jueves, 4 de marzo de 2010

Costa Rica: el maltrato a los pueblos indígenas sigue vivo

INTOLERANCIA HACIA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Ana Ana Helena Chacón*

Según lo ha expresado la ONU los indígenas son invisibles en sus países. Esta afirmación se hace con base en datos que colocan a estos pueblos como los que cuentan con las menores tasas de esperanza de vida al nacer, acceso a los servicios de salud y educación. La actitud de la sociedad hacia las personas indígenas, es un ejemplo más de la intolerancia que solo dolor, injusticia, violencia y exclusión han generado en el mundo y en nuestro país.

Según datos del Foro Indígena de la ONU un 12% del total de habitantes en extrema pobreza del mundo son indígenas. Lamentablemente, Costa Rica no se ha quedado atrás en esa tendencia mundial hacia una de las peores formas de violencia: la indiferencia.

El Gobierno invierte 150 mil millones anuales en programas sociales, equivalente al 1,6% del PIB; sin embargo, el reparto discrimina a los indígenas, quienes reciben ¢390 millones (menos del 0,3%) lo que no es proporcional al peso de dicho grupo, que representa 68 mil personas de los 4 millones de costarricenses.

De acuerdo con un estudio realizado por Unicef, los niños y adolescentes indígenas de Costa Rica se encuentran abandonados por el gobierno y la sociedad. La mortalidad infantil es propiciada por enfermedades que se pueden prevenir como diarreas e infecciones respiratorias que dejaron de ser un problema grave para el resto del país hace 30 años.

La exclusión sistemática de las personas indígenas en la toma de decisiones afectan directamente sus intereses y los de sus comunidades, se traduce en despojo de tierras, aprovechamiento irracional de los recursos naturales, contaminación ambiental, ausencia de servicios básicos de salud, educación, vivienda y un limitado o nulo acceso al crédito.

Con la aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, después de más de 15 años de esperar en la corriente legislativa, estaríamos respondiendo al llamado que desde 2002 nos viene haciendo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en acatamiento de lo ordenado por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Costa Rica en 1962.

Importante resaltar que con la aprobación de este proyecto se le girarán recursos del impuesto a los combustibles y del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares para atender las necesidades de los gobiernos locales indígenas, capacitación, crédito para el desarrollo de proyectos productivos, y recuperación de tierras; pues sin financiamiento, no hay posibilidad de desarrollo autónomo.

Por otro lado, la comunidad indígena, al nombrar al Consejo Indígena Territorial, en acatamiento de uno de los acuerdos, deberá garantizar la participación y representatividad democrática - paritaria entre hombres y mujeres indígenas dentro del territorio, procurando figurar en forma alternativa hombre-mujer o mujer –hombre.

Esta inclusión resulta un avance fundamental en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres indígenas, ya que han sido ellas mismas quienes han manifestado su interés porque se les de el espacio para participar en la toma de decisiones de sus comunidades. Y es que las mujeres indígenas sufren una triple opresión: por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Esta subordinación y exclusión de las mujeres indígenas de los espacios políticos, laborales, sociales y culturales, es violencia.

La aprobación de esta iniciativa debe ser un impulso para hacer conciencia sobre la urgencia de que las diversas instituciones, la sociedad civil y el gobierno en general trabajen en construir una ciudadanía más justa con personas respetuosas de las diferencias y los derechos de los demás con el fin de generar los cambios necesarios en pro del respeto a la diversidad y a la riqueza cultural.

No obstante, es urgente resaltar la importancia de que este proyecto sea convocado por el Poder Ejecutivo en estas sesiones extraordinarias para garantizar con esa nueva Ley de la República, un futuro mejor a las nuevas generaciones sin importar su condición socioeconómica, étnica y sus diferencias culturales.

* Diputada

DIARIO EXTRA, Costa Rica, 2 de marzo de 2010
http://www.diarioextra.com/2010/marzo/02/opinion04.php

1 comentario:

gina montero morales dijo...

Ud tiene toda la razon, los politicos y algunos del pueblo ven a los indigenas como si ellos hubiesen invadido el territorio, que hacen el dinero que envian si los de los malekus no tiene pizarra ni pupitres, son unos HTML.