La Procuradoría en Argentina reconoce que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho constitucional

El procurador de la Corte reconoce que es discriminatorio negar el matrimonio gay

Por Redacción

Claudia Castro y María Rachid presentaron el primer recurso de amparo ante la Justicia para poder casarse civilmente.

“Ninguna solución sana ha de venir por la vía del desconocimiento de la realidad que viven estos conciudadanos”, concluyó el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien agregó: la “clarificación” de la situación legal que atraviesan las parejas de gays y lesbianas que quieren casarse “es una deuda que el sistema político-jurídico debe saldar”. La declaración forma parte del extenso dictamen en el que evalúa el pedido de inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil que la dirigente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) María Rachid y su mujer Claudia Castro elevaron a la Corte Suprema, tras un fallido intento por convertirse en esposas ante la ley. El informe que Righi presentó a los jueces de la Corte Suprema es terminante: el máximo tribunal debe arbitrar los medios y mecanismos ya usados en el caso Badaro para que la demanda de matrimonio legal para gays y lesbianas sea debatida en el Congreso de la Nación.

En febrero de 2007, María Rachid y Claudia Castro quisieron casarse como lo hace cualquier pareja heterosexual, pero la misma jueza del registro civil que, años antes, las había unido civilmente, debió negarse. “Me encantaría pero no puedo. La ley no me lo permite”, explicó, por lo que las mujeres convirtieron el matrimonio frustrado en un pedido de inconstitucionalidad de esa ley, por considerarla discriminatoria. A mediados de 2007, la jueza María Bacigalupo encontró que esa negativa era de lo más acertada, lo cual motivó otro recurso judicial de Rachid y Castro, esta vez ante la Cámara de Apelaciones, que también rechazó la solicitud. Así, se llegó a la Corte Suprema. Es a esa demanda que viene a responder el dictamen de Righi.

“Muchas veces el contenido de las sentencias expusieron a la ‘luz pública’ realidades sociales que, si bien existieron siempre, no fueron –por la causa que fuere– previstas (ni, agrego ahora, resueltas) por el legislador que entonces sí se vio compelido a considerarlas”, recuerda –citándose a sí mismo, en una evaluación anterior– Righi al fin del dictamen “Rachid, María de la Cruz y otro c/ Registro Nacional de Estado y Capacidad de las Personas”.

Autodeterminación

Dar respuesta a una demanda de transformación legal no es sencillo. En principio, el dictamen de la Procuración subraya la importancia que los contextos históricos particulares tienen a la hora de definir el marco legal para las uniones matrimoniales. A ello, dice Righi, debe sumarse otro marco, dado por los acuerdos y pactos internacionales con rango constitucional. Y sin embargo la experiencia internacional demuestra que son los propios Estados los que deben determinar qué “modelo matrimonial” concuerda, bajo “garantía de igualdad”, con su propia sociedad.

“Indudablemente, el ejercicio de la autodeterminación individual es un valor que rescata el Derecho contemporáneo, con su mirada puesta en el respeto por la condición humana. Esta perspectiva tiene directa relación con el derecho a la igualdad (y su contracara, la no discriminación).” Righi también rescata que, como sostiene la Organización de Naciones Unidas, “no cualquier distinción es discriminatoria; sólo lo son aquellas que incurren en arbitrariedad”, lo cual, sumado al hecho de que la propia jurisprudencia de la Corte Suprema reitera que la Constitución “asegura un trato legal igualitario para quienes se hallan en similares condiciones”, lleva a replantear la validez de algunos criterios.

Un debate inminente

El dictamen refiere la necesidad de que el Estado responda a una demanda cuya falta de respuesta afecta a un número importante de ciudadanas y ciudadanos. Esa dimensión numérica convierte una cuestión privada en cuestión de interés público. Que haya parejas formales compuestas por personas del mismo sexo, y que esas personas deseen el reconocimiento legal de esas uniones significa que algo ha cambiado desde que se redactó la ley de matrimonio civil. Por ello, lo cuestionado “es la potestad estatal de restringir la libertad de consentimiento en punto a la complementariedad sexual, por la vía del diseño matrimonial imperativo”, es decir, el heterosexual.

“La determinación del modelo matrimonial es un problema que excede” a la propia Corte, dictaminó el procurador: al tratarse de un cuestionamiento al modelo familiar a partir del cual se diseñó un modelo estatal, corresponde “adentrarse en la actividad normativa de la Nación” con el pedido. La demanda, que ha cosechado respuestas disímiles en todo el mundo, roza “la trascendencia institucional del matrimonio” y define su fisonomía en función de los rasgos de cada sociedad. Esa base de lo usual y lo innegable de la existencia real de nuevas familias cuyos derechos se encuentran desprotegidos (especialmente en lo patrimonial), define “el delicado conflicto traído a juzgamiento”.

¿Lo que hay por delante? La misión institucional de saldar “una deuda” mediante “una labor interdisciplinaria”, porque se trata de una demanda que “reclama, principalmente, un debate en el seno de nuestra sociedad”. Como “no corresponde a los jueces sustituir al Parlamento”, esa discusión debe tener lugar “en la iniciación de un profundo proceso en el que tenga lugar la discusión pública, con participación de todos los sectores, los aportes técnicos y el estudio de los antecedentes a nivel mundial”.

MUY POSITIVO

“Lo consideramos muy positivo”, dijo María Rachid al conocer el contenido del dictamen de la Procuración. Como iniciadora de la demanda que llegó a ser evaluada por Righi, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y deseosa de contraer matrimonio con su pareja de hace casi diez años, tras el intento frustrado de 2007, Rachid habla en todas las primeras personas del caso, pero también como militante y dirigente LGBT.

–¿Qué evaluación hacen del dictamen?

–Nosotros pensamos que es favorable porque reconoce que hay una deuda que el Estado tiene con las parejas del mismo sexo en materia de derechos, y que esta deuda debe ser saldada. Pero aunque nos parece positivo, creo que no es lo más justo. Nosotros consideramos que el hecho de que no podamos casarnos convierte a esa ley en inconstitucional. Nuestro objetivo de máxima, en realidad, era ése, pero de todas maneras pensábamos que era probable esta otra perspectiva que, reitero, consideramos como muy positiva.

–¿Cuáles son los próximos pasos?

–Ahora hay que esperar a que los jueces de la Corte emitan sus opiniones. Esperamos que sean positivas, que deriven la cuestión al Congreso y que allí se empiece a debatir este pedido. Nosotros, desde la Federación, ya hemos presentado varios proyectos de ley, tanto en Diputados como en el Senado y también ante el Poder Ejecutivo (ante el Ministerio de Justicia, para que desde allí le sea presentado a la Presidenta), para que sea posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora el Congreso debería tomar el tema y legislar, modificar esos artículos que lo impiden. En caso de que eso no suceda, recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a toda otra vía institucional que corresponda y nos pueda dar respuesta. Pero suponemos que el Congreso puede o dar el matrimonio para personas del mismo sexo, o bien habilitar la posibilidad de unión civil en todo el país.

–¿En ese caso se trataría de extender los beneficios que prevén algunos distritos, como la ciudad de Buenos Aires?

–No, no es igual, pero sí más completa. Si bien pensamos que sólo el matrimonio garantiza la igualdad jurídica, creemos que la unión civil nacional también sería un avance importante. No se trata sólo de una extensión geográfica de lo que ya existe en algunos distritos, sino de la concesión de otros derechos: el Congreso, al sancionarla, podría legislar en patrimonio, herencia. Pero no sería la igualdad jurídica, que es por lo que estamos peleando y que es fundamental para seguir trabajando por la igualdad social, que es algo que lleva más tiempo.

AGMAGAZINE.INFO, Argentina, 8 de Agosto de 2009
http://www.agmagazine.info/2009/08/08/el-procurador-de-la-corte-reconoce-que-es-discriminatorio-negar-el-matrimonio-gay/