista.
Los padres deben tomar consciencia de esta situación. El lenguaje cotidiano está lleno de expresiones homófobas, que traducen y legitiman ese estado de odio y agresión: maricón, bollera, tortillera, bujarrón, sarasa, moña, playo, cueco, culero... la riqueza del castellano en este ámbito es casi ilimitada, fiel reflejo de nuestra igualmente rica tradición homófoba. Hay que denunciar ese lenguaje, desenmascarando su violencia interna.
El Estado, el Ejército (donde existe) y la Iglesia son tres instituciones tradicionalmente homófobas.
El Estado aprueba el matrimonio entre parejas de distinto sexo, concediendo unos derechos legítimos a estos ciudadanos, y margina por razones de orientación sexual a otras personas, lo cual es inconstitucional según el criterio de algunos especialistas.
El Ejército persigue activamente a las personas homosexuales cuando están bajo su jurisdicción, e inculca valores homófobos y machistas.
La Iglesia Católica, fiel a su histórica tradición de promotora de exterminios, sigue atacando las relaciones homosexuales con declaraciones agresivas, y promoviendo el odio hacia las personas homosexuales.
Lo mismo ocurre con la mayoría de las demás religiones del mundo. Desde los movimientos sociales y políticos encontramos actitudes similares. Los grupos de crítica social, tradicionalmente identificados con el nombre genérico de izquierda (socialismo, comunismo, anarquismo, etc.), siempre han dejado de lado el problema de la homofobia, cuando no han participado activamente en ella (Castro, Stalin).
Las ONGs antirracistas tampoco han tomado conciencia hasta hace poco de la necesidad de incluir el trabajo contra la homofobia como uno de sus objetivos.
Los grupos políticos conservadores siempre han estado a favor de la homofobia (Reagan, Thatcher, Bush), financiando a grupos parafascistas homófobos, o rechazando iniciativas legales de igualdad (Felipe González, Aznar, en el caso de España).
En el mundo académico-científico el discurso médico tomó el relevo en el siglo XIX a la religión en la tarea de estigmatizar y reprimir ciertas opciones sexuales: de ahí nace a finales del XIX la categoría de homosexualidad como enfermedad, una de las raíces de la homofobia del siglo XX.
Los discursos médicos, psiquiátricos, sociológicos, y de la ciencia en general debieron posteriormente abandonar sus estrategias de segregación y dejar de señalar la homosexualidad como algo específico, desviado, anormal o enfermizo.
Desde los medios de comunicación: la radio, la prensa, la televisión, transmiten continuamente imágenes y contenidos homófobos. Por ejemplo, cuando hay un asesinato, si el asesino es gay, se incluye este dato como relevante en el titular, si es heterosexual se omite. Esa manera de dar una noticia es abiertamente homófoba, y manipuladora.
La radio y la televisión emiten chistes que hacen escarnio y burla de lesbianas y gays, e introducen imágenes pintorescas para ridiculizar a los homosexuales. Una prueba de ello son las caricaturescas figuras de personajes gays en las telenovelas latinoamericanas.
Desde los propios homosexuales se aprecian actitudes homofóbicas: en vez de hacerse cómplices con chistes, referencias degradantes, léxico homofóbico y cosas parecidas, gays y lesbianas tienen la responsabilidad de luchar contra la homofobia, organizándose, manifestándose, saliendo del armario, perdiendo el miedo, reivindicando sus derechos, denunciando las agresiones, haciéndose visibles para atacar a los homófobos, para que el resto de la sociedad sepa que existen y entienda que la lucha contra el fascismo es una lucha de todos.
El problema más importante para las decisiones de Diciembre radica en que la homosexualidad y la religión están unidas en una relación con muchos altibajos, puesto que siempre se ha tachado a la atracción de un individuo hacia otro de su mismo sexo como algo antinatural, desagradable, incluso de una repulsión hacia Dios.
Las manifestaciones de rechazo suelen ser variadas y por lo general muy contundentes: desde su rechazo verbal, hacia una campaña de satanización por parte de una institución cuyo propósito inicial es el de salvaguardar la paz de un individuo con una divinidad.
De allí que resulte en cierta forma peligrosa la convocatoria del Tribunal Electoral para que la población tome una decisión sobre el tema. Pues se está exponiendo a una decisión errónea por parte del electorado, por ser éste, en su gran mayoría homófobo, y aún más, ignorante e influenciado por religiones que les condicionan sus criterios.
INFORMATICO, 9-6-2010
http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&ref=07-06-100012
Alfonso J. Palacios Echeverría.
A través de los medios de prensa nos hemos enterado que el Tribunal Electoral provechará las elecciones municipales del próximo mes de Diciembre para realizar una consulta ciudadana, a fin de que sea el pueblo quien decida si se permiten las uniones civiles entre homosexuales, con los derechos legales inherentes, o no. ¿Es una trampa o un acto bien intencionado?
Esto, que parece tan democrático puede no serlo, pues -como señalan los grupos que defienden los derechos civiles de los gays y lesbianas- sería darle a una mayoría que no está clara en sus criterios, el poder de decidir sobre los derechos de una minoría. Y que el problema de la homofobia altamente extendida en nuestra cultura, puede jugar un papel importante en la negación de sus derechos.
Como es un tema delicado, me tomé la libertad de consultar diversos autores que han estudiado el tema de la homofobia, a fin de comprenderla mejor y tratar de apreciar los alcances de esta situación, y logré resultados positivos para su entendimiento, los cuales deseo transmitir y comentar.
Porque lo que está en juego, o lo estará en Diciembre, son los derechos humanos de un grupo de ciudadanos, más amplio de lo que uno se imagina, a los que se les niegan éstos en violación flagrante de la Constitución y los principios legales más básicos, según argumentan.
Lo primero es entender lo que es la homofobia, que jugará un papel importante en esta consulta.
Y para ello transmito definiciones de especialistas en temas sicosociales. La homofobia es una enfermedad psico-social que se define por tener odio a los homosexuales. La homofobia pertenece al mismo grupo que otras enfermedades parecidas, como el racismo, la xenofobia o el machismo. Este grupo de enfermedades se conoce con el nombre genérico de fascismo, y se fundamenta en el odio al otro, entendido éste como una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extraños, amenazadoras para la sociedad, y -lo que es peor- contagiosos.
La homofobia, como las demás variantes del fascismo, prepara siempre las condiciones del exterminio. Pasiva o activamente crea y consolida un marco de referencias agresivo contra los gais y las lesbianas, identificándoles como personas peligrosas, viciosas, ridículas, anormales, y enfermas, marcándoles con un estigma específico que es el cimiento para las acciones de violencia política (desigualdad legal), social (exclusión y escarnio públicos) o física (ataques y asesinatos).
Mientras que a lo largo del siglo XX los movimientos por la igualdad han conseguido importantes avances en los derechos de otros colectivos estigmatizados o excluidos, como las minorías raciales o las mujeres, la homofobia sigue perviviendo en la sociedad impunemente, sin que haya una conciencia colectiva de su peligro.
Muestra de esta situación es que, por ejemplo, todavía en muchos países las relaciones homosexuales están penalizadas; se escuchan chistes de mariquitas en los medios de comunicación; lesbianas y gais son agredidos por bandas de neonazis; se hacen redadas policiales en los locales de ambiente gais, y sus derechos no están equiparados a los de las personas heterosexuales.
Todo el mundo recuerda que los nazis exterminaron a varios millones de judíos; nadie recuerda que también exterminaron a cientos de miles de homosexuales, y que tras la derrota nazi muchos de ellos siguieron en prisión porque en Alemania (antes y después de la 2ª Guerra Mundial) la homosexualidad era delito.
A nadie se le ocurre hoy hacer un chiste antisemita en la radio o en la televisión; en cambio, todas las semanas escuchamos chistes homófobos en estos medios. ¿Por qué? Porque aún no hay instrumentos suficientes para que la homofobia sea nombrada, pensada, combatida con rotundidad.
Un ejemplo de ello está en que, 1997 fue el Año Europeo contra el racismo y la xenofobia, hubo cientos de actos para concienciar a la sociedad contra estas variantes del fascismo, pero no se celebró ningún acto contra la homofobia.
Es más, la Real Academia se ha negado a incluir el término "homofobia" en el diccionario, tras solicitarlo varias veces distintos colectivos gais y antirracistas.
La homofobia tiene una larga tradición en la historia de la humanidad, no tiene un origen único, ni una cabeza visible, ni un objetivo, ni una razón histórica, está enraizada en diferentes culturas, épocas, clases sociales, instituciones.
El tema tiene raíces mucho más profundas y complejas de lo que nos imaginamos.
Por ejemplo, desde la infancia los niños aprenden de lo que ven y oyen. En un hogar donde los padres (o uno de ellos) son homófobos, donde se escuchan comentarios o insultos contra los homosexuales, se está fomentando la futura homofobia de los niños.
Esto tiene dos graves consecuencias para ellos: si el niño/niña tiene deseos homosexuales, se verá traumatizado por ese ambiente hostil y será incapaz de poder asumir con naturalidad su deseo; además -independientemente de su opción sexual- se estará criando a un futuro homófobo, y reproduciendo por tanto un sistema fascista.
Los padres deben tomar consciencia de esta situación. El lenguaje cotidiano está lleno de expresiones homófobas, que traducen y legitiman ese estado de odio y agresión: maricón, bollera, tortillera, bujarrón, sarasa, moña, playo, cueco, culero... la riqueza del castellano en este ámbito es casi ilimitada, fiel reflejo de nuestra igualmente rica tradición homófoba. Hay que denunciar ese lenguaje, desenmascarando su violencia interna.
El Estado, el Ejército (donde existe) y la Iglesia son tres instituciones tradicionalmente homófobas.
El Estado aprueba el matrimonio entre parejas de distinto sexo, concediendo unos derechos legítimos a estos ciudadanos, y margina por razones de orientación sexual a otras personas, lo cual es inconstitucional según el criterio de algunos especialistas.
El Ejército persigue activamente a las personas homosexuales cuando están bajo su jurisdicción, e inculca valores homófobos y machistas.
La Iglesia Católica, fiel a su histórica tradición de promotora de exterminios, sigue atacando las relaciones homosexuales con declaraciones agresivas, y promoviendo el odio hacia las personas homosexuales.
Lo mismo ocurre con la mayoría de las demás religiones del mundo. Desde los movimientos sociales y políticos encontramos actitudes similares. Los grupos de crítica social, tradicionalmente identificados con el nombre genérico de izquierda (socialismo, comunismo, anarquismo, etc.), siempre han dejado de lado el problema de la homofobia, cuando no han participado activamente en ella (Castro, Stalin).
Las ONGs antirracistas tampoco han tomado conciencia hasta hace poco de la necesidad de incluir el trabajo contra la homofobia como uno de sus objetivos.
Los grupos políticos conservadores siempre han estado a favor de la homofobia (Reagan, Thatcher, Bush), financiando a grupos parafascistas homófobos, o rechazando iniciativas legales de igualdad (Felipe González, Aznar, en el caso de España).
En el mundo académico-científico el discurso médico tomó el relevo en el siglo XIX a la religión en la tarea de estigmatizar y reprimir ciertas opciones sexuales: de ahí nace a finales del XIX la categoría de homosexualidad como enfermedad, una de las raíces de la homofobia del siglo XX.
Los discursos médicos, psiquiátricos, sociológicos, y de la ciencia en general debieron posteriormente abandonar sus estrategias de segregación y dejar de señalar la homosexualidad como algo específico, desviado, anormal o enfermizo.
Desde los medios de comunicación: la radio, la prensa, la televisión, transmiten continuamente imágenes y contenidos homófobos. Por ejemplo, cuando hay un asesinato, si el asesino es gay, se incluye este dato como relevante en el titular, si es heterosexual se omite. Esa manera de dar una noticia es abiertamente homófoba, y manipuladora.
La radio y la televisión emiten chistes que hacen escarnio y burla de lesbianas y gays, e introducen imágenes pintorescas para ridiculizar a los homosexuales. Una prueba de ello son las caricaturescas figuras de personajes gays en las telenovelas latinoamericanas.
Desde los propios homosexuales se aprecian actitudes homofóbicas: en vez de hacerse cómplices con chistes, referencias degradantes, léxico homofóbico y cosas parecidas, gays y lesbianas tienen la responsabilidad de luchar contra la homofobia, organizándose, manifestándose, saliendo del armario, perdiendo el miedo, reivindicando sus derechos, denunciando las agresiones, haciéndose visibles para atacar a los homófobos, para que el resto de la sociedad sepa que existen y entienda que la lucha contra el fascismo es una lucha de todos.
El problema más importante para las decisiones de Diciembre radica en que la homosexualidad y la religión están unidas en una relación con muchos altibajos, puesto que siempre se ha tachado a la atracción de un individuo hacia otro de su mismo sexo como algo antinatural, desagradable, incluso de una repulsión hacia Dios.
Las manifestaciones de rechazo suelen ser variadas y por lo general muy contundentes: desde su rechazo verbal, hacia una campaña de satanización por parte de una institución cuyo propósito inicial es el de salvaguardar la paz de un individuo con una divinidad.
De allí que resulte en cierta forma peligrosa la convocatoria del Tribunal Electoral para que la población tome una decisión sobre el tema. Pues se está exponiendo a una decisión errónea por parte del electorado, por ser éste, en su gran mayoría homófobo, y aún más, ignorante e influenciado por religiones que les condicionan sus criterios.
INFORMATICO, 9-6-2010
http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&ref=07-06-100012
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