lunes, 1 de febrero de 2010

Ofensiva homofóbica del gobierno federal mexicano

Gobierno federal inicia recurso de inconstitucionalidad contra matrimonios gay ante la Corte

Estas uniones son constitucionales y serán defendidas por especialistas de la UNAM
La administración calderonista arremete contra el Estado laico: diputada Enoé Uranga
Christian Rea Tizcareño


México DF

La Procuraduría General de la República (PGR) inició este miércoles una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas aprobadas el 21 de diciembre de 2009 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para reconocer en la capital del país el derecho de las parejas homosexuales a casarse y poder adoptar niños de forma conjunta.

De esta manera, la PGR hace valer la solicitud del Colegio de Abogados Católicos y la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas de interponer un juicio ante la Corte para declarar inconstitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo en el DF.

Según un comunicado de prensa de la PGR, la nueva legislación del DF contraviene los artículos 4, 14, 16 y 133 de la Constitución mexicana, así como la “protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974”.

La dependencia precisa que son las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil local las que se contraponen al “principio de legalidad”, pues se alejan “del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño”.

Al respecto, la diputada federal Enoé Uranga, del Partido de la Revolución Democrática, señaló en entrevista que vendrá un “proceso largo” en el cual “vamos a ganar”, pues se demostrará que los derechos humanos del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual están protegidos por la Constitución.

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dijo a esta agencia que detrás del comportamiento de la PGR está el Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien “ha decidido poner por encima sus creencias religiosas. Fue una decisión de Estado. Ha renunciado a su obligación legal de gobernar para todos los mexicanos, para gobernar de acuerdo a su fe, a sus filias y a sus propias fobias”.

Sobre el procurador, Arturo Chávez Chávez, la diputada apuntó que “es un hombre que desde el inicio fue señalado por su misoginia, por su complicidad en los feminicidios de Ciudad Juárez. Cree que las mujeres provocamos la violación por usar minifaldas. ¿Qué podemos esperar cuando se trata de reconocer los derechos humanos de las disidencias sexuales?”

Uranga Muñoz calificó la decisión de la administración federal como un “abuso de poder fuera de toda norma” y “una abierta agresión al Estado laico”. Calderón pertenece al grupo político que actúa en función de las presiones del poder fáctico de la jerarquía católica, criticó.

La legisladora dijo que es momento de que la ciudadanía defienda el Estado laico, pues los argumentos de la PGR no sólo son deficientes, sino religiosos. En ningún tratado internacional firmado por México se reconoce que exista un solo modelo familiar. “El del Cairo, el más importante y ratificado en el gobierno foxista, reconoce que existen distintos tipos de familias”.

De acuerdo con la diputada, los hijos de las parejas del mismo sexo no son “etéreos” como piensa Chávez Chávez. Añadió que las familias homoparentales ya existen y carecen de seguridad social.

Por su parte, Miguel Carbonell, constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que participará en la defensa del matrimonio gay ante la SCJN junto con un grupo de especialistas conformado por el jurista Diego Valadés y Alejandro Madrazo, investigador que litigó en la Corte a favor de la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en el DF.

Carbonell afirmó a esta agencia que la nueva legislación capitalina es constitucional, por lo que los argumentos de la PGR son “completamente falsos”, puesto que el artículo 4 de la ley suprema del país establece proteger a la familia; pero no dice que ésta sea exclusivamente heterosexual como sostiene la dependencia calderonista.

Tampoco se viola el interés superior de los niños y las niñas de la ciudad, pues las personas homosexuales siempre han podido adoptar infantes de forma individual en toda la República. Con las reformas aprobadas en la ALDF, los gays ahora tendrán la oportunidad de hacerlo en pareja, dijo.

Las modificaciones legales que entrarán en vigor en marzo próximo no violan ni la Constitución, ni los tratados internacionales signados por México, “al contrario, terminan con una fuerte discriminación”, consideró el experto.

NOTIESE, México, 28 de enero de 2010
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3552

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