En defensa de los derechos de las personas con discapacidad

Personas con discapacidad defienden sus derechos
Fuente: elpais.cr

San José (elpais.cr) - El aumento en el número de recursos de amparo ante la Sala Constitucional, ganados por personas con discapacidad, que denuncian la falta de accesibilidad en edificios, tanto públicos como privados, lo cual les limita su derecho a participar en distintos ámbitos de la vida en sociedad, fue destacado por autoridades del sector.

“Esta situación no es gratuita y responde a dos factores de madurez en la sociedad costarricense: Por un lado, ya se ven los frutos de las acciones de asesoría que el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) ha brindado a las personas con discapacidad para que conozcan las leyes y exijan sus derechos. Por otro lado, está una mayor claridad y consecuencia de la Sala IV con el ordenamiento jurídico vigente”, explicó Adriana Retana Salazar, directora ejecutiva del CNREE.

Indicó que ya son varias las municipalidades que han recibido el mandato de la Sala Constitucional de instalar rampas adecuadas, elevadores, y otras acciones para garantizar el derecho de las personas con discapacidad de ingresar a estos sitios al igual que lo hacen aquellos quienes no tienen discapacidad.

Órdenes similares recibieron esta semana la Municipalidad de San José para hacer accesible el Mercado Central de la ciudad capital y la Asamblea Legislativa, la cual fue demandada por una persona adulta mayor, quien buscaba participar en las actividades del primer poder y veía limitado su derecho por la falta de condiciones en el edifico de la Asamblea.

La legislación costarricense contempla varios puntos que defienden el derecho de las personas con discapacidad de ingresar a los edificios públicos y a los privados donde se presten servicios al público. La ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad y su reglamento detallan, incluso, las medidas que deben tener aceras, servicios sanitarios, rampas, entre otras

Todo esto fue reforzado por la ratificada Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Ley 8661, dijo Retana Salazar.

“Las reglas fueron dadas desde 1996, se dio diez años de tiempo para que los dueños de las edificaciones hicieran las modificaciones necesarias y ya es el momento de las personas con discapacidad de exigir sus derechos”, agregó.

Dijo que en esos diez años la principal excusa que se ha puesto para no respetar el derecho del colectivo con discapacidad es la falta de presupuesto, lo cual es un contrasentido, ya que hasta en el propio reglamento de la Ley 7600 se contempla la obligación de las instituciones de contemplar en su presupuesto fondos para la accesibilidad.

El CNREE cuenta con varios mecanismos para apoyar a las personas con discapacidad en la defensa de sus derechos. Existe un programa de asesorías a los miembros de las organizaciones de personas con discapacidad y, además, en el portal web del Consejo (www.cnree.go.cr) se pueden bajar guías para la presentación de recursos ante la Sala Constitucional.

NUESTRO PAÍS, Costa Rica, 11 de Septiembre de 2009
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