Un obispo pide “tratamientos” para los homosexuales
Monseñor reclama curar a los gays
La homosexualidad es una “patología” que puede ser “curada con un tratamiento adecuado”, manifestó ayer el obispo de San Luis, Jorge Lona, justo el día previo a la marcha a la que convocó la Iglesia Católica puntana, prevista para hoy al mediodía “en defensa de la familia”. El obispo recomendó “tratamientos psiquiátricos” a las personas de condición homosexual para que “puedan modificar su orientación”.
“La Iglesia puede iluminar a esa persona, que nunca crean que en esa tendencia carecen de libertad. Está demostrado por la ciencia psiquiátrica”, sostuvo Lona. “El más importante texto de psiquiatría de la universidad de medicina norteamericana dice que las personas con tendencia homosexual, si se proponen recibir ayuda psicoterapéutica pueden modificar su orientación y vivir un matrimonio feliz y que les elimine el sufrimiento”, aconsejó el obispo. La Iglesia Católica de San Luis se consideró “atacada” por la iniciativa que debate el Senado nacional.
Eva Rotenberg, psicóloga miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, indicó que el de Lona “es un discurso ideológico y no médico” y recordó que “ya hace muchos años se determinó que la homosexualidad no es una patología”. Incluso se quitó esa concepción del manual de psiquiatría estadounidense, “con en el que se manejan todos los psiquiatras del mundo”, señaló.
Para María Rachid, titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Tras (Falgbt), el discurso del obispo “contradice algo que la comunidad científica desterró hace mucho tiempo”. “Estos tipos de discursos violentos son los que argumentan el porqué de la necesidad de una ley que reconozca la igualdad jurídica. La desigualdad desde el Estado se traduce en estos tipos de discursos que impactan en la sociedad generando mucho dolor y sufrimiento”, informó Rachid.
PÁGINA 12, Argentina, 19-6-2010
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-147898-2010-06-19.html
La discusión por el matrimonio gay desembarcó en Mendoza
Más de 2.000 personas marcharon por la capital provincial en contra de la reforma del Código Civil. Los manifestantes llegaron hasta la Legislatura, donde realizaron un acto simbólico y dejaron un documento "a favor de la vida y la familia".
Convocados por entidades religiosas y sociales, más de dos mil personas se concentraron hoy en Mendoza para manifestarse contra el matrimonio entre personas de distinto sexo, a pocos días del desembarco de una comisión de senadores nacionales que harán una audiencia pública, el próximo 28 de junio.
Los manifestantes se reunieron primero en Garibaldi y San Martín, para luego marchar hasta la plaza Independencia, frente a la Legislatura provincial.
Marina Montesino, una de las organizadoras del acto, dijo que existe "preocupación" por las "políticas mal llamadas familiares" porque consideraron que en realidad "van en detrimento de la familia".
Con carteles que decían "Todo niño tiene derecho a tener papá y mamá", "Salvemos la familia", "Matrimonio es fuente de vida", "La familia sí importa" y "Plan 2010, destrucción de la familia", los manifestantes expresaron su disconformidad con la aprobación del proyecto de reforma del Código Civil para habilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Además, leyeron una "Declaración de Principios" en la que señalaban que el matrimonio "se funda en el vínculo libre, permanente y exclusivo entre un varón y una mujer". Y señalaron al matrimonio como "el ámbito privilegiado donde no sólo se genera la vida humana sino también la fortalece y humaniza".
Bajo la consigna "Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad", la manifestación destacó que el niño "tiene derecho a ser educado por su padre y una madre, quienes tienen la responsabilidad de guiar su educación conforme a sus convicciones".
"A la luz de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, cualquier modificación al Código Civil que elimine el requisito de heterosexualidad para celebrar un matrimonio sería inconstitucional", acotaron los manifestantes.
El debate por el matrimonio gay generó diferencias políticas. En el departamento Godoy Cruz, cuyo intendente es el cobista Alfredo Cornejo, el Concejo Deliberante votó a favor de la unión entre personas del mismo sexo. Los 7 ediles del interbloque Cívico Federal (ARI, UCR, CONFE y PJ de Unión Popular) votaron a favor, 2 en contra (PRO y PD), hubo dos abstenciones (los justicialistas) y un ausente.
En cambio, en San Rafael, la votación para expresar la posición sobre el matrimonio gay terminó 9 a 1 en contra de la reforma del artículo 172 del Código Civil. El intendente de este departamento es Emir Félix (PJ).
En la Legislatura provincial también se notan las diferencias. Un proyecto del cobismo para adherir a la ley de matrimonio gay ha sido rechazado dos veces para ser tratado en el recinto, bajo el argumento de que no hay demasiado conocimiento sobre el tema en la misma Cámara de Diputados. Incluso el PJ no quiso debatir, aunque se trate de una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
El tratamiento sobre tablas solicitado tuvo 11 votos a favor y 22 en contra, siendo los bloques de PJ y PD los que propusieron que el mismo se pasara a comisiones. El fin de este proyecto es solicitar la adhesión de la cámara al proyecto de Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, propuesto en el Senado Nacional, que ya tiene media sanción en Diputados.
CLARÍN, Argentina, 19-6-2010
http://www.clarin.com/sociedad/discusion-matrimonio-gay-desembarco-Mendoza_0_283171897.html
sábado, 19 de junio de 2010
El absurdo jurídico del referendo del odio
Un referendo homofóbico y discriminador
Jaime Ordóñez
ordonez@epfcentroamerica.org
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los grupos que promueven la celebración de un referéndum nacional sobre las uniones civiles de personas del mismo sexo están cometiendo un gran error, y una violación flagrante en matera de derechos humanos. El resultado de esta posible consulta es más que predecible: una masacre. La mayoría heterosexual, aldeana, pía, valle centraleña y montuna, como decía Constantino Láscaris, barrería con la minoría homosexual y sus pretensiones civiles. Ahora bien, como han escrito ya varios editorialistas y articulistas, ¿porqué se trata de una violación de derechos humanos?
En primer término, porque ninguno de los derechos fundamentales que protegen la discriminación por especificidad pueden estar sujetos a consulta popular, si esos derechos forman parte de instrumentos internacionales suscritos por un Estado. Y resulta que Costa Rica tiene suscrito —desde hace muchos años— varias normas que protegen minorías, directa o indirectamente, en forma literal o por interpretación. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que protege minorías étnicas y religiosas y, posteriormente —a raíz de la jurisprudencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y del Grupo de Trabajo de Protección a las Minorías— ello se ha extendido a otro tipo de discriminaciones, como las resultantes de preferencia sexual. Y los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen un rango superior a la ley y forma parte del bloque de legalidad internacional, en conjunto con la Constitución. No pueden ser trasgredidos por un referéndum.
¿Cuál es la razón? Muy simple. Poner a las mayorías a decidir sobre derechos de minorías es lo que se llama violación sistémica por el método, decía un viejo sabio inglés de los derechos humanos, llamado Dowrkin. La razón jurídica es auto-evidente: en protección de derechos humanos (a diferencia de los sistemas electorales) no puede operar el principio de suma cero, según el cual triunfador gana todo, y el perdedor pierde todo. Justamente, los derechos en esta materia existen para defender el principio de especificidad que protege la discriminación. En este caso, significa que los derechos de las mayorías imperan como norma general, sin conculcar los derechos de las minorías, para los cuales se abren espacios normativos específicos. Los honorables Magistrados y Magistrada del TSE, expertos en derecho público, saben exactamente a qué me refiero. Les pido atentamente que hagan una interpretación sistémica constitucional y detengan esta barbaridad y este desaguisado.
¿Otro ejemplo similar? Un referéndum público que pretendiese reinstaurar la pena de muerte, prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso no es posible. Ya lo dijo la propia Corte Interamericana cuando Argentina intentó hacerlo, justamente como resultado de un referéndum. La CIDH le dijo que era imposible, salvo que Argentina renunciase a la totalidad de los derechos humanos de la Convención. Pues bien, señores y señoras, aquí estamos ante un caso similar.
TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Costa Rica, 13-6-2010
http://www.tribunademocratica.com/2010/06/un_referendo_homofobico_y_discriminador.html
Jaime Ordóñez
ordonez@epfcentroamerica.org
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los grupos que promueven la celebración de un referéndum nacional sobre las uniones civiles de personas del mismo sexo están cometiendo un gran error, y una violación flagrante en matera de derechos humanos. El resultado de esta posible consulta es más que predecible: una masacre. La mayoría heterosexual, aldeana, pía, valle centraleña y montuna, como decía Constantino Láscaris, barrería con la minoría homosexual y sus pretensiones civiles. Ahora bien, como han escrito ya varios editorialistas y articulistas, ¿porqué se trata de una violación de derechos humanos?
En primer término, porque ninguno de los derechos fundamentales que protegen la discriminación por especificidad pueden estar sujetos a consulta popular, si esos derechos forman parte de instrumentos internacionales suscritos por un Estado. Y resulta que Costa Rica tiene suscrito —desde hace muchos años— varias normas que protegen minorías, directa o indirectamente, en forma literal o por interpretación. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que protege minorías étnicas y religiosas y, posteriormente —a raíz de la jurisprudencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y del Grupo de Trabajo de Protección a las Minorías— ello se ha extendido a otro tipo de discriminaciones, como las resultantes de preferencia sexual. Y los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen un rango superior a la ley y forma parte del bloque de legalidad internacional, en conjunto con la Constitución. No pueden ser trasgredidos por un referéndum.
¿Cuál es la razón? Muy simple. Poner a las mayorías a decidir sobre derechos de minorías es lo que se llama violación sistémica por el método, decía un viejo sabio inglés de los derechos humanos, llamado Dowrkin. La razón jurídica es auto-evidente: en protección de derechos humanos (a diferencia de los sistemas electorales) no puede operar el principio de suma cero, según el cual triunfador gana todo, y el perdedor pierde todo. Justamente, los derechos en esta materia existen para defender el principio de especificidad que protege la discriminación. En este caso, significa que los derechos de las mayorías imperan como norma general, sin conculcar los derechos de las minorías, para los cuales se abren espacios normativos específicos. Los honorables Magistrados y Magistrada del TSE, expertos en derecho público, saben exactamente a qué me refiero. Les pido atentamente que hagan una interpretación sistémica constitucional y detengan esta barbaridad y este desaguisado.
¿Otro ejemplo similar? Un referéndum público que pretendiese reinstaurar la pena de muerte, prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso no es posible. Ya lo dijo la propia Corte Interamericana cuando Argentina intentó hacerlo, justamente como resultado de un referéndum. La CIDH le dijo que era imposible, salvo que Argentina renunciase a la totalidad de los derechos humanos de la Convención. Pues bien, señores y señoras, aquí estamos ante un caso similar.
TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Costa Rica, 13-6-2010
http://www.tribunademocratica.com/2010/06/un_referendo_homofobico_y_discriminador.html
Por los derechos de las personas de la tercera edad
Marcharon y bailaron por sus derechos
ADULTOS MAYORES DICEN NO A LA VIOLENCIA
Laura Morales Sánchez
lmorales@diarioextra.com
Más de 1500 adultos mayores de diferentes sectores del territorio nacional se dieron cita en el Parque Metropolitano La Sabana ayer para levantar la voz contra el abuso y maltrato que sufren día con día.
Las estadísticas del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Conapam revelan que en el 2009, 1845 ciudadanos de oro reportaron casos de violencia. De enero a mayo de este año, la cifra ronda las 338 denuncias, del total 189 corresponden a mujeres y 149 a hombres.
Dentro de las causas destaca: el abuso institucional (74 casos), abandono / negligencia (67 casos), de patrimonio (55 casos).
La marcha “por una vida sin maltrato” salió de la explanada de la estatua de León Cortés bajo un intenso sol y se enrumbó hasta las canchas de baloncesto de La Sabana. En la actividad los abuelitos expresaron la importancia de vivir libres de cualquier tipo de abuso mientras bailaron, cantaron y disfrutaron de deliciosas comidas.
La celebración se realizó en el marco del “Día nacional contra el abuso, marginación y negligencia hacia las personas mayores, que también busca promover espacios de participación y acciones que eliminen la violencia.
“El Conapam congregó por quinta vez a más de 1500 personas mayores, para que disfrutaran de un día artístico y recreativo tratando de hacer un llamado a la sociedad para que eliminen el maltrato y ayuden a quienes dieron todo por el país”, dijo la directora ejecutiva del Conapam Emiliana Rivera.
SUBEN CIFRAS
El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología registra 60 casos de abandono por año y decenas de personas que ingresan como víctimas de agresión físico y emocional. “Se debe inculcar respeto, solidaridad, moral y valores positivos en la sociedad para superar la cruda realidad que atraviesan los ancianos”, comentó el doctor Fernando Morales Martínez, presidente del Conapam y director del centro médico.
BAILARON CON FAMOSOS
Los experimentados ciudadanos de oro llegaron en más de 13 autobuses hasta San José, y tras la caminata no esperaron para tirarse a pista al ritmo del chiqui chiqui. Los populares Geovanni Calderón y la Mauren Salguero fueron los más perseguidos para bailar y contar chistes con su buen carisma.
Mariano G. Escalante
San Rafael de Alajuela
“Nos sentimos muy alegres de que hagan estas fiestas por nosotros y le pedimos al pueblo que nos respeten porque ya trabajamos por el país”.
Noé Artavia
Ciruelas de Alajuela
“Tengo 110 años y es muy importante que no tomen en cuenta para cosas buenas y que nos nos maltraten”.
DIARIO EXTRA, 16-6-2010
http://www.diarioextra.com/2010/junio/16/nacionales05.php
ADULTOS MAYORES DICEN NO A LA VIOLENCIA
Laura Morales Sánchez
lmorales@diarioextra.com
Más de 1500 adultos mayores de diferentes sectores del territorio nacional se dieron cita en el Parque Metropolitano La Sabana ayer para levantar la voz contra el abuso y maltrato que sufren día con día.
Las estadísticas del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Conapam revelan que en el 2009, 1845 ciudadanos de oro reportaron casos de violencia. De enero a mayo de este año, la cifra ronda las 338 denuncias, del total 189 corresponden a mujeres y 149 a hombres.
Dentro de las causas destaca: el abuso institucional (74 casos), abandono / negligencia (67 casos), de patrimonio (55 casos).
La marcha “por una vida sin maltrato” salió de la explanada de la estatua de León Cortés bajo un intenso sol y se enrumbó hasta las canchas de baloncesto de La Sabana. En la actividad los abuelitos expresaron la importancia de vivir libres de cualquier tipo de abuso mientras bailaron, cantaron y disfrutaron de deliciosas comidas.
La celebración se realizó en el marco del “Día nacional contra el abuso, marginación y negligencia hacia las personas mayores, que también busca promover espacios de participación y acciones que eliminen la violencia.
“El Conapam congregó por quinta vez a más de 1500 personas mayores, para que disfrutaran de un día artístico y recreativo tratando de hacer un llamado a la sociedad para que eliminen el maltrato y ayuden a quienes dieron todo por el país”, dijo la directora ejecutiva del Conapam Emiliana Rivera.
SUBEN CIFRAS
El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología registra 60 casos de abandono por año y decenas de personas que ingresan como víctimas de agresión físico y emocional. “Se debe inculcar respeto, solidaridad, moral y valores positivos en la sociedad para superar la cruda realidad que atraviesan los ancianos”, comentó el doctor Fernando Morales Martínez, presidente del Conapam y director del centro médico.
BAILARON CON FAMOSOS
Los experimentados ciudadanos de oro llegaron en más de 13 autobuses hasta San José, y tras la caminata no esperaron para tirarse a pista al ritmo del chiqui chiqui. Los populares Geovanni Calderón y la Mauren Salguero fueron los más perseguidos para bailar y contar chistes con su buen carisma.
Mariano G. Escalante
San Rafael de Alajuela
“Nos sentimos muy alegres de que hagan estas fiestas por nosotros y le pedimos al pueblo que nos respeten porque ya trabajamos por el país”.
Noé Artavia
Ciruelas de Alajuela
“Tengo 110 años y es muy importante que no tomen en cuenta para cosas buenas y que nos nos maltraten”.
DIARIO EXTRA, 16-6-2010
http://www.diarioextra.com/2010/junio/16/nacionales05.php
El VIH en México es diferente
Estudios del INER demuestran que el virus que se desarrolla aquí es distinto al de países caucásicos
El sida que hay en México, más fuerte que el de otras naciones
Significa que no sería viable realizar una vacuna universal, destaca el investigador Santiago Ávila
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
La epidemia de VIH/sida todavía es un reto para los investigadores que trabajan en el desarrollo de una vacuna –aún lejana– y para conocer más sobre el virus.
Después de 13 años de que surgieron los tratamientos médicos altamente efectivos, con los cuales la enfermedad dejó de ser mortal, los expertos buscan descifrar el proceso de evolución del virus y conocer el grado de habilidad que ha adquirido para escapar al efecto de las medicinas y a la respuesta del sistema de defensas del organismo.
En México, el primer proyecto de este tipo se realizó en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (Cieni) del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el cual implicó la secuenciación completa del genoma del virus y de las personas.
Algunos de los resultados obtenidos en el estudio de 300 muestras sanguíneas apuntan a que el tipo de VIH que circula en el país es único, no se parece al de otras poblaciones, principalmente la caucásica, donde se han realizado investigaciones similares.
El investigador Santiago Ávila encontró que para evadir la acción de los fármacos y del sistema de defensas de los individuos, el genoma del virus se ha modificado en diferentes sitios, en comparación con lo que se ha observado en otros grupos poblacionales.
Significa –explicó Ávila– que en el país el sida tiene características en su genoma que lo hacen más fuerte por factores distintos a los de otras naciones. Este resultado, a su vez, plantea la posibilidad de que una vacuna universal sería inviable.
Aunque en el corto plazo aún no existe la posibilidad de contar con un producto para prevenir la enfermedad, de ser el caso, la potencial vacuna probablemente tendría que adaptarse a cada población específica. Incluso –señaló–, sería importante indagar si existen pautas universales en el proceso que sigue para mutar frente a los agentes que lo atacan.
Proyecto regional
Algo similar ocurre con los medicamentos antirretrovirales, los cuales tienen la misión de reconstituir el sistema inmunológico de los individuos y permitirles mantener el virus bajo control. Habría que tener la certeza de que dicha acción farmacológica es igualmente efectiva en las distintas poblaciones, sobre todo a partir de la creciente capacidad de resistencia del VIH a las medicinas, indicó.
Con la finalidad de disponer de mayor información sobre la situación de la epidemia en la región de Mesoamérica y el Caribe, el Cieni está listo para iniciar un nuevo proyecto de investigación con la participación de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana.
Gustavo Reyes Terán, director del Cieni, explicó que se trata de tener información sobre el comportamiento del VIH en esta región del mundo, que ahora es un hoyo negro. Casi nada se conoce por la falta de recursos económicos e infraestructura.
Otros objetivos del trabajo, en el que se estudiarán 4 mil 700 muestras sanguíneas, tienen que ver con la necesidad de saber si en la población centroamericana existen diferencias con la mexicana, y cuáles son.
Recordó que entre las naciones de Latinoamérica, el centro del continente reporta los niveles más elevados de pobreza y quizá existen las mayores dificultades para enfrentar la epidemia.
Con el estudio mencionado se podrá conocer la variación y evolución del VIH, así como la implicación que esto tiene en la epidemia mexicana. El especialista recordó que el flujo migratorio en la frontera sur es muy alto y no sabemos nada, por ejemplo, de en qué momento de la enfermedad se diagnostica a los pacientes o si son portadores de virus resistentes a medicamentos.
Reyes Terán resaltó el caso de México, específicamente del INER, donde quienes son portadoras del sida llegan cuando su sistema de defensas está destruido en 90 por ciento. Lo más grave –indicó– es que se infectaron entre siete y 10 años atrás, tiempo durante el cual han sido transmisoras del virus.
El proyecto Epidemiología Molecular y Vigilancia de Resistencia del VIH en la región mesoamericana y el Caribe cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y podría empezar de inmediato, pero los investigadores aún esperan que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios libere el permiso para la importación de las muestras sanguíneas de los países participantes.
LA JORNADA, México, 16-6-2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/16/index.php?section=sociedad&article=041n1soc
El sida que hay en México, más fuerte que el de otras naciones
Significa que no sería viable realizar una vacuna universal, destaca el investigador Santiago Ávila
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
La epidemia de VIH/sida todavía es un reto para los investigadores que trabajan en el desarrollo de una vacuna –aún lejana– y para conocer más sobre el virus.
Después de 13 años de que surgieron los tratamientos médicos altamente efectivos, con los cuales la enfermedad dejó de ser mortal, los expertos buscan descifrar el proceso de evolución del virus y conocer el grado de habilidad que ha adquirido para escapar al efecto de las medicinas y a la respuesta del sistema de defensas del organismo.
En México, el primer proyecto de este tipo se realizó en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (Cieni) del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el cual implicó la secuenciación completa del genoma del virus y de las personas.
Algunos de los resultados obtenidos en el estudio de 300 muestras sanguíneas apuntan a que el tipo de VIH que circula en el país es único, no se parece al de otras poblaciones, principalmente la caucásica, donde se han realizado investigaciones similares.
El investigador Santiago Ávila encontró que para evadir la acción de los fármacos y del sistema de defensas de los individuos, el genoma del virus se ha modificado en diferentes sitios, en comparación con lo que se ha observado en otros grupos poblacionales.
Significa –explicó Ávila– que en el país el sida tiene características en su genoma que lo hacen más fuerte por factores distintos a los de otras naciones. Este resultado, a su vez, plantea la posibilidad de que una vacuna universal sería inviable.
Aunque en el corto plazo aún no existe la posibilidad de contar con un producto para prevenir la enfermedad, de ser el caso, la potencial vacuna probablemente tendría que adaptarse a cada población específica. Incluso –señaló–, sería importante indagar si existen pautas universales en el proceso que sigue para mutar frente a los agentes que lo atacan.
Proyecto regional
Algo similar ocurre con los medicamentos antirretrovirales, los cuales tienen la misión de reconstituir el sistema inmunológico de los individuos y permitirles mantener el virus bajo control. Habría que tener la certeza de que dicha acción farmacológica es igualmente efectiva en las distintas poblaciones, sobre todo a partir de la creciente capacidad de resistencia del VIH a las medicinas, indicó.
Con la finalidad de disponer de mayor información sobre la situación de la epidemia en la región de Mesoamérica y el Caribe, el Cieni está listo para iniciar un nuevo proyecto de investigación con la participación de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana.
Gustavo Reyes Terán, director del Cieni, explicó que se trata de tener información sobre el comportamiento del VIH en esta región del mundo, que ahora es un hoyo negro. Casi nada se conoce por la falta de recursos económicos e infraestructura.
Otros objetivos del trabajo, en el que se estudiarán 4 mil 700 muestras sanguíneas, tienen que ver con la necesidad de saber si en la población centroamericana existen diferencias con la mexicana, y cuáles son.
Recordó que entre las naciones de Latinoamérica, el centro del continente reporta los niveles más elevados de pobreza y quizá existen las mayores dificultades para enfrentar la epidemia.
Con el estudio mencionado se podrá conocer la variación y evolución del VIH, así como la implicación que esto tiene en la epidemia mexicana. El especialista recordó que el flujo migratorio en la frontera sur es muy alto y no sabemos nada, por ejemplo, de en qué momento de la enfermedad se diagnostica a los pacientes o si son portadores de virus resistentes a medicamentos.
Reyes Terán resaltó el caso de México, específicamente del INER, donde quienes son portadoras del sida llegan cuando su sistema de defensas está destruido en 90 por ciento. Lo más grave –indicó– es que se infectaron entre siete y 10 años atrás, tiempo durante el cual han sido transmisoras del virus.
El proyecto Epidemiología Molecular y Vigilancia de Resistencia del VIH en la región mesoamericana y el Caribe cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y podría empezar de inmediato, pero los investigadores aún esperan que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios libere el permiso para la importación de las muestras sanguíneas de los países participantes.
LA JORNADA, México, 16-6-2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/16/index.php?section=sociedad&article=041n1soc
Homofobia en la red
Condenado un hombre por acceder al correo de otro y hacerse pasar por él en una web gay
Fue procesado por un delito de intromisión en la intimidad y otro de falsedad en documento mercantil.- El juez le impone una pena de cuatro años y tres meses de cárcel
EFE - San Sebastián
Un juzgado de San Sebastián ha condenado a penas que suman cuatro años y tres meses de cárcel a un individuo que accedió a las cuentas de correo electrónico de otro hombre al que había conocido por Internet y por el que se hizo pasar para acceder a una página web de contactos homosexuales.
Según han informado fuentes judiciales, durante el juicio por estos hechos celebrado ayer, el acusado se conformó con la pena que solicitó el fiscal, quien le imputó un delito de intromisión en la intimidad y otro de falsedad en documento mercantil.
Los hechos se remontan al año 2005, cuando el acusado entabló relación con su víctima por medio de unas páginas de contactos personales en Internet y ambos iniciaron "una relación virtual a través de comunicaciones informáicas".
En mayo de aquel año, el procesado entró fraudulentamente en la cuenta de correo electrónico gratuito del perjudicado y envío desde ella distintos mensajes a los contactos que éste tenía en su agenda virtual.
Además, para que el agraviado supiera que estaba difundiendo de esta manera datos personales sobre él le mandó un correo electrónico soez, relativo a sus tendencias homosexuales, en el que también le amenazaba con desvelarlas a su compañera sentimental.
Durante los accesos "ilegítimos" a las cuentas de correo electrónico de la víctima, el imputado modificó las claves de acceso, impidiendo que el perjudicado pudiera acceder a ellas.
Datos y fotos
Entre el 28 de julio de 2005 y el 25 de enero de 2006, el encausado también utilizó los datos del perjudicado y fotografías que éste le había remitido con anterioridad "de buena voluntad" para acceder a una página de contactos homosexuales, cuyos formularios de contratación electrónica rellenó haciéndose pasar por la víctima.
Cuando el perjudicado se puso en contacto con la citada página para que retirara sus datos e imágenes del portal, el encausado volvió a utilizar una cuenta de correo de la víctima para comunicarse con el administrador de la web y pedir que reactivara el perfil que había creado fraudulentamente haciéndose pasar por el agraviado.
El acusado ha admitido ahora estos hechos, por lo que ha sido condenado a dos años y medio de cárcel y a pagar una multa de 3.240 euros por un delito de intromisión en la intimidad en concurso con trato degradante.
El imputado deberá cumplir asimismo un año y nueve meses de prisión y abonar otra multa de 2.160 euros más por un delito de falsedad en documento mercantil.
EL PAÍS, España, 17-6-2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Condenado/hombre/acceder/correo/hacerse/pasar/web/gay/elpepusoc/20100617elpepusoc_9/Tes
Fue procesado por un delito de intromisión en la intimidad y otro de falsedad en documento mercantil.- El juez le impone una pena de cuatro años y tres meses de cárcel
EFE - San Sebastián
Un juzgado de San Sebastián ha condenado a penas que suman cuatro años y tres meses de cárcel a un individuo que accedió a las cuentas de correo electrónico de otro hombre al que había conocido por Internet y por el que se hizo pasar para acceder a una página web de contactos homosexuales.
Según han informado fuentes judiciales, durante el juicio por estos hechos celebrado ayer, el acusado se conformó con la pena que solicitó el fiscal, quien le imputó un delito de intromisión en la intimidad y otro de falsedad en documento mercantil.
Los hechos se remontan al año 2005, cuando el acusado entabló relación con su víctima por medio de unas páginas de contactos personales en Internet y ambos iniciaron "una relación virtual a través de comunicaciones informáicas".
En mayo de aquel año, el procesado entró fraudulentamente en la cuenta de correo electrónico gratuito del perjudicado y envío desde ella distintos mensajes a los contactos que éste tenía en su agenda virtual.
Además, para que el agraviado supiera que estaba difundiendo de esta manera datos personales sobre él le mandó un correo electrónico soez, relativo a sus tendencias homosexuales, en el que también le amenazaba con desvelarlas a su compañera sentimental.
Durante los accesos "ilegítimos" a las cuentas de correo electrónico de la víctima, el imputado modificó las claves de acceso, impidiendo que el perjudicado pudiera acceder a ellas.
Datos y fotos
Entre el 28 de julio de 2005 y el 25 de enero de 2006, el encausado también utilizó los datos del perjudicado y fotografías que éste le había remitido con anterioridad "de buena voluntad" para acceder a una página de contactos homosexuales, cuyos formularios de contratación electrónica rellenó haciéndose pasar por la víctima.
Cuando el perjudicado se puso en contacto con la citada página para que retirara sus datos e imágenes del portal, el encausado volvió a utilizar una cuenta de correo de la víctima para comunicarse con el administrador de la web y pedir que reactivara el perfil que había creado fraudulentamente haciéndose pasar por el agraviado.
El acusado ha admitido ahora estos hechos, por lo que ha sido condenado a dos años y medio de cárcel y a pagar una multa de 3.240 euros por un delito de intromisión en la intimidad en concurso con trato degradante.
El imputado deberá cumplir asimismo un año y nueve meses de prisión y abonar otra multa de 2.160 euros más por un delito de falsedad en documento mercantil.
EL PAÍS, España, 17-6-2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Condenado/hombre/acceder/correo/hacerse/pasar/web/gay/elpepusoc/20100617elpepusoc_9/Tes
martes, 15 de junio de 2010
Este referendo pervierte la democracia y violenta los derechos humanos
La perversión del referéndum como herramienta democrática
Alicia Pifarré Pan
Hay propuestas que deben rechazarse de entrada; por inhumanas, por irracionales, por crueles, por aborrecibles, por disparatadas o, simplemente, por manipuladoras, antidemocráticas e injustas. El buen gusto ético de cada uno, nuestros sentimientos y capacidad de razonar, nuestro auténtico interés por distinguir entre mentira y verdad, nuestros conocimientos e intereses son elementos que nos llevan a decidir. Pero a veces decidimos así nomás, de entrada, cuando una propuesta repugna a nuestros valores y principios.
Yo rechazo, de entrada y también luego de meditarla e investigar, la propuesta de decidir en un referéndum sobre las consecuencias jurídicas de las uniones entre personas del mismo sexo.
En el año 2006, la Sala Constitucional aceptó que, ante la ausencia de regulación normativa, constituía un “imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia” “regular los efectos personales y patrimoniales de ese tipo de uniones”. Considero que el instrumento escogido para decidir sobre este vacío legal que afecta gravemente a nuestra vida en sociedad no es jurídicamente válido. ¿Por qué?
1.- Porque la ley que se someterá a decisión de las mayorías protege y garantiza el ejercicio de DERECHOS HUMANOS ya reconocidos por Costa Rica, protección y garantía sobre los que no hay discusión posible. Esos derechos son: que “sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna” todos los seres humanos somos iguales ante la ley; que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y de su dignidad”; que “persona es todo ser humano”; que “toda persona tiene derecho a constituir familia” y que toda persona tiene derecho a igual protección contra “toda discriminación” y contra “toda provocación a tal discriminación”. Por si quedara alguna duda, aclaro que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos también prohíbe la discriminación basada en “la orientación sexual”. (Comunicación Nº 941/2000).
2.- Porque, en instrumentos internacionales vigentes, Costa Rica ha reconocido que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales” y que “la eliminación de toda forma de discriminación” contribuye al “fortalecimiento de la democracia”; además, el Estado costarricense ha manifestado su acuerdo en que “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.
3.- Porque los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos han sido elevados a rango constitucional (artículo 48 de la CP) y deben tomarse en cuenta en la interpretación sobre temas vinculados a esos derechos según ha indicado reiteradamente la Sala IV; por lo tanto, si en el referéndum se resuelve en contra de los derechos de las minorías sexualmente diversas tal resolución sería inconstitucional. ¿Cuál es el sentido de llamar al pueblo a optar por una decisión violatoria de nuestra Constitución Política?
4.- Porque la Sala Constitucional ha dicho que “Todo el derecho de los Derechos Humanos está fundado sobre la idea de que éstos últimos, como inherentes a la dignidad intrínseca de la persona humana, para decirlo en términos de la Declaración Universal, son atributos del ser humano, de todo ser humano en cuanto tal, anteriores y superiores a toda autoridad, la cual, en consecuencia, no los crea, sino que los descubre, no los otorga sino que simplemente los reconoce, porque tiene que reconocerlos.” (Sentencia 1994-02665) ¿Está claro? Los Derechos Humanos NO están sujetos a discusión. La autoridad, sea el pueblo ejerciendo su poder legislativo o la Asamblea ejerciendo ese poder delegado “tiene que reconocerlos”. No hay opción. Por tal motivo, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Venice Commission) señala en su “Código de buenas prácticas en Referéndums” que los textos sometidos a la decisión popular deben ser compatibles con las normas superiores y no deben ser contrarios a las normas internacionales, los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. (III Specific rules, 3.-)
5.- Porque coincido plenamente con lo dicho por el Magistrado Adrián Vargas Benavides, al redactar su voto salvado en la Res. Nº 2006-007262, que transcribo parcialmente pero cuya lectura íntegra recomiendo con especial énfasis: “La dignidad es inherente a la condición de ser humano, por su misma naturaleza, por lo cual es un valor de orden superior que NO DEPENDE DEL CONSENSO SOCIAL ni se mide por la manifestación de una persona. …La dignidad humana no puede violentarse a través de normas legales que no respeten el derecho inalienable que tiene cada persona a la diversidad, … Este principio de dignidad, base de nuestro ordenamiento jurídico, se convierte en una condición inherente a todo ser humano, por lo que en forma alguna se justifica que las parejas homosexuales sean tratadas en forma diferente, en detrimento de su libertad y dignidad, reduciéndolos a la condición de ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, algo intolerable en una sociedad democrática y plural como la diseñada por el constituyente.” (El destacado en mayúsculas no pertenece al original)
6.- Porque la ley sometida a referéndum regula jurídicamente una realidad que forma parte de nuestra sociedad y que no puede negarse. El Derecho regula la CONDUCTA HUMANA, si esa conducta implica la convivencia, permanente, estable y no prohibida de personas de un mismo sexo, eso mismo es lo que debe regularse atendiendo a la dignidad y a la libertad de las personas y garantizando el ejercicio legítimo de sus derechos.
7.- Porque el Derecho parte de las formas de convivencia social y las regula, ordenándolas, autorizándolas, permitiéndolas o bien prohibiéndolas, para asegurar la coexistencia armónica de seres libres. El legislador no crea normas a partir de la nada. La ausencia de reconocimiento jurídico de las realidades sociales cercena las libertades y atenta contra derechos fundamentales como la vida, la salud o la supervivencia. ¿Quién no ha sufrido la triste experiencia de tener que superar monumentales obstáculos para cuidar a una persona que no es familiar directo, internada en un hospital?
8.- Porque NO es aceptable argumentar desde la visión moral o religiosa sobre las normas jurídicas que deben regir en una República Democrática. Derecho, Moral y Religión son órdenes normativos distintos. Cuando el Derecho cede paso a cualquier "moral oficial", las normas resultantes no son jurídicas sino arbitrarias, lo que es propio de los Estados totalitarios; ejemplo claro de este tipo de normativa es aquella imperante en la Alemania nazi que sancionaba penalmente toda conducta “contraria al sano sentir del pueblo alemán.” En cuanto a las normas religiosas, implican la aceptación de un ser superior que las dicta y eso no puede ser impuesto a nadie. La imposición obligatoria de creencias es inconstitucional en nuestro país. Así de simple.
9.- Porque ofrecerle al pueblo, al soberano, la posibilidad de que legisle en contra del bien común, en contra de la armonía social, en contra de su propio ordenamiento jurídico, en contra del sistema democrático, es perverso, peligroso y atenta contra el Estado de Derecho.
10.- Porque la historia demuestra que las mayorías responden con rapidez, docilidad y obsecuencia a los líderes que fomentan la intolerancia y el atropello a los derechos de las minorías. El 29 de abril recién pasado, el Consejo de Europa adoptó la Resolución 1728 sobre discriminación basada en orientación sexual e identidad de género; en el documento insta a los Estados miembros a implementar las medidas necesarias para combatir esta forma de discriminación, señala la responsabilidad de los Parlamentos en promover cambios legislativos para erradicar la homofobia y la transfobia y para otorgar a las parejas de un mismo sexo iguales derechos y obligaciones patrimoniales que los reconocidos a parejas de distinto sexo. Señala la Resolución que existe una particular preocupación por los “discursos cargados de odio de líderes civiles, políticos y religiosos”, y, entre muchas otras recomendaciones, indica que es “deber supremo de las autoridades públicas” no solo proteger los derechos humanos de una manera efectiva, sino también ABSTENERSE de pronunciamientos que legitiman y alimentan la discriminación y el odio basado en la intolerancia. En Costa Rica, en cambio, las autoridades propician que líderes civiles y religiosos den rienda suelta a cuanta oscura pasión nace de la ignorancia, de los prejuicios y de la incomprensión. ¿Vivimos en democracia o debemos aceptar que nos estamos acercando peligrosamente al totalitarismo?
11.- Porque suficientes vacíos tiene nuestro ordenamiento jurídico -y aún mayores su efectiva aplicación- en materia de protección a los derechos humanos como para arriesgarnos a sumar otro más. El 17 de marzo del 2010, en la inauguración del 138º período ordinario de sesiones, el Doctor Felipe González, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo: “… las dificultades que enfrenta la región siguen siendo enormes. No sólo las instituciones democráticas de varios Estados miembros se encuentran en una situación frágil y vulnerable, tal como lo demostró el golpe de Estado en Honduras, sino que continúa siendo insuficiente la protección de los derechos fundamentales, en particular cuando se trata de los de grupos vulnerables que sufren la exclusión social y la discriminación por factores étnicos, de clase, raciales, de género y de orientación sexual.” ¿Agravará Costa Rica la “insuficiente protección de los derechos fundamentales?
12.- Porque eliminar todas las formas de discriminación es tarea urgente e importante si pretendemos mejorar nuestra deteriorada convivencia social. En el 137º período de sesiones, la CIDH advirtió: “... que la desigualdad y la discriminación son graves problemas estructurales en el hemisferio, que constituyen importantes obstáculos para el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes. La discriminación contra los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los pobres, los inmigrantes y diversos grupos sobre la base de su orientación sexual, entre otros, es un problema grave en todos los países de la región. La Comisión insta a los Estados a adoptar medidas urgentes a fin de avanzar en forma decidida en la prevención y el combate de todas las formas de discriminación, así como en la eliminación de la pobreza, en especial la pobreza extrema.” ¿Es aceptable una convocatoria que invita a retroceder en el combate a la discriminación?
13.- Porque ya es hora de que nuestros gobernantes cumplan con sus compromisos libremente asumidos. El 19 de abril del 2009, en la Quinta Cumbre de las Américas celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago, nuestro Presidente de entonces firmó una Declaración en la que se lee: “85. También reafirmamos que todas las formas de discriminación inhiben la plena participación de todas las personas en la sociedad y nos comprometemos a tomar medidas continuas para combatirlas. Continuaremos realizando esfuerzos para concluir las negociaciones sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.” ¿Desconocerá Costa Rica ese compromiso; tan poco vale la palabra empeñada internacionalmente?
14.- Porque en la Asamblea Legislativa hay dos proyectos de ley sobre los derechos y obligaciones que corresponden a las parejas del mismo sexo. Regulan el régimen patrimonial y hereditario de los convivientes, los beneficios de la seguridad social, el derecho a la visita en caso de hospitalización o privación de libertad de una de las partes, el derecho a alimentos mutuos, entre otros. Nada que perjudique o atente contra el Derecho de Familia vigente. ¿No sería fantástico si los diputados se pusieran a trabajar por el bien común de una vez por todas?
No se han acabado mis argumentos, pero como es probable que la paciencia de los lectores esté llegando a su fin, dejaré los restantes para otra ocasión.
Termino citando nuevamente al Magistrado Vargas Benavides; sus palabras llaman a una reflexión seria y obligada, imprescindible para afianzar los cimientos de nuestra República Democrática tan socavados en estos últimos años por la arbitrariedad, la ilegalidad, la intolerancia y la falta de ética. Debemos asumir el fortalecimiento de nuestro sistema democrático como tarea impostergable. El referéndum que desacertadamente se pretende adjuntar a las elecciones municipales solo servirá para alimentar odios y divisiones, prejuicios e incomprensión. Un socavón más que quizás nos lleve al derrumbe.
“La historia de la humanidad ha estado plagada de injusticias infligidas por mayorías a grupos disidentes o simplemente diversos. ...es hora de una apertura que permita la inserción completa e igualitaria de la minoría homosexual en la sociedad, con todos sus derechos y todas sus obligaciones. El sentir de algunas personas no puede seguir siendo excusa para que el Estado continúe tolerando la marginación y exclusión de las minorías homosexuales de los institutos jurídicos reconocidos al resto de las personas, entre ellos el matrimonio. … estimo que el rompimiento de barreras legales es el primer paso para lograr una evolución verdadera en la mentalidad del sector de la población que desconoce los derechos de la minoría homosexual y de cualesquiera otras minorías afectadas por estigmas discriminatorios y mermados en sus derechos fundamentales. De lo contrario, no se hace más que reforzar los sentimientos de irracional intolerancia e impedir una integración real e igualitaria de este sector de hombres y mujeres, así como obstaculizar la impostergable puesta en práctica de estrategias de educación y concienciación en torno a la diversidad sexual y a la igualdad como norte ineludible de nuestro sistema político.”
Abogada (*)
NUESTRO PAÍS, Costa Rica, 10-9-2010
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=26107
Alicia Pifarré Pan
Hay propuestas que deben rechazarse de entrada; por inhumanas, por irracionales, por crueles, por aborrecibles, por disparatadas o, simplemente, por manipuladoras, antidemocráticas e injustas. El buen gusto ético de cada uno, nuestros sentimientos y capacidad de razonar, nuestro auténtico interés por distinguir entre mentira y verdad, nuestros conocimientos e intereses son elementos que nos llevan a decidir. Pero a veces decidimos así nomás, de entrada, cuando una propuesta repugna a nuestros valores y principios.
Yo rechazo, de entrada y también luego de meditarla e investigar, la propuesta de decidir en un referéndum sobre las consecuencias jurídicas de las uniones entre personas del mismo sexo.
En el año 2006, la Sala Constitucional aceptó que, ante la ausencia de regulación normativa, constituía un “imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia” “regular los efectos personales y patrimoniales de ese tipo de uniones”. Considero que el instrumento escogido para decidir sobre este vacío legal que afecta gravemente a nuestra vida en sociedad no es jurídicamente válido. ¿Por qué?
1.- Porque la ley que se someterá a decisión de las mayorías protege y garantiza el ejercicio de DERECHOS HUMANOS ya reconocidos por Costa Rica, protección y garantía sobre los que no hay discusión posible. Esos derechos son: que “sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna” todos los seres humanos somos iguales ante la ley; que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y de su dignidad”; que “persona es todo ser humano”; que “toda persona tiene derecho a constituir familia” y que toda persona tiene derecho a igual protección contra “toda discriminación” y contra “toda provocación a tal discriminación”. Por si quedara alguna duda, aclaro que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos también prohíbe la discriminación basada en “la orientación sexual”. (Comunicación Nº 941/2000).
2.- Porque, en instrumentos internacionales vigentes, Costa Rica ha reconocido que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales” y que “la eliminación de toda forma de discriminación” contribuye al “fortalecimiento de la democracia”; además, el Estado costarricense ha manifestado su acuerdo en que “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.
3.- Porque los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos han sido elevados a rango constitucional (artículo 48 de la CP) y deben tomarse en cuenta en la interpretación sobre temas vinculados a esos derechos según ha indicado reiteradamente la Sala IV; por lo tanto, si en el referéndum se resuelve en contra de los derechos de las minorías sexualmente diversas tal resolución sería inconstitucional. ¿Cuál es el sentido de llamar al pueblo a optar por una decisión violatoria de nuestra Constitución Política?
4.- Porque la Sala Constitucional ha dicho que “Todo el derecho de los Derechos Humanos está fundado sobre la idea de que éstos últimos, como inherentes a la dignidad intrínseca de la persona humana, para decirlo en términos de la Declaración Universal, son atributos del ser humano, de todo ser humano en cuanto tal, anteriores y superiores a toda autoridad, la cual, en consecuencia, no los crea, sino que los descubre, no los otorga sino que simplemente los reconoce, porque tiene que reconocerlos.” (Sentencia 1994-02665) ¿Está claro? Los Derechos Humanos NO están sujetos a discusión. La autoridad, sea el pueblo ejerciendo su poder legislativo o la Asamblea ejerciendo ese poder delegado “tiene que reconocerlos”. No hay opción. Por tal motivo, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Venice Commission) señala en su “Código de buenas prácticas en Referéndums” que los textos sometidos a la decisión popular deben ser compatibles con las normas superiores y no deben ser contrarios a las normas internacionales, los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. (III Specific rules, 3.-)
5.- Porque coincido plenamente con lo dicho por el Magistrado Adrián Vargas Benavides, al redactar su voto salvado en la Res. Nº 2006-007262, que transcribo parcialmente pero cuya lectura íntegra recomiendo con especial énfasis: “La dignidad es inherente a la condición de ser humano, por su misma naturaleza, por lo cual es un valor de orden superior que NO DEPENDE DEL CONSENSO SOCIAL ni se mide por la manifestación de una persona. …La dignidad humana no puede violentarse a través de normas legales que no respeten el derecho inalienable que tiene cada persona a la diversidad, … Este principio de dignidad, base de nuestro ordenamiento jurídico, se convierte en una condición inherente a todo ser humano, por lo que en forma alguna se justifica que las parejas homosexuales sean tratadas en forma diferente, en detrimento de su libertad y dignidad, reduciéndolos a la condición de ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, algo intolerable en una sociedad democrática y plural como la diseñada por el constituyente.” (El destacado en mayúsculas no pertenece al original)
6.- Porque la ley sometida a referéndum regula jurídicamente una realidad que forma parte de nuestra sociedad y que no puede negarse. El Derecho regula la CONDUCTA HUMANA, si esa conducta implica la convivencia, permanente, estable y no prohibida de personas de un mismo sexo, eso mismo es lo que debe regularse atendiendo a la dignidad y a la libertad de las personas y garantizando el ejercicio legítimo de sus derechos.
7.- Porque el Derecho parte de las formas de convivencia social y las regula, ordenándolas, autorizándolas, permitiéndolas o bien prohibiéndolas, para asegurar la coexistencia armónica de seres libres. El legislador no crea normas a partir de la nada. La ausencia de reconocimiento jurídico de las realidades sociales cercena las libertades y atenta contra derechos fundamentales como la vida, la salud o la supervivencia. ¿Quién no ha sufrido la triste experiencia de tener que superar monumentales obstáculos para cuidar a una persona que no es familiar directo, internada en un hospital?
8.- Porque NO es aceptable argumentar desde la visión moral o religiosa sobre las normas jurídicas que deben regir en una República Democrática. Derecho, Moral y Religión son órdenes normativos distintos. Cuando el Derecho cede paso a cualquier "moral oficial", las normas resultantes no son jurídicas sino arbitrarias, lo que es propio de los Estados totalitarios; ejemplo claro de este tipo de normativa es aquella imperante en la Alemania nazi que sancionaba penalmente toda conducta “contraria al sano sentir del pueblo alemán.” En cuanto a las normas religiosas, implican la aceptación de un ser superior que las dicta y eso no puede ser impuesto a nadie. La imposición obligatoria de creencias es inconstitucional en nuestro país. Así de simple.
9.- Porque ofrecerle al pueblo, al soberano, la posibilidad de que legisle en contra del bien común, en contra de la armonía social, en contra de su propio ordenamiento jurídico, en contra del sistema democrático, es perverso, peligroso y atenta contra el Estado de Derecho.
10.- Porque la historia demuestra que las mayorías responden con rapidez, docilidad y obsecuencia a los líderes que fomentan la intolerancia y el atropello a los derechos de las minorías. El 29 de abril recién pasado, el Consejo de Europa adoptó la Resolución 1728 sobre discriminación basada en orientación sexual e identidad de género; en el documento insta a los Estados miembros a implementar las medidas necesarias para combatir esta forma de discriminación, señala la responsabilidad de los Parlamentos en promover cambios legislativos para erradicar la homofobia y la transfobia y para otorgar a las parejas de un mismo sexo iguales derechos y obligaciones patrimoniales que los reconocidos a parejas de distinto sexo. Señala la Resolución que existe una particular preocupación por los “discursos cargados de odio de líderes civiles, políticos y religiosos”, y, entre muchas otras recomendaciones, indica que es “deber supremo de las autoridades públicas” no solo proteger los derechos humanos de una manera efectiva, sino también ABSTENERSE de pronunciamientos que legitiman y alimentan la discriminación y el odio basado en la intolerancia. En Costa Rica, en cambio, las autoridades propician que líderes civiles y religiosos den rienda suelta a cuanta oscura pasión nace de la ignorancia, de los prejuicios y de la incomprensión. ¿Vivimos en democracia o debemos aceptar que nos estamos acercando peligrosamente al totalitarismo?
11.- Porque suficientes vacíos tiene nuestro ordenamiento jurídico -y aún mayores su efectiva aplicación- en materia de protección a los derechos humanos como para arriesgarnos a sumar otro más. El 17 de marzo del 2010, en la inauguración del 138º período ordinario de sesiones, el Doctor Felipe González, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo: “… las dificultades que enfrenta la región siguen siendo enormes. No sólo las instituciones democráticas de varios Estados miembros se encuentran en una situación frágil y vulnerable, tal como lo demostró el golpe de Estado en Honduras, sino que continúa siendo insuficiente la protección de los derechos fundamentales, en particular cuando se trata de los de grupos vulnerables que sufren la exclusión social y la discriminación por factores étnicos, de clase, raciales, de género y de orientación sexual.” ¿Agravará Costa Rica la “insuficiente protección de los derechos fundamentales?
12.- Porque eliminar todas las formas de discriminación es tarea urgente e importante si pretendemos mejorar nuestra deteriorada convivencia social. En el 137º período de sesiones, la CIDH advirtió: “... que la desigualdad y la discriminación son graves problemas estructurales en el hemisferio, que constituyen importantes obstáculos para el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes. La discriminación contra los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los pobres, los inmigrantes y diversos grupos sobre la base de su orientación sexual, entre otros, es un problema grave en todos los países de la región. La Comisión insta a los Estados a adoptar medidas urgentes a fin de avanzar en forma decidida en la prevención y el combate de todas las formas de discriminación, así como en la eliminación de la pobreza, en especial la pobreza extrema.” ¿Es aceptable una convocatoria que invita a retroceder en el combate a la discriminación?
13.- Porque ya es hora de que nuestros gobernantes cumplan con sus compromisos libremente asumidos. El 19 de abril del 2009, en la Quinta Cumbre de las Américas celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago, nuestro Presidente de entonces firmó una Declaración en la que se lee: “85. También reafirmamos que todas las formas de discriminación inhiben la plena participación de todas las personas en la sociedad y nos comprometemos a tomar medidas continuas para combatirlas. Continuaremos realizando esfuerzos para concluir las negociaciones sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.” ¿Desconocerá Costa Rica ese compromiso; tan poco vale la palabra empeñada internacionalmente?
14.- Porque en la Asamblea Legislativa hay dos proyectos de ley sobre los derechos y obligaciones que corresponden a las parejas del mismo sexo. Regulan el régimen patrimonial y hereditario de los convivientes, los beneficios de la seguridad social, el derecho a la visita en caso de hospitalización o privación de libertad de una de las partes, el derecho a alimentos mutuos, entre otros. Nada que perjudique o atente contra el Derecho de Familia vigente. ¿No sería fantástico si los diputados se pusieran a trabajar por el bien común de una vez por todas?
No se han acabado mis argumentos, pero como es probable que la paciencia de los lectores esté llegando a su fin, dejaré los restantes para otra ocasión.
Termino citando nuevamente al Magistrado Vargas Benavides; sus palabras llaman a una reflexión seria y obligada, imprescindible para afianzar los cimientos de nuestra República Democrática tan socavados en estos últimos años por la arbitrariedad, la ilegalidad, la intolerancia y la falta de ética. Debemos asumir el fortalecimiento de nuestro sistema democrático como tarea impostergable. El referéndum que desacertadamente se pretende adjuntar a las elecciones municipales solo servirá para alimentar odios y divisiones, prejuicios e incomprensión. Un socavón más que quizás nos lleve al derrumbe.
“La historia de la humanidad ha estado plagada de injusticias infligidas por mayorías a grupos disidentes o simplemente diversos. ...es hora de una apertura que permita la inserción completa e igualitaria de la minoría homosexual en la sociedad, con todos sus derechos y todas sus obligaciones. El sentir de algunas personas no puede seguir siendo excusa para que el Estado continúe tolerando la marginación y exclusión de las minorías homosexuales de los institutos jurídicos reconocidos al resto de las personas, entre ellos el matrimonio. … estimo que el rompimiento de barreras legales es el primer paso para lograr una evolución verdadera en la mentalidad del sector de la población que desconoce los derechos de la minoría homosexual y de cualesquiera otras minorías afectadas por estigmas discriminatorios y mermados en sus derechos fundamentales. De lo contrario, no se hace más que reforzar los sentimientos de irracional intolerancia e impedir una integración real e igualitaria de este sector de hombres y mujeres, así como obstaculizar la impostergable puesta en práctica de estrategias de educación y concienciación en torno a la diversidad sexual y a la igualdad como norte ineludible de nuestro sistema político.”
Abogada (*)
NUESTRO PAÍS, Costa Rica, 10-9-2010
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=26107
El carácter retrógrada del referendo del odio
Reflexiones a propósito de un referendo anunciado
Hugo Mora Poltronieri*
A finales del s. xix los gobernantes de este país se encontraban ante un dilema: seguían los dictados de su recta razón para resolver ciertas realidades sociales problemáticas o, como sus antecesores, se dejaban llevar por los dictados del poderoso estamento católico que decidía y actuaba como otro poder político paralelo. Pero estos gobernantes sí, estos sí sabían “amarrarse los pantalones” y darle al César –según la cita conocida- lo que le correspondía. Y así, unas tras otras, salieron las leyes que ponían a Costa Rica en el mapa de las naciones más a tono con la modernidad de la época: se instituyó el matrimonio como la institución civil que todos conocemos, al tiempo que se estableció algo tan necesario como el divorcio; se quitó a la Iglesia Católica (IC) la administración de los cementerios, con lo cual estos quedaron abiertos para todos, no solo para los católicos, indiferentemente de las circunstancias en que vivieron (extranjeros, herejes) o murieron (suicidas, sin confesión, etc.). Más aún: se le quitó a la IC el monopolio que tenía sobre la educación (dirigida a las clases pudientes) y se la declaró universal, obligatoria y gratuita, un paso fundamental para el desarrollo posterior de la vida democrática del país. Y, como colofón, hasta se expulsó al obispo, cansados como estaban los gobernantes de verlo entremeterse en asuntos que excedían lo meramente religioso.
Imaginemos por un momento que esas y otras medidas políticas de esos gobernantes liberales hubieran debido consultarse con el pueblo. Resultado: rechazo total de todas esas medidas. ¿Por qué? ¿Iban contra el pueblo? ¿Atentaban contra la estabilidad social? ¿Se perjudicaba a algún sector o minoría de los ciudadanos? No, en absoluto: la explicación más plausible es que toda esa masa popular, mayoritariamente analfabeta, imbuida de religión y ayuna de participación política, habría votado negativamente según las consignas vertidas en el púlpito y en los medios de comunicación controlados por la IC.
Ahora se vislumbra la posibilidad de un referendo para que la mayoría heterosexual de la población decida si la minoría gay y lesbiana (GL) tiene derecho a ejercer, ¡atención!, algunos y solo algunos de los derechos civiles que aquellos tienen, no por mérito propio, sino porque la lotería genética los asignó antes de nacer a la preferencia sexual políticamente “correcta”. Y lo más grave: altas autoridades del Estado no han sido omisas en hacernos saber de qué lado se sitúan desde ahora, lo mismo que sectores influyentes de los medios de comunicación, alineados con los altos jerarcas de la IC y pastores evangélicos fundamentalistas, confundidos todos estos religiosos en estrecha alianza “moralista” y ofreciéndose públicamente para recoger firmas en sus templos. ¿Recuerdan aquel decir campesino de “burro amarrado contra tigre suelto”?
De aquellas medidas, algunas tan combatidas por la IC como el divorcio y el matrimonio civil ¿cuántos costarricenses, sobre todo católicos, se han valido desde entonces para poder llevar una vida plena y feliz, solos o con otra pareja? Las cosas han cambiado tanto que hoy día nadie se siente avergonzado o privado de algún derecho por vivir en unión libre o por ser hijo “natural”, circunstancias que en otros tiempos equivalían a una especie de muerte civil imperdonable.
No al referendo de resultado previsto. Las sociedades evolucionan. Las leyes deben reflejar las nuevas realidades sociales. No hacerlo es promover la inestabilidad social y favorecer la discriminación en sus peores formas. Sacar a la luz a esta minoría GL, mediante ley, conducirá a la mayor integración social de un sector que es, por naturaleza, muy original y creativo, además de que con los derechos, vendrán también los deberes concomitantes con la vida más regular y ordenada asociada con la vida en pareja. Nadie en el colectivo GL tiene interés en el matrimonio, institución bastante deteriorada moralmente sobre todo en su modalidad católica. De lo que se trata es de asegurar algún género de institución legal que asigne el mínimo de derechos para parejas que han existido como tales desde que la humanidad es lo que es. Y hasta es posible que, ya con la ley en vigor, más de un heterosexual se asombre al comprobar cómo ese estereotipo del GL como un ser promiscuo, voluble, irresponsable, etc., ceda ante la realidad de infinidad de parejas GL que lo han sido por décadas, a pesar del rechazo social y de las persecuciones, privaciones y humillaciones sufridas de parte de parientes, maestros y empleadores homófobos, cuyas vidas de pareja posiblemente disten mucho del modelo moral que creen representar.
*Profesor ad honórem
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura/Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica, 15-6-2010
Hugo Mora Poltronieri*
A finales del s. xix los gobernantes de este país se encontraban ante un dilema: seguían los dictados de su recta razón para resolver ciertas realidades sociales problemáticas o, como sus antecesores, se dejaban llevar por los dictados del poderoso estamento católico que decidía y actuaba como otro poder político paralelo. Pero estos gobernantes sí, estos sí sabían “amarrarse los pantalones” y darle al César –según la cita conocida- lo que le correspondía. Y así, unas tras otras, salieron las leyes que ponían a Costa Rica en el mapa de las naciones más a tono con la modernidad de la época: se instituyó el matrimonio como la institución civil que todos conocemos, al tiempo que se estableció algo tan necesario como el divorcio; se quitó a la Iglesia Católica (IC) la administración de los cementerios, con lo cual estos quedaron abiertos para todos, no solo para los católicos, indiferentemente de las circunstancias en que vivieron (extranjeros, herejes) o murieron (suicidas, sin confesión, etc.). Más aún: se le quitó a la IC el monopolio que tenía sobre la educación (dirigida a las clases pudientes) y se la declaró universal, obligatoria y gratuita, un paso fundamental para el desarrollo posterior de la vida democrática del país. Y, como colofón, hasta se expulsó al obispo, cansados como estaban los gobernantes de verlo entremeterse en asuntos que excedían lo meramente religioso.
Imaginemos por un momento que esas y otras medidas políticas de esos gobernantes liberales hubieran debido consultarse con el pueblo. Resultado: rechazo total de todas esas medidas. ¿Por qué? ¿Iban contra el pueblo? ¿Atentaban contra la estabilidad social? ¿Se perjudicaba a algún sector o minoría de los ciudadanos? No, en absoluto: la explicación más plausible es que toda esa masa popular, mayoritariamente analfabeta, imbuida de religión y ayuna de participación política, habría votado negativamente según las consignas vertidas en el púlpito y en los medios de comunicación controlados por la IC.
Ahora se vislumbra la posibilidad de un referendo para que la mayoría heterosexual de la población decida si la minoría gay y lesbiana (GL) tiene derecho a ejercer, ¡atención!, algunos y solo algunos de los derechos civiles que aquellos tienen, no por mérito propio, sino porque la lotería genética los asignó antes de nacer a la preferencia sexual políticamente “correcta”. Y lo más grave: altas autoridades del Estado no han sido omisas en hacernos saber de qué lado se sitúan desde ahora, lo mismo que sectores influyentes de los medios de comunicación, alineados con los altos jerarcas de la IC y pastores evangélicos fundamentalistas, confundidos todos estos religiosos en estrecha alianza “moralista” y ofreciéndose públicamente para recoger firmas en sus templos. ¿Recuerdan aquel decir campesino de “burro amarrado contra tigre suelto”?
De aquellas medidas, algunas tan combatidas por la IC como el divorcio y el matrimonio civil ¿cuántos costarricenses, sobre todo católicos, se han valido desde entonces para poder llevar una vida plena y feliz, solos o con otra pareja? Las cosas han cambiado tanto que hoy día nadie se siente avergonzado o privado de algún derecho por vivir en unión libre o por ser hijo “natural”, circunstancias que en otros tiempos equivalían a una especie de muerte civil imperdonable.
No al referendo de resultado previsto. Las sociedades evolucionan. Las leyes deben reflejar las nuevas realidades sociales. No hacerlo es promover la inestabilidad social y favorecer la discriminación en sus peores formas. Sacar a la luz a esta minoría GL, mediante ley, conducirá a la mayor integración social de un sector que es, por naturaleza, muy original y creativo, además de que con los derechos, vendrán también los deberes concomitantes con la vida más regular y ordenada asociada con la vida en pareja. Nadie en el colectivo GL tiene interés en el matrimonio, institución bastante deteriorada moralmente sobre todo en su modalidad católica. De lo que se trata es de asegurar algún género de institución legal que asigne el mínimo de derechos para parejas que han existido como tales desde que la humanidad es lo que es. Y hasta es posible que, ya con la ley en vigor, más de un heterosexual se asombre al comprobar cómo ese estereotipo del GL como un ser promiscuo, voluble, irresponsable, etc., ceda ante la realidad de infinidad de parejas GL que lo han sido por décadas, a pesar del rechazo social y de las persecuciones, privaciones y humillaciones sufridas de parte de parientes, maestros y empleadores homófobos, cuyas vidas de pareja posiblemente disten mucho del modelo moral que creen representar.
*Profesor ad honórem
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura/Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica, 15-6-2010
El progresismo costarricense frente al referendo del odio
REFERENDO DEL ODIO: EL PAPEL DEL PROGRESISMO COSTARRICENSE
(I parte)
Luis Paulino Vargas Solís
Cuando meses atrás algunas personas bienintencionadas y honestas se esforzaban por forjar una posible coalición progresista que enfrentara al neoliberal PLN, una de las condiciones puesta por algunos sectores fue la supresión, dentro de cualquier posible programa de coalición, de toda mención a los derechos de las personas sexualmente diversas (gais, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales). A uno de los partidos que estaba siendo invitado a participar de esa coalición –el cual en su programa contempla un apartado dedicado a este tema- explícitamente se le solicitó aceptar esa exclusión. Dirigentes muy respetables, de distinguida trayectoria en la izquierda histórica de Costa Rica, avalaban con todo convencimiento esa solicitud. Una de esas personas me aseguró en un correo electrónico que, a su juicio, ese tema debía quedar restringido a los programas de los partidos -si es que alguno quería incorporarlo- pero que no podía tener espacio en una propuesta de coalición. Por esos mismos días circulaba un posible “programa mínimo de coalición”, en el cual resultaba ostentosa la ausencia de este asunto.
Por otra parte, he podido constatar –incluso a propósito de artículos que he escrito- que cuando este debate se plantea, personas vinculadas al movimiento social progresista, de respetables credenciales patrióticas y reconocido compromiso social, sostienen con toda firmeza que este asunto no es importante –no puede ni debe ser importante- para el progresismo nacional en ninguna de sus diversas expresiones. Y subrayan y enfatizan: muchos otros asuntos son mucho más importantes.
A estas alturas ya no me cabe ninguna duda de que las personas que así se expresan están en lo correcto. Es efectivamente cierto que, como tendencia dominante, al progresismo nacional este asunto no le interesa. Así, he podido constatar, muy a mi pesar, la certeza de una tesis que formulé en varios artículos escritos meses atrás, cuando hice ver que, entre las distintas agendas de reforma que una coalición progresista habría de impulsar en Costa Rica, el aspecto donde existían mayores carencias era la agenda de cambio socio-cultural. Hay vacíos importantes en género, juventudes y tercera edad, pero en lo relativo a los problemas asociados a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el rezago es simplemente sideral.
En general, este asunto tiende a generar como al modo de dos columnas diferenciadas pero no enemistadas dentro del progresismo nacional. De un lado, los que apoyan discursivamente. Del otro los que expresan un profundo desprecio e insisten en que hay mil asuntos más importantes. La distancia entre unos y otros es apenas de matiz, fácilmente salvable, por la sencilla razón de que quienes apoyan, jamás se desgastan más allá de lo estrictamente indispensable en ese apoyo. En la práctica actúan más o menos como los otros aseveran que debe actuarse: colocan el tema de la discriminación por razones de diversidad sexual en un sitio muy, muy lejano dentro del orden de prioridades de las agendas políticas.
Y, en efecto, un millón de asuntos capta su atención y absorbe su energía. Todas son cuestiones cuya importancia y significación es absolutamente indiscutible: minería a cielo abierto, el agua de Sardinal o la del macizo del Barba, la autonomía sindical en JAPDEVA, la autopista a Caldera, los servicios municipales, la Ley General sobre Electricidad, la seguridad alimentaria, etc. etc. Innumerables asuntos de indiscutible importancia.
Lo relevante aquí es constatar que todo ello justifica el que no pueda incurrirse en un desgaste mayor que el que ocasiona una expresión verbal de apoyo (o una firma sobre un proyecto de ley). En todo caso, ya esa sola manifestación pública tiene sus costos, por ejemplo, la maledicencia de curas y pastores que llaman a no votar por partidos que apoyan el “matrimonio” homosexual. Esto es algo que el progresismo que apoya esta reivindicación trae a colación cada vez que tiene oportunidad, así como recalcando: “pero vean que duro que nos la ponen ¿cómo pretenden que hagamos más?”.
No entro aquí a analizar –mucho menos a juzgar- las razones de ese proceder. Simplemente lo constato.
Por estos días se plantea el asunto de un referendo donde se votará por la aceptación o rechazo de un proyecto de ley (llamado de Sociedades de Convivencia), que reconocería algunos derechos mínimos a las parejas del mismo sexo (no es, ni de lejos, algo equiparable al matrimonio heterosexual). La señora Taitelbaum, Defensora de los Habitantes –por mil razones muy mal querida del progresismo nacional- se ha pronunciado en contra de ese referendo. También, cosa notable, el conservador periódico La Nación. Dejando de lado aspectos accesorios (como el ataque que el editorialista de La Nación desliza contra Hugo Chaves), en todo caso el punto de partida en ambos casos es tan elemental como ineludible: los derechos humanos.
Llegado a este punto, ya no me sorprende en absoluto el estridente silencio del progresismo nacional. Sin duda hay razones en virtud de las cuales las predicas de igualdad y justicia –tan caras a ese progresismo- quedan canceladas cuando entran en juego las personas discriminadas por razones de orientación sexual e identidad de género. Pero aún así no deja de asombrar la facilidad con que se dejan arrebatar el liderazgo en un campo –los derechos humanos- donde deberían aspirar a ser vanguardia. Y, desde luego, se ve improbable que en el futuro el progresismo pueda tener una voz audible entre las minorías sexualmente diversas ¿a cuenta de qué se le querría prestar oídos?
Para enfrentar la lucha que este referendo plantea, la población sexualmente diversa de Costa Rica necesitaría visibilizarse. Esa es la primera e indispensable condición. Las personas heterosexuales no tendrían por qué entender lo que eso significa, porque siempre han sido visibles. Pero los hombres gay y las mujeres lesbianas –y aún más crudamente quienes tienen una identidad de género que no coincide con su sexo biológico- aprendimos, ya desde muy temprano en nuestras vidas, que para sobrevivir debíamos hacernos invisibles. Invisibilizar nuestra sexualidad, nuestros afectos y emociones. Desdoblar nuestras vidas y tener dos rostros: el uno visible pero esencialmente falso; el otro invisible, pero trágicamente verdadero. El acto de visibilización -incomprensible para las personas heterosexuales-conlleva desarmar las defensas y exponerse, a pecho descubierto, al odio y la agresión. Ser invisible proporciona una falsa sensación de seguridad. Hacerse visible implica arriesgarse a lo que sea.
Solo en pocos y muy calificados casos la visibilización es posible. Pero justo por ello, para la minoría sexualmente diversa -acaso un 10 a 15% de la población- lo que se plantea es una lucha imposible. Sin duda, susurrar encerrados en el clóset no es precisamente una buena estrategia de pelea. Ello también determina la debilidad de nuestros liderazgos, carentes de arraigo popular. Que quede claro que no critico a dirigentes a quienes, como personas, aprecio y respeto profundamente. Pero ocurre que, hasta en el mejor de los casos, es tarea improbable liderar un colectivo paralizado por el terror.
Sin duda alguna, los grupos promotores de este referendo tienen todo esto muy claro.
El referendo será entonces un acto ominoso donde la mayoría aplastará y humillará a una minoría totalmente desarmada. Implicaría, simbólicamente, un acto de exterminio de una minoría a la que, con toda elocuencia, se le habrá dicho: ustedes –seres humanoides, monstruos informes- no tiene sitio en este país. Será, en fin, un triunfo del odio y la intolerancia, un acto que corromperá y denigrará la democracia.
Y, al cabo, esto se habrá consumado sin que el progresismo nacional haya tenido ni la capacidad ni la voluntad de hacer nada. Bien sé que entre manos hay un millón de asuntos muy importantes.
Alajuela, Costa Rica, 10-6-2010
(I parte)
Luis Paulino Vargas Solís
Cuando meses atrás algunas personas bienintencionadas y honestas se esforzaban por forjar una posible coalición progresista que enfrentara al neoliberal PLN, una de las condiciones puesta por algunos sectores fue la supresión, dentro de cualquier posible programa de coalición, de toda mención a los derechos de las personas sexualmente diversas (gais, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales). A uno de los partidos que estaba siendo invitado a participar de esa coalición –el cual en su programa contempla un apartado dedicado a este tema- explícitamente se le solicitó aceptar esa exclusión. Dirigentes muy respetables, de distinguida trayectoria en la izquierda histórica de Costa Rica, avalaban con todo convencimiento esa solicitud. Una de esas personas me aseguró en un correo electrónico que, a su juicio, ese tema debía quedar restringido a los programas de los partidos -si es que alguno quería incorporarlo- pero que no podía tener espacio en una propuesta de coalición. Por esos mismos días circulaba un posible “programa mínimo de coalición”, en el cual resultaba ostentosa la ausencia de este asunto.
Por otra parte, he podido constatar –incluso a propósito de artículos que he escrito- que cuando este debate se plantea, personas vinculadas al movimiento social progresista, de respetables credenciales patrióticas y reconocido compromiso social, sostienen con toda firmeza que este asunto no es importante –no puede ni debe ser importante- para el progresismo nacional en ninguna de sus diversas expresiones. Y subrayan y enfatizan: muchos otros asuntos son mucho más importantes.
A estas alturas ya no me cabe ninguna duda de que las personas que así se expresan están en lo correcto. Es efectivamente cierto que, como tendencia dominante, al progresismo nacional este asunto no le interesa. Así, he podido constatar, muy a mi pesar, la certeza de una tesis que formulé en varios artículos escritos meses atrás, cuando hice ver que, entre las distintas agendas de reforma que una coalición progresista habría de impulsar en Costa Rica, el aspecto donde existían mayores carencias era la agenda de cambio socio-cultural. Hay vacíos importantes en género, juventudes y tercera edad, pero en lo relativo a los problemas asociados a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el rezago es simplemente sideral.
En general, este asunto tiende a generar como al modo de dos columnas diferenciadas pero no enemistadas dentro del progresismo nacional. De un lado, los que apoyan discursivamente. Del otro los que expresan un profundo desprecio e insisten en que hay mil asuntos más importantes. La distancia entre unos y otros es apenas de matiz, fácilmente salvable, por la sencilla razón de que quienes apoyan, jamás se desgastan más allá de lo estrictamente indispensable en ese apoyo. En la práctica actúan más o menos como los otros aseveran que debe actuarse: colocan el tema de la discriminación por razones de diversidad sexual en un sitio muy, muy lejano dentro del orden de prioridades de las agendas políticas.
Y, en efecto, un millón de asuntos capta su atención y absorbe su energía. Todas son cuestiones cuya importancia y significación es absolutamente indiscutible: minería a cielo abierto, el agua de Sardinal o la del macizo del Barba, la autonomía sindical en JAPDEVA, la autopista a Caldera, los servicios municipales, la Ley General sobre Electricidad, la seguridad alimentaria, etc. etc. Innumerables asuntos de indiscutible importancia.
Lo relevante aquí es constatar que todo ello justifica el que no pueda incurrirse en un desgaste mayor que el que ocasiona una expresión verbal de apoyo (o una firma sobre un proyecto de ley). En todo caso, ya esa sola manifestación pública tiene sus costos, por ejemplo, la maledicencia de curas y pastores que llaman a no votar por partidos que apoyan el “matrimonio” homosexual. Esto es algo que el progresismo que apoya esta reivindicación trae a colación cada vez que tiene oportunidad, así como recalcando: “pero vean que duro que nos la ponen ¿cómo pretenden que hagamos más?”.
No entro aquí a analizar –mucho menos a juzgar- las razones de ese proceder. Simplemente lo constato.
Por estos días se plantea el asunto de un referendo donde se votará por la aceptación o rechazo de un proyecto de ley (llamado de Sociedades de Convivencia), que reconocería algunos derechos mínimos a las parejas del mismo sexo (no es, ni de lejos, algo equiparable al matrimonio heterosexual). La señora Taitelbaum, Defensora de los Habitantes –por mil razones muy mal querida del progresismo nacional- se ha pronunciado en contra de ese referendo. También, cosa notable, el conservador periódico La Nación. Dejando de lado aspectos accesorios (como el ataque que el editorialista de La Nación desliza contra Hugo Chaves), en todo caso el punto de partida en ambos casos es tan elemental como ineludible: los derechos humanos.
Llegado a este punto, ya no me sorprende en absoluto el estridente silencio del progresismo nacional. Sin duda hay razones en virtud de las cuales las predicas de igualdad y justicia –tan caras a ese progresismo- quedan canceladas cuando entran en juego las personas discriminadas por razones de orientación sexual e identidad de género. Pero aún así no deja de asombrar la facilidad con que se dejan arrebatar el liderazgo en un campo –los derechos humanos- donde deberían aspirar a ser vanguardia. Y, desde luego, se ve improbable que en el futuro el progresismo pueda tener una voz audible entre las minorías sexualmente diversas ¿a cuenta de qué se le querría prestar oídos?
Para enfrentar la lucha que este referendo plantea, la población sexualmente diversa de Costa Rica necesitaría visibilizarse. Esa es la primera e indispensable condición. Las personas heterosexuales no tendrían por qué entender lo que eso significa, porque siempre han sido visibles. Pero los hombres gay y las mujeres lesbianas –y aún más crudamente quienes tienen una identidad de género que no coincide con su sexo biológico- aprendimos, ya desde muy temprano en nuestras vidas, que para sobrevivir debíamos hacernos invisibles. Invisibilizar nuestra sexualidad, nuestros afectos y emociones. Desdoblar nuestras vidas y tener dos rostros: el uno visible pero esencialmente falso; el otro invisible, pero trágicamente verdadero. El acto de visibilización -incomprensible para las personas heterosexuales-conlleva desarmar las defensas y exponerse, a pecho descubierto, al odio y la agresión. Ser invisible proporciona una falsa sensación de seguridad. Hacerse visible implica arriesgarse a lo que sea.
Solo en pocos y muy calificados casos la visibilización es posible. Pero justo por ello, para la minoría sexualmente diversa -acaso un 10 a 15% de la población- lo que se plantea es una lucha imposible. Sin duda, susurrar encerrados en el clóset no es precisamente una buena estrategia de pelea. Ello también determina la debilidad de nuestros liderazgos, carentes de arraigo popular. Que quede claro que no critico a dirigentes a quienes, como personas, aprecio y respeto profundamente. Pero ocurre que, hasta en el mejor de los casos, es tarea improbable liderar un colectivo paralizado por el terror.
Sin duda alguna, los grupos promotores de este referendo tienen todo esto muy claro.
El referendo será entonces un acto ominoso donde la mayoría aplastará y humillará a una minoría totalmente desarmada. Implicaría, simbólicamente, un acto de exterminio de una minoría a la que, con toda elocuencia, se le habrá dicho: ustedes –seres humanoides, monstruos informes- no tiene sitio en este país. Será, en fin, un triunfo del odio y la intolerancia, un acto que corromperá y denigrará la democracia.
Y, al cabo, esto se habrá consumado sin que el progresismo nacional haya tenido ni la capacidad ni la voluntad de hacer nada. Bien sé que entre manos hay un millón de asuntos muy importantes.
Alajuela, Costa Rica, 10-6-2010
El disparate se adueña de Costa Rica
Acechanzas del disparate
Es irracional pretender que las uniones civiles homosexuales amenacen a las familias
Laurencia Sáenz
Filósofa
laurenciasaenz@gmail.com
Iniciado el debate sobre la conveniencia de someter a referendo las uniones civiles homosexuales, cabe preguntarse qué es peor: la homofobia consciente de si misma, o la que se ignora.
La primera, al ser fácilmente identificable, se expone de modo más certero al dardo de la crítica, cuya principal tarea no es hacer cambiar al homofóbico que reivindica su aversión, sino alertar a los demás sobre su poder nocivo.
La segunda es difícil de contrarrestar por cuanto, arraigada en el prejuicio inconsciente, se esconde a menudo tras el discurso aparentemente amistoso: “yo no tengo nada contra los homosexuales' Pero' pero me opongo a que legalicen sus uniones”.
En la aparente inocencia de la frase, no hay ningún odio ni insulto explícitos; todo se juega en el desprecio expresado de modo tácito.
El problema se complica cuando la homofobia asumida se nutre de la homofobia inconsciente, es decir, cuando el discurso del odio se aprovecha de prejuicios basados en la ignorancia y manipula a la opinión pública con el fin de torpedear el progreso en derechos civiles.
Entrevistada por la cadena de radio ADN, y en su reciente respuesta al editorial de este diario, la militante en contra de las uniones civiles gais, Alexandra Loría, dice no oponerse a que personas homosexuales gocen de los mismos derechos civiles que todos' Pero' se opone a que se les permita legalizar sus uniones, por cuanto estas violarían el “derecho humano” (sic) a la familia y al matrimonio heterosexual, a los que el Estado debería “proteger”.
Posición irracional
Para que semejante argumento tuviera alguna validez, habría que demostrar cómo la familia y los matrimonios heterosexuales estarían en peligro por el hecho de que dos hombres o dos mujeres puedan heredar los bienes de su cónyuge, o tener el cuido legítimo de su pareja en caso de enfermedad o muerte.
Para demostrarlo, habría que probar que la legalización de las uniones civiles gais les impedirá a parejas heterosexuales unirse en matrimonio. ¿Cómo sería esto posible?
El lector habrá presentido la carga irracional que arrastra el propósito de la Sra. Loría y de sus correligionarios.
Por un lado, la posición se basa en el prejuicio según el cual la homosexualidad es una enfermedad, una visión ya ampliamente superada en los países desarrollados, y tristemente, aun muy presente en nuestro país.
Por otro lado, el razonamiento tiene todas las características del pensamiento mágico: al legalizar las uniones, el espíritu de la homosexualidad se desataría, de modo irresistible, contagiando a toda la sociedad, de modo que ¡horror!, su madre, su padre, sus hijos, ¡usted misma! podrían ser homosexuales'
Un discurso parecido, en su irracionalidad, a las fantasías que expresaban los que se oponían al voto femenino, basándose en las teorías de Gustave Le Bon sobre la psique femenina: si la mujer vota, habrá que educarla, es decir, permitirle pensar. Problema: cuando la mujer piensa, toda la sangre concentrada en su útero corre hacia el cerebro' Horror: ¡el útero se secará! Pánico: ¡¿Y quién parirá a nuestros niños?!
Es el mismo tipo de pensamiento oscurantista, reacio al conocimiento, al progreso y a la razón, el que inspira hoy a quienes militan contra las uniones gais para “proteger” a la sociedad costarricense, a las familias y al matrimonio heterosexual.
La sociedad costarricense sí debe ser protegida, pero no de las uniones civiles homosexuales.
Debe protegerse de la intolerancia de quienes buscan utilizar la democracia participativa para discriminar a las minorías.
Debe protegerse del oscurantismo, que nutre fantasías de destrucción irracionales y disparatadas.
Debe protegerse del integrismo, que instrumentaliza la fe religiosa para limitar derechos humanos.
Debe protegerse, en fin, de la complaciente indulgencia, merced a la cual la intolerancia, el oscurantismo y el integrismo pueden lograr su objetivo de minar avances en materia de libertades individuales y poner así en jaque la frágil convivencia democrática.
LA NACIÓN, 14-6-2010
http://www.nacion.com/2010-06-14/Opinion/PaginaQuince/Opinion2407113.aspx
Es irracional pretender que las uniones civiles homosexuales amenacen a las familias
Laurencia Sáenz
Filósofa
laurenciasaenz@gmail.com
Iniciado el debate sobre la conveniencia de someter a referendo las uniones civiles homosexuales, cabe preguntarse qué es peor: la homofobia consciente de si misma, o la que se ignora.
La primera, al ser fácilmente identificable, se expone de modo más certero al dardo de la crítica, cuya principal tarea no es hacer cambiar al homofóbico que reivindica su aversión, sino alertar a los demás sobre su poder nocivo.
La segunda es difícil de contrarrestar por cuanto, arraigada en el prejuicio inconsciente, se esconde a menudo tras el discurso aparentemente amistoso: “yo no tengo nada contra los homosexuales' Pero' pero me opongo a que legalicen sus uniones”.
En la aparente inocencia de la frase, no hay ningún odio ni insulto explícitos; todo se juega en el desprecio expresado de modo tácito.
El problema se complica cuando la homofobia asumida se nutre de la homofobia inconsciente, es decir, cuando el discurso del odio se aprovecha de prejuicios basados en la ignorancia y manipula a la opinión pública con el fin de torpedear el progreso en derechos civiles.
Entrevistada por la cadena de radio ADN, y en su reciente respuesta al editorial de este diario, la militante en contra de las uniones civiles gais, Alexandra Loría, dice no oponerse a que personas homosexuales gocen de los mismos derechos civiles que todos' Pero' se opone a que se les permita legalizar sus uniones, por cuanto estas violarían el “derecho humano” (sic) a la familia y al matrimonio heterosexual, a los que el Estado debería “proteger”.
Posición irracional
Para que semejante argumento tuviera alguna validez, habría que demostrar cómo la familia y los matrimonios heterosexuales estarían en peligro por el hecho de que dos hombres o dos mujeres puedan heredar los bienes de su cónyuge, o tener el cuido legítimo de su pareja en caso de enfermedad o muerte.
Para demostrarlo, habría que probar que la legalización de las uniones civiles gais les impedirá a parejas heterosexuales unirse en matrimonio. ¿Cómo sería esto posible?
El lector habrá presentido la carga irracional que arrastra el propósito de la Sra. Loría y de sus correligionarios.
Por un lado, la posición se basa en el prejuicio según el cual la homosexualidad es una enfermedad, una visión ya ampliamente superada en los países desarrollados, y tristemente, aun muy presente en nuestro país.
Por otro lado, el razonamiento tiene todas las características del pensamiento mágico: al legalizar las uniones, el espíritu de la homosexualidad se desataría, de modo irresistible, contagiando a toda la sociedad, de modo que ¡horror!, su madre, su padre, sus hijos, ¡usted misma! podrían ser homosexuales'
Un discurso parecido, en su irracionalidad, a las fantasías que expresaban los que se oponían al voto femenino, basándose en las teorías de Gustave Le Bon sobre la psique femenina: si la mujer vota, habrá que educarla, es decir, permitirle pensar. Problema: cuando la mujer piensa, toda la sangre concentrada en su útero corre hacia el cerebro' Horror: ¡el útero se secará! Pánico: ¡¿Y quién parirá a nuestros niños?!
Es el mismo tipo de pensamiento oscurantista, reacio al conocimiento, al progreso y a la razón, el que inspira hoy a quienes militan contra las uniones gais para “proteger” a la sociedad costarricense, a las familias y al matrimonio heterosexual.
La sociedad costarricense sí debe ser protegida, pero no de las uniones civiles homosexuales.
Debe protegerse de la intolerancia de quienes buscan utilizar la democracia participativa para discriminar a las minorías.
Debe protegerse del oscurantismo, que nutre fantasías de destrucción irracionales y disparatadas.
Debe protegerse del integrismo, que instrumentaliza la fe religiosa para limitar derechos humanos.
Debe protegerse, en fin, de la complaciente indulgencia, merced a la cual la intolerancia, el oscurantismo y el integrismo pueden lograr su objetivo de minar avances en materia de libertades individuales y poner así en jaque la frágil convivencia democrática.
LA NACIÓN, 14-6-2010
http://www.nacion.com/2010-06-14/Opinion/PaginaQuince/Opinion2407113.aspx
¿Permitir que los raros se casen?
Matrimonio entre raros
PSICOFONÍAS
Estoy completamente a favor del permitir el matrimonio entre católicos. Me parece una injusticia y un error tratar de impedírselo.
El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a que a muchos no les gusten o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los mismos derechos que los demás, como si fueran, por ejemplo, informáticos u homosexuales.
Soy consciente de que muchos comportamientos y rasgos de carácter de las personas católicas, como su actitud casi enfermiza hacia el sexo, pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso, a veces, podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública, como su peligroso y deliberado rechazo a los preservativos. Sé también que muchas de sus costumbres, como la exhibición pública de imágenes de torturados, pueden incomodar a algunos.
Pero esto, además de ser más una imagen mediática que una realidad, no es razón para impedirles el ejercicio del matrimonio.
Algunos podrían argumentar que un matrimonio entre católicos no es un matrimonio real, porque para ellos es un ritual y un precepto religioso ante su dios, en lugar de una unión entre dos personas. También, dado que los hijos fuera del matrimonio están gravemente condenados por la iglesia, algunos podrían considerar que permitir que los católicos se casen incrementará el número de matrimonios por "el qué dirán" o por la simple búsqueda de sexo (prohibido por su religión fuera del matrimonio), incrementando con ello la violencia en el hogar y las familias desestructuradas. Pero hay que recordar que esto no es algo que ocurra sólo en las familias católicas y que, dado que no podemos meternos en la cabeza de los demás, no debemos juzgar sus motivaciones.
Por otro lado, el decir que eso no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma, no es más que una forma un tanto ruin de desviar el debate a cuestiones semánticas que no vienen al caso: Aunque sea entre católicos, un matrimonio es un matrimonio, y una familia es una familia.
Y con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que mi opinión, espero, no resulte demasiado radical: También estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos.
Algunos se escandalizarán ante una afirmación de este tipo. Es probable que alguno responda con exclamaciones del tipo de "¿Católicos adoptando hijos? ¡Esos niños podrían hacerse católicos!".
Veo ese tipo de críticas y respondo: Si bien es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor probabilidad de convertirse a su vez en católicos (al contrario que, por ejemplo, ocurre en la informática o la homosexualidad), ya he argumentado antes que los católicos son personas como los demás.
Pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos padres católicos estén peor preparados para educar a un hijo, ni de que el ambiente religiosamente sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Además, los tribunales de adopción juzgan cada caso individualmente, y es precisamente su labor determinar la idoneidad de los padres.
En definitiva, y pese a las opiniones de algunos sectores, creo que debería permitírseles también a los católicos tanto el matrimonio como la adopción.
Exactamente igual que a los informáticos y a los homosexuales.
ARGENPRESS CULTURAL, Argentina, 12-6-2010
http://cultural.argenpress.info/2010/06/matrimonio-entre-raros.html
PSICOFONÍAS
Estoy completamente a favor del permitir el matrimonio entre católicos. Me parece una injusticia y un error tratar de impedírselo.
El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a que a muchos no les gusten o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los mismos derechos que los demás, como si fueran, por ejemplo, informáticos u homosexuales.
Soy consciente de que muchos comportamientos y rasgos de carácter de las personas católicas, como su actitud casi enfermiza hacia el sexo, pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso, a veces, podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública, como su peligroso y deliberado rechazo a los preservativos. Sé también que muchas de sus costumbres, como la exhibición pública de imágenes de torturados, pueden incomodar a algunos.
Pero esto, además de ser más una imagen mediática que una realidad, no es razón para impedirles el ejercicio del matrimonio.
Algunos podrían argumentar que un matrimonio entre católicos no es un matrimonio real, porque para ellos es un ritual y un precepto religioso ante su dios, en lugar de una unión entre dos personas. También, dado que los hijos fuera del matrimonio están gravemente condenados por la iglesia, algunos podrían considerar que permitir que los católicos se casen incrementará el número de matrimonios por "el qué dirán" o por la simple búsqueda de sexo (prohibido por su religión fuera del matrimonio), incrementando con ello la violencia en el hogar y las familias desestructuradas. Pero hay que recordar que esto no es algo que ocurra sólo en las familias católicas y que, dado que no podemos meternos en la cabeza de los demás, no debemos juzgar sus motivaciones.
Por otro lado, el decir que eso no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma, no es más que una forma un tanto ruin de desviar el debate a cuestiones semánticas que no vienen al caso: Aunque sea entre católicos, un matrimonio es un matrimonio, y una familia es una familia.
Y con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que mi opinión, espero, no resulte demasiado radical: También estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos.
Algunos se escandalizarán ante una afirmación de este tipo. Es probable que alguno responda con exclamaciones del tipo de "¿Católicos adoptando hijos? ¡Esos niños podrían hacerse católicos!".
Veo ese tipo de críticas y respondo: Si bien es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor probabilidad de convertirse a su vez en católicos (al contrario que, por ejemplo, ocurre en la informática o la homosexualidad), ya he argumentado antes que los católicos son personas como los demás.
Pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos padres católicos estén peor preparados para educar a un hijo, ni de que el ambiente religiosamente sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Además, los tribunales de adopción juzgan cada caso individualmente, y es precisamente su labor determinar la idoneidad de los padres.
En definitiva, y pese a las opiniones de algunos sectores, creo que debería permitírseles también a los católicos tanto el matrimonio como la adopción.
Exactamente igual que a los informáticos y a los homosexuales.
ARGENPRESS CULTURAL, Argentina, 12-6-2010
http://cultural.argenpress.info/2010/06/matrimonio-entre-raros.html
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